A días del voto. Mastiques y picotazos sobre la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana.

Enrique Castro Vargas

El problema de la inseguridad en Lima, las regiones, los gobiernos locales y el país en general, se agrava al carecer de un “sistema integral, oportuno y comparable, de información”. Esta ausencia tiene consecuencias negativas en términos del diseño de las políticas, la gestión, evaluación y, “en el escalamiento de la ansiedad social frente al delito”. La información colabora con la solución y su ausencia favorece al problema. Su necesidad parece un acuerdo entre los candidatos. Pero, ¿qué tipo de información se busca?

Las manifestaciones de inseguridad no son iguales, la criminalidad – por un lado- y la violencia – por otro-, se expresan de formas diversas y en espacios muchas veces diferenciados. Por lo tanto, se hace necesaria la utilización de unidades de análisis multidisciplinarios, que funcionen por conos para el caso de Lima Metropolitana y, por Municipios, priorizando los casos donde se requiera. Pero, ¿dónde se requiere?

La pregunta, ¿de qué distritos provienen los presos de Lima?, no ha sido contestada por el INPE pese a los reiterados pedidos de información. Estos resultados asociados a diferentes factores de riesgo como el desempleo, pobreza, alta población, altos grados de repitencia o abandono escolar, consumo problemático de alcohol y drogas; relacionada con los registros oficiales provenientes de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, complementados con encuestas periódicas de victimización; nos entregarían mapas de vulnerabilidad bastante más integrales e inclusivos que los ofrecidos con la georeferenciación delictual o mapas de incidencia delictiva, esgrimidos en los debates electorales.

En segundo lugar, la futura gestión requiere, además de información empírica, de acciones y prácticas concretas con alto, altísimo, liderazgo fáctico. En términos prácticos, la Alcaldesa de Lima (salvo una vuelta de tortilla), debe(ría) despachar –junto con el(la) alcalde(sa) que corresponde(a)- en los distritos de alta concentración de inseguridad. No más dispositivos ni normas de actuaciones generales e inespecíficas, se requiere de una gestión real en los lugares de alta necesidad. Esta variable sugiere evaluar cuáles son los mejores equipos que pretenden llegar al Municipio, no sólo de Lima Metropolitana.

En tercer lugar, se ha reiterado hasta el cansancio que la inseguridad es un problema multifactorial y que las estrategias de intervención deben ser multidimensionales; resaltando el discurso de las tres columnas o ejes de la seguridad (Municipio, PNP y Sociedad Civil). Propuesta personalmente superada por las exitosas experiencias (nacionales e internacionales) de prevención y control.
Es el caso de la interconexión de actores y el mejoramiento de capacidades en maestros, servicios de salud, policía y serenos en el distrito de Paucarpata. El distrito de más alta concentración poblacional en Arequipa, reconocido como finalista internacional en materia de prevención de la Violencia; y el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa, que ha logrado, gracias a la voluntad de fiscalía, Policía y sociedad civil, un reducido e impactante 7% de reincidencia en los jóvenes que pasan por el proyecto de remisión fiscal en el difícil distrito del Agustino, en Lima. Mientras que, en Chile, donde la victimización se ha reducido en 10%, en los últimos años, la Fundación Paz Ciudadana acaba de concluir un estudio en donde se observa, de manera no concluyente, “que los hogares con medidas de asociación con el entorno son menos victimas de robo con fuerza que aquellos hogares que adoptan medidas de vigilancia tecnológica”.

Es cierto, la columna de la sociedad civil es altamente importante, no obstante es un error subrayar solo tres y descuidar las demás columnas de este “Sistema de Seguridad Ciudadana”, un sistema en el que participa el subsistema de prevención (que incluye la reinserción), el subsistema de persecución y el subsistema de sanción. La suma no da tres sino más. El liderazgo político y el compromiso de la organización Municipal; los serenos y policías trabajando conjuntamente y asociados al Ministerio Público, el juzgado de paz como interlocutor válido y sostenido en y con el comité distrital, el Poder Judicial; los servicios nacionales del sector salud, educación, transporte, trabajo, servicios penitenciarios; la defensoría del Pueblo y la Sociedad Civil (que no es sólo las juntas vecinales). Y además, incluir, todavía en el nivel de la reflexión y el debate, a los medios de comunicación, representados por sus creadores de línea editorial y a sus equipos de investigación.

Por último, el adagio si no eres parte de la solución eres parte del problema, debe considerarse en la gestión de la transparencia y lucha contra la corrupción en el desempeño de las fuerzas de seguridad y de todos los actores del sistema. La corrupción “sistémica” diagnosticada en Perú en el año 2001 no ha sido enfrentada y la gestión local (metropolitana y distrital) es una buena trinchera para esta actuación que sin duda coadyuva en la inseguridad real y subjetiva.