El TAP no cumple 12 meses de vida pero lo anticipan las fiestas paganas de obsequios y despedidas anuales. El Taller nace dos días después de la tragedia sísmica en Haití y al suroeste de la República Dominicana. ¿Cómo quedarse estático, no? Nuestro primer lance fue reflexionar respecto a la gestión de seguridad pública en el Perú. Días después diremos que nuestro aporte diferenciador es también comunicacional, el audio, las imágenes y los audiovisuales son un camino importante y altamente considerado por nosotros. Comenzamos así, un proceso inacabado de hacer llegar a través de nuestro sitio web y nuestro sitio en Facebook fragmentos de películas en donde se visibiliza roles policiales y de funcionarios de Justicia, pasando luego por video denuncias en desempeño policial también relevado por la prensa televisiva (en Chile) con consecuencias administrativas para los autores de la violencia policial.
El esfuerzo es la suma de aportes y compromisos profesionales, no masivos pero de calidad, desde Argentina, Colombia, Perú, México, Chile y Costa Rica, porque los problemas y las luchas nos van uniendo.
Constantemente subimos reflexiones cortas y posturas coyunturales, con el déficit de ser muy académicos y en el camino por hacerlas más accesibles. Exhibimos nuestro compromiso de que la información, la exigencia y la capacitación son un nivel de defensa de nuestros derechos y que permite un mayor conocimiento para demandar una mejor gestión pública y obtener una vida digna, sin embargo, no es el único nivel de trabajo de nuestra Institución.
En el ámbito de la investigación y el análisis realizamos encuestas prospectivas (al 2012) en varios países de la región en materia de seguridad; indagamos en la asociación entre la participación regional y el Desarrollo Humano en Perú; exhibimos una comparación del sistema de Información criminal en Chile y Colombia; analizamos la hoja de ruta propuesta por el nuevo gobierno en Chile; hicimos propuestas para las recientes elecciones Municipales y regionales en Perú; y, últimamente, sendos análisis de la gestión estatal de la seguridad. Evidentemente, no nos creemos únicos y constantemente subimos aportes de otros espacios de información alternativa. Ahí encontramos visuales en debates de Democratización (FLACSO), educación intercultural bilingüe (UNICEF), debates de prisión preventiva (CEJA), Visitas a comisarías (ALTUS) y arte temático como el Hip Hop de subverso (Chile).
Queda pendiente la defensa judicial de nuestro voluntarioso equipo jurídico dispuesto a defender derechos individuales y colectivos de quienes sufren un daño en sus derechos, sean estos receptores de servicio o bien prestadores en situación de dependencia jerárquica.
Queremos seguir creciendo, ampliando y potenciando nuestros equipos, perfeccionando nuestros análisis e intervenciones, queremos ser protagonistas porque sabemos que las acciones hacia la gestión moderna basada en el conocimiento empírico, con información ampliada, de maneras diversas, basándose en los derechos humanos, las diferencias, la tolerancia, el enfoque de género, la diversidad, las libertades y el desarrollo responsable y amigable con el entorno son las maneras de obtener mejores niveles de calidad de vida. Gracias por ser parte de nosotros. Bienvenida segunda década
NOS ESTAMOS MUDANDO A : www.tallerdeasuntospublicos.org LA GESTIÓN EFICAZ Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES POSIBLE
viernes, 24 de diciembre de 2010
miércoles, 15 de diciembre de 2010
LA GOBERNABILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU ACTUAL
Por: Hugo Müller Solón (Investigador Asociado TAP) mullerabogados@hotmail.com
Con respecto a la Gobernabilidad y la Seguridad Ciudadana, es evidente que los responsables de establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N° 27933 - Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presidido por el Ministro del Interior) para garantizar eficazmente la tranquilidad de los peruanos, han fracasado en su intento y han dejado que el fenómeno de la inseguridad vaya creciendo aceleradamente y a la vista de todos.
Es alto el nivel de desamparo en el que se encuentran los ciudadanos, se sienten vulnerables, desprotegidos, frustrados; y, los garantes de la seguridad, encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana para ejecutarlos en sus jurisdicciones en el marco de la política nacional (Ley N° 27933 - Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana), lejos de comprometer su profesionalismo para la búsqueda seria de soluciones concretas, viables y eficaces, con honrosas y ejemplares excepciones, como el caso relevante de la Municipalidad de Paucartambo (Arequipa)[1] ; solo se han preocupado en promocionar medidas improvisadas y facilistas para salir del paso, afirmando que “el problema quedará solucionado”; todo lo que se les ha ocurrido ha sido utilizado para encubrir su falta de capacidad. Finalmente, el problema continúa.
En el caso de la Policía, llamada a cumplir un rol importante en la Seguridad Ciudadana, con un anacronismo evidente en su desarrollo profesional, una atípica cultura policial de origen militar, precaria infraestructura (locales policiales impropios), escasez de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, deficiente liderazgo, mala organización, obsoletos procedimientos y mal empleo de personal, se encuentra disminuida operativamente para prevenir y combatir la criminalidad con eficacia.
Las excepciones siempre marcan la diferencia, y me refiero a la labor que han realizado y realizan actualmente muchos hombres y mujeres policías a nivel nacional, trabajando solidariamente a favor de la seguridad ciudadana, mayormente en el anonimato pero con el apoyo de vecinos y autoridades; es el caso por ejemplo de Policías como Consuelo García Aymar Coordinadora General de la Policía Comunitaria en Trujillo y, actualmente en Arequipa, el de Fernando Cano Ortiz y Rolando Rafael David Casani en Congata y Paucartambo respectivamente; ellos son las excepciones y el ejemplo de lo que debiera ser y de lo que se podría lograr de manera uniforme con voluntad y dedición de las altas autoridades policiales. Pero por otro lado, la débil institucionalidad policial generada por denuncias de corrupción en sus altos mandos y una insoslayable injerencia política, la han convertido en poco confiable, hasta temida por los ciudadanos, utilizada prioritariamente para reprimir el delito y arrastrada deliberadamente a un nivel de inoperancia frente a la reforma procesal penal en su función de investigación del delito, por falta de capacitación.
Un hecho inexplicable es el que sucede el año 2005 en que el entonces General PNP Octavio Salazar Miranda que comandaba la Policía en Trujillo (Posteriormente Director de la Policía y Ministro del Interior respectivamente), desactivó programas policiales proactivos contra el delito que se venían desarrollando exitosamente (Proyecto Policía Comunitaria), induciendo sutilmente a la población y a los mismos policías a medir la eficacia policial en función a resultados de sus intervenciones reactivas y represivas, enfrentamientos, capturas, decomisos, etc.; es así que el año 2010 y frente a la supuesta existencia – no probada hasta la fecha - de un “Escuadrón de la Muerte”, las opiniones del ciudadano de a pie vertidas a través de las cámaras de televisión, de las llamadas telefónicas a las radios, de los sondeos de los medios escritos y hasta de los foros de las páginas web arrojaron un resultado casi unánime cuando se les pregunta por la existencia de un presunto comando policial de aniquilamiento de delincuentes: Respaldo total.
En otras palabras, casi todos los ciudadanos en Trujillo se mostraron a favor de la existencia de un escuadrón que ejecute de manera extrajudicial a las personas que se dedican a la delincuencia o que por lo menos son sospechosas de estar involucrados en actos criminales. En estos sondeos de opinión realizadas en la ciudad de Trujillo, la población no solo ha defendido la inocencia de los Policías, sino que además aplaude y felicita a los Policías en el supuesto de que efectivamente fueran autores de las muertes que se les atribuye, porque “limpiaron la ciudad de delincuentes” (En una encuesta nacional realizada por IPSOS/APOYO en diciembre 2009 el 47% estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes).
Esa es una muestra de la inseguridad y desconfianza de la población con respecto al deficiente trabajo policial preventivo. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc. para que puedan obtener mejores resultados. El reciente caso de un secuestrador abatido en el interior de una agencia bancaria en Lima y los hurras policiales en el lugar de los hechos ponen en evidencia la importancia que se le viene dando a la represión, a pesar del costo social.
La prevención del delito aunque no permite titulares sensacionalistas en los medios, es la principal función de la Policía en el Perú y en todo el mundo. Solo entonces, cuando políticas públicas de prevención del delito nos permitan ver en las calles policías, serenos y agentes de seguridad municipales compenetrados con su función preventiva, vigilantes de su entorno, comunicativos, disuasivos, perceptivos, capaces de intervenir y reaccionar antes que el delito suceda o preparados para enfrentarlo de ser el caso, entonces podremos estar seguros que se estará dando inicio a una nueva etapa de la Gobernabilidad peruana en este esfuerzo conjunto contra la inseguridad ciudadana. Prevención y represión caminan juntos, pero más vale prevenir que reprimir.
Finalmente podemos decir, que si bien es cierto la inseguridad ciudadana es un tema prioritario de la agenda pública, es indudable que no ha sido una de las prioridades del presente gobierno y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la búsqueda de una solución basada en un plan estratégico preventivo, técnico, integral y de largo aliento. En el tema policial no se ha hecho ningún avance con respecto a la necesaria Reforma Policial que se requiere para recuperar la confianza de la población en la credibilidad y eficacia del trabajo policial, que por cierto, no puede ser visto solamente desde un punto de vista reactivo o represivo, que si bien es una importante función de apoyo a la justicia, no es su función trascendental.
Recordemos que el 12 de abril 2003 se constituyó la Comisión Especial de Alto Nivel para la Modernización de la PNP, sobre las bases de un Informe de Diagnostico de Marzo del 2002. Este grupo de trabajo encargado de conducir y desarrollar ese proceso, fue interrumpido en sus acciones por la decisión política de entonces, pero la problemática detectada es la misma: deficiencias en la organización y estructura, corrupción, politización, priorización del trabajo reactivo antes que el proactivo, etc.; por lo que las bases sobre las cuales deberá continuar cualquier otro intento de reforma policial a partir del nuevo gobierno que se instaure el 2011 ya están dadas. Es un asunto de Gobernabilidad Democrática continuar con la Reforma Policial.
[1] Semifinalista en el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, organizado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
Con respecto a la Gobernabilidad y la Seguridad Ciudadana, es evidente que los responsables de establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N° 27933 - Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presidido por el Ministro del Interior) para garantizar eficazmente la tranquilidad de los peruanos, han fracasado en su intento y han dejado que el fenómeno de la inseguridad vaya creciendo aceleradamente y a la vista de todos.
Es alto el nivel de desamparo en el que se encuentran los ciudadanos, se sienten vulnerables, desprotegidos, frustrados; y, los garantes de la seguridad, encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana para ejecutarlos en sus jurisdicciones en el marco de la política nacional (Ley N° 27933 - Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana), lejos de comprometer su profesionalismo para la búsqueda seria de soluciones concretas, viables y eficaces, con honrosas y ejemplares excepciones, como el caso relevante de la Municipalidad de Paucartambo (Arequipa)[1] ; solo se han preocupado en promocionar medidas improvisadas y facilistas para salir del paso, afirmando que “el problema quedará solucionado”; todo lo que se les ha ocurrido ha sido utilizado para encubrir su falta de capacidad. Finalmente, el problema continúa.
En el caso de la Policía, llamada a cumplir un rol importante en la Seguridad Ciudadana, con un anacronismo evidente en su desarrollo profesional, una atípica cultura policial de origen militar, precaria infraestructura (locales policiales impropios), escasez de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, deficiente liderazgo, mala organización, obsoletos procedimientos y mal empleo de personal, se encuentra disminuida operativamente para prevenir y combatir la criminalidad con eficacia.
Las excepciones siempre marcan la diferencia, y me refiero a la labor que han realizado y realizan actualmente muchos hombres y mujeres policías a nivel nacional, trabajando solidariamente a favor de la seguridad ciudadana, mayormente en el anonimato pero con el apoyo de vecinos y autoridades; es el caso por ejemplo de Policías como Consuelo García Aymar Coordinadora General de la Policía Comunitaria en Trujillo y, actualmente en Arequipa, el de Fernando Cano Ortiz y Rolando Rafael David Casani en Congata y Paucartambo respectivamente; ellos son las excepciones y el ejemplo de lo que debiera ser y de lo que se podría lograr de manera uniforme con voluntad y dedición de las altas autoridades policiales. Pero por otro lado, la débil institucionalidad policial generada por denuncias de corrupción en sus altos mandos y una insoslayable injerencia política, la han convertido en poco confiable, hasta temida por los ciudadanos, utilizada prioritariamente para reprimir el delito y arrastrada deliberadamente a un nivel de inoperancia frente a la reforma procesal penal en su función de investigación del delito, por falta de capacitación.
Un hecho inexplicable es el que sucede el año 2005 en que el entonces General PNP Octavio Salazar Miranda que comandaba la Policía en Trujillo (Posteriormente Director de la Policía y Ministro del Interior respectivamente), desactivó programas policiales proactivos contra el delito que se venían desarrollando exitosamente (Proyecto Policía Comunitaria), induciendo sutilmente a la población y a los mismos policías a medir la eficacia policial en función a resultados de sus intervenciones reactivas y represivas, enfrentamientos, capturas, decomisos, etc.; es así que el año 2010 y frente a la supuesta existencia – no probada hasta la fecha - de un “Escuadrón de la Muerte”, las opiniones del ciudadano de a pie vertidas a través de las cámaras de televisión, de las llamadas telefónicas a las radios, de los sondeos de los medios escritos y hasta de los foros de las páginas web arrojaron un resultado casi unánime cuando se les pregunta por la existencia de un presunto comando policial de aniquilamiento de delincuentes: Respaldo total.
En otras palabras, casi todos los ciudadanos en Trujillo se mostraron a favor de la existencia de un escuadrón que ejecute de manera extrajudicial a las personas que se dedican a la delincuencia o que por lo menos son sospechosas de estar involucrados en actos criminales. En estos sondeos de opinión realizadas en la ciudad de Trujillo, la población no solo ha defendido la inocencia de los Policías, sino que además aplaude y felicita a los Policías en el supuesto de que efectivamente fueran autores de las muertes que se les atribuye, porque “limpiaron la ciudad de delincuentes” (En una encuesta nacional realizada por IPSOS/APOYO en diciembre 2009 el 47% estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes).
Esa es una muestra de la inseguridad y desconfianza de la población con respecto al deficiente trabajo policial preventivo. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc. para que puedan obtener mejores resultados. El reciente caso de un secuestrador abatido en el interior de una agencia bancaria en Lima y los hurras policiales en el lugar de los hechos ponen en evidencia la importancia que se le viene dando a la represión, a pesar del costo social.
La prevención del delito aunque no permite titulares sensacionalistas en los medios, es la principal función de la Policía en el Perú y en todo el mundo. Solo entonces, cuando políticas públicas de prevención del delito nos permitan ver en las calles policías, serenos y agentes de seguridad municipales compenetrados con su función preventiva, vigilantes de su entorno, comunicativos, disuasivos, perceptivos, capaces de intervenir y reaccionar antes que el delito suceda o preparados para enfrentarlo de ser el caso, entonces podremos estar seguros que se estará dando inicio a una nueva etapa de la Gobernabilidad peruana en este esfuerzo conjunto contra la inseguridad ciudadana. Prevención y represión caminan juntos, pero más vale prevenir que reprimir.
Finalmente podemos decir, que si bien es cierto la inseguridad ciudadana es un tema prioritario de la agenda pública, es indudable que no ha sido una de las prioridades del presente gobierno y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la búsqueda de una solución basada en un plan estratégico preventivo, técnico, integral y de largo aliento. En el tema policial no se ha hecho ningún avance con respecto a la necesaria Reforma Policial que se requiere para recuperar la confianza de la población en la credibilidad y eficacia del trabajo policial, que por cierto, no puede ser visto solamente desde un punto de vista reactivo o represivo, que si bien es una importante función de apoyo a la justicia, no es su función trascendental.
Recordemos que el 12 de abril 2003 se constituyó la Comisión Especial de Alto Nivel para la Modernización de la PNP, sobre las bases de un Informe de Diagnostico de Marzo del 2002. Este grupo de trabajo encargado de conducir y desarrollar ese proceso, fue interrumpido en sus acciones por la decisión política de entonces, pero la problemática detectada es la misma: deficiencias en la organización y estructura, corrupción, politización, priorización del trabajo reactivo antes que el proactivo, etc.; por lo que las bases sobre las cuales deberá continuar cualquier otro intento de reforma policial a partir del nuevo gobierno que se instaure el 2011 ya están dadas. Es un asunto de Gobernabilidad Democrática continuar con la Reforma Policial.
[1] Semifinalista en el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, organizado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
martes, 14 de diciembre de 2010
Fiscalización Ciudadana
Irregular actuar de Carabineros es captado en preciso momento en que hacer un inadecuado uso de la fuerza.
Terapia Familiar Funcional
La Terapia Familiar Funcional (TFF) ha reducido exitosamente la reincidencia entre un 20% y un 60%, a disminuido también las posibilidades de que hermanos o familiares con problemas conductuales inicien trayectorias de riesgo (Sexton T., Alexander J.; 2000)
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Al final del Túnel
Hugo Müller Solón (mullerabogados@hotmail.com)
Investigador del Taller de Asuntos Públicos – TAP - Perú
Al final del túnel suele encontrarse luz pero llegando al final de este Gobierno la claridad parece inalcanzable. Seguimos viviendo en un país inseguro donde las autoridades gubernamentales y policiales se esfuerzan inútilmente en pretender demostrarnos lo contrario y lo que es peor, se ubican de espaldas a la realidad.
La creciente percepción de inseguridad, habla de la poca eficacia que tienen los tradicionales sistemas preventivos y se sigue pensando, sin mayor criterio técnico, que la mayor presencia policial en las calles es la solución al problema. Las autoridades pueden hablar y hacer mucha demagogia con este tema pero mientras no se utilicen métodos innovadores de prevención del delito, poco o nada se avanza en detener el deterioro creciente de la seguridad y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestras autoridades saben perfectamente que no se puede coordinar ni atacar el delito sin políticas públicas inclusivas, claramente definidas y carentes de tecnología que permita, a quienes tienen la responsabilidad, seguir el movimiento del delito, en tiempo y espacio, por tipo penal, modalidades, frecuencias, etc. Es decir, que decante el curso de acción, las técnicas y estrategias por aplicar.
La Policía por su parte, debiera establecer servicios de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con policías proactivos, que formalicen sistemas de prevención, disuasión y reacción en forma sostenible; nada de eso forma parte de las actuales herramientas de trabajo de la Policía Nacional ni del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tampoco se aplican encuestas de victimización como forma de medición de la percepción de seguridad en la población.
Podemos ver, entonces que nada nuevo surgirá en los próximos meses en materia de seguridad ciudadana y al final del túnel, en permanente oscuridad, solo seguiremos viendo a las autoridades intentando justificar sus obsoletos procedimientos mostrando a la prensa dudosos resultados sensacionalistas, muchas veces a costa de atentar contra la dignidad y derechos de las personas mientras la delincuencia común sigue socavando y atemorizando las estructuras sociales cada vez más débiles frente al riesgo, el peligro y la violencia.
Finalmente puedo agregar, que aplicar estas técnicas innovadoras no permitiría manipular las estadísticas ni dar informaciones falsas a la colectividad sobre la real situación de la criminalidad y nadie quiere exponer al fracaso su popularidad, ni posibilidades de volver a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno, por lo que es mejor “dejar hacer, dejar pasar” y que otro sea el que asuma esos riesgos.
Investigador del Taller de Asuntos Públicos – TAP - Perú
Al final del túnel suele encontrarse luz pero llegando al final de este Gobierno la claridad parece inalcanzable. Seguimos viviendo en un país inseguro donde las autoridades gubernamentales y policiales se esfuerzan inútilmente en pretender demostrarnos lo contrario y lo que es peor, se ubican de espaldas a la realidad.
La creciente percepción de inseguridad, habla de la poca eficacia que tienen los tradicionales sistemas preventivos y se sigue pensando, sin mayor criterio técnico, que la mayor presencia policial en las calles es la solución al problema. Las autoridades pueden hablar y hacer mucha demagogia con este tema pero mientras no se utilicen métodos innovadores de prevención del delito, poco o nada se avanza en detener el deterioro creciente de la seguridad y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestras autoridades saben perfectamente que no se puede coordinar ni atacar el delito sin políticas públicas inclusivas, claramente definidas y carentes de tecnología que permita, a quienes tienen la responsabilidad, seguir el movimiento del delito, en tiempo y espacio, por tipo penal, modalidades, frecuencias, etc. Es decir, que decante el curso de acción, las técnicas y estrategias por aplicar.
La Policía por su parte, debiera establecer servicios de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con policías proactivos, que formalicen sistemas de prevención, disuasión y reacción en forma sostenible; nada de eso forma parte de las actuales herramientas de trabajo de la Policía Nacional ni del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tampoco se aplican encuestas de victimización como forma de medición de la percepción de seguridad en la población.
Podemos ver, entonces que nada nuevo surgirá en los próximos meses en materia de seguridad ciudadana y al final del túnel, en permanente oscuridad, solo seguiremos viendo a las autoridades intentando justificar sus obsoletos procedimientos mostrando a la prensa dudosos resultados sensacionalistas, muchas veces a costa de atentar contra la dignidad y derechos de las personas mientras la delincuencia común sigue socavando y atemorizando las estructuras sociales cada vez más débiles frente al riesgo, el peligro y la violencia.
Finalmente puedo agregar, que aplicar estas técnicas innovadoras no permitiría manipular las estadísticas ni dar informaciones falsas a la colectividad sobre la real situación de la criminalidad y nadie quiere exponer al fracaso su popularidad, ni posibilidades de volver a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno, por lo que es mejor “dejar hacer, dejar pasar” y que otro sea el que asuma esos riesgos.
martes, 30 de noviembre de 2010
Recordamos Algunas Metas Globales
Se termina el 2010, con tropiezos, tambien hacia delante, hambrunas, terremotos e ilusiones. El tiempo es preciso para recordar, a goteo, algunos objetivos globales al 2015: Eliminar la discriminación sexual en las escuelas; Frenar y cambiar la tendencia de trasmición del VIH/ADIS; Cambiar y frenar tendencia de Malaria; Reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de un dolar diario; Cambiar la tendencia del uso de recursos medioambientales; Reducir a la mitad gente que no tiene agua potable; Ir hacia un sistema comercial, financiero regulado, fiable y no discriminatorio...entre otras...
domingo, 12 de septiembre de 2010
A días del voto. Mastiques y picotazos sobre la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana.
Enrique Castro Vargas
El problema de la inseguridad en Lima, las regiones, los gobiernos locales y el país en general, se agrava al carecer de un “sistema integral, oportuno y comparable, de información”. Esta ausencia tiene consecuencias negativas en términos del diseño de las políticas, la gestión, evaluación y, “en el escalamiento de la ansiedad social frente al delito”. La información colabora con la solución y su ausencia favorece al problema. Su necesidad parece un acuerdo entre los candidatos. Pero, ¿qué tipo de información se busca?
Las manifestaciones de inseguridad no son iguales, la criminalidad – por un lado- y la violencia – por otro-, se expresan de formas diversas y en espacios muchas veces diferenciados. Por lo tanto, se hace necesaria la utilización de unidades de análisis multidisciplinarios, que funcionen por conos para el caso de Lima Metropolitana y, por Municipios, priorizando los casos donde se requiera. Pero, ¿dónde se requiere?
La pregunta, ¿de qué distritos provienen los presos de Lima?, no ha sido contestada por el INPE pese a los reiterados pedidos de información. Estos resultados asociados a diferentes factores de riesgo como el desempleo, pobreza, alta población, altos grados de repitencia o abandono escolar, consumo problemático de alcohol y drogas; relacionada con los registros oficiales provenientes de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, complementados con encuestas periódicas de victimización; nos entregarían mapas de vulnerabilidad bastante más integrales e inclusivos que los ofrecidos con la georeferenciación delictual o mapas de incidencia delictiva, esgrimidos en los debates electorales.
En segundo lugar, la futura gestión requiere, además de información empírica, de acciones y prácticas concretas con alto, altísimo, liderazgo fáctico. En términos prácticos, la Alcaldesa de Lima (salvo una vuelta de tortilla), debe(ría) despachar –junto con el(la) alcalde(sa) que corresponde(a)- en los distritos de alta concentración de inseguridad. No más dispositivos ni normas de actuaciones generales e inespecíficas, se requiere de una gestión real en los lugares de alta necesidad. Esta variable sugiere evaluar cuáles son los mejores equipos que pretenden llegar al Municipio, no sólo de Lima Metropolitana.
En tercer lugar, se ha reiterado hasta el cansancio que la inseguridad es un problema multifactorial y que las estrategias de intervención deben ser multidimensionales; resaltando el discurso de las tres columnas o ejes de la seguridad (Municipio, PNP y Sociedad Civil). Propuesta personalmente superada por las exitosas experiencias (nacionales e internacionales) de prevención y control.
Es el caso de la interconexión de actores y el mejoramiento de capacidades en maestros, servicios de salud, policía y serenos en el distrito de Paucarpata. El distrito de más alta concentración poblacional en Arequipa, reconocido como finalista internacional en materia de prevención de la Violencia; y el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa, que ha logrado, gracias a la voluntad de fiscalía, Policía y sociedad civil, un reducido e impactante 7% de reincidencia en los jóvenes que pasan por el proyecto de remisión fiscal en el difícil distrito del Agustino, en Lima. Mientras que, en Chile, donde la victimización se ha reducido en 10%, en los últimos años, la Fundación Paz Ciudadana acaba de concluir un estudio en donde se observa, de manera no concluyente, “que los hogares con medidas de asociación con el entorno son menos victimas de robo con fuerza que aquellos hogares que adoptan medidas de vigilancia tecnológica”.
Es cierto, la columna de la sociedad civil es altamente importante, no obstante es un error subrayar solo tres y descuidar las demás columnas de este “Sistema de Seguridad Ciudadana”, un sistema en el que participa el subsistema de prevención (que incluye la reinserción), el subsistema de persecución y el subsistema de sanción. La suma no da tres sino más. El liderazgo político y el compromiso de la organización Municipal; los serenos y policías trabajando conjuntamente y asociados al Ministerio Público, el juzgado de paz como interlocutor válido y sostenido en y con el comité distrital, el Poder Judicial; los servicios nacionales del sector salud, educación, transporte, trabajo, servicios penitenciarios; la defensoría del Pueblo y la Sociedad Civil (que no es sólo las juntas vecinales). Y además, incluir, todavía en el nivel de la reflexión y el debate, a los medios de comunicación, representados por sus creadores de línea editorial y a sus equipos de investigación.
Por último, el adagio si no eres parte de la solución eres parte del problema, debe considerarse en la gestión de la transparencia y lucha contra la corrupción en el desempeño de las fuerzas de seguridad y de todos los actores del sistema. La corrupción “sistémica” diagnosticada en Perú en el año 2001 no ha sido enfrentada y la gestión local (metropolitana y distrital) es una buena trinchera para esta actuación que sin duda coadyuva en la inseguridad real y subjetiva.
El problema de la inseguridad en Lima, las regiones, los gobiernos locales y el país en general, se agrava al carecer de un “sistema integral, oportuno y comparable, de información”. Esta ausencia tiene consecuencias negativas en términos del diseño de las políticas, la gestión, evaluación y, “en el escalamiento de la ansiedad social frente al delito”. La información colabora con la solución y su ausencia favorece al problema. Su necesidad parece un acuerdo entre los candidatos. Pero, ¿qué tipo de información se busca?
Las manifestaciones de inseguridad no son iguales, la criminalidad – por un lado- y la violencia – por otro-, se expresan de formas diversas y en espacios muchas veces diferenciados. Por lo tanto, se hace necesaria la utilización de unidades de análisis multidisciplinarios, que funcionen por conos para el caso de Lima Metropolitana y, por Municipios, priorizando los casos donde se requiera. Pero, ¿dónde se requiere?
La pregunta, ¿de qué distritos provienen los presos de Lima?, no ha sido contestada por el INPE pese a los reiterados pedidos de información. Estos resultados asociados a diferentes factores de riesgo como el desempleo, pobreza, alta población, altos grados de repitencia o abandono escolar, consumo problemático de alcohol y drogas; relacionada con los registros oficiales provenientes de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, complementados con encuestas periódicas de victimización; nos entregarían mapas de vulnerabilidad bastante más integrales e inclusivos que los ofrecidos con la georeferenciación delictual o mapas de incidencia delictiva, esgrimidos en los debates electorales.
En segundo lugar, la futura gestión requiere, además de información empírica, de acciones y prácticas concretas con alto, altísimo, liderazgo fáctico. En términos prácticos, la Alcaldesa de Lima (salvo una vuelta de tortilla), debe(ría) despachar –junto con el(la) alcalde(sa) que corresponde(a)- en los distritos de alta concentración de inseguridad. No más dispositivos ni normas de actuaciones generales e inespecíficas, se requiere de una gestión real en los lugares de alta necesidad. Esta variable sugiere evaluar cuáles son los mejores equipos que pretenden llegar al Municipio, no sólo de Lima Metropolitana.
En tercer lugar, se ha reiterado hasta el cansancio que la inseguridad es un problema multifactorial y que las estrategias de intervención deben ser multidimensionales; resaltando el discurso de las tres columnas o ejes de la seguridad (Municipio, PNP y Sociedad Civil). Propuesta personalmente superada por las exitosas experiencias (nacionales e internacionales) de prevención y control.
Es el caso de la interconexión de actores y el mejoramiento de capacidades en maestros, servicios de salud, policía y serenos en el distrito de Paucarpata. El distrito de más alta concentración poblacional en Arequipa, reconocido como finalista internacional en materia de prevención de la Violencia; y el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa, que ha logrado, gracias a la voluntad de fiscalía, Policía y sociedad civil, un reducido e impactante 7% de reincidencia en los jóvenes que pasan por el proyecto de remisión fiscal en el difícil distrito del Agustino, en Lima. Mientras que, en Chile, donde la victimización se ha reducido en 10%, en los últimos años, la Fundación Paz Ciudadana acaba de concluir un estudio en donde se observa, de manera no concluyente, “que los hogares con medidas de asociación con el entorno son menos victimas de robo con fuerza que aquellos hogares que adoptan medidas de vigilancia tecnológica”.
Es cierto, la columna de la sociedad civil es altamente importante, no obstante es un error subrayar solo tres y descuidar las demás columnas de este “Sistema de Seguridad Ciudadana”, un sistema en el que participa el subsistema de prevención (que incluye la reinserción), el subsistema de persecución y el subsistema de sanción. La suma no da tres sino más. El liderazgo político y el compromiso de la organización Municipal; los serenos y policías trabajando conjuntamente y asociados al Ministerio Público, el juzgado de paz como interlocutor válido y sostenido en y con el comité distrital, el Poder Judicial; los servicios nacionales del sector salud, educación, transporte, trabajo, servicios penitenciarios; la defensoría del Pueblo y la Sociedad Civil (que no es sólo las juntas vecinales). Y además, incluir, todavía en el nivel de la reflexión y el debate, a los medios de comunicación, representados por sus creadores de línea editorial y a sus equipos de investigación.
Por último, el adagio si no eres parte de la solución eres parte del problema, debe considerarse en la gestión de la transparencia y lucha contra la corrupción en el desempeño de las fuerzas de seguridad y de todos los actores del sistema. La corrupción “sistémica” diagnosticada en Perú en el año 2001 no ha sido enfrentada y la gestión local (metropolitana y distrital) es una buena trinchera para esta actuación que sin duda coadyuva en la inseguridad real y subjetiva.
lunes, 14 de junio de 2010
Asociación entre Participación a nivel regional e IDH (Perú 2003 - 2006)
Las formulas democratizadoras de la gestión pública son triunfos en sí mismos. TAP presenta un estudio sobre la relación que existe entre la participación formal en los Gobiernos Regionales del Perú y el IDH, entre los años 2003 y el 2006.
Interesantes Hallazgos y Conclusiones
Interesantes Hallazgos y Conclusiones
participacion e IDH
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miércoles, 26 de mayo de 2010
Reflexiones en torno al primer discurso presidencial en materia de seguridad pública
Alejandra Mohor Bellalta
Investigadora asociada (TAP)
El discurso pronunciado por el Presidente Piñera el pasado 21 de mayo, ha sido aparentemente la ‘hoja de ruta’ que señala el camino que recorrerán las políticas de seguridad los próximos cuatro años. Vale la pena, entonces, reflexionar brevemente sobre algunos aspectos que nos parecen poco alentadores, con la intención de propiciar el debate y la reflexión hacia un destino exitoso.
Si bien la delincuencia es un problema que debe tener nuestra atención, es importante subrayar que la percepción de inseguridad que manifiestan los chilenos es desproporcionada a la realidad delictual, particularmente si la analizamos en relación a otros países de la región, donde el delito reviste características más violentas y con mayor frecuencia, y pese a ello los niveles de temor son menores. En este sentido, un discurso que enfatiza el abandono, por parte del Estado, al que estarían sometidas las víctimas del delito, genera una mayor sensación de inseguridad y aumenta la desconfianza en las instituciones del Estado que tienen el mandato de proteger a todas las personas.
Este énfasis se aprecia en diversos pasajes del referido discurso presidencial, pero nos parece particularmente importante respecto del anuncio de creación de un sistema de defensa y protección de las víctimas. Bastante se ha dicho ya al respecto, sin embargo, no se ha puesto el énfasis suficiente en señalar que es el Ministerio Público el mandatado a cumplir este rol. Y lo hace. No sólo se persiguen criminalmente los delitos, sino que se brinda atención específica y de calidad a las víctimas, que aun cuando sin duda siempre es necesario mejorar, es importante reconocer que se hace. De acuerdo con el estudio realizado por la Fiscalía Nacional, el 87% de los entrevistados, víctimas de violencia intrafamiliar, que fueron atendidos por las fiscalías del país, calificaron como ‘buena’ o ‘excelente’ la atención recibida. Este no es un dato menor.
Un análisis diferente es aquel respecto al trabajo que realizan los fiscales y el supuesto uso excesivo del archivo provisional – mayoritario en delitos de menor cuantía o sin imputado -, donde la discusión más útil sería aquella que apunta a introducir mejoras a ese trabajo. Esto, por ejemplo incorporando, de manera sistemática, la generación de procedimientos investigativos que apunten no a un caso particular sino a identificar patrones de delictuales asociados a la comisión de estos delitos. No obstante, sería un engaño decir a la ciudadanía que es posible perseguir un delito y condenar a quien lo cometió, si no hay ninguna información sobre uno o lo otro (como es el caso de robos en el trasporte o vía pública, en circunstancias poco claras y sin haber visto al responsable).
Un segundo tema, que nos parece fundamental, es el énfasis puesto en iniciativas de control y sanción, muy por sobre aquellas de prevención y rehabilitación. Sobre ésta última quisiéramos reflexionar en particular. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de impulsar una reforma cualitativa y cuantitativa a nuestro sistema penitenciario, donde debe iniciarse el proceso de reinserción de quienes han sido condenados por algún delito. Por otra parte, tanto la experiencia internacional como estudios locales, nos indican que es fundamental implementar estrategias integrales, articuladas local e interinstitucionalmente; y que involucren las redes familiares y sociales de los detenidos. Sólo de esta manera podrá reducirse significativamente la reincidencia, no con el aumento de penas ni con la reducción de los beneficios. La teoría de la elección racional no ha logrado ser probada en ninguna parte del mundo.
Por contraste, lo que observamos es una única propuesta de un estatuto laboral especial, para que los internos desarrollen un trabajo voluntario y remunerado. Si bien esto nos parece un avance, toda vez que las iniciativas laborales intra-muro existen pero sin un amparo legal, parece aún inviable de implementarse a cabalidad considerando que las deficiencias del sistema son estructurales. No se cuenta con infraestructura mínima que permita albergar programas de empleo al interior de las cárceles con cobertura masiva.
Tercero, más allá de que podamos compartir o no las iniciativas que han sido propuestas y que serán implementadas, creemos fundamental se considere para cada una – y para la política en general- un adecuado sistema de seguimiento y evaluación que permita dar cuenta de los resultados e impacto de cada una y del conjunto. Sólo de esta manera podrá tomarse decisiones más acertadas respecto de qué modificaciones debe introducirse, cuáles deben ser reformuladas o de plano dejar de implementarse. Pero esta evaluación debe ser considerada desde la formulación del programa, y con la participación de organismos externos y especializados.
Finalmente, quisiéramos poner la atención sobre el anuncio de urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio de Interior y Seguridad. Esta urgencia no es necesariamente una buena noticia. Si bien es cierto que urge darle una adecuada institucionalidad y estructura a la seguridad pública, es necesario revisar dicho proyecto e introducir en él cambios sustantivos que permitan que dicha institucionalidad sea eficaz, efectiva y eficiente. De lo contrario, nos encontraremos con un nuevo envoltorio para los mismos defectos de la estructura actual, en la que, por ejemplo, las policías sólo se vinculan administrativamente con la autoridad civil, a través de las subsecretarías, sin que exista un mandato de coordinación ni determinación de las acciones por parte de ésta.
Santiago de Chile, 26 de mayo de 2010
www.tallerasuntospublicos.blogspot.com
Investigadora asociada (TAP)
El discurso pronunciado por el Presidente Piñera el pasado 21 de mayo, ha sido aparentemente la ‘hoja de ruta’ que señala el camino que recorrerán las políticas de seguridad los próximos cuatro años. Vale la pena, entonces, reflexionar brevemente sobre algunos aspectos que nos parecen poco alentadores, con la intención de propiciar el debate y la reflexión hacia un destino exitoso.
Si bien la delincuencia es un problema que debe tener nuestra atención, es importante subrayar que la percepción de inseguridad que manifiestan los chilenos es desproporcionada a la realidad delictual, particularmente si la analizamos en relación a otros países de la región, donde el delito reviste características más violentas y con mayor frecuencia, y pese a ello los niveles de temor son menores. En este sentido, un discurso que enfatiza el abandono, por parte del Estado, al que estarían sometidas las víctimas del delito, genera una mayor sensación de inseguridad y aumenta la desconfianza en las instituciones del Estado que tienen el mandato de proteger a todas las personas.
Este énfasis se aprecia en diversos pasajes del referido discurso presidencial, pero nos parece particularmente importante respecto del anuncio de creación de un sistema de defensa y protección de las víctimas. Bastante se ha dicho ya al respecto, sin embargo, no se ha puesto el énfasis suficiente en señalar que es el Ministerio Público el mandatado a cumplir este rol. Y lo hace. No sólo se persiguen criminalmente los delitos, sino que se brinda atención específica y de calidad a las víctimas, que aun cuando sin duda siempre es necesario mejorar, es importante reconocer que se hace. De acuerdo con el estudio realizado por la Fiscalía Nacional, el 87% de los entrevistados, víctimas de violencia intrafamiliar, que fueron atendidos por las fiscalías del país, calificaron como ‘buena’ o ‘excelente’ la atención recibida. Este no es un dato menor.
Un análisis diferente es aquel respecto al trabajo que realizan los fiscales y el supuesto uso excesivo del archivo provisional – mayoritario en delitos de menor cuantía o sin imputado -, donde la discusión más útil sería aquella que apunta a introducir mejoras a ese trabajo. Esto, por ejemplo incorporando, de manera sistemática, la generación de procedimientos investigativos que apunten no a un caso particular sino a identificar patrones de delictuales asociados a la comisión de estos delitos. No obstante, sería un engaño decir a la ciudadanía que es posible perseguir un delito y condenar a quien lo cometió, si no hay ninguna información sobre uno o lo otro (como es el caso de robos en el trasporte o vía pública, en circunstancias poco claras y sin haber visto al responsable).
Un segundo tema, que nos parece fundamental, es el énfasis puesto en iniciativas de control y sanción, muy por sobre aquellas de prevención y rehabilitación. Sobre ésta última quisiéramos reflexionar en particular. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de impulsar una reforma cualitativa y cuantitativa a nuestro sistema penitenciario, donde debe iniciarse el proceso de reinserción de quienes han sido condenados por algún delito. Por otra parte, tanto la experiencia internacional como estudios locales, nos indican que es fundamental implementar estrategias integrales, articuladas local e interinstitucionalmente; y que involucren las redes familiares y sociales de los detenidos. Sólo de esta manera podrá reducirse significativamente la reincidencia, no con el aumento de penas ni con la reducción de los beneficios. La teoría de la elección racional no ha logrado ser probada en ninguna parte del mundo.
Por contraste, lo que observamos es una única propuesta de un estatuto laboral especial, para que los internos desarrollen un trabajo voluntario y remunerado. Si bien esto nos parece un avance, toda vez que las iniciativas laborales intra-muro existen pero sin un amparo legal, parece aún inviable de implementarse a cabalidad considerando que las deficiencias del sistema son estructurales. No se cuenta con infraestructura mínima que permita albergar programas de empleo al interior de las cárceles con cobertura masiva.
Tercero, más allá de que podamos compartir o no las iniciativas que han sido propuestas y que serán implementadas, creemos fundamental se considere para cada una – y para la política en general- un adecuado sistema de seguimiento y evaluación que permita dar cuenta de los resultados e impacto de cada una y del conjunto. Sólo de esta manera podrá tomarse decisiones más acertadas respecto de qué modificaciones debe introducirse, cuáles deben ser reformuladas o de plano dejar de implementarse. Pero esta evaluación debe ser considerada desde la formulación del programa, y con la participación de organismos externos y especializados.
Finalmente, quisiéramos poner la atención sobre el anuncio de urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio de Interior y Seguridad. Esta urgencia no es necesariamente una buena noticia. Si bien es cierto que urge darle una adecuada institucionalidad y estructura a la seguridad pública, es necesario revisar dicho proyecto e introducir en él cambios sustantivos que permitan que dicha institucionalidad sea eficaz, efectiva y eficiente. De lo contrario, nos encontraremos con un nuevo envoltorio para los mismos defectos de la estructura actual, en la que, por ejemplo, las policías sólo se vinculan administrativamente con la autoridad civil, a través de las subsecretarías, sin que exista un mandato de coordinación ni determinación de las acciones por parte de ésta.
Santiago de Chile, 26 de mayo de 2010
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sábado, 22 de mayo de 2010
BUSCANOS EN FACEBOOK
"Existen pocos datos que demuestren que el aumento de efectivos policiales adscritos a actividades de tipo tradicional reduzcan la criminalidad; sin embargo, la acción puede reducir el crimen cuando se inscribe en la filosofía de la resolución de problemas, y si permite o es capaz de generar alianzas con entidades dirigidas a atacar multiples factores de riesgo de la criminalidad" (U.S. Nacional Research Council)
jueves, 8 de abril de 2010
El Atraco (Dir. Pablo Agazzi, 2004)
A finales de los años ochenta, en Bolivia, una camioneta que lleva el sueldo de miles de trabajadores mineros es asaltada en pleno altiplano andino: el chofer, el cajero y el policía de escolta son victimados alevosamente. La cantidad de dinero robado sorprende y abruma a los mismos atracadores. Paradógicamente uno de estos atracadores se verá involucrado en la investigación del crimen.
viernes, 2 de abril de 2010
San Bernales (Subverso, 2008)
Un grupo de Hip Hop chileno recuenta de manera diferente la muerte del General de Carabineros de Chile, el General Bernales. Para ello la letra y el soporte visual se acercan a la vida profesional del General y al desempeño de la institución policial, para ello hace uso de registros históricos, como lo hace un buen periodista, entregando finalmente una cápsula comunicacional bastante diferente a las que aparecieron en los medios de comunicación cuando ocurrió el accidente que termino con la vida del General.
Tropa de Elite (Dir.José Padilha; 2007)
Basada en 12 informes de oficiales y de un psiquiatra de la Fuerza Policial de Río de Janeiro, la industria del cine brasileño nos entrega una historia sobre el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar de Río de Janeiro. Un capitán del BOPE quiere dejar su cargo y buscar un reemplazo mientras 2 amigos se destacan por su honestidad como oficiales de policía. La película critica a los usuarios de sustancias ilícitas porque los asumen responsables de la expansión del tráfico de drogas y la violencia. No deja de lado la tortura como comportamiento natural al interior de la práctica policial.
El Bonaerense (Dir. Pablo Trapero, 2002)
El trato militar y la verticalidad de mando se observa cuando el Subcomisario reta a dos policías por tener sucia la dependencia policial, la escena muestra también el nacimiento de una conveniente relación de oportunidad y beneficio entre el aspirante Mendoza y el Subcomisario Gallo.
- Donde esta su arma
- No la tengo señor
- Escúcheme Mendoza un policía sin arma no es policía. ¿Qué va hacer cuando venga un chorro con un chumbo?, ¿qué le va a decir, que es aspirante?
- Donde esta su arma
- No la tengo señor
- Escúcheme Mendoza un policía sin arma no es policía. ¿Qué va hacer cuando venga un chorro con un chumbo?, ¿qué le va a decir, que es aspirante?
Bajo la Piel ( Dir. Francisco Lombardi; 1996)
A finales del siglo pasado en un distrito rural, al norte del Perú, el policía Percy Corzo, debe realizar la investigación criminal de una serie de asesinatos en donde las victimas habían sido decapitadas y arrancados los ojos.
En la investigación de Corzo se mezcla el relato histórico y sociocultural de quienes habitan esas tierras, ligados a los antepasados de las culturas precolombinas Moche y Chimú; que se juntan a medianas condiciones materiales y precarias condiciones humanas, expresadas estas últimas, en aquellas conductas en donde priman variables, con intima relación al desempeño policial: el poder político, la influencia de ciertas clases sociales, el abuso de poder, el espíritu policial, la manipulación de la belleza, entre otras.
En la investigación de Corzo se mezcla el relato histórico y sociocultural de quienes habitan esas tierras, ligados a los antepasados de las culturas precolombinas Moche y Chimú; que se juntan a medianas condiciones materiales y precarias condiciones humanas, expresadas estas últimas, en aquellas conductas en donde priman variables, con intima relación al desempeño policial: el poder político, la influencia de ciertas clases sociales, el abuso de poder, el espíritu policial, la manipulación de la belleza, entre otras.
jueves, 11 de febrero de 2010
lunes, 1 de febrero de 2010
jueves, 28 de enero de 2010
martes, 19 de enero de 2010
jueves, 14 de enero de 2010
LA INSEGURIDAD DE GESTIONAR LA SEGURIDAD EN EL PERÚ
En Perú no existen registros oficiales confiables que den cuenta de la inseguridad objetiva o concreta, sumemos a ello el subregistro, producto de la denuncia ausente y, salvo que esta sirva para iniciar el tramite del seguro, tendremos un acotado sector social que hace uso de esta herramienta.
Mi hipótesis es que muchas voces de alarma provienen de la ideología conservadora del bien contra el mal. De la necesidad de una sociedad con miedo que apure transformaciones hacia políticas de mano dura o tolerancia cero, del aumento de penas, de irreflexivas concesiones de cárceles, de reducción de la edad para ser considerado imputable, de discursos emotivos y, sobre todo, de una amplia faceta policial y de tinta roja expuestos en los medios de comunicación masiva; entre tantas otras, que claro, no niega la existencia del fenómeno y de su presencia actual, sobre todo, en modelos de enriquecimiento desigual.
Las encuestas, todas las realizadas hasta ahora, expresan un alto nivel de inseguridad subjetiva, realidad no exclusiva del Perú, lo mismo ocurre en Chile (aunque exista un estancamiento de la victimización), en Bogota y en Buenos Aires, este último, el único lugar en donde se han llevado a cabo 10 encuestas anuales de victimización; lo que ha permitido un trabajo puntual, concreto, basado en certezas y con buenos resultados en los últimos años, sin por ello solucionar o revertir el fenómeno en su totalidad. La inseguridad entonces, no tiene su fuente exclusiva en el pirañita, las pandillas, ni en los secuestros al paso.
Al terminar el año 2009 se levanta la necesidad de crear un Observatorio contra la criminalidad. La propuesta no es nueva, ya ha estado presente, incluso en las reuniones de financistas internacionales pero decidieron abortar las medidas. ¿Por qué?, tal vez porque en el Perú los recursos se destinan a la compra de vehículos, motos y radios que potencian sólo la dimensión reactiva en las fuerzas de seguridad (FS), teniendo un rebote involuntario en la prevención situacional (la presencia de FS disminuye la oportunidad para la comisión de delitos), pero preventiva no es la intención inicial y la compra (licitada o no de recursos materiales) es una solución añeja sin experiencia de buenos resultados.
Me atrevo a decir que una estrategia nacional y local en el Perú debe contar con los siguientes componentes, sin ser los únicos:
La Institucionalidad. El Sistema Nacional ha obtenido experiencia en la presentación de planes anuales, muy bueno, lamentablemente la presentación es formal y no sirve como herramienta de gestión para llevar a cabo mediciones por competencias o resultados; en muchas ocasiones los objetivos de las agencias involucradas han sido solo la repetición de su misión institucional. Administrar justicia en el caso del poder judicial, por ejemplo.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debe fortalecer su actuar coordinador y complementario con las regiones del país y las demás agencias integrantes del sistema. Es irresponsable que el ente centralizador no cuente con todos los planes regionales, que permitan la coordinación y supervisión de objetivos medibles, la presencia de estímulos y desincentivos debe presentarse para estimular su concreción.
Otro rol del órgano central del sistema, es el liderazgo en la coordinación de tareas espaciales. Provincias grandes con presencia de violencia tiene factores desencadenantes que pueden ser desterrados. En muchas provincias, y es sólo un ejemplo, no se consume el alcohol conocido en Lima, las chicherías informales son frecuentes y el tipo de alcohol distribuido es exponencialmente destructivo de los factores de autocontrol individual y colectivo. La tarea Ministerio de Salud/ Inspectores Municipales/PNP/Ministerio Público esta pendiente y debe ser sostenible en el tiempo.
La medición certera. Cualquier política o programa en la materia debe contar con diagnósticos construidos ampliamente y mediante formulas cuantitativas y cualitativas. La experiencia de las encuestas de victimización debe ser recogida y aplicada con sus merecidas discusiones y modificaciones en nuestra realidad nacional y local. Los observatorios de seguridad, propuesta que da pie a este relato, resulta insuficiente si solo recoge las fuentes oficiales del Estado real. A esta aplicación deben sumarse mediciones de desempeño o de otros fenómenos particulares como es la violencia escolar, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, el desempeño policial y la evaluación de programas, etc.
Los “cluster” de la seguridad. Las mediciones deben ser acompañadas de lecturas integrales y diversificadas en la presencia territorial, profesional e inclusiva de sociedad civil, que coadyuve al funcionamiento eficiente de las intervenciones mixtas (público/privadas). Eso nos llevaría, otro ejemplo, a que el rol del fiscal (del nuevo proceso de justicia penal) no persiga el delito en específico, sino que haciendo uso de este encadenamiento propenso a la seguridad, persiga conductas, actividades habituales o fenómenos antisociales y delictuales.
El término “cluster”, extraído de la ingeniería informática y muy utilizado para el comercio actual, podría acomodarse en la solución de problemas sociales que requieren de múltiples agencias con presencia escalonada en la prevención, persecución, resocialización y de vuelta a la prevención; todas unidas mediante una red (de alta velocidad), de tal forma que su practicidad debe ser considerada dentro de un único sistema, el sistema de seguridad pública o de seguridad ciudadana. Este debe combinar condiciones de alto rendimiento, disponibilidad, responsabilidad, clara definición de competencias y funcionamiento en escala.
Mercado selectivo. Las intervenciones deben ser dirigidas con certezas, por ejemplo, las mediciones cuantitativas nos permiten reconocer que hay una alta presencia de victimización y de victimarios en jóvenes, varones y de escasos recursos. No resulta complicado ubicar estas zonas en las grandes ciudades peruanas, a esto sumemos la variable reincidencia, se acotan las poblaciones y se pueden priorizar y focalizar programas y recursos.
Nuestro actual sistema, basado en la lucha entre el bien y el mal, castiga eternamente a quien cometió un ilícito haciendo complicada su reincersión a la vida social, legal y productiva.
La hipocresía urbana y el cambio de matriz cultural. La ultima encuesta de la U. de Lima presenta que un 70% estaría a favor del toque de queda para combatir la inseguridad, como si fuese reducido el número de noctámbulos en las ciudades grandes, con el desbalance productivo que genera una medida como tal. El sistema vigente, sataniza al infractor (al carterista y al secuestrador) y los ven como alguien al que se debe castigar drásticamente y de manera ejemplar. Se pensará lo mismo de quienes no pagan impuestos, los que cruzan la luz roja, los que no respetan un paso peatonal o compran en el comercio informal. ¿Si vamos a ser mano dura lo vamos a ser con todos, o solo con quienes están históricamente marginados?
La lucha contra el fenómeno de la inseguridad es multidimensional y requiere de una abierta exposición de ideas y propuestas, desde aquí refuerzo aquella que se basa en que el camino va por dignificar y mejorar la calidad de vida de las personas.
La reforma policial. La reforma policial iniciada el 2001, como otras reformas del inicio de transición democrática, ha tenido fines abruptos. La política requiere convocar una nueva reforma policial que preste atención a la formación policial, no sólo en derechos humanos sino en desempeño, medición de funciones, la actuación en redes, la solución alternativa de conflictos, el uso del modelo POP, exitoso en otras realidades; y sobre todo, en el uso de la fuerza, esto último es fundamental, no en su legislación como se discutió hace poco, sino su practicidad.
Es irreverente ver como un policía puede ser rebasado en una confrontación; y como ellos, al encontrarse poco capacitados para reducir focos de magnificación de daños, se ven rápidamente tentados al uso excesivo de la fuerza y, además, pésimamente ejecutada, con una alta perdida de recursos y escasos logros. La desaparición del temor a hacer uso profesional de la fuerza física de parte de la policía debe contar con el respaldo del equipo de juristas del Ministerio del Interior y de la mano de la Defensoría del Policía. Evidentemente con una brava modificación en la formación al respecto.
La reforma debe relevar también la agencia de control interno, la lucha contra la corrupción, la evaluación de comisarías; y otros ámbitos, que merecen la participación de amplios sectores.
A esta lista abierta se debe sumar la inversión de recursos en la integralidad y complementariedad entre comisarías, la contratación de personal civil para labores de seguridad, la escalonada salida de policías a las calles, la formación en policías de proximidad, la aplicación de proyectos compartidos de recuperación de espacios públicos y de barrios vulnerables; entre otras. La salida al tema de inseguridad no se encuentra en aumentar la dotación policial y mucho menos en la exclusiva y masiva compra de autos y motos con circulina.
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