Por Hugo Müller Solón (Abogado); Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos
mullerabogados@hotmail.com
Vemos con preocupación que contra la inseguridad y la violencia que nos agobia a los peruanos y peruanas - que nos ubica en el primer lugar entre 26 países por tener los niveles más altos en percepción y victimización de la delincuencia, conforme ha informado la Encuesta “Barómetro de las Américas” en su edición 2010- nuestros gobernantes se empeñan en seguir utilizando procedimientos obsoletos, medianamente eficaces en otros tiempos, pero no ahora en que el contexto nos presenta nuevos y diferentes escenarios.
Aparentemente tenemos una gobernabilidad que no tiene la capacidad suficiente para encontrar mejores soluciones y que ante su ineficacia suele decirnos que con más recursos y más policías en las calles se resuelve el problema pero al final de la inversión y de mayor presencia policial el problema sigue igual o peor que antes. Es innegable que se trata de un asunto de gobernabilidad y lo urgente es detener la creciente inseguridad y la violencia que cada día parece más incontrolable, pero además, es importante que los gobernantes (gobierno central y gobiernos locales) incluyan en sus administraciones a asesores y expertos en seguridad y violencia, algo que no parece importarles mucho. Haber sido policía o militar no es una garantía del conocimiento requerido, los mejores investigadores y expertos de reconocido prestigio, nunca pertenecieron a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.
Pero el problema va más allá de la contratación de los expertos porque si bien es cierto muy poco se puede hacer cuando no se sabe qué hacer, menos resultados y logros habrán cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas y peor aún, cuando de por medio existen intereses personales o determinadas orientaciones de trabajo dirigidas a satisfacer planteamientos o propuestas políticas. Por ejemplo si el objetivo principal de la policía es velar por la tranquilidad de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿Por qué el ciudadano desconfía de la policía?; la razón es que las estrategias para disminuir la delincuencia que se vienen utilizando en el país, han venido dejando de lado deliberadamente, la relación del policía con la sociedad, porque actualmente otros son los intereses de la seguridad ciudadana.
Basta con observar el comportamiento de los policías en las calles mostrando un perfil eminentemente reactivo frente al delito es decir intervienen después que el delito se ha cometido y detienen a las personas cuando se encuentran requisitoriadas o cuando han sido sorprendidas en flagrante delito. Ese es el modelo del Policía del Siglo XXI que el Perú tiene hasta la fecha y resulta evidente los intereses de la seguridad ciudadana porque lo vemos a diario en los medios de comunicación, frente a la incapacidad de la gobernabilidad para elaborar políticas públicas contra el crimen, es el mismo Poder Ejecutivo a través de su Ministro del Interior, quien aparece ahora como ente político y planificador de las operaciones policiales represivas aprovechando que bajo su dependencia se encuentra la Policía Nacional para explotar al máximo sus resultados a favor de la imagen del partido político gobernante. No se privilegia la prevención del delito porque no permite titulares sensacionalistas, no obstante es la principal función de la policía en el Perú y en las policías de todo el mundo.
El resultado de esta manipulada imagen policial que tergiversa los reales intereses de la seguridad ciudadana, lo observamos en una encuesta nacional realizada por Ipsos/Apoyo en diciembre 2009, el 47% de peruanos encuestados estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc., con lo cual se le hace el juego perfecto a la ineficacia y a la incapacidad de la gobernabilidad, quienes de esa manera han encontrado la fórmula perfecta para justificar sus falencias. Ultimadamente los comandos policiales suelen ser responsabilizados, lo mismo que las autoridades locales por no apoyar a la policía, siempre habrá a quien culpar. Círculo vicioso del cual ojalá podamos salir con el próximo Gobierno, caso contrario las consecuencias serán impredecibles.
NOS ESTAMOS MUDANDO A : www.tallerdeasuntospublicos.org LA GESTIÓN EFICAZ Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES POSIBLE
martes, 15 de febrero de 2011
domingo, 6 de febrero de 2011
Torturas en cárcel de Mendoza, Argentina.
El abogado de Derechos Humanos Diego Lavado (Asociación Xumec) denunció éste miércoles (02/01/11) la existencia de torturas al interior del complejo de Seguridad de San Felipe (Méndoza, Argentina) para lo cual mostro las imagenes que aqui presentamos.
viernes, 4 de febrero de 2011
La relación entre policías y ciudadanos como un factor de inseguridad ciudadana
Por M. Ulises Urusquieta Salgado,Coordinador del proyecto La policía que queremos: hacia un nuevo modelo de policía e investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos en México.
Si el objetivo principal de las instituciones de seguridad es velar por el bienestar de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿por qué el ciudadano desconfía de las instituciones de procuración de justicia y sobre todo de los policías?
La respuesta es contradictoria, porque las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos son las que más desconfianza e incertidumbre les provocan. En gran parte ello se debe a los actos de corrupción y delincuencia por parte de servidores públicos dedicados a la seguridad. Pero también a que se han desarrollado programas para “disminuir” la delincuencia que dejan de lado la relación con la sociedad.
La relación cotidiana entre policías y ciudadanos es diferente, dependiendo de quién sea el que la inicie. Los policías detienen a personas para hacerles revisiones “de rutina”, para pedirles que se identifiquen, para detenerlos por delitos, para infraccionarlos cuando viajan en automóvil, y en el mejor de los casos para brindarles ayuda o apoyo ante una situación violenta o delictiva. En cuanto a los ciudadanos generalmente establecen relación con los policías para pedirles informes sobre alguna calle o dirección, solicitarles ayuda o denunciar un posible delito.
Arturo Alvarado, en su libro que está por aparecer titulado “El tamaño del infierno: la criminalidad en la zona metropolitana de la ciudad de México”, muestra que el mayor contacto obedece a asuntos de tránsito (21%). La dinámica misma del espacio urbano permite a los policías de tránsito establecer contacto en situaciones donde el automovilista muchas veces sabe y/o asume que cometió una falta al reglamento de tránsito; o en casos diferentes donde hay “retenes” de revisión vehicular y el automovilista no tiene la documentación en forma, pueden suscitarse situaciones que conllevan una conducta fuera de la ley. La segunda forma de contacto es la que hace el ciudadano al policía para reportar ser víctima de algún delito (16%).
Arturo Alvarado menciona que el 70% de los contactos son iniciados por los policías, mientras que el 30% restante lo hace un ciudadano. Esto puede mostrar la poca disposición que tiene la ciudadanía para recurrir a los policías por la desconfianza e intranquilidad que ello le genera. Pero en la relación entre ambos se construye también un tipo de interacción donde la infracción a la ley se resuelve mediante un “arreglo” (o “mordida”), que lesiona la imagen de las instituciones de seguridad y, a la vez, devalúa la percepción ciudadana en la autoridad policial. Este círculo vicioso caracteriza el imaginario de las dos partes y la alimenta de otras eventualidades que pueden presentarse.
Es decir, la falta de credibilidad y respeto entre los ciudadanos y los policías se debe en gran parte a la prepotencia y corrupción de los segundos, pero también los ciudadanos fomentan estos actos por evadir las responsabilidades y obligaciones que tienen. La sociedad pide la colaboración de la policía, pero al mismo tiempo la discrimina y desconfía de ella, lo que hace que los policías actúen en consecuencia de forma ofensiva.
No obstante, muchas veces la sociedad desconoce las funciones mínimas de la policía y la discriminación y desconfianza es generada quizá por la falta de este conocimiento. Por ello es sustancial exponer que la profesión de policía tiene muchos riesgos y características especiales. Por ejemplo: a) problemas de salud física y psicológica que provoca el stress, agotamiento, enfermedades, heridas y problemas de drogadicción, b) condiciones laborales desfavorables como los horarios excesivos de trabajo y c) desprestigio social que tiene la imagen del policía. “Socialmente el policía tiene que padecer la desconfianza y el desprecio de la población, asuntos que lo desmoralizan, así como también le afectan su situación familiar”, señala Nelia Tello Peón, en su artículo “Violencia, corrupción y seguridad pública”, en la revista Trabajo Social no. 19 de la UNAM. A ello hay que sumarle el trato prepotente que viven los policías por parte de sus jefes y mandos.
Por eso, buena parte de la inseguridad ciudadana radica, desde nuestra perspectiva, en una falta de reconocimiento de la identidad social (identidad de ser policía e identidad ciudadana) y sobre todo en un proceso de estigmatización del otro. “Cuando las personas se relacionan entre sí sobre la única base del estereotipo que tienen de las otras personas, surgen enormes problemas”, señala Erving Goffman, en su libro “Estima, la identidad deteriorada”. Añade que el estigma es la culminación de un proceso de desacreditación, basado no en los atributos de un fenómeno o una persona, sino en las relaciones que establece con su entorno.
De allí que en Alianza Cívica asumamos que la relación entre policías y ciudadanos está estigmatizada, y ello atenta contra el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Es decir, los policías se sienten y son estigmatizados por los ciudadanos y por sus propios mandos; a su vez los ciudadanos son estigmatizados por los policías. Ello impide que ambos se encuentren y el resultado es un incremento de la violencia y la corrupción. En una siguiente colaboración plantearé cómo Alianza Cívica está buscado romper con dicho estigma, en aras de coadyuvar a la seguridad ciudadana
Si el objetivo principal de las instituciones de seguridad es velar por el bienestar de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿por qué el ciudadano desconfía de las instituciones de procuración de justicia y sobre todo de los policías?
La respuesta es contradictoria, porque las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos son las que más desconfianza e incertidumbre les provocan. En gran parte ello se debe a los actos de corrupción y delincuencia por parte de servidores públicos dedicados a la seguridad. Pero también a que se han desarrollado programas para “disminuir” la delincuencia que dejan de lado la relación con la sociedad.
La relación cotidiana entre policías y ciudadanos es diferente, dependiendo de quién sea el que la inicie. Los policías detienen a personas para hacerles revisiones “de rutina”, para pedirles que se identifiquen, para detenerlos por delitos, para infraccionarlos cuando viajan en automóvil, y en el mejor de los casos para brindarles ayuda o apoyo ante una situación violenta o delictiva. En cuanto a los ciudadanos generalmente establecen relación con los policías para pedirles informes sobre alguna calle o dirección, solicitarles ayuda o denunciar un posible delito.
Arturo Alvarado, en su libro que está por aparecer titulado “El tamaño del infierno: la criminalidad en la zona metropolitana de la ciudad de México”, muestra que el mayor contacto obedece a asuntos de tránsito (21%). La dinámica misma del espacio urbano permite a los policías de tránsito establecer contacto en situaciones donde el automovilista muchas veces sabe y/o asume que cometió una falta al reglamento de tránsito; o en casos diferentes donde hay “retenes” de revisión vehicular y el automovilista no tiene la documentación en forma, pueden suscitarse situaciones que conllevan una conducta fuera de la ley. La segunda forma de contacto es la que hace el ciudadano al policía para reportar ser víctima de algún delito (16%).
Arturo Alvarado menciona que el 70% de los contactos son iniciados por los policías, mientras que el 30% restante lo hace un ciudadano. Esto puede mostrar la poca disposición que tiene la ciudadanía para recurrir a los policías por la desconfianza e intranquilidad que ello le genera. Pero en la relación entre ambos se construye también un tipo de interacción donde la infracción a la ley se resuelve mediante un “arreglo” (o “mordida”), que lesiona la imagen de las instituciones de seguridad y, a la vez, devalúa la percepción ciudadana en la autoridad policial. Este círculo vicioso caracteriza el imaginario de las dos partes y la alimenta de otras eventualidades que pueden presentarse.
Es decir, la falta de credibilidad y respeto entre los ciudadanos y los policías se debe en gran parte a la prepotencia y corrupción de los segundos, pero también los ciudadanos fomentan estos actos por evadir las responsabilidades y obligaciones que tienen. La sociedad pide la colaboración de la policía, pero al mismo tiempo la discrimina y desconfía de ella, lo que hace que los policías actúen en consecuencia de forma ofensiva.
No obstante, muchas veces la sociedad desconoce las funciones mínimas de la policía y la discriminación y desconfianza es generada quizá por la falta de este conocimiento. Por ello es sustancial exponer que la profesión de policía tiene muchos riesgos y características especiales. Por ejemplo: a) problemas de salud física y psicológica que provoca el stress, agotamiento, enfermedades, heridas y problemas de drogadicción, b) condiciones laborales desfavorables como los horarios excesivos de trabajo y c) desprestigio social que tiene la imagen del policía. “Socialmente el policía tiene que padecer la desconfianza y el desprecio de la población, asuntos que lo desmoralizan, así como también le afectan su situación familiar”, señala Nelia Tello Peón, en su artículo “Violencia, corrupción y seguridad pública”, en la revista Trabajo Social no. 19 de la UNAM. A ello hay que sumarle el trato prepotente que viven los policías por parte de sus jefes y mandos.
Por eso, buena parte de la inseguridad ciudadana radica, desde nuestra perspectiva, en una falta de reconocimiento de la identidad social (identidad de ser policía e identidad ciudadana) y sobre todo en un proceso de estigmatización del otro. “Cuando las personas se relacionan entre sí sobre la única base del estereotipo que tienen de las otras personas, surgen enormes problemas”, señala Erving Goffman, en su libro “Estima, la identidad deteriorada”. Añade que el estigma es la culminación de un proceso de desacreditación, basado no en los atributos de un fenómeno o una persona, sino en las relaciones que establece con su entorno.
De allí que en Alianza Cívica asumamos que la relación entre policías y ciudadanos está estigmatizada, y ello atenta contra el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Es decir, los policías se sienten y son estigmatizados por los ciudadanos y por sus propios mandos; a su vez los ciudadanos son estigmatizados por los policías. Ello impide que ambos se encuentren y el resultado es un incremento de la violencia y la corrupción. En una siguiente colaboración plantearé cómo Alianza Cívica está buscado romper con dicho estigma, en aras de coadyuvar a la seguridad ciudadana
miércoles, 2 de febrero de 2011
A 10 años de la Reforma de Seguridad en la Provincia de Mendoza, Argentina.
Lic. Alejandro Salomón Ex Subsecretario de Seguridad en Mendoza, docente del Instituto Universitario de Seguridad Pública e Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos en Argentina.
A diez años de la Reforma del Sistema de Seguridad en la Provincia de Mendoza creemos necesario realizar algunas reflexiones sobre los logros alcanzados por ésta, como así también las metas no cumplidas, o parcialmente cumplidas. Para una breve revisión como la pretendida, es necesario partir de algunas consideraciones previas que influyeron en el año 99` para iniciar una reforma en el área, y que explican algunas características de la misma.
Los AntecedentesExistieron fundamentalmente dos circunstancias previas a la reforma, y un hecho detonante que influyeron decisivamente a favor de un acuerdo en el que participaron la totalidad de los Partidos Políticos con representación parlamentaria – hecho político que obtuvo el apoyo mayoritario de la población – y que se conoció desde ese momento como “La Política de Estado” en materia de seguridad. Una primera circunstancia, fue el hecho que la década de los 90 estuvo signada por la aplicación de políticas económicas neoliberales por parte del Gobierno de Carlos Menem. Estas políticas generaron la desaparición de millones de empleos que constituían el eje fundamental en el que se sostenía el “Estado de Bienestar”, profundizando las inequidades sociales, lo que definitivamente incidió en el área de seguridad.
La importancia del empleo formal en aquella época, se fundamentaba principalmente en hecho de que a partir de la relación laboral se estructuraban la mayor parte de los mecanismos de distribución de los ingresos y de igualdad social, asiendo accesible al trabajador no solo un ingreso económico, sino también el acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la seguridad social, etc. La aplicación de estas políticas neoliberales “sin anestesia” (como gustaba decir al ex presidente) empujó al desempleo, y con éste, a la pobreza y marginación de miles de familias que pasaron a formar parte de los sectores sociales excluidos del sistema económico y social, profundizando el deterioro y desagregación social y cultural de amplios sectores de la población. La desigualdad e inequidad, y su impacto en el sistema de valores culturales, provocaron la ruptura del tejido social, y es en los sectores urbanos en donde las consecuencias, en términos de inseguridad, no tardaron en aflorar. En ese marco de desarticulación social, no era esperable otra cosa distinta que el aumento de la violencia y la inseguridad, al menos en los llamados “delitos patéticos”, que son los que mayor impacto producen en la opinión pública.
En segundo lugar, la impotencia frente al aumento sostenido de la inseguridad durante toda la década de los 90´, sin que las prácticas policiales tradicionales pudieran contener el delito creciente, provocó que apareciera cada vez con mayor frecuencia, el resurgimiento del legado autoritario de la Policía de Mendoza. Conocida con el mote de “policía brava”, las prácticas heredadas de la época de Santuccione (1) comenzaban a repetirse cada vez con mayor frecuencia en la Provincia. Los casos Garrido – Baigorria (1990); Neme – Ros (1992); Guardati (1992); Gómez Romagnilli (1996) y Sebastián Bordón (1997) fueron solo algunos de los casos más resonantes por su repercusión nacional y por las condenas que los Organismos Internacionales impusieron a la Provincia. Las fragantes violaciones a los Derechos Humanos pasaron a constituir prácticas habituales en la “lucha” contra la inseguridad.
El detonante lo constituyó el artero asesinato del Cabo Castillo en manos de la delincuencia, y en circunstancias de un mero operativo policial. La indignación del personal de la fuerza de seguridad por la muerte del efectivo policial, provocó en forma casi instantánea la insubordinación de una gran parte del personal policial subalterno. Frente a la Legislatura Provincial se mezclaron viejos y nuevos reclamos: condiciones indignas de trabajo, falta de equipamiento, abusos de autoridad por parte de los mandos superiores, bajos salarios y falta de legislación adecuada fueron algunas de las demandas de un cuerpo policial que comenzaba a tener visibilidad social a través de la desobediencia y la insubordinación a los cuadros superiores de la fuerza, exponiendo así todas sus miserias ante un cuerpo social que le resultaba ajeno.
La ReformaEl acuerdo político que permitió la concreción de la Reforma Policial significó fundamentalmente el reconocimiento de la problemática, tanto de la inseguridad creciente, como del grado de descomposición y corrupción existente en la institución depositaria del uso legítimo de la fuerza pública con el que está envestido el Estado. Hasta ese momento la seguridad era un espacio exclusivo de la Fuerza Policial, que si bien formaba parte del Poder Ejecutivo Provincial, su elevado grado de autonomía la convertía en una organización desconocida en su funcionamiento por el resto de la sociedad, pero con aceitados vínculos con El Poder Judicial (especialmente con el fuero penal) que le aseguraba ciertos niveles de impunidad.
Así, la reforma significó:
• El reconocimiento político de la Seguridad como una problemática social, y como tal, merecedora de una política pública por parte del Estado ( Política de Seguridad) al igual que otras problemáticas sociales como la salud, la educación, o la economía.
• El reconocimiento del funcionamiento de la seguridad como un sistema (Ley 6721, art. 1°), en donde la policía forma parte de él, pero no es el único instrumento. Y que comparte con la justicia penal y el sistema penitenciario, entre otros actores, las responsabilidades en la protección de las personas y de sus bienes. Este carácter sistémico, obliga a las partes a mantener la coherencia del sistema en su conjunto; a más de la esperable coherencia interna en cada uno de los subsistemas que lo integran.
• El reconocimiento de que las fuerza de seguridad, como depositarias de la fuerza pública por delegación, no puede organizarse en forma autónoma, y menos aún controlarse a sí misma. Que al igual que el resto de las políticas públicas, deben someterse a las decisiones y el control del al Poder Político, legitimo representante de la voluntad popular.
• El reconocimiento de que la ciudadanía puede organizarse para participar en el diseño de los planes de prevención del delito de su vecindario, como así también puede y debe escrutar el funcionamiento del sistema de seguridad.
La reforma significó también el fin de lo que Alberto Binder llama “estrategia del doble pacto”. Para éste autor, existía un primer pacto entre los gobernantes y las fuerzas de seguridad, según la cual se entrega a ellas el gobierno de la seguridad a cambio de ciertos niveles de control, obediencia, y en particular, el compromiso por parte de la fuerza de evitar situaciones de crisis. El segundo pacto, es el que realizan las fuerzas de seguridad con la criminalidad, donde se garantiza cierto control territorial; cierto nivel de actividad criminal, que no genere alarma social; y la participación en los beneficios derivados de las actividades delictivas, a cambio de ciertos niveles de impunidad, información y protección.(2). Gracias a la visibilidad que hoy ha tomado la seguridad por parte de los mecanismos de control externo; de los medios de comunicación; de los organismos de DDHH, y de las organizaciones civiles, el cumplimiento de estos pactos se hace de cumplimiento imposible, tanto para gobernantes, como para las fuerzas de seguridad y de la misma criminalidad.
Un logro importante de la Reforma, aunque a veces nos parezca prematuro hacer ciertas aseveraciones, es el hecho de que la Provincia no ha tenido condenas internacionales relacionadas con casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por la Fuerza Policial, ni han existido casos de gatillo fácil, ejecuciones extrajudiciales, o apremios ilegales con posterioridad a la Reforma de Seguridad, y en los que hayan tenido que intervenir Organismos Internacionales. Esto ha sido básicamente mérito de la Inspección General de Seguridad como órgano de control externo.
La Formación Policial y su institución, el Instituto Universitario de Seguridad Pública, han cumplido un rol fundamental en la profesionalización y modernización de la fuerza policial. El respaldo académico de la Universidad Nacional de Cuyo ha permitido que los planes de estudios de la fuerza no fuesen modificado según los caprichos y antojos de los distintos jefes del área que se fueron sucediendo a lo largo de estos diez años. Esto no significa que los planes de estudios no puedan ser modificados, solo significa que su modificación exige una justificación y el diseño de un perfil policial distinto al que hoy egresa. El personal policial hoy puede exhibir un título universitario emitido por una Universidad Nacional en las mismas condiciones que los profesionales universitarios que tiene el Estado en las más diversas áreas técnicas y científicas.
Indudablemente esto no alcanza, y hay un gran potencial a explorar que está relacionado con el acceso a la formación al del personal que reviste en las diferentes jerarquías: Es necesario y urgente abrir las oportunidades en forma masiva a quienes son Auxiliares para cursar los estudios técnicos; para quienes ya son técnicos, los estudios de grado; y los actuales profesionales universitarios, para cursar estudios de posgrado. Otra área a explorar es la apertura de otras carreras relacionadas a la problemática (criminalística, criminología, investigación penal, etc.) y la incorporación de personal no policial con tareas afines a la seguridad, como así también la formación de la totalidad del personal penitenciario.
La Comisión Bicameral de Seguridad es otra de las importantes instituciones creada en épocas de la Reforma. Si bien su protagonismo ha ido variado en el tiempo, hay funciones que en ningún momento han dejado de cumplirse, como es el estudio de todos los proyectos legislativos que ingresaban a las Cámaras y el análisis del presupuesto del sistema de seguridad. No obstante, hay aspectos en los que no ha podido abocarse definitiva y decisoriamente. Esto es el control y evaluación de las políticas del área – por ejemplo, revisar cuales son las estrategias sociales de prevención; las relacionadas al control de la violencia y el delito – ; las relacionadas a la organización del sistema (incluyendo fundamentalmente la transparencia del sistema de ascensos policiales y penitenciarios); y el desempeño del sistema de seguridad (cumplimiento de objetivos y metas previamente establecidas) .Debe reconocerse que estas últimas tareas han sido limitadas por la falta de información criminal.
Cuando analizamos la Reforma como respuesta a la problemática de la inseguridad, los resultados no son los óptimos. Si bien en este punto se comienza a transitar un desierto carente de datos e información estadística, puede fácilmente intuirse que el delito no ha disminuido como se podría haber esperado. Podríamos solamente sospechar que con algunos altibajos, el delito se ha mantenido en valores exageradamente altos para una sociedad que reclama mayor seguridad.
Esta deficiencia en el cumplimiento del objetivo de bajar los índices delictuales ha tenido una segura correlación con la falta de continuidad en el proceso iniciado en 1.999, y que en estos últimos años en especial, han existido retrocesos en muchos de los principios que se fijaron hace una década atrás. Si bien estos retrocesos no han tenido en nuestra Provincia la magnitud de los vaivenes y contradicciones observados en la Reforma realizada en Provincia de Buenos Aires, sí ha existido un contínuum antireformista que han ido socavando los pilares sostenidos en aquellos años.
La No PolíticaLa magnitud del problema ha encontrado en la dirigencia política dos actitudes frente al tema. Por un lado, hay un pensamiento conservador que asume la inseguridad como un “fenómeno natural”, una externalidad no deseada del posmodernismo, el cual no es posible revertir, y con el cual debemos resignarnos a vivir como costo insoslayable de la vida moderna. Por otro lado, un discurso populista, autoritario e irresponsable que ofrece respuestas mágicas, según las cuales, acabar con la criminalidad es solo cuestión de decisión política, de bravura, y de honestidad.(3)
Cualquiera sea la actitud asumida, la resignación ante el problema, a la espera de una sociedad más justa que nos permita recuperar la seguridad perdida; o la actitud autoritaria, que promete seguridad a partir del encierro de un puñado de delincuentes responsable de todos los males sociales, tienen la misma consecuencia: el abandono del abordaje del problema de la inseguridad como “Política Pública”. El desinterés político sobre la cuestión, o la ausencia de decisiones políticas en materia de seguridad, ha implicado el abandono de las acciones tendientes a organizar los instrumentos del Estado contra el delito. Las acciones de prevención se han caracterizado por ser parciales, de corta duración y estar básicamente guiadas por fines electoralistas.
El dato más significativo de este “retirarse” lo constituye la decisión política de no recopilar información criminal en la provincia. Es difícil imaginar el diseño de una Política Económica, Educativa o de Salud sin tener información mínima y elemental que guie la acción del Estado en estas áreas. Lo mismo sucede en materia criminal. A pesar de la exigencia que en la materia dicta la Ley 22.117 (4), no existe información que permita trabajar, y menos diseñar Políticas de Seguridad que intenten abordar el problema desde una perspectiva global.
¿Cuántos y cuáles son las características de los delitos se cometen en Mendoza?; ¿En dónde se comenten?; cuales son las características de las víctimas?; ¿Cuáles son las características de los victimarios?; ¿cuáles son los horarios?; ¿Cuál es el porcentaje de condenas?; ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia? ¿Cuál es la confiabilidad del sistema si no se conoce (por vía de encuestas de victimización) de la cifra negra del delito? Éstas, son solo algunas de las preguntas sin respuestas que imposibilitan abordar el problema desde una perspectiva global. Cualquier intento de diseñar una Política de Seguridad sin estar sustentada en información confiable no es más que un mero voluntarismo bobo. Se ha intentado en estos últimos años remplazar, con magros resultados, la Política de Seguridad mediante un sistema de policiamiento como principal medida de gestión de la seguridad. A través del éste, se ejecutan solo acciones que apelan a la inmediatez y la urgencia, y generalmente responden a demandas puntuales generadas por una sucesión de hechos delictuales en una determinada zona. Este sistema de prevención tiene la característica de ocupar ciertas barriadas durante un periodo de tiempo determinado, teniendo un efecto positivo solo durante el tiempo que dura la ocupación del territorio, provocando solo el desplazamiento el delito hacia otras barriadas vecinas.
Un exacerbado modelo reactivo como el descripto pone a la totalidad de la fuerza policial a recorrer las calles sin un mandato preventivo preciso, y solo a la búsqueda de un ocasional delito, y si las circunstancias ayudan, la aprensión de sus autores. Se deja así de lado el abordaje preventivo necesario sobre los “mercados del delito” como el de vehículos sustraídos y autopartes; mercadería sustraídas (relojes, celulares, televisores, estéreos); metales (robo de cables); armas; drogas; apuestas y juego clandestino; prostitución y trata de personas; etc. En este sentido, es Inteligencia Criminal una herramienta fundamental para la Política de Seguridad, la que debe adelantarse a los hechos, y no correr detrás de ellos.
Si bien se reconoce la problemática social como una de las causas principales de la inseguridad, pocas veces se disponen medidas de prevención social – y éstas, cuando se anuncian, tienen en común su corta duración, y escaza implementación. Las políticas de prevención social tienen como característica que requieren de la estructuración de dispositivos de gestión política que operan mediante intervenciones focalizadas en procura de la prevención de la violencia y el delito. Estas estrategias implicarían la articulación de diferentes áreas de gobierno, y de diferentes niveles del Estado (Nacional, Provincial y Municipal).
Dentro del marco de la prevención social, no existen acciones tendientes a identificar los factores de riesgo, y su necesarias campañas de concientización pública preventivas, Algunos de estos factores identificados por organismos internacionales son las armas, las drogas y/o el alcohol (5). En este sentido, no se hacen trabajos con grupos de riesgo o de vulnerabilidad al delito; ni tampoco existen programas de rehabilitación ni a personas adictas, ni a quienes ya tienen antecedentes penales.
Existe por el contrario una desmedida confianza en la prevención situacional, entendida esta como las intervenciones tendientes a modificar situaciones o ambientes para reducir las oportunidades para cometer actos delictivos. Cámaras de vigilancia, empresas privadas de seguridad, alumbrado, cierre de baldíos, alarmas comunitarias, etc. son solo algunas de las modalidades más utilizadas. Hay que reconocer que estas dan excelentes resultados en los lugares que se aplican, pero no se puede pensar que esto disminuye el delito, puesto que lo que en realidad hace es desplazarlo a otros sectores no protegidos.
Una Política de Seguridad que promueva estas modalidades preventivas debería también tomar los recaudos necesarios, en base a información criminal confiable, para evitar la comisión de delitos más violentos en las áreas que se cubren, a la vez de trazar nuevas estrategias en las zonas periféricas a las que puede desplazarse el delito. Se ha insistido en que la seguridad es un problema de todos los ciudadanos, aspecto que no lo convierte en responsabilidad de todos, porque ésta recae sólo en el Estado que debe brindarla.
No obstante, tras la Reforma del 99` se instrumentaron los mecanismos de participación ciudadana en la materia. Más allá de la constante apelación a la participación como elemento democratizador, no ha existido desde la Política de Seguridad vocación de desarrollarlos plenamente. Los escasos Foros Vecinales de Seguridad; los Consejos Departamentales y la figura del Coordinador de Seguridad nacen y desaparecen en forma fugaz. Se inician con un momento de discusión diagnostica de la situación, prosiguen como cajas de resonancias de reclamos vecinales, y desaparecen al corto tiempo. No existe, ni se puede apreciar que se pretenda, la participación de la ciudadanía en el diseño de planes de seguridad en forma conjunta con la fuerza policial y los municipios. Y menos aún, se pretende motivar la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de los objetivos comprometidos desde las Instituciones del Estado. No existe manera de llevar adelante una Política de Seguridad medianamente exitosa si la fuerza policial no se gana la confianza de la ciudadanía, y para ello, debe trabajar en forma mancomunada con ella.
Desde la Política de Seguridad se debe abogar por un trabajo conjunto con el Poder Judicial, especialmente con el Fuero Penal. Este trabajo conjunto no significa realizar una especie de simbiosis entre los fiscales y la fuerza policial que poco tiene que ver con el espíritu republicano que debería primar; ya que esa conjunción no hace más que desvirtuar la naturaleza de la justicia deseada. La Política de Seguridad debe garantizar que las presiones políticas y sociales que buscan el esclarecimiento de los delitos, sumado a prácticas investigativas basadas mayoritariamente en la figura del “datero”, no lleven a los Fiscales a cometer los excesos que se quisieron erradicar de la policía con el cambio de Código Procesal, y que terminan en la mayoría de los casos provocando la caída de las causas por un sin número de nulidades procesales. La investigación penal debe sustentarse en la profesionalización del recurso humano (judicial y policial) que interviene en cada causa y en la incorporación de los más modernos instrumentos técnicos de la Policía Científica (6).
Por último, el Sistema Penitenciario no puede quedar al margen de la Política de Seguridad. Lo que pasa dentro de las cárceles debe ser congruente con el Estado de Derecho. La Política de seguridad no solo debe garantizar que el preso no se escape, sino que debe procurar que no vuelva a delinquir después de quedar en libertad. Si se acepta como valido el paradigma de resocialización, las acciones políticas que se desarrollen dentro de este sistema deben tener como objetivo modificar en el interno tanto los aspectos culturales, como las conductas no aceptadas y rechazadas por el resto del cuerpo social.
El Sistema Penitenciario debe tomar visibilidad, y la sociedad debe conocer lo que pasa dentro de las cárceles. La formación del personal penitenciario no debe limitarse a la buena custodia de los muros, puesto que sus funciones exceden ampliamente esa tarea. Ellos son los depositarios de las responsabilidades de preparar al interno para su reincorporación en la sociedad. Los beneficios otorgados a los internos deben estar sustentados en logros objetivos de educación y trabajo que garanticen una reinserción real de la persona, lo contrario, es generar un nuevo hecho delictivo a futuro.
Desde nuestra visión, no se puede confundir Política de Seguridad con estar al frente de la Policía. El concepto es más amplio, puesto que implica la organización de la totalidad de los instrumentos del Estado en el control del delito. La discusión no puede reducirse a la mera especulación de quien es el que está al frente de la fuerza policial, el debate profundo que hay que darse es quien define a Política de Seguridad.
(1) Vicecomodoro Julio Cesar Santuccione, asume la Jefatura de Policial en 1975 bajo la intervención de Antonio Cafiero y se mantuvo en el cargo con posterioridad al golpe militar de 1976. Su acción represiva excedía la lucha contra el terrorismo ‐ para lo cual fundo los comandos “grupo cóndor” y “comando anticomunista Mendoza” ‐ lo que dio lugar a la creación del “comando de moralidad Pio XII, conocido por sus acciones de “limpieza social”, aplicando siempre similares metodología, y teniendo la zona de Papagayos como lugar de abandono de sus víctimas
(2) Binder, Alberto. El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual. En Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas. Foros del Bicentenario. Ed. Edhasa. 2009
(3) En este sentido, es significativa la incidencia que el discurso político tiene sobre la fuerza policial. Como ejemplo, puede tomarse el periodo del ahora ex Ministro Miguel Bondino. Con un discurso claramente antireformista y reivindicativo del viejo accionar policial, se eliminó la Dirección de Seguridad, y en su remplazo se creó la Dirección General de Policías a cargo del Crio Gral. (R) Héctor Quiroga. Durante ese periodo (18 meses) no solo no mejoró la seguridad (Bondino debe dejar la cartera tras el asesinato de Laura Abnazar) , sino que se sucedieron graves hechos atentatorios a los Derechos Humanos: Arresto masivo de estudiantes en ocasión de una protesta (23/05/06); muerte de Mauricio Moran por parte de un efectivo policial (05/05/06); muerte del joven Jonathan Chandía en manos policiales (27/05/06); muerte del joven Jonathan Oros en la Comisaría 33 (07/01/07); situación que se agrava con el resurgimiento de las internas policiales, en este caso, entre quien fue el nuevo Jefe de Policía, Crio Gral. (R) Francisco Pérez y el Subjefe, Crio Gral. Armando Párraga.
(4) La ley 22.117 en sus artículos 13º dice: “Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la justicia”; y el 13º bis: “ Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo precedente, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco días de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Política Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación”.
(5) Para una mayor ampliación sobre el tema léase “Convivencia y Seguridad, un reto a la gobernabilidad” Rodrigo Guerrero. Ediciones Banco Interamericano de Desarrollo.
(6) En este aspecto, es muy bajo el porcentaje de sentencias condenatorias en los delitos que mayor impacto producen en la sociedad. Por ejemplo, solo en el 1,4% de los delitos contra las personas existen condenas, esta relación es de 1,83% para robos; 1,36% en delitos contra la propiedad. Por otro lado, si se tiene en cuenta que en Mendoza los delitos denunciados no superan el 30%, a los porcentajes indicados habría que dividirlos por tres.
A diez años de la Reforma del Sistema de Seguridad en la Provincia de Mendoza creemos necesario realizar algunas reflexiones sobre los logros alcanzados por ésta, como así también las metas no cumplidas, o parcialmente cumplidas. Para una breve revisión como la pretendida, es necesario partir de algunas consideraciones previas que influyeron en el año 99` para iniciar una reforma en el área, y que explican algunas características de la misma.
Los AntecedentesExistieron fundamentalmente dos circunstancias previas a la reforma, y un hecho detonante que influyeron decisivamente a favor de un acuerdo en el que participaron la totalidad de los Partidos Políticos con representación parlamentaria – hecho político que obtuvo el apoyo mayoritario de la población – y que se conoció desde ese momento como “La Política de Estado” en materia de seguridad. Una primera circunstancia, fue el hecho que la década de los 90 estuvo signada por la aplicación de políticas económicas neoliberales por parte del Gobierno de Carlos Menem. Estas políticas generaron la desaparición de millones de empleos que constituían el eje fundamental en el que se sostenía el “Estado de Bienestar”, profundizando las inequidades sociales, lo que definitivamente incidió en el área de seguridad.
La importancia del empleo formal en aquella época, se fundamentaba principalmente en hecho de que a partir de la relación laboral se estructuraban la mayor parte de los mecanismos de distribución de los ingresos y de igualdad social, asiendo accesible al trabajador no solo un ingreso económico, sino también el acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la seguridad social, etc. La aplicación de estas políticas neoliberales “sin anestesia” (como gustaba decir al ex presidente) empujó al desempleo, y con éste, a la pobreza y marginación de miles de familias que pasaron a formar parte de los sectores sociales excluidos del sistema económico y social, profundizando el deterioro y desagregación social y cultural de amplios sectores de la población. La desigualdad e inequidad, y su impacto en el sistema de valores culturales, provocaron la ruptura del tejido social, y es en los sectores urbanos en donde las consecuencias, en términos de inseguridad, no tardaron en aflorar. En ese marco de desarticulación social, no era esperable otra cosa distinta que el aumento de la violencia y la inseguridad, al menos en los llamados “delitos patéticos”, que son los que mayor impacto producen en la opinión pública.
En segundo lugar, la impotencia frente al aumento sostenido de la inseguridad durante toda la década de los 90´, sin que las prácticas policiales tradicionales pudieran contener el delito creciente, provocó que apareciera cada vez con mayor frecuencia, el resurgimiento del legado autoritario de la Policía de Mendoza. Conocida con el mote de “policía brava”, las prácticas heredadas de la época de Santuccione (1) comenzaban a repetirse cada vez con mayor frecuencia en la Provincia. Los casos Garrido – Baigorria (1990); Neme – Ros (1992); Guardati (1992); Gómez Romagnilli (1996) y Sebastián Bordón (1997) fueron solo algunos de los casos más resonantes por su repercusión nacional y por las condenas que los Organismos Internacionales impusieron a la Provincia. Las fragantes violaciones a los Derechos Humanos pasaron a constituir prácticas habituales en la “lucha” contra la inseguridad.
El detonante lo constituyó el artero asesinato del Cabo Castillo en manos de la delincuencia, y en circunstancias de un mero operativo policial. La indignación del personal de la fuerza de seguridad por la muerte del efectivo policial, provocó en forma casi instantánea la insubordinación de una gran parte del personal policial subalterno. Frente a la Legislatura Provincial se mezclaron viejos y nuevos reclamos: condiciones indignas de trabajo, falta de equipamiento, abusos de autoridad por parte de los mandos superiores, bajos salarios y falta de legislación adecuada fueron algunas de las demandas de un cuerpo policial que comenzaba a tener visibilidad social a través de la desobediencia y la insubordinación a los cuadros superiores de la fuerza, exponiendo así todas sus miserias ante un cuerpo social que le resultaba ajeno.
La ReformaEl acuerdo político que permitió la concreción de la Reforma Policial significó fundamentalmente el reconocimiento de la problemática, tanto de la inseguridad creciente, como del grado de descomposición y corrupción existente en la institución depositaria del uso legítimo de la fuerza pública con el que está envestido el Estado. Hasta ese momento la seguridad era un espacio exclusivo de la Fuerza Policial, que si bien formaba parte del Poder Ejecutivo Provincial, su elevado grado de autonomía la convertía en una organización desconocida en su funcionamiento por el resto de la sociedad, pero con aceitados vínculos con El Poder Judicial (especialmente con el fuero penal) que le aseguraba ciertos niveles de impunidad.
Así, la reforma significó:
• El reconocimiento político de la Seguridad como una problemática social, y como tal, merecedora de una política pública por parte del Estado ( Política de Seguridad) al igual que otras problemáticas sociales como la salud, la educación, o la economía.
• El reconocimiento del funcionamiento de la seguridad como un sistema (Ley 6721, art. 1°), en donde la policía forma parte de él, pero no es el único instrumento. Y que comparte con la justicia penal y el sistema penitenciario, entre otros actores, las responsabilidades en la protección de las personas y de sus bienes. Este carácter sistémico, obliga a las partes a mantener la coherencia del sistema en su conjunto; a más de la esperable coherencia interna en cada uno de los subsistemas que lo integran.
• El reconocimiento de que las fuerza de seguridad, como depositarias de la fuerza pública por delegación, no puede organizarse en forma autónoma, y menos aún controlarse a sí misma. Que al igual que el resto de las políticas públicas, deben someterse a las decisiones y el control del al Poder Político, legitimo representante de la voluntad popular.
• El reconocimiento de que la ciudadanía puede organizarse para participar en el diseño de los planes de prevención del delito de su vecindario, como así también puede y debe escrutar el funcionamiento del sistema de seguridad.
La reforma significó también el fin de lo que Alberto Binder llama “estrategia del doble pacto”. Para éste autor, existía un primer pacto entre los gobernantes y las fuerzas de seguridad, según la cual se entrega a ellas el gobierno de la seguridad a cambio de ciertos niveles de control, obediencia, y en particular, el compromiso por parte de la fuerza de evitar situaciones de crisis. El segundo pacto, es el que realizan las fuerzas de seguridad con la criminalidad, donde se garantiza cierto control territorial; cierto nivel de actividad criminal, que no genere alarma social; y la participación en los beneficios derivados de las actividades delictivas, a cambio de ciertos niveles de impunidad, información y protección.(2). Gracias a la visibilidad que hoy ha tomado la seguridad por parte de los mecanismos de control externo; de los medios de comunicación; de los organismos de DDHH, y de las organizaciones civiles, el cumplimiento de estos pactos se hace de cumplimiento imposible, tanto para gobernantes, como para las fuerzas de seguridad y de la misma criminalidad.
Un logro importante de la Reforma, aunque a veces nos parezca prematuro hacer ciertas aseveraciones, es el hecho de que la Provincia no ha tenido condenas internacionales relacionadas con casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por la Fuerza Policial, ni han existido casos de gatillo fácil, ejecuciones extrajudiciales, o apremios ilegales con posterioridad a la Reforma de Seguridad, y en los que hayan tenido que intervenir Organismos Internacionales. Esto ha sido básicamente mérito de la Inspección General de Seguridad como órgano de control externo.
La Formación Policial y su institución, el Instituto Universitario de Seguridad Pública, han cumplido un rol fundamental en la profesionalización y modernización de la fuerza policial. El respaldo académico de la Universidad Nacional de Cuyo ha permitido que los planes de estudios de la fuerza no fuesen modificado según los caprichos y antojos de los distintos jefes del área que se fueron sucediendo a lo largo de estos diez años. Esto no significa que los planes de estudios no puedan ser modificados, solo significa que su modificación exige una justificación y el diseño de un perfil policial distinto al que hoy egresa. El personal policial hoy puede exhibir un título universitario emitido por una Universidad Nacional en las mismas condiciones que los profesionales universitarios que tiene el Estado en las más diversas áreas técnicas y científicas.
Indudablemente esto no alcanza, y hay un gran potencial a explorar que está relacionado con el acceso a la formación al del personal que reviste en las diferentes jerarquías: Es necesario y urgente abrir las oportunidades en forma masiva a quienes son Auxiliares para cursar los estudios técnicos; para quienes ya son técnicos, los estudios de grado; y los actuales profesionales universitarios, para cursar estudios de posgrado. Otra área a explorar es la apertura de otras carreras relacionadas a la problemática (criminalística, criminología, investigación penal, etc.) y la incorporación de personal no policial con tareas afines a la seguridad, como así también la formación de la totalidad del personal penitenciario.
La Comisión Bicameral de Seguridad es otra de las importantes instituciones creada en épocas de la Reforma. Si bien su protagonismo ha ido variado en el tiempo, hay funciones que en ningún momento han dejado de cumplirse, como es el estudio de todos los proyectos legislativos que ingresaban a las Cámaras y el análisis del presupuesto del sistema de seguridad. No obstante, hay aspectos en los que no ha podido abocarse definitiva y decisoriamente. Esto es el control y evaluación de las políticas del área – por ejemplo, revisar cuales son las estrategias sociales de prevención; las relacionadas al control de la violencia y el delito – ; las relacionadas a la organización del sistema (incluyendo fundamentalmente la transparencia del sistema de ascensos policiales y penitenciarios); y el desempeño del sistema de seguridad (cumplimiento de objetivos y metas previamente establecidas) .Debe reconocerse que estas últimas tareas han sido limitadas por la falta de información criminal.
Cuando analizamos la Reforma como respuesta a la problemática de la inseguridad, los resultados no son los óptimos. Si bien en este punto se comienza a transitar un desierto carente de datos e información estadística, puede fácilmente intuirse que el delito no ha disminuido como se podría haber esperado. Podríamos solamente sospechar que con algunos altibajos, el delito se ha mantenido en valores exageradamente altos para una sociedad que reclama mayor seguridad.
Esta deficiencia en el cumplimiento del objetivo de bajar los índices delictuales ha tenido una segura correlación con la falta de continuidad en el proceso iniciado en 1.999, y que en estos últimos años en especial, han existido retrocesos en muchos de los principios que se fijaron hace una década atrás. Si bien estos retrocesos no han tenido en nuestra Provincia la magnitud de los vaivenes y contradicciones observados en la Reforma realizada en Provincia de Buenos Aires, sí ha existido un contínuum antireformista que han ido socavando los pilares sostenidos en aquellos años.
La No PolíticaLa magnitud del problema ha encontrado en la dirigencia política dos actitudes frente al tema. Por un lado, hay un pensamiento conservador que asume la inseguridad como un “fenómeno natural”, una externalidad no deseada del posmodernismo, el cual no es posible revertir, y con el cual debemos resignarnos a vivir como costo insoslayable de la vida moderna. Por otro lado, un discurso populista, autoritario e irresponsable que ofrece respuestas mágicas, según las cuales, acabar con la criminalidad es solo cuestión de decisión política, de bravura, y de honestidad.(3)
Cualquiera sea la actitud asumida, la resignación ante el problema, a la espera de una sociedad más justa que nos permita recuperar la seguridad perdida; o la actitud autoritaria, que promete seguridad a partir del encierro de un puñado de delincuentes responsable de todos los males sociales, tienen la misma consecuencia: el abandono del abordaje del problema de la inseguridad como “Política Pública”. El desinterés político sobre la cuestión, o la ausencia de decisiones políticas en materia de seguridad, ha implicado el abandono de las acciones tendientes a organizar los instrumentos del Estado contra el delito. Las acciones de prevención se han caracterizado por ser parciales, de corta duración y estar básicamente guiadas por fines electoralistas.
El dato más significativo de este “retirarse” lo constituye la decisión política de no recopilar información criminal en la provincia. Es difícil imaginar el diseño de una Política Económica, Educativa o de Salud sin tener información mínima y elemental que guie la acción del Estado en estas áreas. Lo mismo sucede en materia criminal. A pesar de la exigencia que en la materia dicta la Ley 22.117 (4), no existe información que permita trabajar, y menos diseñar Políticas de Seguridad que intenten abordar el problema desde una perspectiva global.
¿Cuántos y cuáles son las características de los delitos se cometen en Mendoza?; ¿En dónde se comenten?; cuales son las características de las víctimas?; ¿Cuáles son las características de los victimarios?; ¿cuáles son los horarios?; ¿Cuál es el porcentaje de condenas?; ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia? ¿Cuál es la confiabilidad del sistema si no se conoce (por vía de encuestas de victimización) de la cifra negra del delito? Éstas, son solo algunas de las preguntas sin respuestas que imposibilitan abordar el problema desde una perspectiva global. Cualquier intento de diseñar una Política de Seguridad sin estar sustentada en información confiable no es más que un mero voluntarismo bobo. Se ha intentado en estos últimos años remplazar, con magros resultados, la Política de Seguridad mediante un sistema de policiamiento como principal medida de gestión de la seguridad. A través del éste, se ejecutan solo acciones que apelan a la inmediatez y la urgencia, y generalmente responden a demandas puntuales generadas por una sucesión de hechos delictuales en una determinada zona. Este sistema de prevención tiene la característica de ocupar ciertas barriadas durante un periodo de tiempo determinado, teniendo un efecto positivo solo durante el tiempo que dura la ocupación del territorio, provocando solo el desplazamiento el delito hacia otras barriadas vecinas.
Un exacerbado modelo reactivo como el descripto pone a la totalidad de la fuerza policial a recorrer las calles sin un mandato preventivo preciso, y solo a la búsqueda de un ocasional delito, y si las circunstancias ayudan, la aprensión de sus autores. Se deja así de lado el abordaje preventivo necesario sobre los “mercados del delito” como el de vehículos sustraídos y autopartes; mercadería sustraídas (relojes, celulares, televisores, estéreos); metales (robo de cables); armas; drogas; apuestas y juego clandestino; prostitución y trata de personas; etc. En este sentido, es Inteligencia Criminal una herramienta fundamental para la Política de Seguridad, la que debe adelantarse a los hechos, y no correr detrás de ellos.
Si bien se reconoce la problemática social como una de las causas principales de la inseguridad, pocas veces se disponen medidas de prevención social – y éstas, cuando se anuncian, tienen en común su corta duración, y escaza implementación. Las políticas de prevención social tienen como característica que requieren de la estructuración de dispositivos de gestión política que operan mediante intervenciones focalizadas en procura de la prevención de la violencia y el delito. Estas estrategias implicarían la articulación de diferentes áreas de gobierno, y de diferentes niveles del Estado (Nacional, Provincial y Municipal).
Dentro del marco de la prevención social, no existen acciones tendientes a identificar los factores de riesgo, y su necesarias campañas de concientización pública preventivas, Algunos de estos factores identificados por organismos internacionales son las armas, las drogas y/o el alcohol (5). En este sentido, no se hacen trabajos con grupos de riesgo o de vulnerabilidad al delito; ni tampoco existen programas de rehabilitación ni a personas adictas, ni a quienes ya tienen antecedentes penales.
Existe por el contrario una desmedida confianza en la prevención situacional, entendida esta como las intervenciones tendientes a modificar situaciones o ambientes para reducir las oportunidades para cometer actos delictivos. Cámaras de vigilancia, empresas privadas de seguridad, alumbrado, cierre de baldíos, alarmas comunitarias, etc. son solo algunas de las modalidades más utilizadas. Hay que reconocer que estas dan excelentes resultados en los lugares que se aplican, pero no se puede pensar que esto disminuye el delito, puesto que lo que en realidad hace es desplazarlo a otros sectores no protegidos.
Una Política de Seguridad que promueva estas modalidades preventivas debería también tomar los recaudos necesarios, en base a información criminal confiable, para evitar la comisión de delitos más violentos en las áreas que se cubren, a la vez de trazar nuevas estrategias en las zonas periféricas a las que puede desplazarse el delito. Se ha insistido en que la seguridad es un problema de todos los ciudadanos, aspecto que no lo convierte en responsabilidad de todos, porque ésta recae sólo en el Estado que debe brindarla.
No obstante, tras la Reforma del 99` se instrumentaron los mecanismos de participación ciudadana en la materia. Más allá de la constante apelación a la participación como elemento democratizador, no ha existido desde la Política de Seguridad vocación de desarrollarlos plenamente. Los escasos Foros Vecinales de Seguridad; los Consejos Departamentales y la figura del Coordinador de Seguridad nacen y desaparecen en forma fugaz. Se inician con un momento de discusión diagnostica de la situación, prosiguen como cajas de resonancias de reclamos vecinales, y desaparecen al corto tiempo. No existe, ni se puede apreciar que se pretenda, la participación de la ciudadanía en el diseño de planes de seguridad en forma conjunta con la fuerza policial y los municipios. Y menos aún, se pretende motivar la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de los objetivos comprometidos desde las Instituciones del Estado. No existe manera de llevar adelante una Política de Seguridad medianamente exitosa si la fuerza policial no se gana la confianza de la ciudadanía, y para ello, debe trabajar en forma mancomunada con ella.
Desde la Política de Seguridad se debe abogar por un trabajo conjunto con el Poder Judicial, especialmente con el Fuero Penal. Este trabajo conjunto no significa realizar una especie de simbiosis entre los fiscales y la fuerza policial que poco tiene que ver con el espíritu republicano que debería primar; ya que esa conjunción no hace más que desvirtuar la naturaleza de la justicia deseada. La Política de Seguridad debe garantizar que las presiones políticas y sociales que buscan el esclarecimiento de los delitos, sumado a prácticas investigativas basadas mayoritariamente en la figura del “datero”, no lleven a los Fiscales a cometer los excesos que se quisieron erradicar de la policía con el cambio de Código Procesal, y que terminan en la mayoría de los casos provocando la caída de las causas por un sin número de nulidades procesales. La investigación penal debe sustentarse en la profesionalización del recurso humano (judicial y policial) que interviene en cada causa y en la incorporación de los más modernos instrumentos técnicos de la Policía Científica (6).
Por último, el Sistema Penitenciario no puede quedar al margen de la Política de Seguridad. Lo que pasa dentro de las cárceles debe ser congruente con el Estado de Derecho. La Política de seguridad no solo debe garantizar que el preso no se escape, sino que debe procurar que no vuelva a delinquir después de quedar en libertad. Si se acepta como valido el paradigma de resocialización, las acciones políticas que se desarrollen dentro de este sistema deben tener como objetivo modificar en el interno tanto los aspectos culturales, como las conductas no aceptadas y rechazadas por el resto del cuerpo social.
El Sistema Penitenciario debe tomar visibilidad, y la sociedad debe conocer lo que pasa dentro de las cárceles. La formación del personal penitenciario no debe limitarse a la buena custodia de los muros, puesto que sus funciones exceden ampliamente esa tarea. Ellos son los depositarios de las responsabilidades de preparar al interno para su reincorporación en la sociedad. Los beneficios otorgados a los internos deben estar sustentados en logros objetivos de educación y trabajo que garanticen una reinserción real de la persona, lo contrario, es generar un nuevo hecho delictivo a futuro.
Desde nuestra visión, no se puede confundir Política de Seguridad con estar al frente de la Policía. El concepto es más amplio, puesto que implica la organización de la totalidad de los instrumentos del Estado en el control del delito. La discusión no puede reducirse a la mera especulación de quien es el que está al frente de la fuerza policial, el debate profundo que hay que darse es quien define a Política de Seguridad.
(1) Vicecomodoro Julio Cesar Santuccione, asume la Jefatura de Policial en 1975 bajo la intervención de Antonio Cafiero y se mantuvo en el cargo con posterioridad al golpe militar de 1976. Su acción represiva excedía la lucha contra el terrorismo ‐ para lo cual fundo los comandos “grupo cóndor” y “comando anticomunista Mendoza” ‐ lo que dio lugar a la creación del “comando de moralidad Pio XII, conocido por sus acciones de “limpieza social”, aplicando siempre similares metodología, y teniendo la zona de Papagayos como lugar de abandono de sus víctimas
(2) Binder, Alberto. El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual. En Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas. Foros del Bicentenario. Ed. Edhasa. 2009
(3) En este sentido, es significativa la incidencia que el discurso político tiene sobre la fuerza policial. Como ejemplo, puede tomarse el periodo del ahora ex Ministro Miguel Bondino. Con un discurso claramente antireformista y reivindicativo del viejo accionar policial, se eliminó la Dirección de Seguridad, y en su remplazo se creó la Dirección General de Policías a cargo del Crio Gral. (R) Héctor Quiroga. Durante ese periodo (18 meses) no solo no mejoró la seguridad (Bondino debe dejar la cartera tras el asesinato de Laura Abnazar) , sino que se sucedieron graves hechos atentatorios a los Derechos Humanos: Arresto masivo de estudiantes en ocasión de una protesta (23/05/06); muerte de Mauricio Moran por parte de un efectivo policial (05/05/06); muerte del joven Jonathan Chandía en manos policiales (27/05/06); muerte del joven Jonathan Oros en la Comisaría 33 (07/01/07); situación que se agrava con el resurgimiento de las internas policiales, en este caso, entre quien fue el nuevo Jefe de Policía, Crio Gral. (R) Francisco Pérez y el Subjefe, Crio Gral. Armando Párraga.
(4) La ley 22.117 en sus artículos 13º dice: “Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la justicia”; y el 13º bis: “ Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo precedente, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco días de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Política Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación”.
(5) Para una mayor ampliación sobre el tema léase “Convivencia y Seguridad, un reto a la gobernabilidad” Rodrigo Guerrero. Ediciones Banco Interamericano de Desarrollo.
(6) En este aspecto, es muy bajo el porcentaje de sentencias condenatorias en los delitos que mayor impacto producen en la sociedad. Por ejemplo, solo en el 1,4% de los delitos contra las personas existen condenas, esta relación es de 1,83% para robos; 1,36% en delitos contra la propiedad. Por otro lado, si se tiene en cuenta que en Mendoza los delitos denunciados no superan el 30%, a los porcentajes indicados habría que dividirlos por tres.
El despegue de América Latina y el posicionamiento de Lima.
Por Javier Vergara Petruscu en Plataforma Urbana.
Como les comenté en la serie de artículos anteriores, la conferencia Global Metro Summit – realizada en Chicago el pasado mes de diciembre – dibujó un escenario favorable para las ciudades de Latino América – al igual que las de China e India. Luego de analizar 150 áreas metropolitanas bajo una metodología que mide el Valor Agregado Bruto (VAB) entre los años 1993 y 2010, Brookings Institution y LSE Cities posicionó al área metropolitana de Lima como líder en Latino América, seguida por Santiago, Rio de Janeiro, Guadalajara, Buenos Aires, Belo Horizonte, Sao Paulo, Bogotá, Brasilia y Ciudad de México. A nivel global, Estambul se posiciona primera junto a ciudades Asiáticas como Shenzhen y Shanghai, las cuales si bien menos ricas que sus pares Europeas y Norteamericanas, están dando a pie a la consolidación de una creciente clase media.
Si bien el instrumento de análisis, Global Metro Monitor (GMM) que combina desempeño económico y generación de empleo sirvió para mapear la recuperación económica de la región, otros valores como los índices de desarrollo humano no aparecen representados, aspecto de gran relevancia al momento de evaluar el desempeño de la región de Sudamérica a cabalidad. El detalle detrás del despegue económico de Lima después del salto.
Desempeño del área Metropolitana de Lima
El área metropolitana de Lima cuenta con una población aproximada de 8.5 millones de habitantes, posicionándose como la cuarta área metropolitana más grande de Sudamérica. El área metropolitana de Lima engloba cerca del 30% de la población de Perú, y genera más del 50% del PIB del país. Lima actúa como centro de comercio, financiero y de servicios para la economía de Perú centrada en la provisión de commodities.
Antes de la Recesión Económica
En el periodo pre-recesión, comparada con el promedio país, el área Metropolitana de Lima superaba el promedio nacional en cuanto a ingresos, y se encontraba levemente rezagada en cuanto a generación de empleos. Comparado con el contexto internacional, tanto los índices de empleo como el crecimiento del ingreso era alto, pese a que el VAB alcanzaba sólo $5,500 USD. El fuerte crecimiento de Perú durante la época pre-recesión fue debido a políticas de liberalización del comercio sumado a una fuerte inversión directa de capitales extranjeros a comienzos de los 90. Esto de alguna forma fortaleció a la región como un centro de producción internacional para la agricultura; minerales como oro, cobre y plomo y zinc, y bienes manufacturados derivados de estos productos.
Durante Recesión
La recesión solo ayudo a reforzar la posición de Lima como una de las áreas metropolitanas que mejor se desempeño a nivel global. Ésta subió al ranking 11 entre 150 metrópolis durante el periodo de recesión. Como es sabido, la recesión afectó poco a los países de Sudamérica donde la crisis bancaria global fue percibida como tenue dadas las ajustadas regulaciones en el sector financiero. A principios de 2007, este “ambiente seguro” provocó un efecto de redirección de capital desde mercados que habían sido golpeados por la crisis, hacia países en desarrollo como Perú, Brasil, Chile y Colombia entre otros. En Perú, el rol de Lima como motor principal del crecimiento económico significó que las inversiones tanto del sector público como privado excedieron por lejos la de cualquier otra área metropolitana en la región.
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/02/01/el-despegue-de-america-latina-ranking-gmm-posiciona-a-lima-primera-en-la-region/metro-performance/
Recuperación
A continuación de la recesión, el ingreso y empleo en Lima se dispararon a un rango de 5.6 y 5.7 % respectivamente, superando el promedio nacional de Perú en ambos casos. Mientras Lima continua superando al resto de las áreas metropolitanas de Sudamérica durante este periodo, otras cinco áreas metropolitanas se encuentran también dentro de las más fuertes a nivel global, estas son; Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte.
La certeza sobre la persistencia de estos índices económicos una vez que la recuperación económica se expanda todavía está por verse. Como una ventaja comparativa, Perú ha ido gradualmente reduciendo la dependencia de sus exportaciones hacia mercados de Estados Unidos y Europa, al tiempo que ha establecido numerosos acuerdos comerciales con países Asiáticos. Pese a esto, dada su base económica la productividad de Lima aún depende fuertemente en la demanda externa y los precios de los commodities, particularmente de la minería y la agro-industria. Tiene a su vez un reducido número de industrias tecnológicas y, al igual que países como España previo a la recesión, la construcción ha sido el sector que más rápidamente se ha expandido en la última década. El crecimiento de la construcción se estima crecerá al menos en un 16% durante el 2010, mientras que el pedazo de la torta del PIB correspondiente a manufacturas irá en ligero retroceso.
Expandiendo la información hacia el Desarrollo Humano
Si bien los índices posicionan a Lima como una ciudad lider en recuperación económica dentro de la región, sería por decir lo menos simplista conformar el análisis sólo desde el desempeño del nivel de ingresos y el empleo. Tal como lo plantea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la verdadera riqueza de las naciones radica en la consideración ampliada del desarrollo humano. En ese aspecto, las ciudades de America Latina tiene un largo trecho por delante, y el caso de Lima no es la escepción. A diferencia de los índices de GMM que analizan áreas metropolitanas, los reportes del Desarrollo Humano producido por el PNUD distribuyen el ranking a partir de países y no de ciudades. En esa línea, Chile es el país que lidera el desarrollo humano de la region en el puesto n°45, seguido por Argentina, Uruguay, Panamá y México. Perú por su parte, si bien n°63 se encuentra más rezagado con respecto al resto, pero supera a Brasil por más de 10 puestos, ubicado este último n°73 a nivel global.
Más allá de las cifras, lo cierto es que el desempeño de la región y el posicionamiento de ciudades como Lima, enfrenta grandes desafiós que no se superan por lo visto con sólo reducciones tributarias e inversión extranjera, sino con políticas progresistas que apunten a mejorar temas complejos el acceso a la vivienda, mejorias en transporte, educación, salud entre otros.
Como les comenté en la serie de artículos anteriores, la conferencia Global Metro Summit – realizada en Chicago el pasado mes de diciembre – dibujó un escenario favorable para las ciudades de Latino América – al igual que las de China e India. Luego de analizar 150 áreas metropolitanas bajo una metodología que mide el Valor Agregado Bruto (VAB) entre los años 1993 y 2010, Brookings Institution y LSE Cities posicionó al área metropolitana de Lima como líder en Latino América, seguida por Santiago, Rio de Janeiro, Guadalajara, Buenos Aires, Belo Horizonte, Sao Paulo, Bogotá, Brasilia y Ciudad de México. A nivel global, Estambul se posiciona primera junto a ciudades Asiáticas como Shenzhen y Shanghai, las cuales si bien menos ricas que sus pares Europeas y Norteamericanas, están dando a pie a la consolidación de una creciente clase media.
Si bien el instrumento de análisis, Global Metro Monitor (GMM) que combina desempeño económico y generación de empleo sirvió para mapear la recuperación económica de la región, otros valores como los índices de desarrollo humano no aparecen representados, aspecto de gran relevancia al momento de evaluar el desempeño de la región de Sudamérica a cabalidad. El detalle detrás del despegue económico de Lima después del salto.
Desempeño del área Metropolitana de Lima
El área metropolitana de Lima cuenta con una población aproximada de 8.5 millones de habitantes, posicionándose como la cuarta área metropolitana más grande de Sudamérica. El área metropolitana de Lima engloba cerca del 30% de la población de Perú, y genera más del 50% del PIB del país. Lima actúa como centro de comercio, financiero y de servicios para la economía de Perú centrada en la provisión de commodities.
Antes de la Recesión Económica
En el periodo pre-recesión, comparada con el promedio país, el área Metropolitana de Lima superaba el promedio nacional en cuanto a ingresos, y se encontraba levemente rezagada en cuanto a generación de empleos. Comparado con el contexto internacional, tanto los índices de empleo como el crecimiento del ingreso era alto, pese a que el VAB alcanzaba sólo $5,500 USD. El fuerte crecimiento de Perú durante la época pre-recesión fue debido a políticas de liberalización del comercio sumado a una fuerte inversión directa de capitales extranjeros a comienzos de los 90. Esto de alguna forma fortaleció a la región como un centro de producción internacional para la agricultura; minerales como oro, cobre y plomo y zinc, y bienes manufacturados derivados de estos productos.
Durante Recesión
La recesión solo ayudo a reforzar la posición de Lima como una de las áreas metropolitanas que mejor se desempeño a nivel global. Ésta subió al ranking 11 entre 150 metrópolis durante el periodo de recesión. Como es sabido, la recesión afectó poco a los países de Sudamérica donde la crisis bancaria global fue percibida como tenue dadas las ajustadas regulaciones en el sector financiero. A principios de 2007, este “ambiente seguro” provocó un efecto de redirección de capital desde mercados que habían sido golpeados por la crisis, hacia países en desarrollo como Perú, Brasil, Chile y Colombia entre otros. En Perú, el rol de Lima como motor principal del crecimiento económico significó que las inversiones tanto del sector público como privado excedieron por lejos la de cualquier otra área metropolitana en la región.
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/02/01/el-despegue-de-america-latina-ranking-gmm-posiciona-a-lima-primera-en-la-region/metro-performance/
Recuperación
A continuación de la recesión, el ingreso y empleo en Lima se dispararon a un rango de 5.6 y 5.7 % respectivamente, superando el promedio nacional de Perú en ambos casos. Mientras Lima continua superando al resto de las áreas metropolitanas de Sudamérica durante este periodo, otras cinco áreas metropolitanas se encuentran también dentro de las más fuertes a nivel global, estas son; Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte.
La certeza sobre la persistencia de estos índices económicos una vez que la recuperación económica se expanda todavía está por verse. Como una ventaja comparativa, Perú ha ido gradualmente reduciendo la dependencia de sus exportaciones hacia mercados de Estados Unidos y Europa, al tiempo que ha establecido numerosos acuerdos comerciales con países Asiáticos. Pese a esto, dada su base económica la productividad de Lima aún depende fuertemente en la demanda externa y los precios de los commodities, particularmente de la minería y la agro-industria. Tiene a su vez un reducido número de industrias tecnológicas y, al igual que países como España previo a la recesión, la construcción ha sido el sector que más rápidamente se ha expandido en la última década. El crecimiento de la construcción se estima crecerá al menos en un 16% durante el 2010, mientras que el pedazo de la torta del PIB correspondiente a manufacturas irá en ligero retroceso.
Expandiendo la información hacia el Desarrollo Humano
Si bien los índices posicionan a Lima como una ciudad lider en recuperación económica dentro de la región, sería por decir lo menos simplista conformar el análisis sólo desde el desempeño del nivel de ingresos y el empleo. Tal como lo plantea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la verdadera riqueza de las naciones radica en la consideración ampliada del desarrollo humano. En ese aspecto, las ciudades de America Latina tiene un largo trecho por delante, y el caso de Lima no es la escepción. A diferencia de los índices de GMM que analizan áreas metropolitanas, los reportes del Desarrollo Humano producido por el PNUD distribuyen el ranking a partir de países y no de ciudades. En esa línea, Chile es el país que lidera el desarrollo humano de la region en el puesto n°45, seguido por Argentina, Uruguay, Panamá y México. Perú por su parte, si bien n°63 se encuentra más rezagado con respecto al resto, pero supera a Brasil por más de 10 puestos, ubicado este último n°73 a nivel global.
Más allá de las cifras, lo cierto es que el desempeño de la región y el posicionamiento de ciudades como Lima, enfrenta grandes desafiós que no se superan por lo visto con sólo reducciones tributarias e inversión extranjera, sino con políticas progresistas que apunten a mejorar temas complejos el acceso a la vivienda, mejorias en transporte, educación, salud entre otros.
martes, 1 de febrero de 2011
EL PERU EN EL BAROMETRO DE LAS AMERICAS. El legado que nos deja la Gobernabilidad actual.
Hugo Müller Solón
Abogado/PERU
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos
mullerabogados@hotmail.com
El Barómetro de las Américas es una encuesta de opinión pública que cubre casi todas las Américas, se realiza cada dos años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, organismo dependiente de la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, Estados Unidos. Recientemente ha publicado los resultados de su encuesta correspondiente al año 2010 realizada en 26 países de América Latina y Caribe, en donde la delincuencia y la corrupción se presentan como dos de los principales retos de gobernabilidad que enfrentan las Américas.
Con respecto a la percepción de inseguridad, sus resultados muestran que el Perú con (53.8%) presenta el nivel más alto de percepción de inseguridad seguido de Argentina y Venezuela, indicativo que guarda estrecha relación con el factor victimización de la delincuencia, en donde de la misma manera, los resultados comparativos indican que el Perú tiene la tasa más alta de victimización (31.1%), seguido de Ecuador y Venezuela. Es decir la percepción de inseguridad de los peruanos no es solo subjetiva pues al preguntarse a los encuestados si habían sido víctimas de la delincuencia, la respuesta fue positiva, de tal forma que ha ubicado al Perú en el primer lugar de víctimas de la delincuencia.
En el tema de la percepción de la corrupción, la encuesta revela que los ciudadanos de las Américas perciben la corrupción entre los funcionarios públicos como un fenómeno generalizado, pero el nivel más alto de percepción de la corrupción en América del Sur lo tiene el Perú con 79.4%, y el tercer lugar en América Latina y Caribe, después de Trinidad y Tobago (83.1%) y Jamaica (81.7%). En el factor victimización de la corrupción es decir aquellos casos en donde alguien tuvo que pagar algún tipo de soborno para ser atendido, Haití tiene el porcentaje más alto de encuestados que declararon haber experimentado la corrupción, seguido de los países de México, Bolivia y Perú con 27.1% ubicándose en el cuarto lugar como país víctima de la corrupción. La Encuesta del Barómetro de las Américas en el 2008, otorgaba al PERU un 27.1% de personas que declaraba haber sido víctimas de la corrupción, porcentaje elevado al 2010 en 4.9% puntos porcentuales.
En cuanto al porcentaje de ciudadanos de las Américas que expresa como importante el respeto por el apoyo al Estado de derecho frente a quienes consideran que las autoridades de vez en cuando podrían actuar al margen de la ley. Los resultados revelan que el Perú se encuentra en la lista de los tres países con menos porcentaje de personas que respetarían el Estado de Derecho para combatir la criminalidad. Lo cual muestra la poca confianza que tienen los peruanos con respecto a la gobernabilidad en asuntos de seguridad ciudadana; en la encuesta del 2008, a la pregunta: “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”. El 65.5% de los peruanos estuvieron en desacuerdo con esta frase, ubicando al Perú entre los cuatro últimos países con menos personas que confiaban en un gobierno democrático.
Estos resultados son realmente preocupantes, pues revela cómo el temor y la victimización por delincuencia o violencia podría afectar el apoyo ciudadano a la democracia o su confianza en ella si los ciudadanos siguen siendo víctimas de la delincuencia o si su percepción de inseguridad sigue creciendo. La falta de gobernabilidad en el tema de la seguridad ciudadana o corrupción podrían conducir a los ciudadanos a perder la fe en sus instituciones políticas, municipales, en la policía, así como en el Ministerio Público y Poder Judicial. Por último, el Barómetro de las Américas, indica que los resultados obtenidos, demuestran que tanto las percepciones como las experiencias con la corrupción y la delincuencia tienen un impacto negativo en el apoyo al sistema político y en el apoyo al Estado de derecho en la región.
El discurso político de quienes ahora centran sus debates y opiniones con respecto a la corrupción y la inseguridad ciudadana en nuestro país, debieran estar orientados a revertir estos resultados mediante propuestas concretas, estudiadas, analizadas, viables y practicables. En el 2012 se realizará la siguiente encuesta en donde se verán los nuevos resultados y los peruanos podremos darnos cuenta si fuimos acertados o no al escoger y elegir a los nuevos gobernantes.
Abogado/PERU
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos
mullerabogados@hotmail.com
El Barómetro de las Américas es una encuesta de opinión pública que cubre casi todas las Américas, se realiza cada dos años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, organismo dependiente de la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, Estados Unidos. Recientemente ha publicado los resultados de su encuesta correspondiente al año 2010 realizada en 26 países de América Latina y Caribe, en donde la delincuencia y la corrupción se presentan como dos de los principales retos de gobernabilidad que enfrentan las Américas.
Con respecto a la percepción de inseguridad, sus resultados muestran que el Perú con (53.8%) presenta el nivel más alto de percepción de inseguridad seguido de Argentina y Venezuela, indicativo que guarda estrecha relación con el factor victimización de la delincuencia, en donde de la misma manera, los resultados comparativos indican que el Perú tiene la tasa más alta de victimización (31.1%), seguido de Ecuador y Venezuela. Es decir la percepción de inseguridad de los peruanos no es solo subjetiva pues al preguntarse a los encuestados si habían sido víctimas de la delincuencia, la respuesta fue positiva, de tal forma que ha ubicado al Perú en el primer lugar de víctimas de la delincuencia.
En el tema de la percepción de la corrupción, la encuesta revela que los ciudadanos de las Américas perciben la corrupción entre los funcionarios públicos como un fenómeno generalizado, pero el nivel más alto de percepción de la corrupción en América del Sur lo tiene el Perú con 79.4%, y el tercer lugar en América Latina y Caribe, después de Trinidad y Tobago (83.1%) y Jamaica (81.7%). En el factor victimización de la corrupción es decir aquellos casos en donde alguien tuvo que pagar algún tipo de soborno para ser atendido, Haití tiene el porcentaje más alto de encuestados que declararon haber experimentado la corrupción, seguido de los países de México, Bolivia y Perú con 27.1% ubicándose en el cuarto lugar como país víctima de la corrupción. La Encuesta del Barómetro de las Américas en el 2008, otorgaba al PERU un 27.1% de personas que declaraba haber sido víctimas de la corrupción, porcentaje elevado al 2010 en 4.9% puntos porcentuales.
En cuanto al porcentaje de ciudadanos de las Américas que expresa como importante el respeto por el apoyo al Estado de derecho frente a quienes consideran que las autoridades de vez en cuando podrían actuar al margen de la ley. Los resultados revelan que el Perú se encuentra en la lista de los tres países con menos porcentaje de personas que respetarían el Estado de Derecho para combatir la criminalidad. Lo cual muestra la poca confianza que tienen los peruanos con respecto a la gobernabilidad en asuntos de seguridad ciudadana; en la encuesta del 2008, a la pregunta: “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”. El 65.5% de los peruanos estuvieron en desacuerdo con esta frase, ubicando al Perú entre los cuatro últimos países con menos personas que confiaban en un gobierno democrático.
Estos resultados son realmente preocupantes, pues revela cómo el temor y la victimización por delincuencia o violencia podría afectar el apoyo ciudadano a la democracia o su confianza en ella si los ciudadanos siguen siendo víctimas de la delincuencia o si su percepción de inseguridad sigue creciendo. La falta de gobernabilidad en el tema de la seguridad ciudadana o corrupción podrían conducir a los ciudadanos a perder la fe en sus instituciones políticas, municipales, en la policía, así como en el Ministerio Público y Poder Judicial. Por último, el Barómetro de las Américas, indica que los resultados obtenidos, demuestran que tanto las percepciones como las experiencias con la corrupción y la delincuencia tienen un impacto negativo en el apoyo al sistema político y en el apoyo al Estado de derecho en la región.
El discurso político de quienes ahora centran sus debates y opiniones con respecto a la corrupción y la inseguridad ciudadana en nuestro país, debieran estar orientados a revertir estos resultados mediante propuestas concretas, estudiadas, analizadas, viables y practicables. En el 2012 se realizará la siguiente encuesta en donde se verán los nuevos resultados y los peruanos podremos darnos cuenta si fuimos acertados o no al escoger y elegir a los nuevos gobernantes.
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