El suboficial técnico de segunda que denunció desaparición de 27 kilos de PBC en Huánuco se encuentra amenazado y sancionado en su carrera policial.
NOS ESTAMOS MUDANDO A : www.tallerdeasuntospublicos.org LA GESTIÓN EFICAZ Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES POSIBLE
miércoles, 25 de mayo de 2011
viernes, 6 de mayo de 2011
Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia
Por: Hugo Müller
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos/PERU
mullerabogados@hotmail.com
Una noticia muy relevante y notable es la reciente creación de la Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia (RIADD) en la Universidad De Málaga – España, desde donde un grupo de investigadores acreditados y provenientes de los 15 países que la integran (entre ellos el Perú) , buscarán consolidar una fuente de información pública de divulgación y análisis de datos en materia de delincuencia que permita un acercamiento fiable a la realidad delictiva y al funcionamiento de los sistemas penales en Iberoamérica, y que además afiance redes de trabajo conjunto y colaboración entre las diversas instituciones que, a nivel internacional y/o nacional, realicen trabajos de investigación sobre estos aspectos.
Tarea bastante difícil por cierto pero que viene a llenar un vacío de información importante y necesario, en particular para el caso peruano, en donde hasta la fecha y no obstante venirse anunciando desde el año 2006, el Gobierno no cumple con implementar el denominado Observatorio del Crimen que en su primera etapa según lo anunciado debía instalarse en las ciudades de Lima, Cuzco y Trujillo por intermedio del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y cuyo principal objetivo sería precisamente producir información sobre criminalidad y violencia. Por otro lado no se ha cumplido tampoco con la creación del organismo especializado a cargo de la Policía Nacional encargado de centralizar información proveniente tanto del Ministerio Público como de la Policía, sobre la delincuencia común y organizada conforme lo establece el Nuevo Código Procesal Penal del año 2004 (Art. 333°), en tanto que con anterioridad a la promulgación de la norma penal, era la estadística policial, aún con sus limitaciones técnicas, el mejor referente para estandarizar y analizar indicadores sobre delincuencia y violencia en general; hoy en día, las denuncias son registradas indistintamente ante la Policía o el Ministerio Público, sin que exista un registro único para fines estadísticos. Las encuestas sobre victimización tampoco son prioridad del gobierno y la última conocida con información más actualizada, data del año 2005, fecha desde la cual no se ha vuelto a realizar otra encuesta similar. Sin embargo el resultado de recientes encuestas (2010) tanto del Latinobarómetro como del Barómetro de las Américas revelan que el Perú ocupa el primer lugar en victimización y en percepción de inseguridad, por lo que esta herramienta de trabajo del RIADD permitirá contar con información consolidada y confiable que revele datos que por lo demás, no es posible acceder normalmente por intermedio de las agencias estatales o canales de información del Estado.
De esta manera, el RIADD, se constituye en el eje principal de recolección de información fiable y contable en la región Iberoamericana, útil y muy necesaria para la población, sobre todo para los investigadores, estudiosos, especialistas y académicos que frecuentemente requieren de esta información en su afán de colaborar con la gobernabilidad presentando propuestas técnicas, y debidamente documentadas.
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos/PERU
mullerabogados@hotmail.com
Una noticia muy relevante y notable es la reciente creación de la Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia (RIADD) en la Universidad De Málaga – España, desde donde un grupo de investigadores acreditados y provenientes de los 15 países que la integran (entre ellos el Perú) , buscarán consolidar una fuente de información pública de divulgación y análisis de datos en materia de delincuencia que permita un acercamiento fiable a la realidad delictiva y al funcionamiento de los sistemas penales en Iberoamérica, y que además afiance redes de trabajo conjunto y colaboración entre las diversas instituciones que, a nivel internacional y/o nacional, realicen trabajos de investigación sobre estos aspectos.
Tarea bastante difícil por cierto pero que viene a llenar un vacío de información importante y necesario, en particular para el caso peruano, en donde hasta la fecha y no obstante venirse anunciando desde el año 2006, el Gobierno no cumple con implementar el denominado Observatorio del Crimen que en su primera etapa según lo anunciado debía instalarse en las ciudades de Lima, Cuzco y Trujillo por intermedio del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y cuyo principal objetivo sería precisamente producir información sobre criminalidad y violencia. Por otro lado no se ha cumplido tampoco con la creación del organismo especializado a cargo de la Policía Nacional encargado de centralizar información proveniente tanto del Ministerio Público como de la Policía, sobre la delincuencia común y organizada conforme lo establece el Nuevo Código Procesal Penal del año 2004 (Art. 333°), en tanto que con anterioridad a la promulgación de la norma penal, era la estadística policial, aún con sus limitaciones técnicas, el mejor referente para estandarizar y analizar indicadores sobre delincuencia y violencia en general; hoy en día, las denuncias son registradas indistintamente ante la Policía o el Ministerio Público, sin que exista un registro único para fines estadísticos. Las encuestas sobre victimización tampoco son prioridad del gobierno y la última conocida con información más actualizada, data del año 2005, fecha desde la cual no se ha vuelto a realizar otra encuesta similar. Sin embargo el resultado de recientes encuestas (2010) tanto del Latinobarómetro como del Barómetro de las Américas revelan que el Perú ocupa el primer lugar en victimización y en percepción de inseguridad, por lo que esta herramienta de trabajo del RIADD permitirá contar con información consolidada y confiable que revele datos que por lo demás, no es posible acceder normalmente por intermedio de las agencias estatales o canales de información del Estado.
De esta manera, el RIADD, se constituye en el eje principal de recolección de información fiable y contable en la región Iberoamericana, útil y muy necesaria para la población, sobre todo para los investigadores, estudiosos, especialistas y académicos que frecuentemente requieren de esta información en su afán de colaborar con la gobernabilidad presentando propuestas técnicas, y debidamente documentadas.
miércoles, 4 de mayo de 2011
Las pensiones para ex policías y militares
El articulo del Dr. Edson Berrios ayuda a comprender mejor el problema de la pensión digna para los miembros de las fuerzas de seguridad en el Perú, un caso que permite la observación de otras realidades en la región Latinoamericana.
Jubilación en los miembros de las ffaa y pnp
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viernes, 29 de abril de 2011
Observando la gestión en Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana
Investigador del Taller de Asuntos Públicos (TAP/Perú) se pronuncia en relación a la gestión de Lima Metropolitana en Seguridad Ciudadana.
Aplausos y pifias.100dias mml
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jueves, 28 de abril de 2011
Urge Alianza Contra la Violencia Pro Seguridad en el Perú
La formación militarizada de Policías, de serenos (vigilantes municipales), de guachimanes (peruanismo que proviene del watchmen) y de la seguridad privada (formal e informal)genera una serie de atropellos en la ciudadanía y la cultura de la paz. Sumados a rasgos de discriminación, racismo y violencia, los comportamientos "pro seguridad" en el país se convierten en una amenaza a la convivencia pacífica.
Vemos con preocupación que estos hechos no son aislados, ocurren cuando se intenta ejercer el derecho de reunión para manifestar públicamente desacuerdos o protestas (usando la libertad de expresión y/o el derecho a la reunión pacífica) y también, al interior de los barrios y en los propios hogares en donde se realizan intervenciones, pesquisas, detenciones o allanamientos que en ocasiones no cuentan con las ordenes limitativas o restrictivas de derechos que provienen de órganos competentes; y en un uso desmedido de la fuerza física.
Por esta razón miembros del TAP convocamos a instituciones del estado y de sociedad civil a crear la coalición: ¡Basta Ya! Alianza para eliminar la violencia desproporcionada en las fuerzas de seguridad ciudadana en el Perú. Con el objetivo de trabajar conjuntamente y obtener una nueva relación entre las fuerzas de seguridad urbana y la ciudadanía.
Vemos con preocupación que estos hechos no son aislados, ocurren cuando se intenta ejercer el derecho de reunión para manifestar públicamente desacuerdos o protestas (usando la libertad de expresión y/o el derecho a la reunión pacífica) y también, al interior de los barrios y en los propios hogares en donde se realizan intervenciones, pesquisas, detenciones o allanamientos que en ocasiones no cuentan con las ordenes limitativas o restrictivas de derechos que provienen de órganos competentes; y en un uso desmedido de la fuerza física.
Por esta razón miembros del TAP convocamos a instituciones del estado y de sociedad civil a crear la coalición: ¡Basta Ya! Alianza para eliminar la violencia desproporcionada en las fuerzas de seguridad ciudadana en el Perú. Con el objetivo de trabajar conjuntamente y obtener una nueva relación entre las fuerzas de seguridad urbana y la ciudadanía.
lunes, 25 de abril de 2011
Estadio Seguro. Notas a una política pública
Artículo de Roberto Gallardo, extraído de : http://www.salvemosalfutbol.org/latinoamerica.htm
Ser miembro de “la hinchada” tiene para sus integrantes la capacidad de “abrir puertas”. Es decir, “los pibes” consideran que la pertenencia al grupo permite establecer interacciones. Un integrante de “la hinchada” en una charla me comentaba que “ser de la hinchada te permite sentarte acá (en el buffet del club) y que te conozcan todos”
José Garriga Zucal
“Haciendo amigos a las piñas.
Interacciones, intercambios y
relaciones de una hinchada de fútbol”.
Los hechos violentos acontecidos entre algunos asistentes al partido entre Universidad de Chile y Wanderers en el Estadio Santa Laura el pasado domingo 03 de abril, pusieron nuevamente en la agenda de la seguridad pública el tema del orden al interior de los espacios deportivos.
Frente a esta situación, el pasado 08 de abril el Ministro del Interior, junto a un grupo de parlamentarios, propuso el diseño del Plan Estadio Seguro el que, a palabras de la autoridad, tiene como objetivo el “terminar con la delincuencia presente en los estadios de fútbol del territorio nacional, para que los chilenos puedan asistir a presenciar a sus respectivos equipos sin temor a ser víctimas de un delito” . Se afirma también que “de una vez por todas arreglemos una situación que todos sabemos que no funciona bien. Ir al estadio a ver un partido de futbol, que es quizás la pasión más grande que compartimos los chilenos, no es una experiencia agradable” .
Lamentablemente en el país no existe a la fecha un Observatorio Social o un Centro de Estudios que produzca la información que nos permita corroborar las palabras del Ministro más allá de la sensación de alarma derivada de la publicación mediática de hechos puntuales, que afectan en estricto rigor a un minoritario grupo de recintos.
Entendemos que la representación del fútbol en los estadios no sólo simboliza una actividad meramente deportiva en su expresión pública, por el contrario, conjugan en él una serie de cualidades que obligan a comprenderlo como un hecho distintivo, el que no puede ser aprehendido como un fenómeno más de la sociedad.
Esta representación explica comportamientos, códigos, lenguajes y conductas diferenciadas. En este sentido, si aplicamos políticas de prevención y/o control sin comprender cómo operan estos códigos no se logrará abordar el problema de la inseguridad, sino más bien sólo se conseguirá mutar las formas propias que constituyen estos discursos inmersos en el espectáculo deportivo.
De esta forma observamos en la actualidad que una de las ideas centrales en relación a la política de seguridad deportiva, gira en torno a la estructuración de los estadios como espacios de control permanente en el que distintas restricciones se aplican sobre los hinchas.
Reprimir a las personas y transformar las lógicas de diversión propias de estos eventos en ámbitos de control, no debiese ser el escenario desde el cual se promuevan iniciativas de orden público. Las medidas de seguridad actuales afectan la configuración de los recintos deportivos en pos de reproducir en ellos las iniciativas de prevención presentes en otros espacios públicos de las ciudades, situación errada al no considerar las formas propias que se desarrollan en este tipo de espacios.
La experiencia internacional denota que propuestas como la formulada desde Interior, muchas veces terminan trasladando la situación de violencia hacia otros espacios urbanos, sin encontrar soluciones definitivas, o perjudicando la asistencia y sensación de seguridad de hinchas comunes que soportan periódicamente las vejaciones a las cuales son sometidos por parte de los operativos de seguridad (ingresos diferenciados, revisiones corporales constantes, restricción al libre tránsito al interior de los recintos, accesos estrechos, obligación de esperar encerrado el desalojo de otros sectores, el decomiso de artículos personales, personal policial vestido manifiestamente de forma violenta, mal trato constante de parte de las autoridades, etc.) .
Creemos que explicando el espacio en el cual se desenvuelve esta actividad podríamos diferenciar certeramente entre todos los fenómenos que allí confluyen, tomando por tanto las medidas adecuadas que estos precisarían en cada uno de sus casos. Lamentablemente, como hemos dicho, la organización actual no efectúa esta diferenciación en la práctica. Esta situación conlleva la frustración del hincha al ser víctima constante de hostigamiento por parte de la autoridad y de los administradores de los recintos, reflejado ya no sólo en los eventos mencionados sino también en el valor de los ingresos y la privatización de los medios que difunden la actividad.
Hemos querido establecer con este comentario un campo de interpretación sobre la forma en que los sujetos sociales y culturales, hinchas, policías, etc. son construidos desde las políticas actuales, de forma análoga a cómo se constituyen actores en conflicto en otros espacios urbanos por parte de los operativos de control. Las consecuencias de estas configuraciones implican mayor rispidez e incomodidad de los espectadores que asisten al Estadio, instalando ese espacio como un lugar intrínsecamente violento y produciendo así situaciones de conflicto innecesarias entre los actores.
Los efectos esperados ante lo expuesto corresponden a trasformaciones del espacio deportivo público, en espacios vigilados, restrictivos, controlados y represivos. A nuestro entender se utiliza la violencia y el delito como justificación de restricciones civiles (entendidas éstas como la intervención del espacio público para transformarlo en un espacio privado), provocando a la vez, como paradoja, el traslado del lugar de la violencia asociada al fútbol hacia otros espacios.
En definitiva, el espectáculo de fútbol es pensado como un espacio de riesgos análogo al existente en otros escenarios del orden social. Creemos que una política pública adecuada debiese desarrollar las evidencias que le permitan elaborar medidas que se ajusten a las lógicas que interactúan en estos espacios. Sin estas consideraciones, las soluciones serán parciales, no dando cuenta del problema en sí, sino que continuarán afectando, y hostigando, a quienes domingo a domingo asisten a disfrutar del fútbol como hinchas.
Ser miembro de “la hinchada” tiene para sus integrantes la capacidad de “abrir puertas”. Es decir, “los pibes” consideran que la pertenencia al grupo permite establecer interacciones. Un integrante de “la hinchada” en una charla me comentaba que “ser de la hinchada te permite sentarte acá (en el buffet del club) y que te conozcan todos”
José Garriga Zucal
“Haciendo amigos a las piñas.
Interacciones, intercambios y
relaciones de una hinchada de fútbol”.
Los hechos violentos acontecidos entre algunos asistentes al partido entre Universidad de Chile y Wanderers en el Estadio Santa Laura el pasado domingo 03 de abril, pusieron nuevamente en la agenda de la seguridad pública el tema del orden al interior de los espacios deportivos.
Frente a esta situación, el pasado 08 de abril el Ministro del Interior, junto a un grupo de parlamentarios, propuso el diseño del Plan Estadio Seguro el que, a palabras de la autoridad, tiene como objetivo el “terminar con la delincuencia presente en los estadios de fútbol del territorio nacional, para que los chilenos puedan asistir a presenciar a sus respectivos equipos sin temor a ser víctimas de un delito” . Se afirma también que “de una vez por todas arreglemos una situación que todos sabemos que no funciona bien. Ir al estadio a ver un partido de futbol, que es quizás la pasión más grande que compartimos los chilenos, no es una experiencia agradable” .
Lamentablemente en el país no existe a la fecha un Observatorio Social o un Centro de Estudios que produzca la información que nos permita corroborar las palabras del Ministro más allá de la sensación de alarma derivada de la publicación mediática de hechos puntuales, que afectan en estricto rigor a un minoritario grupo de recintos.
Entendemos que la representación del fútbol en los estadios no sólo simboliza una actividad meramente deportiva en su expresión pública, por el contrario, conjugan en él una serie de cualidades que obligan a comprenderlo como un hecho distintivo, el que no puede ser aprehendido como un fenómeno más de la sociedad.
Esta representación explica comportamientos, códigos, lenguajes y conductas diferenciadas. En este sentido, si aplicamos políticas de prevención y/o control sin comprender cómo operan estos códigos no se logrará abordar el problema de la inseguridad, sino más bien sólo se conseguirá mutar las formas propias que constituyen estos discursos inmersos en el espectáculo deportivo.
De esta forma observamos en la actualidad que una de las ideas centrales en relación a la política de seguridad deportiva, gira en torno a la estructuración de los estadios como espacios de control permanente en el que distintas restricciones se aplican sobre los hinchas.
Reprimir a las personas y transformar las lógicas de diversión propias de estos eventos en ámbitos de control, no debiese ser el escenario desde el cual se promuevan iniciativas de orden público. Las medidas de seguridad actuales afectan la configuración de los recintos deportivos en pos de reproducir en ellos las iniciativas de prevención presentes en otros espacios públicos de las ciudades, situación errada al no considerar las formas propias que se desarrollan en este tipo de espacios.
La experiencia internacional denota que propuestas como la formulada desde Interior, muchas veces terminan trasladando la situación de violencia hacia otros espacios urbanos, sin encontrar soluciones definitivas, o perjudicando la asistencia y sensación de seguridad de hinchas comunes que soportan periódicamente las vejaciones a las cuales son sometidos por parte de los operativos de seguridad (ingresos diferenciados, revisiones corporales constantes, restricción al libre tránsito al interior de los recintos, accesos estrechos, obligación de esperar encerrado el desalojo de otros sectores, el decomiso de artículos personales, personal policial vestido manifiestamente de forma violenta, mal trato constante de parte de las autoridades, etc.) .
Creemos que explicando el espacio en el cual se desenvuelve esta actividad podríamos diferenciar certeramente entre todos los fenómenos que allí confluyen, tomando por tanto las medidas adecuadas que estos precisarían en cada uno de sus casos. Lamentablemente, como hemos dicho, la organización actual no efectúa esta diferenciación en la práctica. Esta situación conlleva la frustración del hincha al ser víctima constante de hostigamiento por parte de la autoridad y de los administradores de los recintos, reflejado ya no sólo en los eventos mencionados sino también en el valor de los ingresos y la privatización de los medios que difunden la actividad.
Hemos querido establecer con este comentario un campo de interpretación sobre la forma en que los sujetos sociales y culturales, hinchas, policías, etc. son construidos desde las políticas actuales, de forma análoga a cómo se constituyen actores en conflicto en otros espacios urbanos por parte de los operativos de control. Las consecuencias de estas configuraciones implican mayor rispidez e incomodidad de los espectadores que asisten al Estadio, instalando ese espacio como un lugar intrínsecamente violento y produciendo así situaciones de conflicto innecesarias entre los actores.
Los efectos esperados ante lo expuesto corresponden a trasformaciones del espacio deportivo público, en espacios vigilados, restrictivos, controlados y represivos. A nuestro entender se utiliza la violencia y el delito como justificación de restricciones civiles (entendidas éstas como la intervención del espacio público para transformarlo en un espacio privado), provocando a la vez, como paradoja, el traslado del lugar de la violencia asociada al fútbol hacia otros espacios.
En definitiva, el espectáculo de fútbol es pensado como un espacio de riesgos análogo al existente en otros escenarios del orden social. Creemos que una política pública adecuada debiese desarrollar las evidencias que le permitan elaborar medidas que se ajusten a las lógicas que interactúan en estos espacios. Sin estas consideraciones, las soluciones serán parciales, no dando cuenta del problema en sí, sino que continuarán afectando, y hostigando, a quienes domingo a domingo asisten a disfrutar del fútbol como hinchas.
jueves, 21 de abril de 2011
Football Hooligans International en español (España) - 06 Rusia (parte 1/5)
Programa británico (traducido al español) muestra la historia de algunos grupos radicales rusos vinculados al fútbol. Factores de multitud, violencia, código de ética y ruptura social en la lucha por ser el más radical en ciudades de la ex unión soviética.
Muy recomendado
Muy recomendado
El nuevo ámbito de la Justicia Militar
Por: Hugo Müller Solón
mullerabogados@hotmail.com
Investigador Asociado al Taller de Asuntos Públicos/PERU
Una de las propuestas del candidato de “Gana Perú” es la de incorporar mediante norma expresa, la Justicia Militar al fuero del Poder Judicial (Punto 2.5.- Reforma de los Poderes Públicos, de su plan de gobierno).
El tratamiento de los denominados delitos de función tendría en consecuencia un nuevo ámbito, el de la jurisdicción ordinaria, con lo cual se elimina el fuero militar como organismo autónomo e independiente y renace como un ente jurisdiccional militar policial imparcial y renovado para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, dentro del ámbito de la justicia ordinaria y con derecho irrestricto de someter sus resoluciones finales en vía de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República; y no como sucede hasta ahora, en donde solamente pueden recurrir en esta vía, las resoluciones del fuero militar que imponen pena de muerte (Art. 173° Constitución Política del Perú). Es decir ninguna llega a la vía de casación.
De esta manera se resguardarían las garantías de independencia, imparcialidad e igualdad en el debido proceso. Los vocales y fiscales supremos del fuero militar ya no serían nombrados por el presidente de la república como se hace ahora, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura como ordena el Art. 154 de la Constitución Política del Estado. Lo mismo ocurriría con el nombramiento de jueces y fiscales de menor rango, hasta hoy nombrados por el presidente del tribunal supremo militar policial, sino que igualmente lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura. Los fiscales y jueces del fuero militar, dejarían de ser magistrados y oficiales de la FFAA y PNP en situación de actividad. Los actuales fiscales del fuero militar policial que actúan de manera autónoma e independiente al control del Ministerio Público, dejarían de hacerlo por cuanto se trata de un organismo no reconocido por la Constitución Política del Perú y pasarían a depender del Ministerio Público con todas la facultades de su cargo, pero sometidos al cumplimiento y observancia de las garantías de un debido proceso.
Se producirían las reformas constitucionales correspondientes y tendríamos garantizada la seguridad de que la jurisdicción militar policial, quedaría estrictamente reservada para la investigación y juzgamiento de los “delitos de función”, no podrían ser sometidos a la misma los civiles, como actualmente lo faculta el Art. 173° de la Constitución Política del Perú.
Este importante paso permitiría progresar en el proyecto de una propuesta para brindar un adecuado tratamiento a los “delitos de función” en que incurran militares y policías con garantías de igualdad y acceso a la jurisdicción única como los demás ciudadanos. En definitiva la propuesta de reforma indica tácitamente que los principios del derecho penal común deberán regir de la misma manera sobre el derecho penal militar policial. Una propuesta adecuada para modernizar a las FFAA y PNP.
La existencia del Fuero Militar, en todo caso, solo estaría justificada al tiempo de guerra.
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