Denuncia de corrupción pone en riesgo vida de policía Manuel Santillán

El suboficial técnico de segunda que denunció desaparición de 27 kilos de PBC en Huánuco se encuentra amenazado y sancionado en su carrera policial.

Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia

Por: Hugo Müller
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos/PERU
mullerabogados@hotmail.com

Una noticia muy relevante y notable es la reciente creación de la Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia (RIADD) en la Universidad De Málaga – España, desde donde un grupo de investigadores acreditados y provenientes de los 15 países que la integran (entre ellos el Perú) , buscarán consolidar una fuente de información pública de divulgación y análisis de datos en materia de delincuencia que permita un acercamiento fiable a la realidad delictiva y al funcionamiento de los sistemas penales en Iberoamérica, y que además afiance redes de trabajo conjunto y colaboración entre las diversas instituciones que, a nivel internacional y/o nacional, realicen trabajos de investigación sobre estos aspectos.

Tarea bastante difícil por cierto pero que viene a llenar un vacío de información importante y necesario, en particular para el caso peruano, en donde hasta la fecha y no obstante venirse anunciando desde el año 2006, el Gobierno no cumple con implementar el denominado Observatorio del Crimen que en su primera etapa según lo anunciado debía instalarse en las ciudades de Lima, Cuzco y Trujillo por intermedio del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y cuyo principal objetivo sería precisamente producir información sobre criminalidad y violencia. Por otro lado no se ha cumplido tampoco con la creación del organismo especializado a cargo de la Policía Nacional encargado de centralizar información proveniente tanto del Ministerio Público como de la Policía, sobre la delincuencia común y organizada conforme lo establece el Nuevo Código Procesal Penal del año 2004 (Art. 333°), en tanto que con anterioridad a la promulgación de la norma penal, era la estadística policial, aún con sus limitaciones técnicas, el mejor referente para estandarizar y analizar indicadores sobre delincuencia y violencia en general; hoy en día, las denuncias son registradas indistintamente ante la Policía o el Ministerio Público, sin que exista un registro único para fines estadísticos. Las encuestas sobre victimización tampoco son prioridad del gobierno y la última conocida con información más actualizada, data del año 2005, fecha desde la cual no se ha vuelto a realizar otra encuesta similar. Sin embargo el resultado de recientes encuestas (2010) tanto del Latinobarómetro como del Barómetro de las Américas revelan que el Perú ocupa el primer lugar en victimización y en percepción de inseguridad, por lo que esta herramienta de trabajo del RIADD permitirá contar con información consolidada y confiable que revele datos que por lo demás, no es posible acceder normalmente por intermedio de las agencias estatales o canales de información del Estado.

De esta manera, el RIADD, se constituye en el eje principal de recolección de información fiable y contable en la región Iberoamericana, útil y muy necesaria para la población, sobre todo para los investigadores, estudiosos, especialistas y académicos que frecuentemente requieren de esta información en su afán de colaborar con la gobernabilidad presentando propuestas técnicas, y debidamente documentadas.

Las pensiones para ex policías y militares

El articulo del Dr. Edson Berrios ayuda a comprender mejor el problema de la pensión digna para los miembros de las fuerzas de seguridad en el Perú, un caso que permite la observación de otras realidades en la región Latinoamericana.

Jubilación en los miembros de las ffaa y pnp

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Observando la gestión en Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana

Investigador del Taller de Asuntos Públicos (TAP/Perú) se pronuncia en relación a la gestión de Lima Metropolitana en Seguridad Ciudadana.

Aplausos y pifias.100dias mml

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Entre Hayek y Keynes

http://youtu.be/FXgWoG5_3QA

Urge Alianza Contra la Violencia Pro Seguridad en el Perú

La formación militarizada de Policías, de serenos (vigilantes municipales), de guachimanes (peruanismo que proviene del watchmen) y de la seguridad privada (formal e informal)genera una serie de atropellos en la ciudadanía y la cultura de la paz. Sumados a rasgos de discriminación, racismo y violencia, los comportamientos "pro seguridad" en el país se convierten en una amenaza a la convivencia pacífica.

Vemos con preocupación que estos hechos no son aislados, ocurren cuando se intenta ejercer el derecho de reunión para manifestar públicamente desacuerdos o protestas (usando la libertad de expresión y/o el derecho a la reunión pacífica) y también, al interior de los barrios y en los propios hogares en donde se realizan intervenciones, pesquisas, detenciones o allanamientos que en ocasiones no cuentan con las ordenes limitativas o restrictivas de derechos que provienen de órganos competentes; y en un uso desmedido de la fuerza física.

Por esta razón miembros del TAP convocamos a instituciones del estado y de sociedad civil a crear la coalición: ¡Basta Ya! Alianza para eliminar la violencia desproporcionada en las fuerzas de seguridad ciudadana en el Perú. Con el objetivo de trabajar conjuntamente y obtener una nueva relación entre las fuerzas de seguridad urbana y la ciudadanía.

Estadio Seguro. Notas a una política pública

Artículo de Roberto Gallardo, extraído de : http://www.salvemosalfutbol.org/latinoamerica.htm

Ser miembro de “la hinchada” tiene para sus integrantes la capacidad de “abrir puertas”. Es decir, “los pibes” consideran que la pertenencia al grupo permite establecer interacciones. Un integrante de “la hinchada” en una charla me comentaba que “ser de la hinchada te permite sentarte acá (en el buffet del club) y que te conozcan todos”

José Garriga Zucal
“Haciendo amigos a las piñas.
Interacciones, intercambios y
relaciones de una hinchada de fútbol”.

Los hechos violentos acontecidos entre algunos asistentes al partido entre Universidad de Chile y Wanderers en el Estadio Santa Laura el pasado domingo 03 de abril, pusieron nuevamente en la agenda de la seguridad pública el tema del orden al interior de los espacios deportivos.

Frente a esta situación, el pasado 08 de abril el Ministro del Interior, junto a un grupo de parlamentarios, propuso el diseño del Plan Estadio Seguro el que, a palabras de la autoridad, tiene como objetivo el “terminar con la delincuencia presente en los estadios de fútbol del territorio nacional, para que los chilenos puedan asistir a presenciar a sus respectivos equipos sin temor a ser víctimas de un delito” . Se afirma también que “de una vez por todas arreglemos una situación que todos sabemos que no funciona bien. Ir al estadio a ver un partido de futbol, que es quizás la pasión más grande que compartimos los chilenos, no es una experiencia agradable” .

Lamentablemente en el país no existe a la fecha un Observatorio Social o un Centro de Estudios que produzca la información que nos permita corroborar las palabras del Ministro más allá de la sensación de alarma derivada de la publicación mediática de hechos puntuales, que afectan en estricto rigor a un minoritario grupo de recintos.

Entendemos que la representación del fútbol en los estadios no sólo simboliza una actividad meramente deportiva en su expresión pública, por el contrario, conjugan en él una serie de cualidades que obligan a comprenderlo como un hecho distintivo, el que no puede ser aprehendido como un fenómeno más de la sociedad.

Esta representación explica comportamientos, códigos, lenguajes y conductas diferenciadas. En este sentido, si aplicamos políticas de prevención y/o control sin comprender cómo operan estos códigos no se logrará abordar el problema de la inseguridad, sino más bien sólo se conseguirá mutar las formas propias que constituyen estos discursos inmersos en el espectáculo deportivo.
De esta forma observamos en la actualidad que una de las ideas centrales en relación a la política de seguridad deportiva, gira en torno a la estructuración de los estadios como espacios de control permanente en el que distintas restricciones se aplican sobre los hinchas.

Reprimir a las personas y transformar las lógicas de diversión propias de estos eventos en ámbitos de control, no debiese ser el escenario desde el cual se promuevan iniciativas de orden público. Las medidas de seguridad actuales afectan la configuración de los recintos deportivos en pos de reproducir en ellos las iniciativas de prevención presentes en otros espacios públicos de las ciudades, situación errada al no considerar las formas propias que se desarrollan en este tipo de espacios.

La experiencia internacional denota que propuestas como la formulada desde Interior, muchas veces terminan trasladando la situación de violencia hacia otros espacios urbanos, sin encontrar soluciones definitivas, o perjudicando la asistencia y sensación de seguridad de hinchas comunes que soportan periódicamente las vejaciones a las cuales son sometidos por parte de los operativos de seguridad (ingresos diferenciados, revisiones corporales constantes, restricción al libre tránsito al interior de los recintos, accesos estrechos, obligación de esperar encerrado el desalojo de otros sectores, el decomiso de artículos personales, personal policial vestido manifiestamente de forma violenta, mal trato constante de parte de las autoridades, etc.) .

Creemos que explicando el espacio en el cual se desenvuelve esta actividad podríamos diferenciar certeramente entre todos los fenómenos que allí confluyen, tomando por tanto las medidas adecuadas que estos precisarían en cada uno de sus casos. Lamentablemente, como hemos dicho, la organización actual no efectúa esta diferenciación en la práctica. Esta situación conlleva la frustración del hincha al ser víctima constante de hostigamiento por parte de la autoridad y de los administradores de los recintos, reflejado ya no sólo en los eventos mencionados sino también en el valor de los ingresos y la privatización de los medios que difunden la actividad.

Hemos querido establecer con este comentario un campo de interpretación sobre la forma en que los sujetos sociales y culturales, hinchas, policías, etc. son construidos desde las políticas actuales, de forma análoga a cómo se constituyen actores en conflicto en otros espacios urbanos por parte de los operativos de control. Las consecuencias de estas configuraciones implican mayor rispidez e incomodidad de los espectadores que asisten al Estadio, instalando ese espacio como un lugar intrínsecamente violento y produciendo así situaciones de conflicto innecesarias entre los actores.

Los efectos esperados ante lo expuesto corresponden a trasformaciones del espacio deportivo público, en espacios vigilados, restrictivos, controlados y represivos. A nuestro entender se utiliza la violencia y el delito como justificación de restricciones civiles (entendidas éstas como la intervención del espacio público para transformarlo en un espacio privado), provocando a la vez, como paradoja, el traslado del lugar de la violencia asociada al fútbol hacia otros espacios.


En definitiva, el espectáculo de fútbol es pensado como un espacio de riesgos análogo al existente en otros escenarios del orden social. Creemos que una política pública adecuada debiese desarrollar las evidencias que le permitan elaborar medidas que se ajusten a las lógicas que interactúan en estos espacios. Sin estas consideraciones, las soluciones serán parciales, no dando cuenta del problema en sí, sino que continuarán afectando, y hostigando, a quienes domingo a domingo asisten a disfrutar del fútbol como hinchas.

Football Hooligans International en español (España) - 06 Rusia (parte 1/5)

Programa británico (traducido al español) muestra la historia de algunos grupos radicales rusos vinculados al fútbol. Factores de multitud, violencia, código de ética y ruptura social en la lucha por ser el más radical en ciudades de la ex unión soviética.



Muy recomendado

El nuevo ámbito de la Justicia Militar

Por: Hugo Müller Solón
mullerabogados@hotmail.com
Investigador Asociado al Taller de Asuntos Públicos/PERU

Una de las propuestas del candidato de “Gana Perú” es la de incorporar mediante norma expresa, la Justicia Militar al fuero del Poder Judicial (Punto 2.5.- Reforma de los Poderes Públicos, de su plan de gobierno).

El tratamiento de los denominados delitos de función tendría en consecuencia un nuevo ámbito, el de la jurisdicción ordinaria, con lo cual se elimina el fuero militar como organismo autónomo e independiente y renace como un ente jurisdiccional militar policial imparcial y renovado para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, dentro del ámbito de la justicia ordinaria y con derecho irrestricto de someter sus resoluciones finales en vía de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República; y no como sucede hasta ahora, en donde solamente pueden recurrir en esta vía, las resoluciones del fuero militar que imponen pena de muerte (Art. 173° Constitución Política del Perú). Es decir ninguna llega a la vía de casación.

De esta manera se resguardarían las garantías de independencia, imparcialidad e igualdad en el debido proceso. Los vocales y fiscales supremos del fuero militar ya no serían nombrados por el presidente de la república como se hace ahora, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura como ordena el Art. 154 de la Constitución Política del Estado. Lo mismo ocurriría con el nombramiento de jueces y fiscales de menor rango, hasta hoy nombrados por el presidente del tribunal supremo militar policial, sino que igualmente lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura. Los fiscales y jueces del fuero militar, dejarían de ser magistrados y oficiales de la FFAA y PNP en situación de actividad. Los actuales fiscales del fuero militar policial que actúan de manera autónoma e independiente al control del Ministerio Público, dejarían de hacerlo por cuanto se trata de un organismo no reconocido por la Constitución Política del Perú y pasarían a depender del Ministerio Público con todas la facultades de su cargo, pero sometidos al cumplimiento y observancia de las garantías de un debido proceso.

Se producirían las reformas constitucionales correspondientes y tendríamos garantizada la seguridad de que la jurisdicción militar policial, quedaría estrictamente reservada para la investigación y juzgamiento de los “delitos de función”, no podrían ser sometidos a la misma los civiles, como actualmente lo faculta el Art. 173° de la Constitución Política del Perú.
Este importante paso permitiría progresar en el proyecto de una propuesta para brindar un adecuado tratamiento a los “delitos de función” en que incurran militares y policías con garantías de igualdad y acceso a la jurisdicción única como los demás ciudadanos. En definitiva la propuesta de reforma indica tácitamente que los principios del derecho penal común deberán regir de la misma manera sobre el derecho penal militar policial. Una propuesta adecuada para modernizar a las FFAA y PNP.
La existencia del Fuero Militar, en todo caso, solo estaría justificada al tiempo de guerra.

NARCOFOSA

Roberto Jaén, (extraído de www.revistapaquidermo.com)

“Narcofosa”, ese es el nombre que se la da a las fosas comunes donde descansan, apilados, los cuerpos de mexicanos, mexicanas y otros centro y suramericanos, que han muerto en esta absurda guerra que hace años inició contra el crimen organizado en América Latina.

59 personas fueron encontradas en una “narcofosa” en México. ¿Quién los mató? Probablemente los “Zetas”, pero ulteriormente los mató el rechazo a aceptar el fracaso. La “Guerra contra las Drogas”, así definida por EEUU para militarizar a los países latinoamericanos en la lucha contra las drogas, ha sido un rotundo y brutal fracaso.

El Plan Colombia en el año 2000 dotó al gobierno colombiano con más de 1 billón de dólares de los cuáles más del 90% era ayuda de carácter militar. Un plan semejante, el llamado Plan Mérida, para México entregó 1.4 billones de dólares en ayuda principalmente militar también. Con ese dinero, más la declaración abierta de guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, México ha conseguido el triunfo de contar en casi 40000 las muertes asociadas a esta guerra desde el 2006.

Todo ese dinero, la militarización voraz y los discursos vacíos, han dejado en el camino, dos países que, sentido estricto, deberían considerarse “Estados Fallidos” en una abierta e interminable guerra interna.

Tal ha sido el fiasco, cada vez más y más mexicanos piensan que la Guerra contra las drogas que emprendió el gobierno de Calderón ha sido un fracaso, y que está siendo ganada por el narco o, peor aún, que ya está perdida.

En Colombia unos 21000 miembros, del ejército, los paramilitares o las FARC, han muerto en la guerra, mientras cerca de 14000 civiles también han perecido en esta lucha. Las FARC, aunque golpeadas, sobreviven, la “parapolítica” sigue siendo tema permanente en la sociedad colombiana, mientras más y más nexos entre políticos y líderes de las fuerzas armadas de ultra-derecha se descubren y, lo peor de todo, la producción y las ganancias permanecen constantes.

Por eso es que cuando Laura Chinchilla busca seguir el mismo camino y militarizar el asunto de las drogas en nuestro país la palabra “narcofosa” retumba en mi cabeza.

Pensar que los grandes buques militares, los marines rondando las costas, las armas y el entrenamiento militar sean la solución, viendo el caso de México y Colombia, me parece un pensamiento limitado. Limitado porque se remite un problema complejo a un aspecto de lucha cuerpo a cuerpo.

No sé cuál es la fórmula, ni pretendo asegurar que tengo la solución, pero creo que para lograr enfrentar el problema de la droga se tienen que tomar en cuenta las siguientes cuestiones:

1) La “droga” no es un asunto de guerra, es un problema de salud pública y educación, por tanto la política pública que se esgrima como solución pasa por ahí y no por las armas.

2) La gente va a seguir consumiendo drogas, quiera el gobierno y la iglesia o no, así es que mejor aceptar este hecho.

3) El asunto pasa, primero, por “the L Word”: La Legalización mina las ganancias de los grandes narcos y permite establecer una carga impositiva al producto, además de fiscalizar la calidad de lo que se consume (recuerden, salud pública).

4) La prensa y los medios han hecho parecer que la droga es un problema asociado a la marginalidad y la pobreza. Si usted averigua cuánto cuesta la cocaína en el mercado, podemos estar seguros que no es el “piedrerillo” de su barrio o las personas de zonas urbano-marginales los que consumen dicha droga. La capacidad adquisitiva para consumir cocaína debe ser alta. El problema no es de clase social, ni zonas específicas.

5) Cierto, destrozar y encarcelar a las “narcofamilias”, romper las redes de crimen organizado, muy bien, pero no se puede olvidar el crimen de cuello blanco, la legitimación de capitales, ahí está el negocio. Bancos, empresarios, facilitadores. A la cárcel siempre va el “piedrero” o el exmuellero porteño al que le encontraron medio kilo en la “panga”, nunca van los antes mencionados.

6) Aprender de los errores de los demás, el enfoque militar ha sido un fracaso en México y Colombia, no repitamos la misma experiencia.

De no incluir todo lo anterior, y seguro muchas variables y enfoques que estoy olvidando, cualquier política pública dirigida a enfrentar el problema de la droga está condenada a una “narcofosa”, esa es una realidad, si se quiere ver o no es otra cuestión.

¿Qué son los bienes comunes?

"Quien hace escasear un recurso produce una necesidad y una necesidad puede hacer ganar un montón de dinero". Sobre la idea de "los bienes comunes" vs. maximizar el uso de los recursos aqui presentamos un video que presenta una idea basada en la deliberación. Como aquel orden discutido entre Hobbes y Locke pero llevado al mundo de la economía.

La vida se basa en recursos como son el mundo digital, los espacios públicos, la naturaleza, el acceso a educación, pero ¿es posible acceder siempre a ellos?.

PEQUEÑAS ARMAS

Del documentalista Manuel Tello, Pequeñas Armas, exhibe como se puede ir bastante más allá del "todo comenzó como jugando". Entre el año 2009 y el 2010 fueron 1,072 niños y niñas quienes murieron o fueron lesionados a raíz del uso de armas de fuego, en Chile.

Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia

A partir del encuentro en la Universidad de Málaga, a inicios de abril, el Taller de Asuntos Públicos se constituye como parte de la Red Iberoamericana de análisis de datos de la delincuencia (RIADD), junto a otras 14 instituciones provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela,

Así, la RIADD, además de proponerse la consolidación como un equipo de trabajo, nos obligamos a recolectar, centralizar, estandarizar, analizar y recomendar en materia de seguridad ciudadana y política criminal, tendientes a la mejora en la generación y utilización de los datos oficiales. Establecer esquemas propios para la recolección de datos, homologar un conjunto de indicadores de delincuencia; y, establecer criterios para su confiabilidad.

Minuta primer seminario internacional

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Observando los énfasis en los Planes de Gobierno (Perú 2011 - 2016)

Las elecciones en Perú han colocado al grupo de "Gana Perú" (liderado por Ollanta Humala) y a "Fuerza 2011" (por Keiko Fujimori)frente a frente en la decisiva segunda vuelta.

Para un mejor entendimiento de qué es lo que proponen iremos desagregando sus principales herramientas de gestión. En esta oportunidad les mostramos una mirada a los esquemas de sus planes de gobierno exhibidos en sus respectivos sitios institucionales.

Esquema de los planes de gobierno

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Estaremos prontamente haciéndoles llegar análisis mas particulares sobre Empleo, competitividad y seguridad ciudadana.

Analizando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (Chile.2010)

"Esta reducción - dice Alejandra Mohor- no se explica por acciones puntuales y específicas sino principalmente por medidas de largo plazo, por tareas que se iniciaron hace 6 años y que nadie daba un peso por ellas (...) Pero también por políticas sociales que tienen que ver con la reducción de condiciones que facilitan el ingreso a la carrera delictual"

Soc. Alejandra Mohor, coordinadora del Área de Prevención del CESC/INAP e investigadora asociada del TAP en programa radial «El Semáforo» de radio Universidad de Chile. 07.04.2011

Alemohor.radio u chile.enusc2010

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Una mirada critica a la manera actual de formar a los niños y niñas en las escuelas, un formato educativo heredado de la revolución industrial en donde se organizan como fabricas, los niños y niñas como jornaleros llamados al toque de timbre o de campana, con instalaciones separadas y clasificados por edades como si lo más importante en común fuese la edad de fabricación.

se formula el cambio de paradigma

LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL PERU

Enrique Castro Vargas
Investigador asociado TAP/Perú

Hacia fines del año 2010, mil setecientos cuarenta y un (1,741) empresas fueron admitidas por el estado peruano para trabajar en materia de seguridad privada y esta situación genera que alrededor de 150 mil personas se desenvuelven en este ámbito. Lamentablemente, este acercamiento en cifras no valora el número real de empresas y empleados en seguridad privada de una sociedad alta, altísimamente, informal.

El eslabón de la seguridad privada es un factor diminuto e imperceptible cuando se hace política pública en materia de seguridad ciudadana en el Perú y que además se hace muy poca.

Desde el año 2005 la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada participa del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASEC) y es integrado en los planes nacionales con actividades bastante formales, baladíes y con metas ambiguas, evidentemente sin ningún monitoreo ni evaluación. Consideraciones negativas que resultan también transversales a los demás actores involucrados.

Actividades comprometidas por las empresas de seguridad privada en los Planes Anuales de SC

2007
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana

2008
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana

2009
* NINGUNA

2010
* Identificar y reportar a la Secretaría Técnica del CONASEC los servicios de seguridad que presta las empresas de seguridad privada.
Fuente: Elaboración propia, Planes Nacionales de seguridad ciudadana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Pese a su presencia en los planes nacionales no existe experiencia de participación de las empresas de seguridad en comités locales y en reciente trabajo del TAP en 3 municipios de Lima (Miraflores, Comas y Villa el Salvador) no aparecen participando en ningún espacio local. Las acciones del Plan 2010 fueron reportadas por la División de la Policía que centraliza esta información y no por la asociación de empresas de seguridad que en la actualidad se encuentra bastante beneficiada por el temor a ser víctima de un delito.

El mercado de la seguridad privada en el Perú viene creciendo e involucrando sumas importantes de dinero lo que viene acompañado del incremento de armas tanto para los que ejercen la seguridad como para los que la combaten desde la delincuencia, su presencia felizmente es poco aceptada como medio de seguridad para el ciudadano de a pie, quienes según las encuestas de opinión prefieren otros medios para brindarse seguridad.

Deficiencias de integración
Se apela, desde el gobierno, a la paulatina participación de la seguridad privada en seguridad urbana, sin embargo, como ya lo demostró la asociación "Ciudad Nuestra", la comunicación entre policías nacionales, serenos o guardias municipales y la seguridad privada se ve perjudicada por la tenencia de diferentes tipos de radio; incluso entre la misma policía nacional, lo que impide una adecuada comunicación entre estas fuerzas de seguridad estatal, municipal y ahora privada.

La ley y reglamento sobre servicios de seguridad privada dice poco a favor de la colaboración entre estas fuerzas, dejando la participación de personal operativo de seguridad privada a la colaboración, auxilio y apoyo sólo “en caso ser requerido por la policía nacional”. Y un tímido aviso a la seguridad privada para que “procuren compatibilizar los aspectos técnicos de los sistemas de comunicación (radial y otros) que emplean las centrales y personal operativo, con las fuerzas de la policía, serenazgos y cuerpo de bomberos”. La norma vuelve a señalar explícitamente la prohibición de desempeñar funciones que competen a la Policía Nacional.

Recién en la primera disposición complementaria del reglamento se menciona que la Dirección policial correspondiente (DICSCAMEC) en coordinación con las Municipalidades y los gremios empresariales de servicios de seguridad privada promoverán programas gratuitos de capacitación a personas naturales informales que presten servicios individuales de seguridad en viviendas o establecimientos, agrega de conformidad con el Plan nacional de seguridad ciudadana. Suponemos que el reglamento aprobado el 2011 se refiere al plan del año 2007 y 2008.

Estos denominados guachimanes (del inglés wacht man) pueden, no es imperativo según la norma, ser empadronados por los Municipios en convenio con la DICSCAMEC. En conclusión, la norma regula, clara y principalmente, el ingreso de diferentes tipos de empresas de seguridad al mercado nacional y menciona sin ninguna organicidad ni fuerza la participación de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana.

Armas ligeras en la actualidad peruana
Las muertes por arma de fuego aumentan en el país, el dato duro de homicidios crece mientras que –paradójicamente- la totalidad de delitos se reduce según la información de la Policía Nacional. De registrar 1,500 muertes en el año 2004 se pasa a hacerlo con más de 4,000 para el año 2010.

Sin embargo, en el plano de las normas y los acuerdos, el Perú, como pocos en América Latina, es el que más ha avanzado en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y ligeras. Anualmente presenta informes a la ONU sobre el plan de acción, es un defensor de procesos como el ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI (Instrumento internacional de marcaje y rastreo de armas), además constituyó una Comisión Nacional Multisectorial contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados) en donde la participación de la sociedad civil es aún limitada.

Sin embargo, el número de muertes asociadas a las armas de fuego, los mercados ilegales y su necesidad de defenderlos, el creciente trabajo de sicarios y los asaltos con mayor violencia parecen generar un aviso importante. A esto podemos agregar que según la PNP en el año 2010 se denunciaron como robadas y/o perdidas más de 1,400 armas de fuego y sólo se recuperaron 8.

En Perú hay avances importantes a nivel de política de estado para adecuarse a las líneas mayores de Naciones Unidas pero a nivel local, y en donde se desenvuelve el ciudadano de a pie, hay una cultura de la violencia y del arma que nos debe poner a trabajar en contrarrestar la presencia indiscriminada de armas de fuego transformándose hacia un uso racional, adecuado y excepcional ya que en ningún caso es intención de este artículo ir hacia la prohibición de su uso pero debemos evitar su presencia masiva e irracional.

SISTEMAS SOBRECARGADOS. Leyes de Drogas y Cárceles en América Latina

Extracto a partir de Informe con el mismo nombre que presenta WOLA y TNI, 2010/ Por Taller Asuntos Públicos.

El mundo de la fiscalización de las drogas con énfasis en las duras sanciones penales aprobadas en América Latina decanta en severas condenas de cárcel. Esto ha producido un gran aumento en el número de personas encarceladas por delitos de drogas, cuando su iniciativa se supone protegería la salud pública y la seguridad reduciendo la producción de drogas ilícitas, el tráfico y su consumo. Actualmente, al contrario, hay más gente presa y la industria de drogas ilícitas florece como nunca.

El estudio demuestra que la legislación no es solamente ineficaz para detener el tráfico sino que la externalidad negativa ha creado una alta sobre carga en los tribunales y el sufrimiento de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. La ley aplicada en los estratos más bajos delata la injusticia como también la ineficacia del sistema.

El informe arriba a las siguientes conclusiones:

1.Los países latinoamericanos no siempre han tenido leyes severas en el tema drogas y su adopción se debe a las últimas cuatro décadas, primero bajo regímenes autoritarios y luego durante un periodo de intensa presión internacional, de los Estados Unidos en particular, para endurecer las penas por delitos de drogas.

2. Las duras leyes de drogas y la manera como se aplican en AL conlleva a penas desproporcionadamente severas para los acusados por delitos relacionados a drogas. Quizás el caso más extremo lo tiene Ecuador donde las condenas resultan en penas mínimas de 12 a máximas de 25 años cuando la máxima por homicidio es de 16 años.

3.Las actuales leyes sobre el particular no distinguen adecuadamente entre delitos de drogas de bajo y de alto nivel, ni distinguen entre tipos de drogas, en general todos los vinculados con drogas están sujetos a penas comparativamente altas. En Bolivia, por ejemplo, se establece un subsistema penal paralelo a la normativa penal ordinaria caracterizado por la tendencia a una drasticidad irracional de la penalización que suprime derechos fundamentales.

4.Una legislación de drogas estricta y su agresiva aplicación son un factor determinante en el aumento de las tasas de encarcelamiento y, a menudo, hacinamiento en los países estudiados.

5.Un factor determinante en el hacinamiento es el uso de la prisión preventiva, que es obligatoria para los delitos de drogas en muchos países, independientemente de la gravedad de la infracción. Como resultado, muchas personas acusadas por delitos de drogas pasan largos periodos de tiempo tras las rejas antes de que sus casos pasen siquiera a ser considerados en los tribunales.

6.A las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso, o se les da un acceso limitado, a los beneficios procesales o a las oportunidades de penas alternativas, aunque éstos están frecuentemente a disposición de los acusados de otros tipos de delitos.

7.Los presupuestos y la infraestructura de las cárceles son muy deficientes en todos los países estudiados debido, en parte, a los importantes incrementos en el número de presos por delitos de drogas.

8.Es asombroso el alto número de personas en prisión por posesión simple de drogas, incluyendo la marihuana, hasta en países en donde el porte de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal no es un delito.

9.Los encarcelados por cargos de drogas proceden de los estratos más bajos de la cadena del tráfico de drogas, consumidores, correo de drogas, y distribuidores callejeros. Muy poco narcotraficantes de alto nivel están tras las rejas.

10.Las personas encarceladas bajo cargos de drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos, y limitadas oportunidades de empleo.

11.Un número cada vez mayor de mujeres, de “mulas” o correos de drogas, y de extranjeros están encarcelados por delitos de drogas.

12.En estos países, la calidad y la cantidad de la información disponible en fuentes gubernamentales sobre las leyes de drogas y cárceles son muy deficientes. Tratándose de un ámbito tan importante, una adecuada información sobre estos temas debería estar a disposición de los responsables políticos y del público.

Leer informe completo:

http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas_sobrecargados_web2.pdf

Si quieres cuidar a tus hijos e hijas, las armas no son la salida

La tenencia de armas en casa aumentan la probabilidad de salir herido o morir en un enfrentamiento con delincuentes.



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Campaña para recordar víctimas de Minas Antipersonales

En Colombia, aproximadamente una persona muere diariamente victima de una mina antipersonal. Hasta cuando.



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¿El crecimiento económico de un país se vincula al respeto de condiciones dignas de trabajo?

Dra. Jennyfer Vallenas Arredondo
Investigadora Asociada
Área “Trabajo Digno”. TAP/Perú

Mineros, agricultores, obreros, y hasta empleados de oficina están expuestos a enfermedades relacionadas al trabajo que desempeñan. La enfermedad profesional es un estado patológico o temporal que proviene como consecuencia directa del trabajo o del medio en que se hubiera visto obligado a realizar sus labores. Son enfermedades profesionales aquellas que se encuentran en el listado de la OIT que se detalla más adelante, y dicha lista refleja un desarrollo novedoso en cuanto a la identificación y el reconocimiento de enfermedades profesionales en el mundo de hoy, por lo que el presente informe va dirigido a tomar conciencia sobre las condiciones de trabajo para la prevención de enfermedades profesionales.

En Perú, por ejemplo, la enfermedad profesional que se presenta con más frecuencia es la Neumoconiosis – Silicosis, enfermedad pulmonar que ocurre a los individuos, en su mayoría trabajadores mineros de socavones subterráneos, que están expuestos y respiran polvo o arena que contiene sílice cristalina que se queda atrapada en los pulmones ocasionando una fibrosis pulmonar. Cabe resaltar que la SILICE, por ejemplo, se usa en un sin número de industrias, no sólo en las Minas Subterráneas, también en la industria del vidrio, cuarzo, salitre, cemento, metalurgia, industria química, pinturas, cerámicas, mármol, en la industria de filtros, pulimentos, tuberías, construcción y jabón; y es la principal causa de la Silicosis con una presencia bastante amplia entre los trabajadores manuales. Por ello, son considerados peligrosos los trabajos con exposición a polvo en lugares cerrados y mal ventilados, el uso de martillos mecánicos y otros medios técnicos que generan nubes de polvo y que aumentan el riesgo.

Los jornaleros y jornaleras del sector agrario, vinculados al proceso de cultivo, protección y cosecha se encuentran en muchos casos expuestos a pesticidas dañinos para el humano. Y estos son como los ejemplos más “visibles”.
Por todo ello, consideramos necesario que sea el Estado -mediante su función legisladora y fiscalizadora-, junto al empleador y el trabajador, quienes de manera conjunta, tomen acciones de prevención y no sólo se considere la compensación económica, como ocurre con la normativa actual, para la judicialización respecto de las enfermedades profesionales.

En conclusión, el desarrollo económico del cualquier país, siempre traerá consigo cambios en los modelos de trabajo, por lo que debería estar acompañado de avances en materia de respeto a la calidad de vida y dignidad laboral amparada por los sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Este es un compromiso del Taller de Asuntos Públicos que inicia mediante su área de “Trabajo Digno”.

Para terminar, es nuestra responsabilidad presentarles la lista de enfermedades profesionales aprobada por la OIT (2010):
1. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulte de las actividades laborales

1.1. Enfermedades causadas por agentes químicos
1.1.1. Enfermedades causadas por berilio o sus compuestos
1.1.2. Enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos
1.1.3. Enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos
1.1.4. Enfermedades causadas por cromo o sus compuestos
1.1.5. Enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos
1.1.6. Enfermedades causadas por arsénico o sus compuestos
1.1.7. Enfermedades causadas por mercurio o sus compuestos
1.1.8. Enfermedades causadas por plomo o sus compuestos
1.1.9. Enfermedades causadas por flúor o sus compuestos
1.1.10. Enfermedades causadas por disulfuro de carbono
1.1.11. Enfermedades causadas por los derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos o aromáticos
1.1.12. Enfermedades causadas por benceno o sus homólogos
1.1.13. Enfermedades causadas por los derivados nitrados y amínicos del benceno o de sus homólogos
1.1.14. Enfermedades causadas por nitroglicerina u otros ésteres del ácido nítrico
1.1.15. Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o cetonas
1.1.16. Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno o sus derivados
1.1.17. Enfermedades causadas por acrilonitrilo
1.1.18. Enfermedades causadas por óxidos de nitrógeno
1.1.19. Enfermedades causadas por vanadio o sus compuestos
1.1.20. Enfermedades causadas por antimonio o sus compuestos
1.1.21. Enfermedades causadas por hexano
1.1.22. Enfermedades causadas por ácidos minerales
1.1.23. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos
1.1.24. Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos
1.1.25. Enfermedades causadas por talio o sus compuestos
1.1.26. Enfermedades causadas por osmio o sus compuestos
1.1.27. Enfermedades causadas por selenio o sus compuestos
1.1.28. Enfermedades causadas por cobre o sus compuestos
1.1.29. Enfermedades causadas por platino o sus compuestos
1.1.30. Enfermedades causadas por estaño o sus compuestos
1.1.31. Enfermedades causadas por zinc o sus compuestos
1.1.32. Enfermedades causadas por fosgeno
1.1.33. Enfermedades causadas por sustancias irritantes de la córnea como benzoquinona
1.1.34. Enfermedades causadas por amoniaco
1.1.35. Enfermedades causadas por isocianatos
1.1.36. Enfermedades causadas por plaguicidas
1.1.37. Enfermedades causadas por óxidos de azufre
1.1.38. Enfermedades causadas por disolventes orgánicos
1.1.39. Enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex
1.1.40. Enfermedades causadas por cloro
1.1.41. Enfermedades causadas por otros agentes químicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes químicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.

1.2. Enfermedades causadas por agentes físicos
1.2.1. Deterioro de la audición causada por ruido
1.2.2. Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios periféricos)
1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido
1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes
1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de luz visible, infrarroja), incluido el láser
1.2.6. Enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas
1.2.7. Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes físicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador

1.3. Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias
1.3.1. Brucelosis
1.3.2. Virus de la hepatitis
1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
1.3.4. Tétanos
1.3.5. Tuberculosis
1.3.6. Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes bacterianos o fúngicos
1.3.7. Ántrax
1.3.8. Leptospirosis
1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.

2. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado
2.1. Enfermedades del sistema respiratorio
2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvo mineral fibrogénico (silicosis, antracosilicosis, asbestosis)
2.1.2. Silicotuberculosis
2.1.3. Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogénico
2.1.4. Siderosis
2.1.5. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales duros
2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón (bisinosis), de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de azúcar (bagazosis)
2.1.7. Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al proceso de trabajo
2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de polvos orgánicos o de aerosoles contaminados por microbios que resulte de las actividades laborales
2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra, polvo de madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo de locales para animales, polvo de textiles, y polvo de papel que resulte de las actividades laborales
2.1.10. Enfermedades pulmonares causadas por aluminio
2.1.11. Trastornos de las vías respiratorias superiores causados por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al proceso de trabajo
2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.

2.2. Enfermedades de la piel
2.2.1. Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causadas por otros alérgenos reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.2. Dermatosis irritante de contacto causada por otros agentes irritantes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.3. Vitiligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.4. Otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, químicos o biológicos en el trabajo no incluidos en otros puntos cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la piel contraída(s) por el trabajador

2.3. Enfermedades del sistema osteomuscular
2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca
2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca
2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región del codo
2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición de rodillas
2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo
2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de trabajo en posición de rodillas o en cuclillas
2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca, o una combinación de estos tres factores
2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) del sistema osteomuscular contraído(s) por el trabajador

2.4. Trastornos mentales y del comportamiento
2.4.1. Trastorno de estrés postraumático
2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) mentales o del comportamiento contraído(s) por el trabajador

3. Cáncer profesional
3.1. Cáncer causado por los agentes siguientes
3.1.1. Amianto o asbesto
3.1.2. Bencidina y sus sales
3.1.3. Éter bis-clorometílico
3.1.4. Compuestos de cromo VI
3.1.5. Alquitranes de hulla, brea de carbón u hollín
3.1.6. Beta-naftilamina
3.1.7. Cloruro de vinilo
3.1.8. Benceno
3.1.9. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno o de sus homólogos
3.1.10. Radiaciones ionizantes
3.1.11. Alquitrán, brea, betún, aceite mineral, antraceno, o los compuestos, productos o residuos de estas sustancias
3.1.12. Emisiones de hornos de coque
3.1.13. Compuestos de níquel
3.1.14. Polvo de madera 3.1.15. Arsénico y sus compuestos
3.1.16. Berilio y sus compuestos
3.1.17. Cadmio y sus compuestos
3.1.18. Erionita
3.1.19. Óxido de etileno
3.1.20. Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)
3.1.21. Cáncer causado por otros agentes en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes que resulte de las actividades laborales y el cáncer contraído por el trabajador

4. Otras enfermedades
4.1. Nistagmo de los mineros
4.2. Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o procesos no mencionados en esta lista cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador

Termoelectrica en Atacama

La energia que se demanda y el medio ambiente sustentable. ¿Cuáles son las opciones?. Desde aqui el TaP informa a la comunidad virtual que al norte de Chile, en Atacama, se pretende construir la termoelectrica más grande de Sudamérica, una maquinaria que extraería mucha agua de las costas y que produciran energía quemando carbón. El proyecto a recibido serios cuestionamientos de quienes hicieron la evaluación de Impacto Ambiental. El TaP subraya su postura conservacionista del medio ambiente y el camino por la búsqueda de nuevas energías, limpias y renovables.

Homicidios en la mira

Por: Hugo Müller Solón
Abogado
Investigador Asociado del TAP/PERU
mullerabogados@hotmail.com

Más allá de relacionar seguridad ciudadana con demandas policiales conforme lo hacen los candidatos presidenciales en el Perú, (Enrique Castro en ¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?; TAP, 2011) la oferta electoral es totalmente pobre en materia de seguridad ciudadana. Nadie ha tomado en cuenta, que el fenómeno de la inseguridad es un tema de urgencia para la agenda pública y debiera contener compromisos y proposiciones serias, técnicas, multiagenciadas y aprovechando las muchas experiencias internacionales y nacionales en la materia.

El Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2010 de la CIDH, ubica a la delincuencia como preocupación principal de los habitantes, y un Informe similar realizado por el Latinobarómetro (Chile) señala que la delincuencia como problema principal en América Latina se ha venido incrementado desde un 9% en el 2004 hasta un 27% en el 2010. Por otro lado, el Perú viene liderando las encuestas de mayor percepción de inseguridad y de victimización en Latinoamérica y el Caribe, conforme lo señala la investigación internacional 2010 del Barómetro de las Américas (USA).

La Policía Nacional señala que el año 2005 se registraron 3,057 denuncias por homicidios, 3,141 (2006), 2,934 (2007), 3,332 (2008) y 2,985 el 2009 a nivel nacional; el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 (CONASEC), indica que el año 2009, el Perú alcanzó una tasa de incidencia de homicidios de 10.9 por cada 100 mil habitantes, año en que según el INEI el Perú tenía aproximadamente 29´132,013 millones de habitantes, lo que significaría que ese año se cometieron 3,175 homicidios y no 2,985 como registra la PNP, un promedio de 9 víctimas diarias por acción de la criminalidad. La manipulación de estadísticas, no viene a ser un comentario nuevo y considero que aún estos estimados son de mayor magnitud. Por esa premeditada falta de transparencia no se hace realidad la creación de los Observatorios de la Criminalidad.

¿Y qué tan fácil resulta a un delincuente portar un arma y cometer un homicidio? Cualquier persona puede transitar a pié o en vehículo, portando armas de fuego, sin temor a ser intervenido por la Policía, dado el carácter reactivo de los efectivos policiales que siguen un modelo de trabajo que no logra un equilibrio entre la institucionalidad de la seguridad y el requerimiento social. Muchas armas de fuego portadas ilegalmente se podrían detectar solo cumpliendo el procedimiento policial del Art. 205 del Código Procesal Penal, el cual señala que para prevenir el delito la policía puede requerir la identificación de cualquier persona, pudiendo inclusive conducirlo a una Comisaría y retenerlo hasta por cuatro horas si no exhibe su documento de identidad y puede registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. Lo que se conoce como “el control de identidad”.

A mi juicio el Ejecutivo aprovecha la creciente inseguridad para manipular políticamente a la población; el discurso populista intenta hacernos creer que lo único que nos salvará de la delincuencia son las medidas provenientes del Gobierno central, lo que en épocas electoreras, tiende a acrecentarse. Lo cierto es que se pierde valioso tiempo y seguimos sin contar con una política de Estado definida para combatir la criminalidad. Las nuevas estrategias, basadas en el trabajo coordinado y responsable de todos los estamentos vinculados al sistema nacional de seguridad ciudadana no existen. El problema de la criminalidad debe continuarse enfrentando, fundamentalmente con la Policía sí, pero con estrategias muy diferentes a las utilizadas en el pasado y sin descuidar el tema de la corrupción que pudiera haber infiltrado este importante eslabón de la seguridad ciudadana.

Hoy en día, los homicidios en el Perú vienen siendo cometidos con armas de fuego hasta por jóvenes adolescentes, inclusive se dice que estarían siendo utilizados como sicarios de las bandas criminales organizadas, aprovechando que gozan de impunidad por razón de la edad y al respecto solo se habla de un endurecimiento de penas como solución al problema. No deberíamos esperar a llegar a situaciones extremas.

En Honduras se han enviado a las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas para el combate a la criminalidad; en México más de un centenar de elementos militares y policiales —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado; y, en Uruguay se informa recientemente que unos 1.000 efectivos del Ministerio de Defensa pasarán como reclasificados a cumplir tareas de vigilancia como policías. ¿Es que los gobernantes y responsables de comandar la policía peruana esperan llegar a ese tipo de medidas?

¿Ideas en materia de Seguridad Ciudadana?

Abierta convocatoria para escribir en Revista Latinoamerica de Seguridad Ciudadana (URVIO-FLACSO, Ecuador), sobre el denominado "Populismo Penal", que tiene en el discurso político a la sanción y la pena carcelaria como la mejor propuesta pública para reducir la inseguridad.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flacsoandes.org%2Furvio%2Fimg%2FConvocatoria_URVIO_12.pdf&h=86299

¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?

Enrique Castro Vargas
Investigador Asociado TAP

Los candidatos a la presidencia exhibieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana con un elocuente y casi exclusivo énfasis en la familia policial, evitando considerar la multidimensionalidad e intersectorialidad que implica el trabajo de seguridad pública. Ya sea porque es una necesidad racional o por tratarse de un cálculo electoral (es un bolsón importante el voto policial), las propuestas consideraron, casi en consenso, el aumento del sueldo de los Policías, conservar la cédula viva o sueldo pensionario como si se estuviera en actividad y la eliminación del sistema de trabajo 24 x 24, en donde un día se trabaja para el Estado y el día siguiente para un privado.

Sin duda, la policía es un actor relevante para enfrentar el fenómeno de la inseguridad no obstante se subraya repetidas veces que es un problema amplio que abarca - y crea- un “sistema” de seguridad pública en donde intervienen los subniveles de gobierno, varios y diferentes servicios públicos estatales y; además, agentes privados, en su modalidad empresarial y en la de sociedad civil. Elucubración que quedo fuera del discurso de los candidatos.

La Policía Nacional merece retomar el proceso de reforma estructural que se inicia con la transición democrática, con cambios consultados y empujados desde dentro de la Institución teniendo como objetivo el “profesionalizar” y “democratizar” la Policía. De nada sirve contar con 20 o 30 mil nuevos policías (propuesta de PPK y Castañeda) si estos son nuevas miles de personas para temer y desconfiar. Es impostergable la formación y desarrollo de sistemas de accountability policial (interno y externo) que decante en una mejor policía. La Institución requiere de un proceso de limpieza y, sobre todo, de mejora de su imagen, a través de medidas estructurales y de impacto.

Además, resulta peligroso policializar la ciudadanía mediante un “servicio policial voluntario” (Gana Perú); la Prevención, por su parte, como un trabajo tematizado en la eliminación de la violencia, la supresión del consumo problemático de alcohol y drogas (programas de reducción del daño), la intervención sicosocial en infractores, la reconstrucción de lazos sociales en hombres y mujeres marginados, la atención a víctimas, la Violencia Intrafamiliar (problema principal de la sociedad peruana) y la reducción de factores de riesgo como es la exclusión, no fueron considerados por los candidatos y lo más cercano fue hablar de la educación en valores que, paradójicamente, lo señala Fujimori. Menos aún se habló de una prevención territorializada, que permita coordinar con los niveles de gobierno o una política de recuperación de barrios que integra al Ministerio de Vivienda. Nada.

Al contrario se remarco la necesidad de ser más duros y más severos. Mano dura y penalización de faltas espera tener aceptación en una sociedad atemorizada, sin embargo, la experiencia nacional e internacional da muestras de que estas fórmulas no dan resultados; y que a contramano, en el caso de faltas leves, “la justicia penal restaurativa” que se desarrolla en el Agustino y en Chiclayo han dado buenos resultados, reduciendo la reincidencia a un 7%, y que experiencias como la del Juez Calatayud en España, abanderado de las penas alternativas, provocó la reducción de reincidencia a un 8%. En Zimbawe, donde se aplica el mismo sistema sólo el 10% de quienes cumplieron el servicio comunitario, son reincidentes. Experiencias exitosas.

Interconectar comisarias (Castañeda) es una necesidad evidente pero la demanda por información es mayor pues no se cuenta con un índice de vulnerabilidad socio delictual, por ejemplo, o un observatorio criminal para ser menos ambiciosos. Nadie menciona como fortalecer la dinámica funcional de los comités, nadie parece querer meterse con el sistema penitenciario, ni con el nuevo sistema de justicia penal ni mucho menos con los medios de comunicación. Cabe la oportunidad para decir que la seguridad ciudadana no son sólo tres patas o tres columnas (Municipio, PNP y Sociedad Civil), es un “sistema con subsistemas” (así de complejo); y decir que hay solo tres es dejar fuera de la micro a pasajeros necesarios.
Recogemos la propuesta de pensar en un Ministerio de Seguridad Ciudadana (Rodríguez Cuadros) pero ello requiere un largo proceso de recambio en los mandos y de nuevas matrices de enseñanza en las fuerzas policiales, en integrar a civiles en materia de prevención y de control, así como en las acciones de resocialización.

Documental "PRESUNTO CULPABLE" es censurada en México

El día de ayer, miercoles 02 de febrero, la Jueza Blanca Lobo Dominguez notifico a la secretaría de Gobernación el haber concedido la suspensión provisional de la autorización que permite exhibir documental "Presunto Culpable".

"Esto ocurre por una demanda de Amparo interpuesta en contra de actos de autoridad emitidos por la Direción general de Radio y Televisión y Cinematografía, entre otras instancias" (El Universal.mx)

La pelicula cuenta el caso de un joven, Toño, condenado a 20 años de carcel por un crimen sobre el cual no existe ninguna prueba contundente que lo inculpe. En esta situación dos jóvenes abogados deciden pelear el caso en los ambitos judiciales y mediaticos. Aqui la historia...

Musica de Integración

El grupo "Calle 13" aprovecho la tribuna del Festival de Viña del Mar (2011) para subir el volumen de la integración latinoamericana desde el recuerdo y la queja.

"Soy una fabrica de humo/mano de obra campesina para tu consumo/ frente de frío en el medio del verano/el amor en los tiempos del cólera mi hermano" "El sol que nace y el día que muere/con los mejores atardeceres/soy el desarrollo en carne viva/un discurso político sin saliva".

Calle 13 hace unos días en el festival Viña del Mar (Chile, 2011).

Les dejamos la exhibición de arte e integración...

LOS INTERESES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU

Por Hugo Müller Solón (Abogado); Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos
mullerabogados@hotmail.com

Vemos con preocupación que contra la inseguridad y la violencia que nos agobia a los peruanos y peruanas - que nos ubica en el primer lugar entre 26 países por tener los niveles más altos en percepción y victimización de la delincuencia, conforme ha informado la Encuesta “Barómetro de las Américas” en su edición 2010- nuestros gobernantes se empeñan en seguir utilizando procedimientos obsoletos, medianamente eficaces en otros tiempos, pero no ahora en que el contexto nos presenta nuevos y diferentes escenarios.

Aparentemente tenemos una gobernabilidad que no tiene la capacidad suficiente para encontrar mejores soluciones y que ante su ineficacia suele decirnos que con más recursos y más policías en las calles se resuelve el problema pero al final de la inversión y de mayor presencia policial el problema sigue igual o peor que antes. Es innegable que se trata de un asunto de gobernabilidad y lo urgente es detener la creciente inseguridad y la violencia que cada día parece más incontrolable, pero además, es importante que los gobernantes (gobierno central y gobiernos locales) incluyan en sus administraciones a asesores y expertos en seguridad y violencia, algo que no parece importarles mucho. Haber sido policía o militar no es una garantía del conocimiento requerido, los mejores investigadores y expertos de reconocido prestigio, nunca pertenecieron a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.

Pero el problema va más allá de la contratación de los expertos porque si bien es cierto muy poco se puede hacer cuando no se sabe qué hacer, menos resultados y logros habrán cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas y peor aún, cuando de por medio existen intereses personales o determinadas orientaciones de trabajo dirigidas a satisfacer planteamientos o propuestas políticas. Por ejemplo si el objetivo principal de la policía es velar por la tranquilidad de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿Por qué el ciudadano desconfía de la policía?; la razón es que las estrategias para disminuir la delincuencia que se vienen utilizando en el país, han venido dejando de lado deliberadamente, la relación del policía con la sociedad, porque actualmente otros son los intereses de la seguridad ciudadana.

Basta con observar el comportamiento de los policías en las calles mostrando un perfil eminentemente reactivo frente al delito es decir intervienen después que el delito se ha cometido y detienen a las personas cuando se encuentran requisitoriadas o cuando han sido sorprendidas en flagrante delito. Ese es el modelo del Policía del Siglo XXI que el Perú tiene hasta la fecha y resulta evidente los intereses de la seguridad ciudadana porque lo vemos a diario en los medios de comunicación, frente a la incapacidad de la gobernabilidad para elaborar políticas públicas contra el crimen, es el mismo Poder Ejecutivo a través de su Ministro del Interior, quien aparece ahora como ente político y planificador de las operaciones policiales represivas aprovechando que bajo su dependencia se encuentra la Policía Nacional para explotar al máximo sus resultados a favor de la imagen del partido político gobernante. No se privilegia la prevención del delito porque no permite titulares sensacionalistas, no obstante es la principal función de la policía en el Perú y en las policías de todo el mundo.

El resultado de esta manipulada imagen policial que tergiversa los reales intereses de la seguridad ciudadana, lo observamos en una encuesta nacional realizada por Ipsos/Apoyo en diciembre 2009, el 47% de peruanos encuestados estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc., con lo cual se le hace el juego perfecto a la ineficacia y a la incapacidad de la gobernabilidad, quienes de esa manera han encontrado la fórmula perfecta para justificar sus falencias. Ultimadamente los comandos policiales suelen ser responsabilizados, lo mismo que las autoridades locales por no apoyar a la policía, siempre habrá a quien culpar. Círculo vicioso del cual ojalá podamos salir con el próximo Gobierno, caso contrario las consecuencias serán impredecibles.

Torturas en cárcel de Mendoza, Argentina.

El abogado de Derechos Humanos Diego Lavado (Asociación Xumec) denunció éste miércoles (02/01/11) la existencia de torturas al interior del complejo de Seguridad de San Felipe (Méndoza, Argentina) para lo cual mostro las imagenes que aqui presentamos.

La relación entre policías y ciudadanos como un factor de inseguridad ciudadana

Por M. Ulises Urusquieta Salgado,Coordinador del proyecto La policía que queremos: hacia un nuevo modelo de policía e investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos en México.

Si el objetivo principal de las instituciones de seguridad es velar por el bienestar de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿por qué el ciudadano desconfía de las instituciones de procuración de justicia y sobre todo de los policías?

La respuesta es contradictoria, porque las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos son las que más desconfianza e incertidumbre les provocan. En gran parte ello se debe a los actos de corrupción y delincuencia por parte de servidores públicos dedicados a la seguridad. Pero también a que se han desarrollado programas para “disminuir” la delincuencia que dejan de lado la relación con la sociedad.

La relación cotidiana entre policías y ciudadanos es diferente, dependiendo de quién sea el que la inicie. Los policías detienen a personas para hacerles revisiones “de rutina”, para pedirles que se identifiquen, para detenerlos por delitos, para infraccionarlos cuando viajan en automóvil, y en el mejor de los casos para brindarles ayuda o apoyo ante una situación violenta o delictiva. En cuanto a los ciudadanos generalmente establecen relación con los policías para pedirles informes sobre alguna calle o dirección, solicitarles ayuda o denunciar un posible delito.

Arturo Alvarado, en su libro que está por aparecer titulado “El tamaño del infierno: la criminalidad en la zona metropolitana de la ciudad de México”, muestra que el mayor contacto obedece a asuntos de tránsito (21%). La dinámica misma del espacio urbano permite a los policías de tránsito establecer contacto en situaciones donde el automovilista muchas veces sabe y/o asume que cometió una falta al reglamento de tránsito; o en casos diferentes donde hay “retenes” de revisión vehicular y el automovilista no tiene la documentación en forma, pueden suscitarse situaciones que conllevan una conducta fuera de la ley. La segunda forma de contacto es la que hace el ciudadano al policía para reportar ser víctima de algún delito (16%).

Arturo Alvarado menciona que el 70% de los contactos son iniciados por los policías, mientras que el 30% restante lo hace un ciudadano. Esto puede mostrar la poca disposición que tiene la ciudadanía para recurrir a los policías por la desconfianza e intranquilidad que ello le genera. Pero en la relación entre ambos se construye también un tipo de interacción donde la infracción a la ley se resuelve mediante un “arreglo” (o “mordida”), que lesiona la imagen de las instituciones de seguridad y, a la vez, devalúa la percepción ciudadana en la autoridad policial. Este círculo vicioso caracteriza el imaginario de las dos partes y la alimenta de otras eventualidades que pueden presentarse.

Es decir, la falta de credibilidad y respeto entre los ciudadanos y los policías se debe en gran parte a la prepotencia y corrupción de los segundos, pero también los ciudadanos fomentan estos actos por evadir las responsabilidades y obligaciones que tienen. La sociedad pide la colaboración de la policía, pero al mismo tiempo la discrimina y desconfía de ella, lo que hace que los policías actúen en consecuencia de forma ofensiva.

No obstante, muchas veces la sociedad desconoce las funciones mínimas de la policía y la discriminación y desconfianza es generada quizá por la falta de este conocimiento. Por ello es sustancial exponer que la profesión de policía tiene muchos riesgos y características especiales. Por ejemplo: a) problemas de salud física y psicológica que provoca el stress, agotamiento, enfermedades, heridas y problemas de drogadicción, b) condiciones laborales desfavorables como los horarios excesivos de trabajo y c) desprestigio social que tiene la imagen del policía. “Socialmente el policía tiene que padecer la desconfianza y el desprecio de la población, asuntos que lo desmoralizan, así como también le afectan su situación familiar”, señala Nelia Tello Peón, en su artículo “Violencia, corrupción y seguridad pública”, en la revista Trabajo Social no. 19 de la UNAM. A ello hay que sumarle el trato prepotente que viven los policías por parte de sus jefes y mandos.

Por eso, buena parte de la inseguridad ciudadana radica, desde nuestra perspectiva, en una falta de reconocimiento de la identidad social (identidad de ser policía e identidad ciudadana) y sobre todo en un proceso de estigmatización del otro. “Cuando las personas se relacionan entre sí sobre la única base del estereotipo que tienen de las otras personas, surgen enormes problemas”, señala Erving Goffman, en su libro “Estima, la identidad deteriorada”. Añade que el estigma es la culminación de un proceso de desacreditación, basado no en los atributos de un fenómeno o una persona, sino en las relaciones que establece con su entorno.

De allí que en Alianza Cívica asumamos que la relación entre policías y ciudadanos está estigmatizada, y ello atenta contra el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Es decir, los policías se sienten y son estigmatizados por los ciudadanos y por sus propios mandos; a su vez los ciudadanos son estigmatizados por los policías. Ello impide que ambos se encuentren y el resultado es un incremento de la violencia y la corrupción. En una siguiente colaboración plantearé cómo Alianza Cívica está buscado romper con dicho estigma, en aras de coadyuvar a la seguridad ciudadana

A 10 años de la Reforma de Seguridad en la Provincia de Mendoza, Argentina.

Lic. Alejandro Salomón Ex Subsecretario de Seguridad en Mendoza, docente del Instituto Universitario de Seguridad Pública e Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos en Argentina.

A diez años de la Reforma del Sistema de Seguridad en la Provincia de Mendoza creemos necesario realizar algunas reflexiones sobre los logros alcanzados por ésta, como así también las metas no cumplidas, o parcialmente cumplidas. Para una breve revisión como la pretendida, es necesario partir de algunas consideraciones previas que influyeron en el año 99` para iniciar una reforma en el área, y que explican algunas características de la misma.

Los AntecedentesExistieron fundamentalmente dos circunstancias previas a la reforma, y un hecho detonante que influyeron decisivamente a favor de un acuerdo en el que participaron la totalidad de los Partidos Políticos con representación parlamentaria – hecho político que obtuvo el apoyo mayoritario de la población – y que se conoció desde ese momento como “La Política de Estado” en materia de seguridad. Una primera circunstancia, fue el hecho que la década de los 90 estuvo signada por la aplicación de políticas económicas neoliberales por parte del Gobierno de Carlos Menem. Estas políticas generaron la desaparición de millones de empleos que constituían el eje fundamental en el que se sostenía el “Estado de Bienestar”, profundizando las inequidades sociales, lo que definitivamente incidió en el área de seguridad.

La importancia del empleo formal en aquella época, se fundamentaba principalmente en hecho de que a partir de la relación laboral se estructuraban la mayor parte de los mecanismos de distribución de los ingresos y de igualdad social, asiendo accesible al trabajador no solo un ingreso económico, sino también el acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la seguridad social, etc. La aplicación de estas políticas neoliberales “sin anestesia” (como gustaba decir al ex presidente) empujó al desempleo, y con éste, a la pobreza y marginación de miles de familias que pasaron a formar parte de los sectores sociales excluidos del sistema económico y social, profundizando el deterioro y desagregación social y cultural de amplios sectores de la población. La desigualdad e inequidad, y su impacto en el sistema de valores culturales, provocaron la ruptura del tejido social, y es en los sectores urbanos en donde las consecuencias, en términos de inseguridad, no tardaron en aflorar. En ese marco de desarticulación social, no era esperable otra cosa distinta que el aumento de la violencia y la inseguridad, al menos en los llamados “delitos patéticos”, que son los que mayor impacto producen en la opinión pública.

En segundo lugar, la impotencia frente al aumento sostenido de la inseguridad durante toda la década de los 90´, sin que las prácticas policiales tradicionales pudieran contener el delito creciente, provocó que apareciera cada vez con mayor frecuencia, el resurgimiento del legado autoritario de la Policía de Mendoza. Conocida con el mote de “policía brava”, las prácticas heredadas de la época de Santuccione (1) comenzaban a repetirse cada vez con mayor frecuencia en la Provincia. Los casos Garrido – Baigorria (1990); Neme – Ros (1992); Guardati (1992); Gómez Romagnilli (1996) y Sebastián Bordón (1997) fueron solo algunos de los casos más resonantes por su repercusión nacional y por las condenas que los Organismos Internacionales impusieron a la Provincia. Las fragantes violaciones a los Derechos Humanos pasaron a constituir prácticas habituales en la “lucha” contra la inseguridad.

El detonante lo constituyó el artero asesinato del Cabo Castillo en manos de la delincuencia, y en circunstancias de un mero operativo policial. La indignación del personal de la fuerza de seguridad por la muerte del efectivo policial, provocó en forma casi instantánea la insubordinación de una gran parte del personal policial subalterno. Frente a la Legislatura Provincial se mezclaron viejos y nuevos reclamos: condiciones indignas de trabajo, falta de equipamiento, abusos de autoridad por parte de los mandos superiores, bajos salarios y falta de legislación adecuada fueron algunas de las demandas de un cuerpo policial que comenzaba a tener visibilidad social a través de la desobediencia y la insubordinación a los cuadros superiores de la fuerza, exponiendo así todas sus miserias ante un cuerpo social que le resultaba ajeno.

La ReformaEl acuerdo político que permitió la concreción de la Reforma Policial significó fundamentalmente el reconocimiento de la problemática, tanto de la inseguridad creciente, como del grado de descomposición y corrupción existente en la institución depositaria del uso legítimo de la fuerza pública con el que está envestido el Estado. Hasta ese momento la seguridad era un espacio exclusivo de la Fuerza Policial, que si bien formaba parte del Poder Ejecutivo Provincial, su elevado grado de autonomía la convertía en una organización desconocida en su funcionamiento por el resto de la sociedad, pero con aceitados vínculos con El Poder Judicial (especialmente con el fuero penal) que le aseguraba ciertos niveles de impunidad.

Así, la reforma significó:
• El reconocimiento político de la Seguridad como una problemática social, y como tal, merecedora de una política pública por parte del Estado ( Política de Seguridad) al igual que otras problemáticas sociales como la salud, la educación, o la economía.
• El reconocimiento del funcionamiento de la seguridad como un sistema (Ley 6721, art. 1°), en donde la policía forma parte de él, pero no es el único instrumento. Y que comparte con la justicia penal y el sistema penitenciario, entre otros actores, las responsabilidades en la protección de las personas y de sus bienes. Este carácter sistémico, obliga a las partes a mantener la coherencia del sistema en su conjunto; a más de la esperable coherencia interna en cada uno de los subsistemas que lo integran.
• El reconocimiento de que las fuerza de seguridad, como depositarias de la fuerza pública por delegación, no puede organizarse en forma autónoma, y menos aún controlarse a sí misma. Que al igual que el resto de las políticas públicas, deben someterse a las decisiones y el control del al Poder Político, legitimo representante de la voluntad popular.
• El reconocimiento de que la ciudadanía puede organizarse para participar en el diseño de los planes de prevención del delito de su vecindario, como así también puede y debe escrutar el funcionamiento del sistema de seguridad.

La reforma significó también el fin de lo que Alberto Binder llama “estrategia del doble pacto”. Para éste autor, existía un primer pacto entre los gobernantes y las fuerzas de seguridad, según la cual se entrega a ellas el gobierno de la seguridad a cambio de ciertos niveles de control, obediencia, y en particular, el compromiso por parte de la fuerza de evitar situaciones de crisis. El segundo pacto, es el que realizan las fuerzas de seguridad con la criminalidad, donde se garantiza cierto control territorial; cierto nivel de actividad criminal, que no genere alarma social; y la participación en los beneficios derivados de las actividades delictivas, a cambio de ciertos niveles de impunidad, información y protección.(2). Gracias a la visibilidad que hoy ha tomado la seguridad por parte de los mecanismos de control externo; de los medios de comunicación; de los organismos de DDHH, y de las organizaciones civiles, el cumplimiento de estos pactos se hace de cumplimiento imposible, tanto para gobernantes, como para las fuerzas de seguridad y de la misma criminalidad.

Un logro importante de la Reforma, aunque a veces nos parezca prematuro hacer ciertas aseveraciones, es el hecho de que la Provincia no ha tenido condenas internacionales relacionadas con casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por la Fuerza Policial, ni han existido casos de gatillo fácil, ejecuciones extrajudiciales, o apremios ilegales con posterioridad a la Reforma de Seguridad, y en los que hayan tenido que intervenir Organismos Internacionales. Esto ha sido básicamente mérito de la Inspección General de Seguridad como órgano de control externo.

La Formación Policial y su institución, el Instituto Universitario de Seguridad Pública, han cumplido un rol fundamental en la profesionalización y modernización de la fuerza policial. El respaldo académico de la Universidad Nacional de Cuyo ha permitido que los planes de estudios de la fuerza no fuesen modificado según los caprichos y antojos de los distintos jefes del área que se fueron sucediendo a lo largo de estos diez años. Esto no significa que los planes de estudios no puedan ser modificados, solo significa que su modificación exige una justificación y el diseño de un perfil policial distinto al que hoy egresa. El personal policial hoy puede exhibir un título universitario emitido por una Universidad Nacional en las mismas condiciones que los profesionales universitarios que tiene el Estado en las más diversas áreas técnicas y científicas.

Indudablemente esto no alcanza, y hay un gran potencial a explorar que está relacionado con el acceso a la formación al del personal que reviste en las diferentes jerarquías: Es necesario y urgente abrir las oportunidades en forma masiva a quienes son Auxiliares para cursar los estudios técnicos; para quienes ya son técnicos, los estudios de grado; y los actuales profesionales universitarios, para cursar estudios de posgrado. Otra área a explorar es la apertura de otras carreras relacionadas a la problemática (criminalística, criminología, investigación penal, etc.) y la incorporación de personal no policial con tareas afines a la seguridad, como así también la formación de la totalidad del personal penitenciario.

La Comisión Bicameral de Seguridad es otra de las importantes instituciones creada en épocas de la Reforma. Si bien su protagonismo ha ido variado en el tiempo, hay funciones que en ningún momento han dejado de cumplirse, como es el estudio de todos los proyectos legislativos que ingresaban a las Cámaras y el análisis del presupuesto del sistema de seguridad. No obstante, hay aspectos en los que no ha podido abocarse definitiva y decisoriamente. Esto es el control y evaluación de las políticas del área – por ejemplo, revisar cuales son las estrategias sociales de prevención; las relacionadas al control de la violencia y el delito – ; las relacionadas a la organización del sistema (incluyendo fundamentalmente la transparencia del sistema de ascensos policiales y penitenciarios); y el desempeño del sistema de seguridad (cumplimiento de objetivos y metas previamente establecidas) .Debe reconocerse que estas últimas tareas han sido limitadas por la falta de información criminal.

Cuando analizamos la Reforma como respuesta a la problemática de la inseguridad, los resultados no son los óptimos. Si bien en este punto se comienza a transitar un desierto carente de datos e información estadística, puede fácilmente intuirse que el delito no ha disminuido como se podría haber esperado. Podríamos solamente sospechar que con algunos altibajos, el delito se ha mantenido en valores exageradamente altos para una sociedad que reclama mayor seguridad.

Esta deficiencia en el cumplimiento del objetivo de bajar los índices delictuales ha tenido una segura correlación con la falta de continuidad en el proceso iniciado en 1.999, y que en estos últimos años en especial, han existido retrocesos en muchos de los principios que se fijaron hace una década atrás. Si bien estos retrocesos no han tenido en nuestra Provincia la magnitud de los vaivenes y contradicciones observados en la Reforma realizada en Provincia de Buenos Aires, sí ha existido un contínuum antireformista que han ido socavando los pilares sostenidos en aquellos años.

La No PolíticaLa magnitud del problema ha encontrado en la dirigencia política dos actitudes frente al tema. Por un lado, hay un pensamiento conservador que asume la inseguridad como un “fenómeno natural”, una externalidad no deseada del posmodernismo, el cual no es posible revertir, y con el cual debemos resignarnos a vivir como costo insoslayable de la vida moderna. Por otro lado, un discurso populista, autoritario e irresponsable que ofrece respuestas mágicas, según las cuales, acabar con la criminalidad es solo cuestión de decisión política, de bravura, y de honestidad.(3)

Cualquiera sea la actitud asumida, la resignación ante el problema, a la espera de una sociedad más justa que nos permita recuperar la seguridad perdida; o la actitud autoritaria, que promete seguridad a partir del encierro de un puñado de delincuentes responsable de todos los males sociales, tienen la misma consecuencia: el abandono del abordaje del problema de la inseguridad como “Política Pública”. El desinterés político sobre la cuestión, o la ausencia de decisiones políticas en materia de seguridad, ha implicado el abandono de las acciones tendientes a organizar los instrumentos del Estado contra el delito. Las acciones de prevención se han caracterizado por ser parciales, de corta duración y estar básicamente guiadas por fines electoralistas.

El dato más significativo de este “retirarse” lo constituye la decisión política de no recopilar información criminal en la provincia. Es difícil imaginar el diseño de una Política Económica, Educativa o de Salud sin tener información mínima y elemental que guie la acción del Estado en estas áreas. Lo mismo sucede en materia criminal. A pesar de la exigencia que en la materia dicta la Ley 22.117 (4), no existe información que permita trabajar, y menos diseñar Políticas de Seguridad que intenten abordar el problema desde una perspectiva global.

¿Cuántos y cuáles son las características de los delitos se cometen en Mendoza?; ¿En dónde se comenten?; cuales son las características de las víctimas?; ¿Cuáles son las características de los victimarios?; ¿cuáles son los horarios?; ¿Cuál es el porcentaje de condenas?; ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia? ¿Cuál es la confiabilidad del sistema si no se conoce (por vía de encuestas de victimización) de la cifra negra del delito? Éstas, son solo algunas de las preguntas sin respuestas que imposibilitan abordar el problema desde una perspectiva global. Cualquier intento de diseñar una Política de Seguridad sin estar sustentada en información confiable no es más que un mero voluntarismo bobo. Se ha intentado en estos últimos años remplazar, con magros resultados, la Política de Seguridad mediante un sistema de policiamiento como principal medida de gestión de la seguridad. A través del éste, se ejecutan solo acciones que apelan a la inmediatez y la urgencia, y generalmente responden a demandas puntuales generadas por una sucesión de hechos delictuales en una determinada zona. Este sistema de prevención tiene la característica de ocupar ciertas barriadas durante un periodo de tiempo determinado, teniendo un efecto positivo solo durante el tiempo que dura la ocupación del territorio, provocando solo el desplazamiento el delito hacia otras barriadas vecinas.

Un exacerbado modelo reactivo como el descripto pone a la totalidad de la fuerza policial a recorrer las calles sin un mandato preventivo preciso, y solo a la búsqueda de un ocasional delito, y si las circunstancias ayudan, la aprensión de sus autores. Se deja así de lado el abordaje preventivo necesario sobre los “mercados del delito” como el de vehículos sustraídos y autopartes; mercadería sustraídas (relojes, celulares, televisores, estéreos); metales (robo de cables); armas; drogas; apuestas y juego clandestino; prostitución y trata de personas; etc. En este sentido, es Inteligencia Criminal una herramienta fundamental para la Política de Seguridad, la que debe adelantarse a los hechos, y no correr detrás de ellos.

Si bien se reconoce la problemática social como una de las causas principales de la inseguridad, pocas veces se disponen medidas de prevención social – y éstas, cuando se anuncian, tienen en común su corta duración, y escaza implementación. Las políticas de prevención social tienen como característica que requieren de la estructuración de dispositivos de gestión política que operan mediante intervenciones focalizadas en procura de la prevención de la violencia y el delito. Estas estrategias implicarían la articulación de diferentes áreas de gobierno, y de diferentes niveles del Estado (Nacional, Provincial y Municipal).

Dentro del marco de la prevención social, no existen acciones tendientes a identificar los factores de riesgo, y su necesarias campañas de concientización pública preventivas, Algunos de estos factores identificados por organismos internacionales son las armas, las drogas y/o el alcohol (5). En este sentido, no se hacen trabajos con grupos de riesgo o de vulnerabilidad al delito; ni tampoco existen programas de rehabilitación ni a personas adictas, ni a quienes ya tienen antecedentes penales.

Existe por el contrario una desmedida confianza en la prevención situacional, entendida esta como las intervenciones tendientes a modificar situaciones o ambientes para reducir las oportunidades para cometer actos delictivos. Cámaras de vigilancia, empresas privadas de seguridad, alumbrado, cierre de baldíos, alarmas comunitarias, etc. son solo algunas de las modalidades más utilizadas. Hay que reconocer que estas dan excelentes resultados en los lugares que se aplican, pero no se puede pensar que esto disminuye el delito, puesto que lo que en realidad hace es desplazarlo a otros sectores no protegidos.

Una Política de Seguridad que promueva estas modalidades preventivas debería también tomar los recaudos necesarios, en base a información criminal confiable, para evitar la comisión de delitos más violentos en las áreas que se cubren, a la vez de trazar nuevas estrategias en las zonas periféricas a las que puede desplazarse el delito. Se ha insistido en que la seguridad es un problema de todos los ciudadanos, aspecto que no lo convierte en responsabilidad de todos, porque ésta recae sólo en el Estado que debe brindarla.

No obstante, tras la Reforma del 99` se instrumentaron los mecanismos de participación ciudadana en la materia. Más allá de la constante apelación a la participación como elemento democratizador, no ha existido desde la Política de Seguridad vocación de desarrollarlos plenamente. Los escasos Foros Vecinales de Seguridad; los Consejos Departamentales y la figura del Coordinador de Seguridad nacen y desaparecen en forma fugaz. Se inician con un momento de discusión diagnostica de la situación, prosiguen como cajas de resonancias de reclamos vecinales, y desaparecen al corto tiempo. No existe, ni se puede apreciar que se pretenda, la participación de la ciudadanía en el diseño de planes de seguridad en forma conjunta con la fuerza policial y los municipios. Y menos aún, se pretende motivar la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de los objetivos comprometidos desde las Instituciones del Estado. No existe manera de llevar adelante una Política de Seguridad medianamente exitosa si la fuerza policial no se gana la confianza de la ciudadanía, y para ello, debe trabajar en forma mancomunada con ella.

Desde la Política de Seguridad se debe abogar por un trabajo conjunto con el Poder Judicial, especialmente con el Fuero Penal. Este trabajo conjunto no significa realizar una especie de simbiosis entre los fiscales y la fuerza policial que poco tiene que ver con el espíritu republicano que debería primar; ya que esa conjunción no hace más que desvirtuar la naturaleza de la justicia deseada. La Política de Seguridad debe garantizar que las presiones políticas y sociales que buscan el esclarecimiento de los delitos, sumado a prácticas investigativas basadas mayoritariamente en la figura del “datero”, no lleven a los Fiscales a cometer los excesos que se quisieron erradicar de la policía con el cambio de Código Procesal, y que terminan en la mayoría de los casos provocando la caída de las causas por un sin número de nulidades procesales. La investigación penal debe sustentarse en la profesionalización del recurso humano (judicial y policial) que interviene en cada causa y en la incorporación de los más modernos instrumentos técnicos de la Policía Científica (6).

Por último, el Sistema Penitenciario no puede quedar al margen de la Política de Seguridad. Lo que pasa dentro de las cárceles debe ser congruente con el Estado de Derecho. La Política de seguridad no solo debe garantizar que el preso no se escape, sino que debe procurar que no vuelva a delinquir después de quedar en libertad. Si se acepta como valido el paradigma de resocialización, las acciones políticas que se desarrollen dentro de este sistema deben tener como objetivo modificar en el interno tanto los aspectos culturales, como las conductas no aceptadas y rechazadas por el resto del cuerpo social.

El Sistema Penitenciario debe tomar visibilidad, y la sociedad debe conocer lo que pasa dentro de las cárceles. La formación del personal penitenciario no debe limitarse a la buena custodia de los muros, puesto que sus funciones exceden ampliamente esa tarea. Ellos son los depositarios de las responsabilidades de preparar al interno para su reincorporación en la sociedad. Los beneficios otorgados a los internos deben estar sustentados en logros objetivos de educación y trabajo que garanticen una reinserción real de la persona, lo contrario, es generar un nuevo hecho delictivo a futuro.

Desde nuestra visión, no se puede confundir Política de Seguridad con estar al frente de la Policía. El concepto es más amplio, puesto que implica la organización de la totalidad de los instrumentos del Estado en el control del delito. La discusión no puede reducirse a la mera especulación de quien es el que está al frente de la fuerza policial, el debate profundo que hay que darse es quien define a Política de Seguridad.

(1) Vicecomodoro Julio Cesar Santuccione, asume la Jefatura de Policial en 1975 bajo la intervención de Antonio Cafiero y se mantuvo en el cargo con posterioridad al golpe militar de 1976. Su acción represiva excedía la lucha contra el terrorismo ‐ para lo cual fundo los comandos “grupo cóndor” y “comando anticomunista Mendoza” ‐ lo que dio lugar a la creación del “comando de moralidad Pio XII, conocido por sus acciones de “limpieza social”, aplicando siempre similares metodología, y teniendo la zona de Papagayos como lugar de abandono de sus víctimas
(2) Binder, Alberto. El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual. En Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas. Foros del Bicentenario. Ed. Edhasa. 2009
(3) En este sentido, es significativa la incidencia que el discurso político tiene sobre la fuerza policial. Como ejemplo, puede tomarse el periodo del ahora ex Ministro Miguel Bondino. Con un discurso claramente antireformista y reivindicativo del viejo accionar policial, se eliminó la Dirección de Seguridad, y en su remplazo se creó la Dirección General de Policías a cargo del Crio Gral. (R) Héctor Quiroga. Durante ese periodo (18 meses) no solo no mejoró la seguridad (Bondino debe dejar la cartera tras el asesinato de Laura Abnazar) , sino que se sucedieron graves hechos atentatorios a los Derechos Humanos: Arresto masivo de estudiantes en ocasión de una protesta (23/05/06); muerte de Mauricio Moran por parte de un efectivo policial (05/05/06); muerte del joven Jonathan Chandía en manos policiales (27/05/06); muerte del joven Jonathan Oros en la Comisaría 33 (07/01/07); situación que se agrava con el resurgimiento de las internas policiales, en este caso, entre quien fue el nuevo Jefe de Policía, Crio Gral. (R) Francisco Pérez y el Subjefe, Crio Gral. Armando Párraga.
(4) La ley 22.117 en sus artículos 13º dice: “Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la justicia”; y el 13º bis: “ Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo precedente, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco días de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Política Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación”.
(5) Para una mayor ampliación sobre el tema léase “Convivencia y Seguridad, un reto a la gobernabilidad” Rodrigo Guerrero. Ediciones Banco Interamericano de Desarrollo.
(6) En este aspecto, es muy bajo el porcentaje de sentencias condenatorias en los delitos que mayor impacto producen en la sociedad. Por ejemplo, solo en el 1,4% de los delitos contra las personas existen condenas, esta relación es de 1,83% para robos; 1,36% en delitos contra la propiedad. Por otro lado, si se tiene en cuenta que en Mendoza los delitos denunciados no superan el 30%, a los porcentajes indicados habría que dividirlos por tres.