Reflexiones en torno al primer discurso presidencial en materia de seguridad pública

Alejandra Mohor Bellalta
Investigadora asociada (TAP)

El discurso pronunciado por el Presidente Piñera el pasado 21 de mayo, ha sido aparentemente la ‘hoja de ruta’ que señala el camino que recorrerán las políticas de seguridad los próximos cuatro años. Vale la pena, entonces, reflexionar brevemente sobre algunos aspectos que nos parecen poco alentadores, con la intención de propiciar el debate y la reflexión hacia un destino exitoso.

Si bien la delincuencia es un problema que debe tener nuestra atención, es importante subrayar que la percepción de inseguridad que manifiestan los chilenos es desproporcionada a la realidad delictual, particularmente si la analizamos en relación a otros países de la región, donde el delito reviste características más violentas y con mayor frecuencia, y pese a ello los niveles de temor son menores. En este sentido, un discurso que enfatiza el abandono, por parte del Estado, al que estarían sometidas las víctimas del delito, genera una mayor sensación de inseguridad y aumenta la desconfianza en las instituciones del Estado que tienen el mandato de proteger a todas las personas.

Este énfasis se aprecia en diversos pasajes del referido discurso presidencial, pero nos parece particularmente importante respecto del anuncio de creación de un sistema de defensa y protección de las víctimas. Bastante se ha dicho ya al respecto, sin embargo, no se ha puesto el énfasis suficiente en señalar que es el Ministerio Público el mandatado a cumplir este rol. Y lo hace. No sólo se persiguen criminalmente los delitos, sino que se brinda atención específica y de calidad a las víctimas, que aun cuando sin duda siempre es necesario mejorar, es importante reconocer que se hace. De acuerdo con el estudio realizado por la Fiscalía Nacional, el 87% de los entrevistados, víctimas de violencia intrafamiliar, que fueron atendidos por las fiscalías del país, calificaron como ‘buena’ o ‘excelente’ la atención recibida. Este no es un dato menor.

Un análisis diferente es aquel respecto al trabajo que realizan los fiscales y el supuesto uso excesivo del archivo provisional – mayoritario en delitos de menor cuantía o sin imputado -, donde la discusión más útil sería aquella que apunta a introducir mejoras a ese trabajo. Esto, por ejemplo incorporando, de manera sistemática, la generación de procedimientos investigativos que apunten no a un caso particular sino a identificar patrones de delictuales asociados a la comisión de estos delitos. No obstante, sería un engaño decir a la ciudadanía que es posible perseguir un delito y condenar a quien lo cometió, si no hay ninguna información sobre uno o lo otro (como es el caso de robos en el trasporte o vía pública, en circunstancias poco claras y sin haber visto al responsable).

Un segundo tema, que nos parece fundamental, es el énfasis puesto en iniciativas de control y sanción, muy por sobre aquellas de prevención y rehabilitación. Sobre ésta última quisiéramos reflexionar en particular. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de impulsar una reforma cualitativa y cuantitativa a nuestro sistema penitenciario, donde debe iniciarse el proceso de reinserción de quienes han sido condenados por algún delito. Por otra parte, tanto la experiencia internacional como estudios locales, nos indican que es fundamental implementar estrategias integrales, articuladas local e interinstitucionalmente; y que involucren las redes familiares y sociales de los detenidos. Sólo de esta manera podrá reducirse significativamente la reincidencia, no con el aumento de penas ni con la reducción de los beneficios. La teoría de la elección racional no ha logrado ser probada en ninguna parte del mundo.
Por contraste, lo que observamos es una única propuesta de un estatuto laboral especial, para que los internos desarrollen un trabajo voluntario y remunerado. Si bien esto nos parece un avance, toda vez que las iniciativas laborales intra-muro existen pero sin un amparo legal, parece aún inviable de implementarse a cabalidad considerando que las deficiencias del sistema son estructurales. No se cuenta con infraestructura mínima que permita albergar programas de empleo al interior de las cárceles con cobertura masiva.

Tercero, más allá de que podamos compartir o no las iniciativas que han sido propuestas y que serán implementadas, creemos fundamental se considere para cada una – y para la política en general- un adecuado sistema de seguimiento y evaluación que permita dar cuenta de los resultados e impacto de cada una y del conjunto. Sólo de esta manera podrá tomarse decisiones más acertadas respecto de qué modificaciones debe introducirse, cuáles deben ser reformuladas o de plano dejar de implementarse. Pero esta evaluación debe ser considerada desde la formulación del programa, y con la participación de organismos externos y especializados.

Finalmente, quisiéramos poner la atención sobre el anuncio de urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio de Interior y Seguridad. Esta urgencia no es necesariamente una buena noticia. Si bien es cierto que urge darle una adecuada institucionalidad y estructura a la seguridad pública, es necesario revisar dicho proyecto e introducir en él cambios sustantivos que permitan que dicha institucionalidad sea eficaz, efectiva y eficiente. De lo contrario, nos encontraremos con un nuevo envoltorio para los mismos defectos de la estructura actual, en la que, por ejemplo, las policías sólo se vinculan administrativamente con la autoridad civil, a través de las subsecretarías, sin que exista un mandato de coordinación ni determinación de las acciones por parte de ésta.

Santiago de Chile, 26 de mayo de 2010
www.tallerasuntospublicos.blogspot.com

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"Existen pocos datos que demuestren que el aumento de efectivos policiales adscritos a actividades de tipo tradicional reduzcan la criminalidad; sin embargo, la acción puede reducir el crimen cuando se inscribe en la filosofía de la resolución de problemas, y si permite o es capaz de generar alianzas con entidades dirigidas a atacar multiples factores de riesgo de la criminalidad" (U.S. Nacional Research Council)