Enrique Castro Vargas
Investigador asociado TAP/Perú
Hacia fines del año 2010, mil setecientos cuarenta y un (1,741) empresas fueron admitidas por el estado peruano para trabajar en materia de seguridad privada y esta situación genera que alrededor de 150 mil personas se desenvuelven en este ámbito. Lamentablemente, este acercamiento en cifras no valora el número real de empresas y empleados en seguridad privada de una sociedad alta, altísimamente, informal.
El eslabón de la seguridad privada es un factor diminuto e imperceptible cuando se hace política pública en materia de seguridad ciudadana en el Perú y que además se hace muy poca.
Desde el año 2005 la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada participa del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASEC) y es integrado en los planes nacionales con actividades bastante formales, baladíes y con metas ambiguas, evidentemente sin ningún monitoreo ni evaluación. Consideraciones negativas que resultan también transversales a los demás actores involucrados.
Actividades comprometidas por las empresas de seguridad privada en los Planes Anuales de SC
2007
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2008
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2009
* NINGUNA
2010
* Identificar y reportar a la Secretaría Técnica del CONASEC los servicios de seguridad que presta las empresas de seguridad privada.
Fuente: Elaboración propia, Planes Nacionales de seguridad ciudadana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Pese a su presencia en los planes nacionales no existe experiencia de participación de las empresas de seguridad en comités locales y en reciente trabajo del TAP en 3 municipios de Lima (Miraflores, Comas y Villa el Salvador) no aparecen participando en ningún espacio local. Las acciones del Plan 2010 fueron reportadas por la División de la Policía que centraliza esta información y no por la asociación de empresas de seguridad que en la actualidad se encuentra bastante beneficiada por el temor a ser víctima de un delito.
El mercado de la seguridad privada en el Perú viene creciendo e involucrando sumas importantes de dinero lo que viene acompañado del incremento de armas tanto para los que ejercen la seguridad como para los que la combaten desde la delincuencia, su presencia felizmente es poco aceptada como medio de seguridad para el ciudadano de a pie, quienes según las encuestas de opinión prefieren otros medios para brindarse seguridad.
Deficiencias de integración
Se apela, desde el gobierno, a la paulatina participación de la seguridad privada en seguridad urbana, sin embargo, como ya lo demostró la asociación "Ciudad Nuestra", la comunicación entre policías nacionales, serenos o guardias municipales y la seguridad privada se ve perjudicada por la tenencia de diferentes tipos de radio; incluso entre la misma policía nacional, lo que impide una adecuada comunicación entre estas fuerzas de seguridad estatal, municipal y ahora privada.
La ley y reglamento sobre servicios de seguridad privada dice poco a favor de la colaboración entre estas fuerzas, dejando la participación de personal operativo de seguridad privada a la colaboración, auxilio y apoyo sólo “en caso ser requerido por la policía nacional”. Y un tímido aviso a la seguridad privada para que “procuren compatibilizar los aspectos técnicos de los sistemas de comunicación (radial y otros) que emplean las centrales y personal operativo, con las fuerzas de la policía, serenazgos y cuerpo de bomberos”. La norma vuelve a señalar explícitamente la prohibición de desempeñar funciones que competen a la Policía Nacional.
Recién en la primera disposición complementaria del reglamento se menciona que la Dirección policial correspondiente (DICSCAMEC) en coordinación con las Municipalidades y los gremios empresariales de servicios de seguridad privada promoverán programas gratuitos de capacitación a personas naturales informales que presten servicios individuales de seguridad en viviendas o establecimientos, agrega de conformidad con el Plan nacional de seguridad ciudadana. Suponemos que el reglamento aprobado el 2011 se refiere al plan del año 2007 y 2008.
Estos denominados guachimanes (del inglés wacht man) pueden, no es imperativo según la norma, ser empadronados por los Municipios en convenio con la DICSCAMEC. En conclusión, la norma regula, clara y principalmente, el ingreso de diferentes tipos de empresas de seguridad al mercado nacional y menciona sin ninguna organicidad ni fuerza la participación de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana.
Armas ligeras en la actualidad peruana
Las muertes por arma de fuego aumentan en el país, el dato duro de homicidios crece mientras que –paradójicamente- la totalidad de delitos se reduce según la información de la Policía Nacional. De registrar 1,500 muertes en el año 2004 se pasa a hacerlo con más de 4,000 para el año 2010.
Sin embargo, en el plano de las normas y los acuerdos, el Perú, como pocos en América Latina, es el que más ha avanzado en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y ligeras. Anualmente presenta informes a la ONU sobre el plan de acción, es un defensor de procesos como el ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI (Instrumento internacional de marcaje y rastreo de armas), además constituyó una Comisión Nacional Multisectorial contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados) en donde la participación de la sociedad civil es aún limitada.
Sin embargo, el número de muertes asociadas a las armas de fuego, los mercados ilegales y su necesidad de defenderlos, el creciente trabajo de sicarios y los asaltos con mayor violencia parecen generar un aviso importante. A esto podemos agregar que según la PNP en el año 2010 se denunciaron como robadas y/o perdidas más de 1,400 armas de fuego y sólo se recuperaron 8.
En Perú hay avances importantes a nivel de política de estado para adecuarse a las líneas mayores de Naciones Unidas pero a nivel local, y en donde se desenvuelve el ciudadano de a pie, hay una cultura de la violencia y del arma que nos debe poner a trabajar en contrarrestar la presencia indiscriminada de armas de fuego transformándose hacia un uso racional, adecuado y excepcional ya que en ningún caso es intención de este artículo ir hacia la prohibición de su uso pero debemos evitar su presencia masiva e irracional.
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