Aplausos y pifias.100dias mml
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NOS ESTAMOS MUDANDO A : www.tallerdeasuntospublicos.org LA GESTIÓN EFICAZ Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES POSIBLE
viernes, 29 de abril de 2011
Observando la gestión en Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana
Investigador del Taller de Asuntos Públicos (TAP/Perú) se pronuncia en relación a la gestión de Lima Metropolitana en Seguridad Ciudadana.
jueves, 28 de abril de 2011
Urge Alianza Contra la Violencia Pro Seguridad en el Perú
La formación militarizada de Policías, de serenos (vigilantes municipales), de guachimanes (peruanismo que proviene del watchmen) y de la seguridad privada (formal e informal)genera una serie de atropellos en la ciudadanía y la cultura de la paz. Sumados a rasgos de discriminación, racismo y violencia, los comportamientos "pro seguridad" en el país se convierten en una amenaza a la convivencia pacífica.
Vemos con preocupación que estos hechos no son aislados, ocurren cuando se intenta ejercer el derecho de reunión para manifestar públicamente desacuerdos o protestas (usando la libertad de expresión y/o el derecho a la reunión pacífica) y también, al interior de los barrios y en los propios hogares en donde se realizan intervenciones, pesquisas, detenciones o allanamientos que en ocasiones no cuentan con las ordenes limitativas o restrictivas de derechos que provienen de órganos competentes; y en un uso desmedido de la fuerza física.
Por esta razón miembros del TAP convocamos a instituciones del estado y de sociedad civil a crear la coalición: ¡Basta Ya! Alianza para eliminar la violencia desproporcionada en las fuerzas de seguridad ciudadana en el Perú. Con el objetivo de trabajar conjuntamente y obtener una nueva relación entre las fuerzas de seguridad urbana y la ciudadanía.
Vemos con preocupación que estos hechos no son aislados, ocurren cuando se intenta ejercer el derecho de reunión para manifestar públicamente desacuerdos o protestas (usando la libertad de expresión y/o el derecho a la reunión pacífica) y también, al interior de los barrios y en los propios hogares en donde se realizan intervenciones, pesquisas, detenciones o allanamientos que en ocasiones no cuentan con las ordenes limitativas o restrictivas de derechos que provienen de órganos competentes; y en un uso desmedido de la fuerza física.
Por esta razón miembros del TAP convocamos a instituciones del estado y de sociedad civil a crear la coalición: ¡Basta Ya! Alianza para eliminar la violencia desproporcionada en las fuerzas de seguridad ciudadana en el Perú. Con el objetivo de trabajar conjuntamente y obtener una nueva relación entre las fuerzas de seguridad urbana y la ciudadanía.
lunes, 25 de abril de 2011
Estadio Seguro. Notas a una política pública
Artículo de Roberto Gallardo, extraído de : http://www.salvemosalfutbol.org/latinoamerica.htm
Ser miembro de “la hinchada” tiene para sus integrantes la capacidad de “abrir puertas”. Es decir, “los pibes” consideran que la pertenencia al grupo permite establecer interacciones. Un integrante de “la hinchada” en una charla me comentaba que “ser de la hinchada te permite sentarte acá (en el buffet del club) y que te conozcan todos”
José Garriga Zucal
“Haciendo amigos a las piñas.
Interacciones, intercambios y
relaciones de una hinchada de fútbol”.
Los hechos violentos acontecidos entre algunos asistentes al partido entre Universidad de Chile y Wanderers en el Estadio Santa Laura el pasado domingo 03 de abril, pusieron nuevamente en la agenda de la seguridad pública el tema del orden al interior de los espacios deportivos.
Frente a esta situación, el pasado 08 de abril el Ministro del Interior, junto a un grupo de parlamentarios, propuso el diseño del Plan Estadio Seguro el que, a palabras de la autoridad, tiene como objetivo el “terminar con la delincuencia presente en los estadios de fútbol del territorio nacional, para que los chilenos puedan asistir a presenciar a sus respectivos equipos sin temor a ser víctimas de un delito” . Se afirma también que “de una vez por todas arreglemos una situación que todos sabemos que no funciona bien. Ir al estadio a ver un partido de futbol, que es quizás la pasión más grande que compartimos los chilenos, no es una experiencia agradable” .
Lamentablemente en el país no existe a la fecha un Observatorio Social o un Centro de Estudios que produzca la información que nos permita corroborar las palabras del Ministro más allá de la sensación de alarma derivada de la publicación mediática de hechos puntuales, que afectan en estricto rigor a un minoritario grupo de recintos.
Entendemos que la representación del fútbol en los estadios no sólo simboliza una actividad meramente deportiva en su expresión pública, por el contrario, conjugan en él una serie de cualidades que obligan a comprenderlo como un hecho distintivo, el que no puede ser aprehendido como un fenómeno más de la sociedad.
Esta representación explica comportamientos, códigos, lenguajes y conductas diferenciadas. En este sentido, si aplicamos políticas de prevención y/o control sin comprender cómo operan estos códigos no se logrará abordar el problema de la inseguridad, sino más bien sólo se conseguirá mutar las formas propias que constituyen estos discursos inmersos en el espectáculo deportivo.
De esta forma observamos en la actualidad que una de las ideas centrales en relación a la política de seguridad deportiva, gira en torno a la estructuración de los estadios como espacios de control permanente en el que distintas restricciones se aplican sobre los hinchas.
Reprimir a las personas y transformar las lógicas de diversión propias de estos eventos en ámbitos de control, no debiese ser el escenario desde el cual se promuevan iniciativas de orden público. Las medidas de seguridad actuales afectan la configuración de los recintos deportivos en pos de reproducir en ellos las iniciativas de prevención presentes en otros espacios públicos de las ciudades, situación errada al no considerar las formas propias que se desarrollan en este tipo de espacios.
La experiencia internacional denota que propuestas como la formulada desde Interior, muchas veces terminan trasladando la situación de violencia hacia otros espacios urbanos, sin encontrar soluciones definitivas, o perjudicando la asistencia y sensación de seguridad de hinchas comunes que soportan periódicamente las vejaciones a las cuales son sometidos por parte de los operativos de seguridad (ingresos diferenciados, revisiones corporales constantes, restricción al libre tránsito al interior de los recintos, accesos estrechos, obligación de esperar encerrado el desalojo de otros sectores, el decomiso de artículos personales, personal policial vestido manifiestamente de forma violenta, mal trato constante de parte de las autoridades, etc.) .
Creemos que explicando el espacio en el cual se desenvuelve esta actividad podríamos diferenciar certeramente entre todos los fenómenos que allí confluyen, tomando por tanto las medidas adecuadas que estos precisarían en cada uno de sus casos. Lamentablemente, como hemos dicho, la organización actual no efectúa esta diferenciación en la práctica. Esta situación conlleva la frustración del hincha al ser víctima constante de hostigamiento por parte de la autoridad y de los administradores de los recintos, reflejado ya no sólo en los eventos mencionados sino también en el valor de los ingresos y la privatización de los medios que difunden la actividad.
Hemos querido establecer con este comentario un campo de interpretación sobre la forma en que los sujetos sociales y culturales, hinchas, policías, etc. son construidos desde las políticas actuales, de forma análoga a cómo se constituyen actores en conflicto en otros espacios urbanos por parte de los operativos de control. Las consecuencias de estas configuraciones implican mayor rispidez e incomodidad de los espectadores que asisten al Estadio, instalando ese espacio como un lugar intrínsecamente violento y produciendo así situaciones de conflicto innecesarias entre los actores.
Los efectos esperados ante lo expuesto corresponden a trasformaciones del espacio deportivo público, en espacios vigilados, restrictivos, controlados y represivos. A nuestro entender se utiliza la violencia y el delito como justificación de restricciones civiles (entendidas éstas como la intervención del espacio público para transformarlo en un espacio privado), provocando a la vez, como paradoja, el traslado del lugar de la violencia asociada al fútbol hacia otros espacios.
En definitiva, el espectáculo de fútbol es pensado como un espacio de riesgos análogo al existente en otros escenarios del orden social. Creemos que una política pública adecuada debiese desarrollar las evidencias que le permitan elaborar medidas que se ajusten a las lógicas que interactúan en estos espacios. Sin estas consideraciones, las soluciones serán parciales, no dando cuenta del problema en sí, sino que continuarán afectando, y hostigando, a quienes domingo a domingo asisten a disfrutar del fútbol como hinchas.
Ser miembro de “la hinchada” tiene para sus integrantes la capacidad de “abrir puertas”. Es decir, “los pibes” consideran que la pertenencia al grupo permite establecer interacciones. Un integrante de “la hinchada” en una charla me comentaba que “ser de la hinchada te permite sentarte acá (en el buffet del club) y que te conozcan todos”
José Garriga Zucal
“Haciendo amigos a las piñas.
Interacciones, intercambios y
relaciones de una hinchada de fútbol”.
Los hechos violentos acontecidos entre algunos asistentes al partido entre Universidad de Chile y Wanderers en el Estadio Santa Laura el pasado domingo 03 de abril, pusieron nuevamente en la agenda de la seguridad pública el tema del orden al interior de los espacios deportivos.
Frente a esta situación, el pasado 08 de abril el Ministro del Interior, junto a un grupo de parlamentarios, propuso el diseño del Plan Estadio Seguro el que, a palabras de la autoridad, tiene como objetivo el “terminar con la delincuencia presente en los estadios de fútbol del territorio nacional, para que los chilenos puedan asistir a presenciar a sus respectivos equipos sin temor a ser víctimas de un delito” . Se afirma también que “de una vez por todas arreglemos una situación que todos sabemos que no funciona bien. Ir al estadio a ver un partido de futbol, que es quizás la pasión más grande que compartimos los chilenos, no es una experiencia agradable” .
Lamentablemente en el país no existe a la fecha un Observatorio Social o un Centro de Estudios que produzca la información que nos permita corroborar las palabras del Ministro más allá de la sensación de alarma derivada de la publicación mediática de hechos puntuales, que afectan en estricto rigor a un minoritario grupo de recintos.
Entendemos que la representación del fútbol en los estadios no sólo simboliza una actividad meramente deportiva en su expresión pública, por el contrario, conjugan en él una serie de cualidades que obligan a comprenderlo como un hecho distintivo, el que no puede ser aprehendido como un fenómeno más de la sociedad.
Esta representación explica comportamientos, códigos, lenguajes y conductas diferenciadas. En este sentido, si aplicamos políticas de prevención y/o control sin comprender cómo operan estos códigos no se logrará abordar el problema de la inseguridad, sino más bien sólo se conseguirá mutar las formas propias que constituyen estos discursos inmersos en el espectáculo deportivo.
De esta forma observamos en la actualidad que una de las ideas centrales en relación a la política de seguridad deportiva, gira en torno a la estructuración de los estadios como espacios de control permanente en el que distintas restricciones se aplican sobre los hinchas.
Reprimir a las personas y transformar las lógicas de diversión propias de estos eventos en ámbitos de control, no debiese ser el escenario desde el cual se promuevan iniciativas de orden público. Las medidas de seguridad actuales afectan la configuración de los recintos deportivos en pos de reproducir en ellos las iniciativas de prevención presentes en otros espacios públicos de las ciudades, situación errada al no considerar las formas propias que se desarrollan en este tipo de espacios.
La experiencia internacional denota que propuestas como la formulada desde Interior, muchas veces terminan trasladando la situación de violencia hacia otros espacios urbanos, sin encontrar soluciones definitivas, o perjudicando la asistencia y sensación de seguridad de hinchas comunes que soportan periódicamente las vejaciones a las cuales son sometidos por parte de los operativos de seguridad (ingresos diferenciados, revisiones corporales constantes, restricción al libre tránsito al interior de los recintos, accesos estrechos, obligación de esperar encerrado el desalojo de otros sectores, el decomiso de artículos personales, personal policial vestido manifiestamente de forma violenta, mal trato constante de parte de las autoridades, etc.) .
Creemos que explicando el espacio en el cual se desenvuelve esta actividad podríamos diferenciar certeramente entre todos los fenómenos que allí confluyen, tomando por tanto las medidas adecuadas que estos precisarían en cada uno de sus casos. Lamentablemente, como hemos dicho, la organización actual no efectúa esta diferenciación en la práctica. Esta situación conlleva la frustración del hincha al ser víctima constante de hostigamiento por parte de la autoridad y de los administradores de los recintos, reflejado ya no sólo en los eventos mencionados sino también en el valor de los ingresos y la privatización de los medios que difunden la actividad.
Hemos querido establecer con este comentario un campo de interpretación sobre la forma en que los sujetos sociales y culturales, hinchas, policías, etc. son construidos desde las políticas actuales, de forma análoga a cómo se constituyen actores en conflicto en otros espacios urbanos por parte de los operativos de control. Las consecuencias de estas configuraciones implican mayor rispidez e incomodidad de los espectadores que asisten al Estadio, instalando ese espacio como un lugar intrínsecamente violento y produciendo así situaciones de conflicto innecesarias entre los actores.
Los efectos esperados ante lo expuesto corresponden a trasformaciones del espacio deportivo público, en espacios vigilados, restrictivos, controlados y represivos. A nuestro entender se utiliza la violencia y el delito como justificación de restricciones civiles (entendidas éstas como la intervención del espacio público para transformarlo en un espacio privado), provocando a la vez, como paradoja, el traslado del lugar de la violencia asociada al fútbol hacia otros espacios.
En definitiva, el espectáculo de fútbol es pensado como un espacio de riesgos análogo al existente en otros escenarios del orden social. Creemos que una política pública adecuada debiese desarrollar las evidencias que le permitan elaborar medidas que se ajusten a las lógicas que interactúan en estos espacios. Sin estas consideraciones, las soluciones serán parciales, no dando cuenta del problema en sí, sino que continuarán afectando, y hostigando, a quienes domingo a domingo asisten a disfrutar del fútbol como hinchas.
jueves, 21 de abril de 2011
Football Hooligans International en español (España) - 06 Rusia (parte 1/5)
Programa británico (traducido al español) muestra la historia de algunos grupos radicales rusos vinculados al fútbol. Factores de multitud, violencia, código de ética y ruptura social en la lucha por ser el más radical en ciudades de la ex unión soviética.
Muy recomendado
Muy recomendado
El nuevo ámbito de la Justicia Militar
Por: Hugo Müller Solón
mullerabogados@hotmail.com
Investigador Asociado al Taller de Asuntos Públicos/PERU
Una de las propuestas del candidato de “Gana Perú” es la de incorporar mediante norma expresa, la Justicia Militar al fuero del Poder Judicial (Punto 2.5.- Reforma de los Poderes Públicos, de su plan de gobierno).
El tratamiento de los denominados delitos de función tendría en consecuencia un nuevo ámbito, el de la jurisdicción ordinaria, con lo cual se elimina el fuero militar como organismo autónomo e independiente y renace como un ente jurisdiccional militar policial imparcial y renovado para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, dentro del ámbito de la justicia ordinaria y con derecho irrestricto de someter sus resoluciones finales en vía de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República; y no como sucede hasta ahora, en donde solamente pueden recurrir en esta vía, las resoluciones del fuero militar que imponen pena de muerte (Art. 173° Constitución Política del Perú). Es decir ninguna llega a la vía de casación.
De esta manera se resguardarían las garantías de independencia, imparcialidad e igualdad en el debido proceso. Los vocales y fiscales supremos del fuero militar ya no serían nombrados por el presidente de la república como se hace ahora, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura como ordena el Art. 154 de la Constitución Política del Estado. Lo mismo ocurriría con el nombramiento de jueces y fiscales de menor rango, hasta hoy nombrados por el presidente del tribunal supremo militar policial, sino que igualmente lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura. Los fiscales y jueces del fuero militar, dejarían de ser magistrados y oficiales de la FFAA y PNP en situación de actividad. Los actuales fiscales del fuero militar policial que actúan de manera autónoma e independiente al control del Ministerio Público, dejarían de hacerlo por cuanto se trata de un organismo no reconocido por la Constitución Política del Perú y pasarían a depender del Ministerio Público con todas la facultades de su cargo, pero sometidos al cumplimiento y observancia de las garantías de un debido proceso.
Se producirían las reformas constitucionales correspondientes y tendríamos garantizada la seguridad de que la jurisdicción militar policial, quedaría estrictamente reservada para la investigación y juzgamiento de los “delitos de función”, no podrían ser sometidos a la misma los civiles, como actualmente lo faculta el Art. 173° de la Constitución Política del Perú.
Este importante paso permitiría progresar en el proyecto de una propuesta para brindar un adecuado tratamiento a los “delitos de función” en que incurran militares y policías con garantías de igualdad y acceso a la jurisdicción única como los demás ciudadanos. En definitiva la propuesta de reforma indica tácitamente que los principios del derecho penal común deberán regir de la misma manera sobre el derecho penal militar policial. Una propuesta adecuada para modernizar a las FFAA y PNP.
La existencia del Fuero Militar, en todo caso, solo estaría justificada al tiempo de guerra.
martes, 19 de abril de 2011
NARCOFOSA
Roberto Jaén, (extraído de www.revistapaquidermo.com)
“Narcofosa”, ese es el nombre que se la da a las fosas comunes donde descansan, apilados, los cuerpos de mexicanos, mexicanas y otros centro y suramericanos, que han muerto en esta absurda guerra que hace años inició contra el crimen organizado en América Latina.
59 personas fueron encontradas en una “narcofosa” en México. ¿Quién los mató? Probablemente los “Zetas”, pero ulteriormente los mató el rechazo a aceptar el fracaso. La “Guerra contra las Drogas”, así definida por EEUU para militarizar a los países latinoamericanos en la lucha contra las drogas, ha sido un rotundo y brutal fracaso.
El Plan Colombia en el año 2000 dotó al gobierno colombiano con más de 1 billón de dólares de los cuáles más del 90% era ayuda de carácter militar. Un plan semejante, el llamado Plan Mérida, para México entregó 1.4 billones de dólares en ayuda principalmente militar también. Con ese dinero, más la declaración abierta de guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, México ha conseguido el triunfo de contar en casi 40000 las muertes asociadas a esta guerra desde el 2006.
Todo ese dinero, la militarización voraz y los discursos vacíos, han dejado en el camino, dos países que, sentido estricto, deberían considerarse “Estados Fallidos” en una abierta e interminable guerra interna.
Tal ha sido el fiasco, cada vez más y más mexicanos piensan que la Guerra contra las drogas que emprendió el gobierno de Calderón ha sido un fracaso, y que está siendo ganada por el narco o, peor aún, que ya está perdida.
En Colombia unos 21000 miembros, del ejército, los paramilitares o las FARC, han muerto en la guerra, mientras cerca de 14000 civiles también han perecido en esta lucha. Las FARC, aunque golpeadas, sobreviven, la “parapolítica” sigue siendo tema permanente en la sociedad colombiana, mientras más y más nexos entre políticos y líderes de las fuerzas armadas de ultra-derecha se descubren y, lo peor de todo, la producción y las ganancias permanecen constantes.
Por eso es que cuando Laura Chinchilla busca seguir el mismo camino y militarizar el asunto de las drogas en nuestro país la palabra “narcofosa” retumba en mi cabeza.
Pensar que los grandes buques militares, los marines rondando las costas, las armas y el entrenamiento militar sean la solución, viendo el caso de México y Colombia, me parece un pensamiento limitado. Limitado porque se remite un problema complejo a un aspecto de lucha cuerpo a cuerpo.
No sé cuál es la fórmula, ni pretendo asegurar que tengo la solución, pero creo que para lograr enfrentar el problema de la droga se tienen que tomar en cuenta las siguientes cuestiones:
1) La “droga” no es un asunto de guerra, es un problema de salud pública y educación, por tanto la política pública que se esgrima como solución pasa por ahí y no por las armas.
2) La gente va a seguir consumiendo drogas, quiera el gobierno y la iglesia o no, así es que mejor aceptar este hecho.
3) El asunto pasa, primero, por “the L Word”: La Legalización mina las ganancias de los grandes narcos y permite establecer una carga impositiva al producto, además de fiscalizar la calidad de lo que se consume (recuerden, salud pública).
4) La prensa y los medios han hecho parecer que la droga es un problema asociado a la marginalidad y la pobreza. Si usted averigua cuánto cuesta la cocaína en el mercado, podemos estar seguros que no es el “piedrerillo” de su barrio o las personas de zonas urbano-marginales los que consumen dicha droga. La capacidad adquisitiva para consumir cocaína debe ser alta. El problema no es de clase social, ni zonas específicas.
5) Cierto, destrozar y encarcelar a las “narcofamilias”, romper las redes de crimen organizado, muy bien, pero no se puede olvidar el crimen de cuello blanco, la legitimación de capitales, ahí está el negocio. Bancos, empresarios, facilitadores. A la cárcel siempre va el “piedrero” o el exmuellero porteño al que le encontraron medio kilo en la “panga”, nunca van los antes mencionados.
6) Aprender de los errores de los demás, el enfoque militar ha sido un fracaso en México y Colombia, no repitamos la misma experiencia.
De no incluir todo lo anterior, y seguro muchas variables y enfoques que estoy olvidando, cualquier política pública dirigida a enfrentar el problema de la droga está condenada a una “narcofosa”, esa es una realidad, si se quiere ver o no es otra cuestión.
“Narcofosa”, ese es el nombre que se la da a las fosas comunes donde descansan, apilados, los cuerpos de mexicanos, mexicanas y otros centro y suramericanos, que han muerto en esta absurda guerra que hace años inició contra el crimen organizado en América Latina.
59 personas fueron encontradas en una “narcofosa” en México. ¿Quién los mató? Probablemente los “Zetas”, pero ulteriormente los mató el rechazo a aceptar el fracaso. La “Guerra contra las Drogas”, así definida por EEUU para militarizar a los países latinoamericanos en la lucha contra las drogas, ha sido un rotundo y brutal fracaso.
El Plan Colombia en el año 2000 dotó al gobierno colombiano con más de 1 billón de dólares de los cuáles más del 90% era ayuda de carácter militar. Un plan semejante, el llamado Plan Mérida, para México entregó 1.4 billones de dólares en ayuda principalmente militar también. Con ese dinero, más la declaración abierta de guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, México ha conseguido el triunfo de contar en casi 40000 las muertes asociadas a esta guerra desde el 2006.
Todo ese dinero, la militarización voraz y los discursos vacíos, han dejado en el camino, dos países que, sentido estricto, deberían considerarse “Estados Fallidos” en una abierta e interminable guerra interna.
Tal ha sido el fiasco, cada vez más y más mexicanos piensan que la Guerra contra las drogas que emprendió el gobierno de Calderón ha sido un fracaso, y que está siendo ganada por el narco o, peor aún, que ya está perdida.
En Colombia unos 21000 miembros, del ejército, los paramilitares o las FARC, han muerto en la guerra, mientras cerca de 14000 civiles también han perecido en esta lucha. Las FARC, aunque golpeadas, sobreviven, la “parapolítica” sigue siendo tema permanente en la sociedad colombiana, mientras más y más nexos entre políticos y líderes de las fuerzas armadas de ultra-derecha se descubren y, lo peor de todo, la producción y las ganancias permanecen constantes.
Por eso es que cuando Laura Chinchilla busca seguir el mismo camino y militarizar el asunto de las drogas en nuestro país la palabra “narcofosa” retumba en mi cabeza.
Pensar que los grandes buques militares, los marines rondando las costas, las armas y el entrenamiento militar sean la solución, viendo el caso de México y Colombia, me parece un pensamiento limitado. Limitado porque se remite un problema complejo a un aspecto de lucha cuerpo a cuerpo.
No sé cuál es la fórmula, ni pretendo asegurar que tengo la solución, pero creo que para lograr enfrentar el problema de la droga se tienen que tomar en cuenta las siguientes cuestiones:
1) La “droga” no es un asunto de guerra, es un problema de salud pública y educación, por tanto la política pública que se esgrima como solución pasa por ahí y no por las armas.
2) La gente va a seguir consumiendo drogas, quiera el gobierno y la iglesia o no, así es que mejor aceptar este hecho.
3) El asunto pasa, primero, por “the L Word”: La Legalización mina las ganancias de los grandes narcos y permite establecer una carga impositiva al producto, además de fiscalizar la calidad de lo que se consume (recuerden, salud pública).
4) La prensa y los medios han hecho parecer que la droga es un problema asociado a la marginalidad y la pobreza. Si usted averigua cuánto cuesta la cocaína en el mercado, podemos estar seguros que no es el “piedrerillo” de su barrio o las personas de zonas urbano-marginales los que consumen dicha droga. La capacidad adquisitiva para consumir cocaína debe ser alta. El problema no es de clase social, ni zonas específicas.
5) Cierto, destrozar y encarcelar a las “narcofamilias”, romper las redes de crimen organizado, muy bien, pero no se puede olvidar el crimen de cuello blanco, la legitimación de capitales, ahí está el negocio. Bancos, empresarios, facilitadores. A la cárcel siempre va el “piedrero” o el exmuellero porteño al que le encontraron medio kilo en la “panga”, nunca van los antes mencionados.
6) Aprender de los errores de los demás, el enfoque militar ha sido un fracaso en México y Colombia, no repitamos la misma experiencia.
De no incluir todo lo anterior, y seguro muchas variables y enfoques que estoy olvidando, cualquier política pública dirigida a enfrentar el problema de la droga está condenada a una “narcofosa”, esa es una realidad, si se quiere ver o no es otra cuestión.
¿Qué son los bienes comunes?
"Quien hace escasear un recurso produce una necesidad y una necesidad puede hacer ganar un montón de dinero". Sobre la idea de "los bienes comunes" vs. maximizar el uso de los recursos aqui presentamos un video que presenta una idea basada en la deliberación. Como aquel orden discutido entre Hobbes y Locke pero llevado al mundo de la economía.
La vida se basa en recursos como son el mundo digital, los espacios públicos, la naturaleza, el acceso a educación, pero ¿es posible acceder siempre a ellos?.
La vida se basa en recursos como son el mundo digital, los espacios públicos, la naturaleza, el acceso a educación, pero ¿es posible acceder siempre a ellos?.
PEQUEÑAS ARMAS
Del documentalista Manuel Tello, Pequeñas Armas, exhibe como se puede ir bastante más allá del "todo comenzó como jugando". Entre el año 2009 y el 2010 fueron 1,072 niños y niñas quienes murieron o fueron lesionados a raíz del uso de armas de fuego, en Chile.
miércoles, 13 de abril de 2011
Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia
A partir del encuentro en la Universidad de Málaga, a inicios de abril, el Taller de Asuntos Públicos se constituye como parte de la Red Iberoamericana de análisis de datos de la delincuencia (RIADD), junto a otras 14 instituciones provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela,
Así, la RIADD, además de proponerse la consolidación como un equipo de trabajo, nos obligamos a recolectar, centralizar, estandarizar, analizar y recomendar en materia de seguridad ciudadana y política criminal, tendientes a la mejora en la generación y utilización de los datos oficiales. Establecer esquemas propios para la recolección de datos, homologar un conjunto de indicadores de delincuencia; y, establecer criterios para su confiabilidad.
Minuta primer seminario internacional
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Observando los énfasis en los Planes de Gobierno (Perú 2011 - 2016)
Las elecciones en Perú han colocado al grupo de "Gana Perú" (liderado por Ollanta Humala) y a "Fuerza 2011" (por Keiko Fujimori)frente a frente en la decisiva segunda vuelta.
Para un mejor entendimiento de qué es lo que proponen iremos desagregando sus principales herramientas de gestión. En esta oportunidad les mostramos una mirada a los esquemas de sus planes de gobierno exhibidos en sus respectivos sitios institucionales.
Estaremos prontamente haciéndoles llegar análisis mas particulares sobre Empleo, competitividad y seguridad ciudadana.
Para un mejor entendimiento de qué es lo que proponen iremos desagregando sus principales herramientas de gestión. En esta oportunidad les mostramos una mirada a los esquemas de sus planes de gobierno exhibidos en sus respectivos sitios institucionales.
Esquema de los planes de gobierno
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Estaremos prontamente haciéndoles llegar análisis mas particulares sobre Empleo, competitividad y seguridad ciudadana.
viernes, 8 de abril de 2011
Analizando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (Chile.2010)
"Esta reducción - dice Alejandra Mohor- no se explica por acciones puntuales y específicas sino principalmente por medidas de largo plazo, por tareas que se iniciaron hace 6 años y que nadie daba un peso por ellas (...) Pero también por políticas sociales que tienen que ver con la reducción de condiciones que facilitan el ingreso a la carrera delictual"
Soc. Alejandra Mohor, coordinadora del Área de Prevención del CESC/INAP e investigadora asociada del TAP en programa radial «El Semáforo» de radio Universidad de Chile. 07.04.2011
Soc. Alejandra Mohor, coordinadora del Área de Prevención del CESC/INAP e investigadora asociada del TAP en programa radial «El Semáforo» de radio Universidad de Chile. 07.04.2011
Alemohor.radio u chile.enusc2010
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Una mirada critica a la manera actual de formar a los niños y niñas en las escuelas, un formato educativo heredado de la revolución industrial en donde se organizan como fabricas, los niños y niñas como jornaleros llamados al toque de timbre o de campana, con instalaciones separadas y clasificados por edades como si lo más importante en común fuese la edad de fabricación.
se formula el cambio de paradigma
se formula el cambio de paradigma
LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL PERU
Enrique Castro Vargas
Investigador asociado TAP/Perú
Hacia fines del año 2010, mil setecientos cuarenta y un (1,741) empresas fueron admitidas por el estado peruano para trabajar en materia de seguridad privada y esta situación genera que alrededor de 150 mil personas se desenvuelven en este ámbito. Lamentablemente, este acercamiento en cifras no valora el número real de empresas y empleados en seguridad privada de una sociedad alta, altísimamente, informal.
El eslabón de la seguridad privada es un factor diminuto e imperceptible cuando se hace política pública en materia de seguridad ciudadana en el Perú y que además se hace muy poca.
Desde el año 2005 la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada participa del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASEC) y es integrado en los planes nacionales con actividades bastante formales, baladíes y con metas ambiguas, evidentemente sin ningún monitoreo ni evaluación. Consideraciones negativas que resultan también transversales a los demás actores involucrados.
Actividades comprometidas por las empresas de seguridad privada en los Planes Anuales de SC
2007
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2008
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2009
* NINGUNA
2010
* Identificar y reportar a la Secretaría Técnica del CONASEC los servicios de seguridad que presta las empresas de seguridad privada.
Fuente: Elaboración propia, Planes Nacionales de seguridad ciudadana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Pese a su presencia en los planes nacionales no existe experiencia de participación de las empresas de seguridad en comités locales y en reciente trabajo del TAP en 3 municipios de Lima (Miraflores, Comas y Villa el Salvador) no aparecen participando en ningún espacio local. Las acciones del Plan 2010 fueron reportadas por la División de la Policía que centraliza esta información y no por la asociación de empresas de seguridad que en la actualidad se encuentra bastante beneficiada por el temor a ser víctima de un delito.
El mercado de la seguridad privada en el Perú viene creciendo e involucrando sumas importantes de dinero lo que viene acompañado del incremento de armas tanto para los que ejercen la seguridad como para los que la combaten desde la delincuencia, su presencia felizmente es poco aceptada como medio de seguridad para el ciudadano de a pie, quienes según las encuestas de opinión prefieren otros medios para brindarse seguridad.
Deficiencias de integración
Se apela, desde el gobierno, a la paulatina participación de la seguridad privada en seguridad urbana, sin embargo, como ya lo demostró la asociación "Ciudad Nuestra", la comunicación entre policías nacionales, serenos o guardias municipales y la seguridad privada se ve perjudicada por la tenencia de diferentes tipos de radio; incluso entre la misma policía nacional, lo que impide una adecuada comunicación entre estas fuerzas de seguridad estatal, municipal y ahora privada.
La ley y reglamento sobre servicios de seguridad privada dice poco a favor de la colaboración entre estas fuerzas, dejando la participación de personal operativo de seguridad privada a la colaboración, auxilio y apoyo sólo “en caso ser requerido por la policía nacional”. Y un tímido aviso a la seguridad privada para que “procuren compatibilizar los aspectos técnicos de los sistemas de comunicación (radial y otros) que emplean las centrales y personal operativo, con las fuerzas de la policía, serenazgos y cuerpo de bomberos”. La norma vuelve a señalar explícitamente la prohibición de desempeñar funciones que competen a la Policía Nacional.
Recién en la primera disposición complementaria del reglamento se menciona que la Dirección policial correspondiente (DICSCAMEC) en coordinación con las Municipalidades y los gremios empresariales de servicios de seguridad privada promoverán programas gratuitos de capacitación a personas naturales informales que presten servicios individuales de seguridad en viviendas o establecimientos, agrega de conformidad con el Plan nacional de seguridad ciudadana. Suponemos que el reglamento aprobado el 2011 se refiere al plan del año 2007 y 2008.
Estos denominados guachimanes (del inglés wacht man) pueden, no es imperativo según la norma, ser empadronados por los Municipios en convenio con la DICSCAMEC. En conclusión, la norma regula, clara y principalmente, el ingreso de diferentes tipos de empresas de seguridad al mercado nacional y menciona sin ninguna organicidad ni fuerza la participación de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana.
Armas ligeras en la actualidad peruana
Las muertes por arma de fuego aumentan en el país, el dato duro de homicidios crece mientras que –paradójicamente- la totalidad de delitos se reduce según la información de la Policía Nacional. De registrar 1,500 muertes en el año 2004 se pasa a hacerlo con más de 4,000 para el año 2010.
Sin embargo, en el plano de las normas y los acuerdos, el Perú, como pocos en América Latina, es el que más ha avanzado en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y ligeras. Anualmente presenta informes a la ONU sobre el plan de acción, es un defensor de procesos como el ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI (Instrumento internacional de marcaje y rastreo de armas), además constituyó una Comisión Nacional Multisectorial contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados) en donde la participación de la sociedad civil es aún limitada.
Sin embargo, el número de muertes asociadas a las armas de fuego, los mercados ilegales y su necesidad de defenderlos, el creciente trabajo de sicarios y los asaltos con mayor violencia parecen generar un aviso importante. A esto podemos agregar que según la PNP en el año 2010 se denunciaron como robadas y/o perdidas más de 1,400 armas de fuego y sólo se recuperaron 8.
En Perú hay avances importantes a nivel de política de estado para adecuarse a las líneas mayores de Naciones Unidas pero a nivel local, y en donde se desenvuelve el ciudadano de a pie, hay una cultura de la violencia y del arma que nos debe poner a trabajar en contrarrestar la presencia indiscriminada de armas de fuego transformándose hacia un uso racional, adecuado y excepcional ya que en ningún caso es intención de este artículo ir hacia la prohibición de su uso pero debemos evitar su presencia masiva e irracional.
Investigador asociado TAP/Perú
Hacia fines del año 2010, mil setecientos cuarenta y un (1,741) empresas fueron admitidas por el estado peruano para trabajar en materia de seguridad privada y esta situación genera que alrededor de 150 mil personas se desenvuelven en este ámbito. Lamentablemente, este acercamiento en cifras no valora el número real de empresas y empleados en seguridad privada de una sociedad alta, altísimamente, informal.
El eslabón de la seguridad privada es un factor diminuto e imperceptible cuando se hace política pública en materia de seguridad ciudadana en el Perú y que además se hace muy poca.
Desde el año 2005 la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada participa del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASEC) y es integrado en los planes nacionales con actividades bastante formales, baladíes y con metas ambiguas, evidentemente sin ningún monitoreo ni evaluación. Consideraciones negativas que resultan también transversales a los demás actores involucrados.
Actividades comprometidas por las empresas de seguridad privada en los Planes Anuales de SC
2007
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2008
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2009
* NINGUNA
2010
* Identificar y reportar a la Secretaría Técnica del CONASEC los servicios de seguridad que presta las empresas de seguridad privada.
Fuente: Elaboración propia, Planes Nacionales de seguridad ciudadana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Pese a su presencia en los planes nacionales no existe experiencia de participación de las empresas de seguridad en comités locales y en reciente trabajo del TAP en 3 municipios de Lima (Miraflores, Comas y Villa el Salvador) no aparecen participando en ningún espacio local. Las acciones del Plan 2010 fueron reportadas por la División de la Policía que centraliza esta información y no por la asociación de empresas de seguridad que en la actualidad se encuentra bastante beneficiada por el temor a ser víctima de un delito.
El mercado de la seguridad privada en el Perú viene creciendo e involucrando sumas importantes de dinero lo que viene acompañado del incremento de armas tanto para los que ejercen la seguridad como para los que la combaten desde la delincuencia, su presencia felizmente es poco aceptada como medio de seguridad para el ciudadano de a pie, quienes según las encuestas de opinión prefieren otros medios para brindarse seguridad.
Deficiencias de integración
Se apela, desde el gobierno, a la paulatina participación de la seguridad privada en seguridad urbana, sin embargo, como ya lo demostró la asociación "Ciudad Nuestra", la comunicación entre policías nacionales, serenos o guardias municipales y la seguridad privada se ve perjudicada por la tenencia de diferentes tipos de radio; incluso entre la misma policía nacional, lo que impide una adecuada comunicación entre estas fuerzas de seguridad estatal, municipal y ahora privada.
La ley y reglamento sobre servicios de seguridad privada dice poco a favor de la colaboración entre estas fuerzas, dejando la participación de personal operativo de seguridad privada a la colaboración, auxilio y apoyo sólo “en caso ser requerido por la policía nacional”. Y un tímido aviso a la seguridad privada para que “procuren compatibilizar los aspectos técnicos de los sistemas de comunicación (radial y otros) que emplean las centrales y personal operativo, con las fuerzas de la policía, serenazgos y cuerpo de bomberos”. La norma vuelve a señalar explícitamente la prohibición de desempeñar funciones que competen a la Policía Nacional.
Recién en la primera disposición complementaria del reglamento se menciona que la Dirección policial correspondiente (DICSCAMEC) en coordinación con las Municipalidades y los gremios empresariales de servicios de seguridad privada promoverán programas gratuitos de capacitación a personas naturales informales que presten servicios individuales de seguridad en viviendas o establecimientos, agrega de conformidad con el Plan nacional de seguridad ciudadana. Suponemos que el reglamento aprobado el 2011 se refiere al plan del año 2007 y 2008.
Estos denominados guachimanes (del inglés wacht man) pueden, no es imperativo según la norma, ser empadronados por los Municipios en convenio con la DICSCAMEC. En conclusión, la norma regula, clara y principalmente, el ingreso de diferentes tipos de empresas de seguridad al mercado nacional y menciona sin ninguna organicidad ni fuerza la participación de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana.
Armas ligeras en la actualidad peruana
Las muertes por arma de fuego aumentan en el país, el dato duro de homicidios crece mientras que –paradójicamente- la totalidad de delitos se reduce según la información de la Policía Nacional. De registrar 1,500 muertes en el año 2004 se pasa a hacerlo con más de 4,000 para el año 2010.
Sin embargo, en el plano de las normas y los acuerdos, el Perú, como pocos en América Latina, es el que más ha avanzado en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y ligeras. Anualmente presenta informes a la ONU sobre el plan de acción, es un defensor de procesos como el ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI (Instrumento internacional de marcaje y rastreo de armas), además constituyó una Comisión Nacional Multisectorial contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados) en donde la participación de la sociedad civil es aún limitada.
Sin embargo, el número de muertes asociadas a las armas de fuego, los mercados ilegales y su necesidad de defenderlos, el creciente trabajo de sicarios y los asaltos con mayor violencia parecen generar un aviso importante. A esto podemos agregar que según la PNP en el año 2010 se denunciaron como robadas y/o perdidas más de 1,400 armas de fuego y sólo se recuperaron 8.
En Perú hay avances importantes a nivel de política de estado para adecuarse a las líneas mayores de Naciones Unidas pero a nivel local, y en donde se desenvuelve el ciudadano de a pie, hay una cultura de la violencia y del arma que nos debe poner a trabajar en contrarrestar la presencia indiscriminada de armas de fuego transformándose hacia un uso racional, adecuado y excepcional ya que en ningún caso es intención de este artículo ir hacia la prohibición de su uso pero debemos evitar su presencia masiva e irracional.
martes, 5 de abril de 2011
SISTEMAS SOBRECARGADOS. Leyes de Drogas y Cárceles en América Latina
Extracto a partir de Informe con el mismo nombre que presenta WOLA y TNI, 2010/ Por Taller Asuntos Públicos.
El mundo de la fiscalización de las drogas con énfasis en las duras sanciones penales aprobadas en América Latina decanta en severas condenas de cárcel. Esto ha producido un gran aumento en el número de personas encarceladas por delitos de drogas, cuando su iniciativa se supone protegería la salud pública y la seguridad reduciendo la producción de drogas ilícitas, el tráfico y su consumo. Actualmente, al contrario, hay más gente presa y la industria de drogas ilícitas florece como nunca.
El estudio demuestra que la legislación no es solamente ineficaz para detener el tráfico sino que la externalidad negativa ha creado una alta sobre carga en los tribunales y el sufrimiento de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. La ley aplicada en los estratos más bajos delata la injusticia como también la ineficacia del sistema.
El informe arriba a las siguientes conclusiones:
1.Los países latinoamericanos no siempre han tenido leyes severas en el tema drogas y su adopción se debe a las últimas cuatro décadas, primero bajo regímenes autoritarios y luego durante un periodo de intensa presión internacional, de los Estados Unidos en particular, para endurecer las penas por delitos de drogas.
2. Las duras leyes de drogas y la manera como se aplican en AL conlleva a penas desproporcionadamente severas para los acusados por delitos relacionados a drogas. Quizás el caso más extremo lo tiene Ecuador donde las condenas resultan en penas mínimas de 12 a máximas de 25 años cuando la máxima por homicidio es de 16 años.
3.Las actuales leyes sobre el particular no distinguen adecuadamente entre delitos de drogas de bajo y de alto nivel, ni distinguen entre tipos de drogas, en general todos los vinculados con drogas están sujetos a penas comparativamente altas. En Bolivia, por ejemplo, se establece un subsistema penal paralelo a la normativa penal ordinaria caracterizado por la tendencia a una drasticidad irracional de la penalización que suprime derechos fundamentales.
4.Una legislación de drogas estricta y su agresiva aplicación son un factor determinante en el aumento de las tasas de encarcelamiento y, a menudo, hacinamiento en los países estudiados.
5.Un factor determinante en el hacinamiento es el uso de la prisión preventiva, que es obligatoria para los delitos de drogas en muchos países, independientemente de la gravedad de la infracción. Como resultado, muchas personas acusadas por delitos de drogas pasan largos periodos de tiempo tras las rejas antes de que sus casos pasen siquiera a ser considerados en los tribunales.
6.A las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso, o se les da un acceso limitado, a los beneficios procesales o a las oportunidades de penas alternativas, aunque éstos están frecuentemente a disposición de los acusados de otros tipos de delitos.
7.Los presupuestos y la infraestructura de las cárceles son muy deficientes en todos los países estudiados debido, en parte, a los importantes incrementos en el número de presos por delitos de drogas.
8.Es asombroso el alto número de personas en prisión por posesión simple de drogas, incluyendo la marihuana, hasta en países en donde el porte de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal no es un delito.
9.Los encarcelados por cargos de drogas proceden de los estratos más bajos de la cadena del tráfico de drogas, consumidores, correo de drogas, y distribuidores callejeros. Muy poco narcotraficantes de alto nivel están tras las rejas.
10.Las personas encarceladas bajo cargos de drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos, y limitadas oportunidades de empleo.
11.Un número cada vez mayor de mujeres, de “mulas” o correos de drogas, y de extranjeros están encarcelados por delitos de drogas.
12.En estos países, la calidad y la cantidad de la información disponible en fuentes gubernamentales sobre las leyes de drogas y cárceles son muy deficientes. Tratándose de un ámbito tan importante, una adecuada información sobre estos temas debería estar a disposición de los responsables políticos y del público.
Leer informe completo:
http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas_sobrecargados_web2.pdf
El mundo de la fiscalización de las drogas con énfasis en las duras sanciones penales aprobadas en América Latina decanta en severas condenas de cárcel. Esto ha producido un gran aumento en el número de personas encarceladas por delitos de drogas, cuando su iniciativa se supone protegería la salud pública y la seguridad reduciendo la producción de drogas ilícitas, el tráfico y su consumo. Actualmente, al contrario, hay más gente presa y la industria de drogas ilícitas florece como nunca.
El estudio demuestra que la legislación no es solamente ineficaz para detener el tráfico sino que la externalidad negativa ha creado una alta sobre carga en los tribunales y el sufrimiento de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. La ley aplicada en los estratos más bajos delata la injusticia como también la ineficacia del sistema.
El informe arriba a las siguientes conclusiones:
1.Los países latinoamericanos no siempre han tenido leyes severas en el tema drogas y su adopción se debe a las últimas cuatro décadas, primero bajo regímenes autoritarios y luego durante un periodo de intensa presión internacional, de los Estados Unidos en particular, para endurecer las penas por delitos de drogas.
2. Las duras leyes de drogas y la manera como se aplican en AL conlleva a penas desproporcionadamente severas para los acusados por delitos relacionados a drogas. Quizás el caso más extremo lo tiene Ecuador donde las condenas resultan en penas mínimas de 12 a máximas de 25 años cuando la máxima por homicidio es de 16 años.
3.Las actuales leyes sobre el particular no distinguen adecuadamente entre delitos de drogas de bajo y de alto nivel, ni distinguen entre tipos de drogas, en general todos los vinculados con drogas están sujetos a penas comparativamente altas. En Bolivia, por ejemplo, se establece un subsistema penal paralelo a la normativa penal ordinaria caracterizado por la tendencia a una drasticidad irracional de la penalización que suprime derechos fundamentales.
4.Una legislación de drogas estricta y su agresiva aplicación son un factor determinante en el aumento de las tasas de encarcelamiento y, a menudo, hacinamiento en los países estudiados.
5.Un factor determinante en el hacinamiento es el uso de la prisión preventiva, que es obligatoria para los delitos de drogas en muchos países, independientemente de la gravedad de la infracción. Como resultado, muchas personas acusadas por delitos de drogas pasan largos periodos de tiempo tras las rejas antes de que sus casos pasen siquiera a ser considerados en los tribunales.
6.A las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso, o se les da un acceso limitado, a los beneficios procesales o a las oportunidades de penas alternativas, aunque éstos están frecuentemente a disposición de los acusados de otros tipos de delitos.
7.Los presupuestos y la infraestructura de las cárceles son muy deficientes en todos los países estudiados debido, en parte, a los importantes incrementos en el número de presos por delitos de drogas.
8.Es asombroso el alto número de personas en prisión por posesión simple de drogas, incluyendo la marihuana, hasta en países en donde el porte de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal no es un delito.
9.Los encarcelados por cargos de drogas proceden de los estratos más bajos de la cadena del tráfico de drogas, consumidores, correo de drogas, y distribuidores callejeros. Muy poco narcotraficantes de alto nivel están tras las rejas.
10.Las personas encarceladas bajo cargos de drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos, y limitadas oportunidades de empleo.
11.Un número cada vez mayor de mujeres, de “mulas” o correos de drogas, y de extranjeros están encarcelados por delitos de drogas.
12.En estos países, la calidad y la cantidad de la información disponible en fuentes gubernamentales sobre las leyes de drogas y cárceles son muy deficientes. Tratándose de un ámbito tan importante, una adecuada información sobre estos temas debería estar a disposición de los responsables políticos y del público.
Leer informe completo:
http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas_sobrecargados_web2.pdf
Si quieres cuidar a tus hijos e hijas, las armas no son la salida
La tenencia de armas en casa aumentan la probabilidad de salir herido o morir en un enfrentamiento con delincuentes.
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Campaña para recordar víctimas de Minas Antipersonales
En Colombia, aproximadamente una persona muere diariamente victima de una mina antipersonal. Hasta cuando.
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