Homicidios en la mira

Por: Hugo Müller Solón
Abogado
Investigador Asociado del TAP/PERU
mullerabogados@hotmail.com

Más allá de relacionar seguridad ciudadana con demandas policiales conforme lo hacen los candidatos presidenciales en el Perú, (Enrique Castro en ¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?; TAP, 2011) la oferta electoral es totalmente pobre en materia de seguridad ciudadana. Nadie ha tomado en cuenta, que el fenómeno de la inseguridad es un tema de urgencia para la agenda pública y debiera contener compromisos y proposiciones serias, técnicas, multiagenciadas y aprovechando las muchas experiencias internacionales y nacionales en la materia.

El Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2010 de la CIDH, ubica a la delincuencia como preocupación principal de los habitantes, y un Informe similar realizado por el Latinobarómetro (Chile) señala que la delincuencia como problema principal en América Latina se ha venido incrementado desde un 9% en el 2004 hasta un 27% en el 2010. Por otro lado, el Perú viene liderando las encuestas de mayor percepción de inseguridad y de victimización en Latinoamérica y el Caribe, conforme lo señala la investigación internacional 2010 del Barómetro de las Américas (USA).

La Policía Nacional señala que el año 2005 se registraron 3,057 denuncias por homicidios, 3,141 (2006), 2,934 (2007), 3,332 (2008) y 2,985 el 2009 a nivel nacional; el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 (CONASEC), indica que el año 2009, el Perú alcanzó una tasa de incidencia de homicidios de 10.9 por cada 100 mil habitantes, año en que según el INEI el Perú tenía aproximadamente 29´132,013 millones de habitantes, lo que significaría que ese año se cometieron 3,175 homicidios y no 2,985 como registra la PNP, un promedio de 9 víctimas diarias por acción de la criminalidad. La manipulación de estadísticas, no viene a ser un comentario nuevo y considero que aún estos estimados son de mayor magnitud. Por esa premeditada falta de transparencia no se hace realidad la creación de los Observatorios de la Criminalidad.

¿Y qué tan fácil resulta a un delincuente portar un arma y cometer un homicidio? Cualquier persona puede transitar a pié o en vehículo, portando armas de fuego, sin temor a ser intervenido por la Policía, dado el carácter reactivo de los efectivos policiales que siguen un modelo de trabajo que no logra un equilibrio entre la institucionalidad de la seguridad y el requerimiento social. Muchas armas de fuego portadas ilegalmente se podrían detectar solo cumpliendo el procedimiento policial del Art. 205 del Código Procesal Penal, el cual señala que para prevenir el delito la policía puede requerir la identificación de cualquier persona, pudiendo inclusive conducirlo a una Comisaría y retenerlo hasta por cuatro horas si no exhibe su documento de identidad y puede registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. Lo que se conoce como “el control de identidad”.

A mi juicio el Ejecutivo aprovecha la creciente inseguridad para manipular políticamente a la población; el discurso populista intenta hacernos creer que lo único que nos salvará de la delincuencia son las medidas provenientes del Gobierno central, lo que en épocas electoreras, tiende a acrecentarse. Lo cierto es que se pierde valioso tiempo y seguimos sin contar con una política de Estado definida para combatir la criminalidad. Las nuevas estrategias, basadas en el trabajo coordinado y responsable de todos los estamentos vinculados al sistema nacional de seguridad ciudadana no existen. El problema de la criminalidad debe continuarse enfrentando, fundamentalmente con la Policía sí, pero con estrategias muy diferentes a las utilizadas en el pasado y sin descuidar el tema de la corrupción que pudiera haber infiltrado este importante eslabón de la seguridad ciudadana.

Hoy en día, los homicidios en el Perú vienen siendo cometidos con armas de fuego hasta por jóvenes adolescentes, inclusive se dice que estarían siendo utilizados como sicarios de las bandas criminales organizadas, aprovechando que gozan de impunidad por razón de la edad y al respecto solo se habla de un endurecimiento de penas como solución al problema. No deberíamos esperar a llegar a situaciones extremas.

En Honduras se han enviado a las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas para el combate a la criminalidad; en México más de un centenar de elementos militares y policiales —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado; y, en Uruguay se informa recientemente que unos 1.000 efectivos del Ministerio de Defensa pasarán como reclasificados a cumplir tareas de vigilancia como policías. ¿Es que los gobernantes y responsables de comandar la policía peruana esperan llegar a ese tipo de medidas?