El TAP no cumple 12 meses de vida pero lo anticipan las fiestas paganas de obsequios y despedidas anuales. El Taller nace dos días después de la tragedia sísmica en Haití y al suroeste de la República Dominicana. ¿Cómo quedarse estático, no? Nuestro primer lance fue reflexionar respecto a la gestión de seguridad pública en el Perú. Días después diremos que nuestro aporte diferenciador es también comunicacional, el audio, las imágenes y los audiovisuales son un camino importante y altamente considerado por nosotros. Comenzamos así, un proceso inacabado de hacer llegar a través de nuestro sitio web y nuestro sitio en Facebook fragmentos de películas en donde se visibiliza roles policiales y de funcionarios de Justicia, pasando luego por video denuncias en desempeño policial también relevado por la prensa televisiva (en Chile) con consecuencias administrativas para los autores de la violencia policial.
El esfuerzo es la suma de aportes y compromisos profesionales, no masivos pero de calidad, desde Argentina, Colombia, Perú, México, Chile y Costa Rica, porque los problemas y las luchas nos van uniendo.
Constantemente subimos reflexiones cortas y posturas coyunturales, con el déficit de ser muy académicos y en el camino por hacerlas más accesibles. Exhibimos nuestro compromiso de que la información, la exigencia y la capacitación son un nivel de defensa de nuestros derechos y que permite un mayor conocimiento para demandar una mejor gestión pública y obtener una vida digna, sin embargo, no es el único nivel de trabajo de nuestra Institución.
En el ámbito de la investigación y el análisis realizamos encuestas prospectivas (al 2012) en varios países de la región en materia de seguridad; indagamos en la asociación entre la participación regional y el Desarrollo Humano en Perú; exhibimos una comparación del sistema de Información criminal en Chile y Colombia; analizamos la hoja de ruta propuesta por el nuevo gobierno en Chile; hicimos propuestas para las recientes elecciones Municipales y regionales en Perú; y, últimamente, sendos análisis de la gestión estatal de la seguridad. Evidentemente, no nos creemos únicos y constantemente subimos aportes de otros espacios de información alternativa. Ahí encontramos visuales en debates de Democratización (FLACSO), educación intercultural bilingüe (UNICEF), debates de prisión preventiva (CEJA), Visitas a comisarías (ALTUS) y arte temático como el Hip Hop de subverso (Chile).
Queda pendiente la defensa judicial de nuestro voluntarioso equipo jurídico dispuesto a defender derechos individuales y colectivos de quienes sufren un daño en sus derechos, sean estos receptores de servicio o bien prestadores en situación de dependencia jerárquica.
Queremos seguir creciendo, ampliando y potenciando nuestros equipos, perfeccionando nuestros análisis e intervenciones, queremos ser protagonistas porque sabemos que las acciones hacia la gestión moderna basada en el conocimiento empírico, con información ampliada, de maneras diversas, basándose en los derechos humanos, las diferencias, la tolerancia, el enfoque de género, la diversidad, las libertades y el desarrollo responsable y amigable con el entorno son las maneras de obtener mejores niveles de calidad de vida. Gracias por ser parte de nosotros. Bienvenida segunda década
NOS ESTAMOS MUDANDO A : www.tallerdeasuntospublicos.org LA GESTIÓN EFICAZ Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES POSIBLE
viernes, 24 de diciembre de 2010
miércoles, 15 de diciembre de 2010
LA GOBERNABILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU ACTUAL
Por: Hugo Müller Solón (Investigador Asociado TAP) mullerabogados@hotmail.com
Con respecto a la Gobernabilidad y la Seguridad Ciudadana, es evidente que los responsables de establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N° 27933 - Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presidido por el Ministro del Interior) para garantizar eficazmente la tranquilidad de los peruanos, han fracasado en su intento y han dejado que el fenómeno de la inseguridad vaya creciendo aceleradamente y a la vista de todos.
Es alto el nivel de desamparo en el que se encuentran los ciudadanos, se sienten vulnerables, desprotegidos, frustrados; y, los garantes de la seguridad, encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana para ejecutarlos en sus jurisdicciones en el marco de la política nacional (Ley N° 27933 - Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana), lejos de comprometer su profesionalismo para la búsqueda seria de soluciones concretas, viables y eficaces, con honrosas y ejemplares excepciones, como el caso relevante de la Municipalidad de Paucartambo (Arequipa)[1] ; solo se han preocupado en promocionar medidas improvisadas y facilistas para salir del paso, afirmando que “el problema quedará solucionado”; todo lo que se les ha ocurrido ha sido utilizado para encubrir su falta de capacidad. Finalmente, el problema continúa.
En el caso de la Policía, llamada a cumplir un rol importante en la Seguridad Ciudadana, con un anacronismo evidente en su desarrollo profesional, una atípica cultura policial de origen militar, precaria infraestructura (locales policiales impropios), escasez de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, deficiente liderazgo, mala organización, obsoletos procedimientos y mal empleo de personal, se encuentra disminuida operativamente para prevenir y combatir la criminalidad con eficacia.
Las excepciones siempre marcan la diferencia, y me refiero a la labor que han realizado y realizan actualmente muchos hombres y mujeres policías a nivel nacional, trabajando solidariamente a favor de la seguridad ciudadana, mayormente en el anonimato pero con el apoyo de vecinos y autoridades; es el caso por ejemplo de Policías como Consuelo García Aymar Coordinadora General de la Policía Comunitaria en Trujillo y, actualmente en Arequipa, el de Fernando Cano Ortiz y Rolando Rafael David Casani en Congata y Paucartambo respectivamente; ellos son las excepciones y el ejemplo de lo que debiera ser y de lo que se podría lograr de manera uniforme con voluntad y dedición de las altas autoridades policiales. Pero por otro lado, la débil institucionalidad policial generada por denuncias de corrupción en sus altos mandos y una insoslayable injerencia política, la han convertido en poco confiable, hasta temida por los ciudadanos, utilizada prioritariamente para reprimir el delito y arrastrada deliberadamente a un nivel de inoperancia frente a la reforma procesal penal en su función de investigación del delito, por falta de capacitación.
Un hecho inexplicable es el que sucede el año 2005 en que el entonces General PNP Octavio Salazar Miranda que comandaba la Policía en Trujillo (Posteriormente Director de la Policía y Ministro del Interior respectivamente), desactivó programas policiales proactivos contra el delito que se venían desarrollando exitosamente (Proyecto Policía Comunitaria), induciendo sutilmente a la población y a los mismos policías a medir la eficacia policial en función a resultados de sus intervenciones reactivas y represivas, enfrentamientos, capturas, decomisos, etc.; es así que el año 2010 y frente a la supuesta existencia – no probada hasta la fecha - de un “Escuadrón de la Muerte”, las opiniones del ciudadano de a pie vertidas a través de las cámaras de televisión, de las llamadas telefónicas a las radios, de los sondeos de los medios escritos y hasta de los foros de las páginas web arrojaron un resultado casi unánime cuando se les pregunta por la existencia de un presunto comando policial de aniquilamiento de delincuentes: Respaldo total.
En otras palabras, casi todos los ciudadanos en Trujillo se mostraron a favor de la existencia de un escuadrón que ejecute de manera extrajudicial a las personas que se dedican a la delincuencia o que por lo menos son sospechosas de estar involucrados en actos criminales. En estos sondeos de opinión realizadas en la ciudad de Trujillo, la población no solo ha defendido la inocencia de los Policías, sino que además aplaude y felicita a los Policías en el supuesto de que efectivamente fueran autores de las muertes que se les atribuye, porque “limpiaron la ciudad de delincuentes” (En una encuesta nacional realizada por IPSOS/APOYO en diciembre 2009 el 47% estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes).
Esa es una muestra de la inseguridad y desconfianza de la población con respecto al deficiente trabajo policial preventivo. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc. para que puedan obtener mejores resultados. El reciente caso de un secuestrador abatido en el interior de una agencia bancaria en Lima y los hurras policiales en el lugar de los hechos ponen en evidencia la importancia que se le viene dando a la represión, a pesar del costo social.
La prevención del delito aunque no permite titulares sensacionalistas en los medios, es la principal función de la Policía en el Perú y en todo el mundo. Solo entonces, cuando políticas públicas de prevención del delito nos permitan ver en las calles policías, serenos y agentes de seguridad municipales compenetrados con su función preventiva, vigilantes de su entorno, comunicativos, disuasivos, perceptivos, capaces de intervenir y reaccionar antes que el delito suceda o preparados para enfrentarlo de ser el caso, entonces podremos estar seguros que se estará dando inicio a una nueva etapa de la Gobernabilidad peruana en este esfuerzo conjunto contra la inseguridad ciudadana. Prevención y represión caminan juntos, pero más vale prevenir que reprimir.
Finalmente podemos decir, que si bien es cierto la inseguridad ciudadana es un tema prioritario de la agenda pública, es indudable que no ha sido una de las prioridades del presente gobierno y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la búsqueda de una solución basada en un plan estratégico preventivo, técnico, integral y de largo aliento. En el tema policial no se ha hecho ningún avance con respecto a la necesaria Reforma Policial que se requiere para recuperar la confianza de la población en la credibilidad y eficacia del trabajo policial, que por cierto, no puede ser visto solamente desde un punto de vista reactivo o represivo, que si bien es una importante función de apoyo a la justicia, no es su función trascendental.
Recordemos que el 12 de abril 2003 se constituyó la Comisión Especial de Alto Nivel para la Modernización de la PNP, sobre las bases de un Informe de Diagnostico de Marzo del 2002. Este grupo de trabajo encargado de conducir y desarrollar ese proceso, fue interrumpido en sus acciones por la decisión política de entonces, pero la problemática detectada es la misma: deficiencias en la organización y estructura, corrupción, politización, priorización del trabajo reactivo antes que el proactivo, etc.; por lo que las bases sobre las cuales deberá continuar cualquier otro intento de reforma policial a partir del nuevo gobierno que se instaure el 2011 ya están dadas. Es un asunto de Gobernabilidad Democrática continuar con la Reforma Policial.
[1] Semifinalista en el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, organizado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
Con respecto a la Gobernabilidad y la Seguridad Ciudadana, es evidente que los responsables de establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N° 27933 - Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presidido por el Ministro del Interior) para garantizar eficazmente la tranquilidad de los peruanos, han fracasado en su intento y han dejado que el fenómeno de la inseguridad vaya creciendo aceleradamente y a la vista de todos.
Es alto el nivel de desamparo en el que se encuentran los ciudadanos, se sienten vulnerables, desprotegidos, frustrados; y, los garantes de la seguridad, encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana para ejecutarlos en sus jurisdicciones en el marco de la política nacional (Ley N° 27933 - Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana), lejos de comprometer su profesionalismo para la búsqueda seria de soluciones concretas, viables y eficaces, con honrosas y ejemplares excepciones, como el caso relevante de la Municipalidad de Paucartambo (Arequipa)[1] ; solo se han preocupado en promocionar medidas improvisadas y facilistas para salir del paso, afirmando que “el problema quedará solucionado”; todo lo que se les ha ocurrido ha sido utilizado para encubrir su falta de capacidad. Finalmente, el problema continúa.
En el caso de la Policía, llamada a cumplir un rol importante en la Seguridad Ciudadana, con un anacronismo evidente en su desarrollo profesional, una atípica cultura policial de origen militar, precaria infraestructura (locales policiales impropios), escasez de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, deficiente liderazgo, mala organización, obsoletos procedimientos y mal empleo de personal, se encuentra disminuida operativamente para prevenir y combatir la criminalidad con eficacia.
Las excepciones siempre marcan la diferencia, y me refiero a la labor que han realizado y realizan actualmente muchos hombres y mujeres policías a nivel nacional, trabajando solidariamente a favor de la seguridad ciudadana, mayormente en el anonimato pero con el apoyo de vecinos y autoridades; es el caso por ejemplo de Policías como Consuelo García Aymar Coordinadora General de la Policía Comunitaria en Trujillo y, actualmente en Arequipa, el de Fernando Cano Ortiz y Rolando Rafael David Casani en Congata y Paucartambo respectivamente; ellos son las excepciones y el ejemplo de lo que debiera ser y de lo que se podría lograr de manera uniforme con voluntad y dedición de las altas autoridades policiales. Pero por otro lado, la débil institucionalidad policial generada por denuncias de corrupción en sus altos mandos y una insoslayable injerencia política, la han convertido en poco confiable, hasta temida por los ciudadanos, utilizada prioritariamente para reprimir el delito y arrastrada deliberadamente a un nivel de inoperancia frente a la reforma procesal penal en su función de investigación del delito, por falta de capacitación.
Un hecho inexplicable es el que sucede el año 2005 en que el entonces General PNP Octavio Salazar Miranda que comandaba la Policía en Trujillo (Posteriormente Director de la Policía y Ministro del Interior respectivamente), desactivó programas policiales proactivos contra el delito que se venían desarrollando exitosamente (Proyecto Policía Comunitaria), induciendo sutilmente a la población y a los mismos policías a medir la eficacia policial en función a resultados de sus intervenciones reactivas y represivas, enfrentamientos, capturas, decomisos, etc.; es así que el año 2010 y frente a la supuesta existencia – no probada hasta la fecha - de un “Escuadrón de la Muerte”, las opiniones del ciudadano de a pie vertidas a través de las cámaras de televisión, de las llamadas telefónicas a las radios, de los sondeos de los medios escritos y hasta de los foros de las páginas web arrojaron un resultado casi unánime cuando se les pregunta por la existencia de un presunto comando policial de aniquilamiento de delincuentes: Respaldo total.
En otras palabras, casi todos los ciudadanos en Trujillo se mostraron a favor de la existencia de un escuadrón que ejecute de manera extrajudicial a las personas que se dedican a la delincuencia o que por lo menos son sospechosas de estar involucrados en actos criminales. En estos sondeos de opinión realizadas en la ciudad de Trujillo, la población no solo ha defendido la inocencia de los Policías, sino que además aplaude y felicita a los Policías en el supuesto de que efectivamente fueran autores de las muertes que se les atribuye, porque “limpiaron la ciudad de delincuentes” (En una encuesta nacional realizada por IPSOS/APOYO en diciembre 2009 el 47% estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes).
Esa es una muestra de la inseguridad y desconfianza de la población con respecto al deficiente trabajo policial preventivo. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc. para que puedan obtener mejores resultados. El reciente caso de un secuestrador abatido en el interior de una agencia bancaria en Lima y los hurras policiales en el lugar de los hechos ponen en evidencia la importancia que se le viene dando a la represión, a pesar del costo social.
La prevención del delito aunque no permite titulares sensacionalistas en los medios, es la principal función de la Policía en el Perú y en todo el mundo. Solo entonces, cuando políticas públicas de prevención del delito nos permitan ver en las calles policías, serenos y agentes de seguridad municipales compenetrados con su función preventiva, vigilantes de su entorno, comunicativos, disuasivos, perceptivos, capaces de intervenir y reaccionar antes que el delito suceda o preparados para enfrentarlo de ser el caso, entonces podremos estar seguros que se estará dando inicio a una nueva etapa de la Gobernabilidad peruana en este esfuerzo conjunto contra la inseguridad ciudadana. Prevención y represión caminan juntos, pero más vale prevenir que reprimir.
Finalmente podemos decir, que si bien es cierto la inseguridad ciudadana es un tema prioritario de la agenda pública, es indudable que no ha sido una de las prioridades del presente gobierno y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la búsqueda de una solución basada en un plan estratégico preventivo, técnico, integral y de largo aliento. En el tema policial no se ha hecho ningún avance con respecto a la necesaria Reforma Policial que se requiere para recuperar la confianza de la población en la credibilidad y eficacia del trabajo policial, que por cierto, no puede ser visto solamente desde un punto de vista reactivo o represivo, que si bien es una importante función de apoyo a la justicia, no es su función trascendental.
Recordemos que el 12 de abril 2003 se constituyó la Comisión Especial de Alto Nivel para la Modernización de la PNP, sobre las bases de un Informe de Diagnostico de Marzo del 2002. Este grupo de trabajo encargado de conducir y desarrollar ese proceso, fue interrumpido en sus acciones por la decisión política de entonces, pero la problemática detectada es la misma: deficiencias en la organización y estructura, corrupción, politización, priorización del trabajo reactivo antes que el proactivo, etc.; por lo que las bases sobre las cuales deberá continuar cualquier otro intento de reforma policial a partir del nuevo gobierno que se instaure el 2011 ya están dadas. Es un asunto de Gobernabilidad Democrática continuar con la Reforma Policial.
[1] Semifinalista en el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, organizado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
martes, 14 de diciembre de 2010
Fiscalización Ciudadana
Irregular actuar de Carabineros es captado en preciso momento en que hacer un inadecuado uso de la fuerza.
Terapia Familiar Funcional
La Terapia Familiar Funcional (TFF) ha reducido exitosamente la reincidencia entre un 20% y un 60%, a disminuido también las posibilidades de que hermanos o familiares con problemas conductuales inicien trayectorias de riesgo (Sexton T., Alexander J.; 2000)
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Al final del Túnel
Hugo Müller Solón (mullerabogados@hotmail.com)
Investigador del Taller de Asuntos Públicos – TAP - Perú
Al final del túnel suele encontrarse luz pero llegando al final de este Gobierno la claridad parece inalcanzable. Seguimos viviendo en un país inseguro donde las autoridades gubernamentales y policiales se esfuerzan inútilmente en pretender demostrarnos lo contrario y lo que es peor, se ubican de espaldas a la realidad.
La creciente percepción de inseguridad, habla de la poca eficacia que tienen los tradicionales sistemas preventivos y se sigue pensando, sin mayor criterio técnico, que la mayor presencia policial en las calles es la solución al problema. Las autoridades pueden hablar y hacer mucha demagogia con este tema pero mientras no se utilicen métodos innovadores de prevención del delito, poco o nada se avanza en detener el deterioro creciente de la seguridad y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestras autoridades saben perfectamente que no se puede coordinar ni atacar el delito sin políticas públicas inclusivas, claramente definidas y carentes de tecnología que permita, a quienes tienen la responsabilidad, seguir el movimiento del delito, en tiempo y espacio, por tipo penal, modalidades, frecuencias, etc. Es decir, que decante el curso de acción, las técnicas y estrategias por aplicar.
La Policía por su parte, debiera establecer servicios de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con policías proactivos, que formalicen sistemas de prevención, disuasión y reacción en forma sostenible; nada de eso forma parte de las actuales herramientas de trabajo de la Policía Nacional ni del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tampoco se aplican encuestas de victimización como forma de medición de la percepción de seguridad en la población.
Podemos ver, entonces que nada nuevo surgirá en los próximos meses en materia de seguridad ciudadana y al final del túnel, en permanente oscuridad, solo seguiremos viendo a las autoridades intentando justificar sus obsoletos procedimientos mostrando a la prensa dudosos resultados sensacionalistas, muchas veces a costa de atentar contra la dignidad y derechos de las personas mientras la delincuencia común sigue socavando y atemorizando las estructuras sociales cada vez más débiles frente al riesgo, el peligro y la violencia.
Finalmente puedo agregar, que aplicar estas técnicas innovadoras no permitiría manipular las estadísticas ni dar informaciones falsas a la colectividad sobre la real situación de la criminalidad y nadie quiere exponer al fracaso su popularidad, ni posibilidades de volver a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno, por lo que es mejor “dejar hacer, dejar pasar” y que otro sea el que asuma esos riesgos.
Investigador del Taller de Asuntos Públicos – TAP - Perú
Al final del túnel suele encontrarse luz pero llegando al final de este Gobierno la claridad parece inalcanzable. Seguimos viviendo en un país inseguro donde las autoridades gubernamentales y policiales se esfuerzan inútilmente en pretender demostrarnos lo contrario y lo que es peor, se ubican de espaldas a la realidad.
La creciente percepción de inseguridad, habla de la poca eficacia que tienen los tradicionales sistemas preventivos y se sigue pensando, sin mayor criterio técnico, que la mayor presencia policial en las calles es la solución al problema. Las autoridades pueden hablar y hacer mucha demagogia con este tema pero mientras no se utilicen métodos innovadores de prevención del delito, poco o nada se avanza en detener el deterioro creciente de la seguridad y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestras autoridades saben perfectamente que no se puede coordinar ni atacar el delito sin políticas públicas inclusivas, claramente definidas y carentes de tecnología que permita, a quienes tienen la responsabilidad, seguir el movimiento del delito, en tiempo y espacio, por tipo penal, modalidades, frecuencias, etc. Es decir, que decante el curso de acción, las técnicas y estrategias por aplicar.
La Policía por su parte, debiera establecer servicios de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con policías proactivos, que formalicen sistemas de prevención, disuasión y reacción en forma sostenible; nada de eso forma parte de las actuales herramientas de trabajo de la Policía Nacional ni del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tampoco se aplican encuestas de victimización como forma de medición de la percepción de seguridad en la población.
Podemos ver, entonces que nada nuevo surgirá en los próximos meses en materia de seguridad ciudadana y al final del túnel, en permanente oscuridad, solo seguiremos viendo a las autoridades intentando justificar sus obsoletos procedimientos mostrando a la prensa dudosos resultados sensacionalistas, muchas veces a costa de atentar contra la dignidad y derechos de las personas mientras la delincuencia común sigue socavando y atemorizando las estructuras sociales cada vez más débiles frente al riesgo, el peligro y la violencia.
Finalmente puedo agregar, que aplicar estas técnicas innovadoras no permitiría manipular las estadísticas ni dar informaciones falsas a la colectividad sobre la real situación de la criminalidad y nadie quiere exponer al fracaso su popularidad, ni posibilidades de volver a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno, por lo que es mejor “dejar hacer, dejar pasar” y que otro sea el que asuma esos riesgos.
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