En Perú no existen registros oficiales confiables que den cuenta de la inseguridad objetiva o concreta, sumemos a ello el subregistro, producto de la denuncia ausente y, salvo que esta sirva para iniciar el tramite del seguro, tendremos un acotado sector social que hace uso de esta herramienta.
Mi hipótesis es que muchas voces de alarma provienen de la ideología conservadora del bien contra el mal. De la necesidad de una sociedad con miedo que apure transformaciones hacia políticas de mano dura o tolerancia cero, del aumento de penas, de irreflexivas concesiones de cárceles, de reducción de la edad para ser considerado imputable, de discursos emotivos y, sobre todo, de una amplia faceta policial y de tinta roja expuestos en los medios de comunicación masiva; entre tantas otras, que claro, no niega la existencia del fenómeno y de su presencia actual, sobre todo, en modelos de enriquecimiento desigual.
Las encuestas, todas las realizadas hasta ahora, expresan un alto nivel de inseguridad subjetiva, realidad no exclusiva del Perú, lo mismo ocurre en Chile (aunque exista un estancamiento de la victimización), en Bogota y en Buenos Aires, este último, el único lugar en donde se han llevado a cabo 10 encuestas anuales de victimización; lo que ha permitido un trabajo puntual, concreto, basado en certezas y con buenos resultados en los últimos años, sin por ello solucionar o revertir el fenómeno en su totalidad. La inseguridad entonces, no tiene su fuente exclusiva en el pirañita, las pandillas, ni en los secuestros al paso.
Al terminar el año 2009 se levanta la necesidad de crear un Observatorio contra la criminalidad. La propuesta no es nueva, ya ha estado presente, incluso en las reuniones de financistas internacionales pero decidieron abortar las medidas. ¿Por qué?, tal vez porque en el Perú los recursos se destinan a la compra de vehículos, motos y radios que potencian sólo la dimensión reactiva en las fuerzas de seguridad (FS), teniendo un rebote involuntario en la prevención situacional (la presencia de FS disminuye la oportunidad para la comisión de delitos), pero preventiva no es la intención inicial y la compra (licitada o no de recursos materiales) es una solución añeja sin experiencia de buenos resultados.
Me atrevo a decir que una estrategia nacional y local en el Perú debe contar con los siguientes componentes, sin ser los únicos:
La Institucionalidad. El Sistema Nacional ha obtenido experiencia en la presentación de planes anuales, muy bueno, lamentablemente la presentación es formal y no sirve como herramienta de gestión para llevar a cabo mediciones por competencias o resultados; en muchas ocasiones los objetivos de las agencias involucradas han sido solo la repetición de su misión institucional. Administrar justicia en el caso del poder judicial, por ejemplo.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debe fortalecer su actuar coordinador y complementario con las regiones del país y las demás agencias integrantes del sistema. Es irresponsable que el ente centralizador no cuente con todos los planes regionales, que permitan la coordinación y supervisión de objetivos medibles, la presencia de estímulos y desincentivos debe presentarse para estimular su concreción.
Otro rol del órgano central del sistema, es el liderazgo en la coordinación de tareas espaciales. Provincias grandes con presencia de violencia tiene factores desencadenantes que pueden ser desterrados. En muchas provincias, y es sólo un ejemplo, no se consume el alcohol conocido en Lima, las chicherías informales son frecuentes y el tipo de alcohol distribuido es exponencialmente destructivo de los factores de autocontrol individual y colectivo. La tarea Ministerio de Salud/ Inspectores Municipales/PNP/Ministerio Público esta pendiente y debe ser sostenible en el tiempo.
La medición certera. Cualquier política o programa en la materia debe contar con diagnósticos construidos ampliamente y mediante formulas cuantitativas y cualitativas. La experiencia de las encuestas de victimización debe ser recogida y aplicada con sus merecidas discusiones y modificaciones en nuestra realidad nacional y local. Los observatorios de seguridad, propuesta que da pie a este relato, resulta insuficiente si solo recoge las fuentes oficiales del Estado real. A esta aplicación deben sumarse mediciones de desempeño o de otros fenómenos particulares como es la violencia escolar, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, el desempeño policial y la evaluación de programas, etc.
Los “cluster” de la seguridad. Las mediciones deben ser acompañadas de lecturas integrales y diversificadas en la presencia territorial, profesional e inclusiva de sociedad civil, que coadyuve al funcionamiento eficiente de las intervenciones mixtas (público/privadas). Eso nos llevaría, otro ejemplo, a que el rol del fiscal (del nuevo proceso de justicia penal) no persiga el delito en específico, sino que haciendo uso de este encadenamiento propenso a la seguridad, persiga conductas, actividades habituales o fenómenos antisociales y delictuales.
El término “cluster”, extraído de la ingeniería informática y muy utilizado para el comercio actual, podría acomodarse en la solución de problemas sociales que requieren de múltiples agencias con presencia escalonada en la prevención, persecución, resocialización y de vuelta a la prevención; todas unidas mediante una red (de alta velocidad), de tal forma que su practicidad debe ser considerada dentro de un único sistema, el sistema de seguridad pública o de seguridad ciudadana. Este debe combinar condiciones de alto rendimiento, disponibilidad, responsabilidad, clara definición de competencias y funcionamiento en escala.
Mercado selectivo. Las intervenciones deben ser dirigidas con certezas, por ejemplo, las mediciones cuantitativas nos permiten reconocer que hay una alta presencia de victimización y de victimarios en jóvenes, varones y de escasos recursos. No resulta complicado ubicar estas zonas en las grandes ciudades peruanas, a esto sumemos la variable reincidencia, se acotan las poblaciones y se pueden priorizar y focalizar programas y recursos.
Nuestro actual sistema, basado en la lucha entre el bien y el mal, castiga eternamente a quien cometió un ilícito haciendo complicada su reincersión a la vida social, legal y productiva.
La hipocresía urbana y el cambio de matriz cultural. La ultima encuesta de la U. de Lima presenta que un 70% estaría a favor del toque de queda para combatir la inseguridad, como si fuese reducido el número de noctámbulos en las ciudades grandes, con el desbalance productivo que genera una medida como tal. El sistema vigente, sataniza al infractor (al carterista y al secuestrador) y los ven como alguien al que se debe castigar drásticamente y de manera ejemplar. Se pensará lo mismo de quienes no pagan impuestos, los que cruzan la luz roja, los que no respetan un paso peatonal o compran en el comercio informal. ¿Si vamos a ser mano dura lo vamos a ser con todos, o solo con quienes están históricamente marginados?
La lucha contra el fenómeno de la inseguridad es multidimensional y requiere de una abierta exposición de ideas y propuestas, desde aquí refuerzo aquella que se basa en que el camino va por dignificar y mejorar la calidad de vida de las personas.
La reforma policial. La reforma policial iniciada el 2001, como otras reformas del inicio de transición democrática, ha tenido fines abruptos. La política requiere convocar una nueva reforma policial que preste atención a la formación policial, no sólo en derechos humanos sino en desempeño, medición de funciones, la actuación en redes, la solución alternativa de conflictos, el uso del modelo POP, exitoso en otras realidades; y sobre todo, en el uso de la fuerza, esto último es fundamental, no en su legislación como se discutió hace poco, sino su practicidad.
Es irreverente ver como un policía puede ser rebasado en una confrontación; y como ellos, al encontrarse poco capacitados para reducir focos de magnificación de daños, se ven rápidamente tentados al uso excesivo de la fuerza y, además, pésimamente ejecutada, con una alta perdida de recursos y escasos logros. La desaparición del temor a hacer uso profesional de la fuerza física de parte de la policía debe contar con el respaldo del equipo de juristas del Ministerio del Interior y de la mano de la Defensoría del Policía. Evidentemente con una brava modificación en la formación al respecto.
La reforma debe relevar también la agencia de control interno, la lucha contra la corrupción, la evaluación de comisarías; y otros ámbitos, que merecen la participación de amplios sectores.
A esta lista abierta se debe sumar la inversión de recursos en la integralidad y complementariedad entre comisarías, la contratación de personal civil para labores de seguridad, la escalonada salida de policías a las calles, la formación en policías de proximidad, la aplicación de proyectos compartidos de recuperación de espacios públicos y de barrios vulnerables; entre otras. La salida al tema de inseguridad no se encuentra en aumentar la dotación policial y mucho menos en la exclusiva y masiva compra de autos y motos con circulina.
