Roberto Jaén, (extraído de www.revistapaquidermo.com)
“Narcofosa”, ese es el nombre que se la da a las fosas comunes donde descansan, apilados, los cuerpos de mexicanos, mexicanas y otros centro y suramericanos, que han muerto en esta absurda guerra que hace años inició contra el crimen organizado en América Latina.
59 personas fueron encontradas en una “narcofosa” en México. ¿Quién los mató? Probablemente los “Zetas”, pero ulteriormente los mató el rechazo a aceptar el fracaso. La “Guerra contra las Drogas”, así definida por EEUU para militarizar a los países latinoamericanos en la lucha contra las drogas, ha sido un rotundo y brutal fracaso.
El Plan Colombia en el año 2000 dotó al gobierno colombiano con más de 1 billón de dólares de los cuáles más del 90% era ayuda de carácter militar. Un plan semejante, el llamado Plan Mérida, para México entregó 1.4 billones de dólares en ayuda principalmente militar también. Con ese dinero, más la declaración abierta de guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, México ha conseguido el triunfo de contar en casi 40000 las muertes asociadas a esta guerra desde el 2006.
Todo ese dinero, la militarización voraz y los discursos vacíos, han dejado en el camino, dos países que, sentido estricto, deberían considerarse “Estados Fallidos” en una abierta e interminable guerra interna.
Tal ha sido el fiasco, cada vez más y más mexicanos piensan que la Guerra contra las drogas que emprendió el gobierno de Calderón ha sido un fracaso, y que está siendo ganada por el narco o, peor aún, que ya está perdida.
En Colombia unos 21000 miembros, del ejército, los paramilitares o las FARC, han muerto en la guerra, mientras cerca de 14000 civiles también han perecido en esta lucha. Las FARC, aunque golpeadas, sobreviven, la “parapolítica” sigue siendo tema permanente en la sociedad colombiana, mientras más y más nexos entre políticos y líderes de las fuerzas armadas de ultra-derecha se descubren y, lo peor de todo, la producción y las ganancias permanecen constantes.
Por eso es que cuando Laura Chinchilla busca seguir el mismo camino y militarizar el asunto de las drogas en nuestro país la palabra “narcofosa” retumba en mi cabeza.
Pensar que los grandes buques militares, los marines rondando las costas, las armas y el entrenamiento militar sean la solución, viendo el caso de México y Colombia, me parece un pensamiento limitado. Limitado porque se remite un problema complejo a un aspecto de lucha cuerpo a cuerpo.
No sé cuál es la fórmula, ni pretendo asegurar que tengo la solución, pero creo que para lograr enfrentar el problema de la droga se tienen que tomar en cuenta las siguientes cuestiones:
1) La “droga” no es un asunto de guerra, es un problema de salud pública y educación, por tanto la política pública que se esgrima como solución pasa por ahí y no por las armas.
2) La gente va a seguir consumiendo drogas, quiera el gobierno y la iglesia o no, así es que mejor aceptar este hecho.
3) El asunto pasa, primero, por “the L Word”: La Legalización mina las ganancias de los grandes narcos y permite establecer una carga impositiva al producto, además de fiscalizar la calidad de lo que se consume (recuerden, salud pública).
4) La prensa y los medios han hecho parecer que la droga es un problema asociado a la marginalidad y la pobreza. Si usted averigua cuánto cuesta la cocaína en el mercado, podemos estar seguros que no es el “piedrerillo” de su barrio o las personas de zonas urbano-marginales los que consumen dicha droga. La capacidad adquisitiva para consumir cocaína debe ser alta. El problema no es de clase social, ni zonas específicas.
5) Cierto, destrozar y encarcelar a las “narcofamilias”, romper las redes de crimen organizado, muy bien, pero no se puede olvidar el crimen de cuello blanco, la legitimación de capitales, ahí está el negocio. Bancos, empresarios, facilitadores. A la cárcel siempre va el “piedrero” o el exmuellero porteño al que le encontraron medio kilo en la “panga”, nunca van los antes mencionados.
6) Aprender de los errores de los demás, el enfoque militar ha sido un fracaso en México y Colombia, no repitamos la misma experiencia.
De no incluir todo lo anterior, y seguro muchas variables y enfoques que estoy olvidando, cualquier política pública dirigida a enfrentar el problema de la droga está condenada a una “narcofosa”, esa es una realidad, si se quiere ver o no es otra cuestión.
NOS ESTAMOS MUDANDO A : www.tallerdeasuntospublicos.org LA GESTIÓN EFICAZ Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES POSIBLE
martes, 19 de abril de 2011
¿Qué son los bienes comunes?
"Quien hace escasear un recurso produce una necesidad y una necesidad puede hacer ganar un montón de dinero". Sobre la idea de "los bienes comunes" vs. maximizar el uso de los recursos aqui presentamos un video que presenta una idea basada en la deliberación. Como aquel orden discutido entre Hobbes y Locke pero llevado al mundo de la economía.
La vida se basa en recursos como son el mundo digital, los espacios públicos, la naturaleza, el acceso a educación, pero ¿es posible acceder siempre a ellos?.
La vida se basa en recursos como son el mundo digital, los espacios públicos, la naturaleza, el acceso a educación, pero ¿es posible acceder siempre a ellos?.
PEQUEÑAS ARMAS
Del documentalista Manuel Tello, Pequeñas Armas, exhibe como se puede ir bastante más allá del "todo comenzó como jugando". Entre el año 2009 y el 2010 fueron 1,072 niños y niñas quienes murieron o fueron lesionados a raíz del uso de armas de fuego, en Chile.
miércoles, 13 de abril de 2011
Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia
A partir del encuentro en la Universidad de Málaga, a inicios de abril, el Taller de Asuntos Públicos se constituye como parte de la Red Iberoamericana de análisis de datos de la delincuencia (RIADD), junto a otras 14 instituciones provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela,
Así, la RIADD, además de proponerse la consolidación como un equipo de trabajo, nos obligamos a recolectar, centralizar, estandarizar, analizar y recomendar en materia de seguridad ciudadana y política criminal, tendientes a la mejora en la generación y utilización de los datos oficiales. Establecer esquemas propios para la recolección de datos, homologar un conjunto de indicadores de delincuencia; y, establecer criterios para su confiabilidad.
Minuta primer seminario internacional
View more documents from kikecastro.
Observando los énfasis en los Planes de Gobierno (Perú 2011 - 2016)
Las elecciones en Perú han colocado al grupo de "Gana Perú" (liderado por Ollanta Humala) y a "Fuerza 2011" (por Keiko Fujimori)frente a frente en la decisiva segunda vuelta.
Para un mejor entendimiento de qué es lo que proponen iremos desagregando sus principales herramientas de gestión. En esta oportunidad les mostramos una mirada a los esquemas de sus planes de gobierno exhibidos en sus respectivos sitios institucionales.
Estaremos prontamente haciéndoles llegar análisis mas particulares sobre Empleo, competitividad y seguridad ciudadana.
Para un mejor entendimiento de qué es lo que proponen iremos desagregando sus principales herramientas de gestión. En esta oportunidad les mostramos una mirada a los esquemas de sus planes de gobierno exhibidos en sus respectivos sitios institucionales.
Esquema de los planes de gobierno
View more presentations from kikecastro.
Estaremos prontamente haciéndoles llegar análisis mas particulares sobre Empleo, competitividad y seguridad ciudadana.
viernes, 8 de abril de 2011
Analizando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (Chile.2010)
"Esta reducción - dice Alejandra Mohor- no se explica por acciones puntuales y específicas sino principalmente por medidas de largo plazo, por tareas que se iniciaron hace 6 años y que nadie daba un peso por ellas (...) Pero también por políticas sociales que tienen que ver con la reducción de condiciones que facilitan el ingreso a la carrera delictual"
Soc. Alejandra Mohor, coordinadora del Área de Prevención del CESC/INAP e investigadora asociada del TAP en programa radial «El Semáforo» de radio Universidad de Chile. 07.04.2011
Soc. Alejandra Mohor, coordinadora del Área de Prevención del CESC/INAP e investigadora asociada del TAP en programa radial «El Semáforo» de radio Universidad de Chile. 07.04.2011
Alemohor.radio u chile.enusc2010
View more presentations from kikecastro.
Una mirada critica a la manera actual de formar a los niños y niñas en las escuelas, un formato educativo heredado de la revolución industrial en donde se organizan como fabricas, los niños y niñas como jornaleros llamados al toque de timbre o de campana, con instalaciones separadas y clasificados por edades como si lo más importante en común fuese la edad de fabricación.
se formula el cambio de paradigma
se formula el cambio de paradigma
LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL PERU
Enrique Castro Vargas
Investigador asociado TAP/Perú
Hacia fines del año 2010, mil setecientos cuarenta y un (1,741) empresas fueron admitidas por el estado peruano para trabajar en materia de seguridad privada y esta situación genera que alrededor de 150 mil personas se desenvuelven en este ámbito. Lamentablemente, este acercamiento en cifras no valora el número real de empresas y empleados en seguridad privada de una sociedad alta, altísimamente, informal.
El eslabón de la seguridad privada es un factor diminuto e imperceptible cuando se hace política pública en materia de seguridad ciudadana en el Perú y que además se hace muy poca.
Desde el año 2005 la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada participa del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASEC) y es integrado en los planes nacionales con actividades bastante formales, baladíes y con metas ambiguas, evidentemente sin ningún monitoreo ni evaluación. Consideraciones negativas que resultan también transversales a los demás actores involucrados.
Actividades comprometidas por las empresas de seguridad privada en los Planes Anuales de SC
2007
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2008
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2009
* NINGUNA
2010
* Identificar y reportar a la Secretaría Técnica del CONASEC los servicios de seguridad que presta las empresas de seguridad privada.
Fuente: Elaboración propia, Planes Nacionales de seguridad ciudadana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Pese a su presencia en los planes nacionales no existe experiencia de participación de las empresas de seguridad en comités locales y en reciente trabajo del TAP en 3 municipios de Lima (Miraflores, Comas y Villa el Salvador) no aparecen participando en ningún espacio local. Las acciones del Plan 2010 fueron reportadas por la División de la Policía que centraliza esta información y no por la asociación de empresas de seguridad que en la actualidad se encuentra bastante beneficiada por el temor a ser víctima de un delito.
El mercado de la seguridad privada en el Perú viene creciendo e involucrando sumas importantes de dinero lo que viene acompañado del incremento de armas tanto para los que ejercen la seguridad como para los que la combaten desde la delincuencia, su presencia felizmente es poco aceptada como medio de seguridad para el ciudadano de a pie, quienes según las encuestas de opinión prefieren otros medios para brindarse seguridad.
Deficiencias de integración
Se apela, desde el gobierno, a la paulatina participación de la seguridad privada en seguridad urbana, sin embargo, como ya lo demostró la asociación "Ciudad Nuestra", la comunicación entre policías nacionales, serenos o guardias municipales y la seguridad privada se ve perjudicada por la tenencia de diferentes tipos de radio; incluso entre la misma policía nacional, lo que impide una adecuada comunicación entre estas fuerzas de seguridad estatal, municipal y ahora privada.
La ley y reglamento sobre servicios de seguridad privada dice poco a favor de la colaboración entre estas fuerzas, dejando la participación de personal operativo de seguridad privada a la colaboración, auxilio y apoyo sólo “en caso ser requerido por la policía nacional”. Y un tímido aviso a la seguridad privada para que “procuren compatibilizar los aspectos técnicos de los sistemas de comunicación (radial y otros) que emplean las centrales y personal operativo, con las fuerzas de la policía, serenazgos y cuerpo de bomberos”. La norma vuelve a señalar explícitamente la prohibición de desempeñar funciones que competen a la Policía Nacional.
Recién en la primera disposición complementaria del reglamento se menciona que la Dirección policial correspondiente (DICSCAMEC) en coordinación con las Municipalidades y los gremios empresariales de servicios de seguridad privada promoverán programas gratuitos de capacitación a personas naturales informales que presten servicios individuales de seguridad en viviendas o establecimientos, agrega de conformidad con el Plan nacional de seguridad ciudadana. Suponemos que el reglamento aprobado el 2011 se refiere al plan del año 2007 y 2008.
Estos denominados guachimanes (del inglés wacht man) pueden, no es imperativo según la norma, ser empadronados por los Municipios en convenio con la DICSCAMEC. En conclusión, la norma regula, clara y principalmente, el ingreso de diferentes tipos de empresas de seguridad al mercado nacional y menciona sin ninguna organicidad ni fuerza la participación de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana.
Armas ligeras en la actualidad peruana
Las muertes por arma de fuego aumentan en el país, el dato duro de homicidios crece mientras que –paradójicamente- la totalidad de delitos se reduce según la información de la Policía Nacional. De registrar 1,500 muertes en el año 2004 se pasa a hacerlo con más de 4,000 para el año 2010.
Sin embargo, en el plano de las normas y los acuerdos, el Perú, como pocos en América Latina, es el que más ha avanzado en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y ligeras. Anualmente presenta informes a la ONU sobre el plan de acción, es un defensor de procesos como el ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI (Instrumento internacional de marcaje y rastreo de armas), además constituyó una Comisión Nacional Multisectorial contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados) en donde la participación de la sociedad civil es aún limitada.
Sin embargo, el número de muertes asociadas a las armas de fuego, los mercados ilegales y su necesidad de defenderlos, el creciente trabajo de sicarios y los asaltos con mayor violencia parecen generar un aviso importante. A esto podemos agregar que según la PNP en el año 2010 se denunciaron como robadas y/o perdidas más de 1,400 armas de fuego y sólo se recuperaron 8.
En Perú hay avances importantes a nivel de política de estado para adecuarse a las líneas mayores de Naciones Unidas pero a nivel local, y en donde se desenvuelve el ciudadano de a pie, hay una cultura de la violencia y del arma que nos debe poner a trabajar en contrarrestar la presencia indiscriminada de armas de fuego transformándose hacia un uso racional, adecuado y excepcional ya que en ningún caso es intención de este artículo ir hacia la prohibición de su uso pero debemos evitar su presencia masiva e irracional.
Investigador asociado TAP/Perú
Hacia fines del año 2010, mil setecientos cuarenta y un (1,741) empresas fueron admitidas por el estado peruano para trabajar en materia de seguridad privada y esta situación genera que alrededor de 150 mil personas se desenvuelven en este ámbito. Lamentablemente, este acercamiento en cifras no valora el número real de empresas y empleados en seguridad privada de una sociedad alta, altísimamente, informal.
El eslabón de la seguridad privada es un factor diminuto e imperceptible cuando se hace política pública en materia de seguridad ciudadana en el Perú y que además se hace muy poca.
Desde el año 2005 la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada participa del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASEC) y es integrado en los planes nacionales con actividades bastante formales, baladíes y con metas ambiguas, evidentemente sin ningún monitoreo ni evaluación. Consideraciones negativas que resultan también transversales a los demás actores involucrados.
Actividades comprometidas por las empresas de seguridad privada en los Planes Anuales de SC
2007
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2008
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana
2009
* NINGUNA
2010
* Identificar y reportar a la Secretaría Técnica del CONASEC los servicios de seguridad que presta las empresas de seguridad privada.
Fuente: Elaboración propia, Planes Nacionales de seguridad ciudadana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Pese a su presencia en los planes nacionales no existe experiencia de participación de las empresas de seguridad en comités locales y en reciente trabajo del TAP en 3 municipios de Lima (Miraflores, Comas y Villa el Salvador) no aparecen participando en ningún espacio local. Las acciones del Plan 2010 fueron reportadas por la División de la Policía que centraliza esta información y no por la asociación de empresas de seguridad que en la actualidad se encuentra bastante beneficiada por el temor a ser víctima de un delito.
El mercado de la seguridad privada en el Perú viene creciendo e involucrando sumas importantes de dinero lo que viene acompañado del incremento de armas tanto para los que ejercen la seguridad como para los que la combaten desde la delincuencia, su presencia felizmente es poco aceptada como medio de seguridad para el ciudadano de a pie, quienes según las encuestas de opinión prefieren otros medios para brindarse seguridad.
Deficiencias de integración
Se apela, desde el gobierno, a la paulatina participación de la seguridad privada en seguridad urbana, sin embargo, como ya lo demostró la asociación "Ciudad Nuestra", la comunicación entre policías nacionales, serenos o guardias municipales y la seguridad privada se ve perjudicada por la tenencia de diferentes tipos de radio; incluso entre la misma policía nacional, lo que impide una adecuada comunicación entre estas fuerzas de seguridad estatal, municipal y ahora privada.
La ley y reglamento sobre servicios de seguridad privada dice poco a favor de la colaboración entre estas fuerzas, dejando la participación de personal operativo de seguridad privada a la colaboración, auxilio y apoyo sólo “en caso ser requerido por la policía nacional”. Y un tímido aviso a la seguridad privada para que “procuren compatibilizar los aspectos técnicos de los sistemas de comunicación (radial y otros) que emplean las centrales y personal operativo, con las fuerzas de la policía, serenazgos y cuerpo de bomberos”. La norma vuelve a señalar explícitamente la prohibición de desempeñar funciones que competen a la Policía Nacional.
Recién en la primera disposición complementaria del reglamento se menciona que la Dirección policial correspondiente (DICSCAMEC) en coordinación con las Municipalidades y los gremios empresariales de servicios de seguridad privada promoverán programas gratuitos de capacitación a personas naturales informales que presten servicios individuales de seguridad en viviendas o establecimientos, agrega de conformidad con el Plan nacional de seguridad ciudadana. Suponemos que el reglamento aprobado el 2011 se refiere al plan del año 2007 y 2008.
Estos denominados guachimanes (del inglés wacht man) pueden, no es imperativo según la norma, ser empadronados por los Municipios en convenio con la DICSCAMEC. En conclusión, la norma regula, clara y principalmente, el ingreso de diferentes tipos de empresas de seguridad al mercado nacional y menciona sin ninguna organicidad ni fuerza la participación de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana.
Armas ligeras en la actualidad peruana
Las muertes por arma de fuego aumentan en el país, el dato duro de homicidios crece mientras que –paradójicamente- la totalidad de delitos se reduce según la información de la Policía Nacional. De registrar 1,500 muertes en el año 2004 se pasa a hacerlo con más de 4,000 para el año 2010.
Sin embargo, en el plano de las normas y los acuerdos, el Perú, como pocos en América Latina, es el que más ha avanzado en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y ligeras. Anualmente presenta informes a la ONU sobre el plan de acción, es un defensor de procesos como el ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI (Instrumento internacional de marcaje y rastreo de armas), además constituyó una Comisión Nacional Multisectorial contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados) en donde la participación de la sociedad civil es aún limitada.
Sin embargo, el número de muertes asociadas a las armas de fuego, los mercados ilegales y su necesidad de defenderlos, el creciente trabajo de sicarios y los asaltos con mayor violencia parecen generar un aviso importante. A esto podemos agregar que según la PNP en el año 2010 se denunciaron como robadas y/o perdidas más de 1,400 armas de fuego y sólo se recuperaron 8.
En Perú hay avances importantes a nivel de política de estado para adecuarse a las líneas mayores de Naciones Unidas pero a nivel local, y en donde se desenvuelve el ciudadano de a pie, hay una cultura de la violencia y del arma que nos debe poner a trabajar en contrarrestar la presencia indiscriminada de armas de fuego transformándose hacia un uso racional, adecuado y excepcional ya que en ningún caso es intención de este artículo ir hacia la prohibición de su uso pero debemos evitar su presencia masiva e irracional.
martes, 5 de abril de 2011
SISTEMAS SOBRECARGADOS. Leyes de Drogas y Cárceles en América Latina
Extracto a partir de Informe con el mismo nombre que presenta WOLA y TNI, 2010/ Por Taller Asuntos Públicos.
El mundo de la fiscalización de las drogas con énfasis en las duras sanciones penales aprobadas en América Latina decanta en severas condenas de cárcel. Esto ha producido un gran aumento en el número de personas encarceladas por delitos de drogas, cuando su iniciativa se supone protegería la salud pública y la seguridad reduciendo la producción de drogas ilícitas, el tráfico y su consumo. Actualmente, al contrario, hay más gente presa y la industria de drogas ilícitas florece como nunca.
El estudio demuestra que la legislación no es solamente ineficaz para detener el tráfico sino que la externalidad negativa ha creado una alta sobre carga en los tribunales y el sufrimiento de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. La ley aplicada en los estratos más bajos delata la injusticia como también la ineficacia del sistema.
El informe arriba a las siguientes conclusiones:
1.Los países latinoamericanos no siempre han tenido leyes severas en el tema drogas y su adopción se debe a las últimas cuatro décadas, primero bajo regímenes autoritarios y luego durante un periodo de intensa presión internacional, de los Estados Unidos en particular, para endurecer las penas por delitos de drogas.
2. Las duras leyes de drogas y la manera como se aplican en AL conlleva a penas desproporcionadamente severas para los acusados por delitos relacionados a drogas. Quizás el caso más extremo lo tiene Ecuador donde las condenas resultan en penas mínimas de 12 a máximas de 25 años cuando la máxima por homicidio es de 16 años.
3.Las actuales leyes sobre el particular no distinguen adecuadamente entre delitos de drogas de bajo y de alto nivel, ni distinguen entre tipos de drogas, en general todos los vinculados con drogas están sujetos a penas comparativamente altas. En Bolivia, por ejemplo, se establece un subsistema penal paralelo a la normativa penal ordinaria caracterizado por la tendencia a una drasticidad irracional de la penalización que suprime derechos fundamentales.
4.Una legislación de drogas estricta y su agresiva aplicación son un factor determinante en el aumento de las tasas de encarcelamiento y, a menudo, hacinamiento en los países estudiados.
5.Un factor determinante en el hacinamiento es el uso de la prisión preventiva, que es obligatoria para los delitos de drogas en muchos países, independientemente de la gravedad de la infracción. Como resultado, muchas personas acusadas por delitos de drogas pasan largos periodos de tiempo tras las rejas antes de que sus casos pasen siquiera a ser considerados en los tribunales.
6.A las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso, o se les da un acceso limitado, a los beneficios procesales o a las oportunidades de penas alternativas, aunque éstos están frecuentemente a disposición de los acusados de otros tipos de delitos.
7.Los presupuestos y la infraestructura de las cárceles son muy deficientes en todos los países estudiados debido, en parte, a los importantes incrementos en el número de presos por delitos de drogas.
8.Es asombroso el alto número de personas en prisión por posesión simple de drogas, incluyendo la marihuana, hasta en países en donde el porte de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal no es un delito.
9.Los encarcelados por cargos de drogas proceden de los estratos más bajos de la cadena del tráfico de drogas, consumidores, correo de drogas, y distribuidores callejeros. Muy poco narcotraficantes de alto nivel están tras las rejas.
10.Las personas encarceladas bajo cargos de drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos, y limitadas oportunidades de empleo.
11.Un número cada vez mayor de mujeres, de “mulas” o correos de drogas, y de extranjeros están encarcelados por delitos de drogas.
12.En estos países, la calidad y la cantidad de la información disponible en fuentes gubernamentales sobre las leyes de drogas y cárceles son muy deficientes. Tratándose de un ámbito tan importante, una adecuada información sobre estos temas debería estar a disposición de los responsables políticos y del público.
Leer informe completo:
http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas_sobrecargados_web2.pdf
El mundo de la fiscalización de las drogas con énfasis en las duras sanciones penales aprobadas en América Latina decanta en severas condenas de cárcel. Esto ha producido un gran aumento en el número de personas encarceladas por delitos de drogas, cuando su iniciativa se supone protegería la salud pública y la seguridad reduciendo la producción de drogas ilícitas, el tráfico y su consumo. Actualmente, al contrario, hay más gente presa y la industria de drogas ilícitas florece como nunca.
El estudio demuestra que la legislación no es solamente ineficaz para detener el tráfico sino que la externalidad negativa ha creado una alta sobre carga en los tribunales y el sufrimiento de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. La ley aplicada en los estratos más bajos delata la injusticia como también la ineficacia del sistema.
El informe arriba a las siguientes conclusiones:
1.Los países latinoamericanos no siempre han tenido leyes severas en el tema drogas y su adopción se debe a las últimas cuatro décadas, primero bajo regímenes autoritarios y luego durante un periodo de intensa presión internacional, de los Estados Unidos en particular, para endurecer las penas por delitos de drogas.
2. Las duras leyes de drogas y la manera como se aplican en AL conlleva a penas desproporcionadamente severas para los acusados por delitos relacionados a drogas. Quizás el caso más extremo lo tiene Ecuador donde las condenas resultan en penas mínimas de 12 a máximas de 25 años cuando la máxima por homicidio es de 16 años.
3.Las actuales leyes sobre el particular no distinguen adecuadamente entre delitos de drogas de bajo y de alto nivel, ni distinguen entre tipos de drogas, en general todos los vinculados con drogas están sujetos a penas comparativamente altas. En Bolivia, por ejemplo, se establece un subsistema penal paralelo a la normativa penal ordinaria caracterizado por la tendencia a una drasticidad irracional de la penalización que suprime derechos fundamentales.
4.Una legislación de drogas estricta y su agresiva aplicación son un factor determinante en el aumento de las tasas de encarcelamiento y, a menudo, hacinamiento en los países estudiados.
5.Un factor determinante en el hacinamiento es el uso de la prisión preventiva, que es obligatoria para los delitos de drogas en muchos países, independientemente de la gravedad de la infracción. Como resultado, muchas personas acusadas por delitos de drogas pasan largos periodos de tiempo tras las rejas antes de que sus casos pasen siquiera a ser considerados en los tribunales.
6.A las personas acusadas y condenadas por delitos de drogas a menudo se les niega acceso, o se les da un acceso limitado, a los beneficios procesales o a las oportunidades de penas alternativas, aunque éstos están frecuentemente a disposición de los acusados de otros tipos de delitos.
7.Los presupuestos y la infraestructura de las cárceles son muy deficientes en todos los países estudiados debido, en parte, a los importantes incrementos en el número de presos por delitos de drogas.
8.Es asombroso el alto número de personas en prisión por posesión simple de drogas, incluyendo la marihuana, hasta en países en donde el porte de pequeñas cantidades de drogas para consumo personal no es un delito.
9.Los encarcelados por cargos de drogas proceden de los estratos más bajos de la cadena del tráfico de drogas, consumidores, correo de drogas, y distribuidores callejeros. Muy poco narcotraficantes de alto nivel están tras las rejas.
10.Las personas encarceladas bajo cargos de drogas provienen por lo general de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos con poca educación formal, bajos ingresos, y limitadas oportunidades de empleo.
11.Un número cada vez mayor de mujeres, de “mulas” o correos de drogas, y de extranjeros están encarcelados por delitos de drogas.
12.En estos países, la calidad y la cantidad de la información disponible en fuentes gubernamentales sobre las leyes de drogas y cárceles son muy deficientes. Tratándose de un ámbito tan importante, una adecuada información sobre estos temas debería estar a disposición de los responsables políticos y del público.
Leer informe completo:
http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/sistemas_sobrecargados_web2.pdf
Si quieres cuidar a tus hijos e hijas, las armas no son la salida
La tenencia de armas en casa aumentan la probabilidad de salir herido o morir en un enfrentamiento con delincuentes.
Taller de Asuntos Públicos esta en el cara libro (Búscanos en Facebook)
Taller de Asuntos Públicos esta en el cara libro (Búscanos en Facebook)
Campaña para recordar víctimas de Minas Antipersonales
En Colombia, aproximadamente una persona muere diariamente victima de una mina antipersonal. Hasta cuando.
Busca al Taller de Asuntos Públicos en el "cara libro" (estamos en Facebook).
Busca al Taller de Asuntos Públicos en el "cara libro" (estamos en Facebook).
lunes, 14 de marzo de 2011
¿El crecimiento económico de un país se vincula al respeto de condiciones dignas de trabajo?
Dra. Jennyfer Vallenas Arredondo
Investigadora Asociada
Área “Trabajo Digno”. TAP/Perú
Mineros, agricultores, obreros, y hasta empleados de oficina están expuestos a enfermedades relacionadas al trabajo que desempeñan. La enfermedad profesional es un estado patológico o temporal que proviene como consecuencia directa del trabajo o del medio en que se hubiera visto obligado a realizar sus labores. Son enfermedades profesionales aquellas que se encuentran en el listado de la OIT que se detalla más adelante, y dicha lista refleja un desarrollo novedoso en cuanto a la identificación y el reconocimiento de enfermedades profesionales en el mundo de hoy, por lo que el presente informe va dirigido a tomar conciencia sobre las condiciones de trabajo para la prevención de enfermedades profesionales.
En Perú, por ejemplo, la enfermedad profesional que se presenta con más frecuencia es la Neumoconiosis – Silicosis, enfermedad pulmonar que ocurre a los individuos, en su mayoría trabajadores mineros de socavones subterráneos, que están expuestos y respiran polvo o arena que contiene sílice cristalina que se queda atrapada en los pulmones ocasionando una fibrosis pulmonar. Cabe resaltar que la SILICE, por ejemplo, se usa en un sin número de industrias, no sólo en las Minas Subterráneas, también en la industria del vidrio, cuarzo, salitre, cemento, metalurgia, industria química, pinturas, cerámicas, mármol, en la industria de filtros, pulimentos, tuberías, construcción y jabón; y es la principal causa de la Silicosis con una presencia bastante amplia entre los trabajadores manuales. Por ello, son considerados peligrosos los trabajos con exposición a polvo en lugares cerrados y mal ventilados, el uso de martillos mecánicos y otros medios técnicos que generan nubes de polvo y que aumentan el riesgo.
Los jornaleros y jornaleras del sector agrario, vinculados al proceso de cultivo, protección y cosecha se encuentran en muchos casos expuestos a pesticidas dañinos para el humano. Y estos son como los ejemplos más “visibles”.
Por todo ello, consideramos necesario que sea el Estado -mediante su función legisladora y fiscalizadora-, junto al empleador y el trabajador, quienes de manera conjunta, tomen acciones de prevención y no sólo se considere la compensación económica, como ocurre con la normativa actual, para la judicialización respecto de las enfermedades profesionales.
En conclusión, el desarrollo económico del cualquier país, siempre traerá consigo cambios en los modelos de trabajo, por lo que debería estar acompañado de avances en materia de respeto a la calidad de vida y dignidad laboral amparada por los sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Este es un compromiso del Taller de Asuntos Públicos que inicia mediante su área de “Trabajo Digno”.
Para terminar, es nuestra responsabilidad presentarles la lista de enfermedades profesionales aprobada por la OIT (2010):
1. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulte de las actividades laborales
1.1. Enfermedades causadas por agentes químicos
1.1.1. Enfermedades causadas por berilio o sus compuestos
1.1.2. Enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos
1.1.3. Enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos
1.1.4. Enfermedades causadas por cromo o sus compuestos
1.1.5. Enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos
1.1.6. Enfermedades causadas por arsénico o sus compuestos
1.1.7. Enfermedades causadas por mercurio o sus compuestos
1.1.8. Enfermedades causadas por plomo o sus compuestos
1.1.9. Enfermedades causadas por flúor o sus compuestos
1.1.10. Enfermedades causadas por disulfuro de carbono
1.1.11. Enfermedades causadas por los derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos o aromáticos
1.1.12. Enfermedades causadas por benceno o sus homólogos
1.1.13. Enfermedades causadas por los derivados nitrados y amínicos del benceno o de sus homólogos
1.1.14. Enfermedades causadas por nitroglicerina u otros ésteres del ácido nítrico
1.1.15. Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o cetonas
1.1.16. Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno o sus derivados
1.1.17. Enfermedades causadas por acrilonitrilo
1.1.18. Enfermedades causadas por óxidos de nitrógeno
1.1.19. Enfermedades causadas por vanadio o sus compuestos
1.1.20. Enfermedades causadas por antimonio o sus compuestos
1.1.21. Enfermedades causadas por hexano
1.1.22. Enfermedades causadas por ácidos minerales
1.1.23. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos
1.1.24. Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos
1.1.25. Enfermedades causadas por talio o sus compuestos
1.1.26. Enfermedades causadas por osmio o sus compuestos
1.1.27. Enfermedades causadas por selenio o sus compuestos
1.1.28. Enfermedades causadas por cobre o sus compuestos
1.1.29. Enfermedades causadas por platino o sus compuestos
1.1.30. Enfermedades causadas por estaño o sus compuestos
1.1.31. Enfermedades causadas por zinc o sus compuestos
1.1.32. Enfermedades causadas por fosgeno
1.1.33. Enfermedades causadas por sustancias irritantes de la córnea como benzoquinona
1.1.34. Enfermedades causadas por amoniaco
1.1.35. Enfermedades causadas por isocianatos
1.1.36. Enfermedades causadas por plaguicidas
1.1.37. Enfermedades causadas por óxidos de azufre
1.1.38. Enfermedades causadas por disolventes orgánicos
1.1.39. Enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex
1.1.40. Enfermedades causadas por cloro
1.1.41. Enfermedades causadas por otros agentes químicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes químicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.
1.2. Enfermedades causadas por agentes físicos
1.2.1. Deterioro de la audición causada por ruido
1.2.2. Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios periféricos)
1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido
1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes
1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de luz visible, infrarroja), incluido el láser
1.2.6. Enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas
1.2.7. Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes físicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador
1.3. Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias
1.3.1. Brucelosis
1.3.2. Virus de la hepatitis
1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
1.3.4. Tétanos
1.3.5. Tuberculosis
1.3.6. Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes bacterianos o fúngicos
1.3.7. Ántrax
1.3.8. Leptospirosis
1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.
2. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado
2.1. Enfermedades del sistema respiratorio
2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvo mineral fibrogénico (silicosis, antracosilicosis, asbestosis)
2.1.2. Silicotuberculosis
2.1.3. Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogénico
2.1.4. Siderosis
2.1.5. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales duros
2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón (bisinosis), de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de azúcar (bagazosis)
2.1.7. Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al proceso de trabajo
2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de polvos orgánicos o de aerosoles contaminados por microbios que resulte de las actividades laborales
2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra, polvo de madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo de locales para animales, polvo de textiles, y polvo de papel que resulte de las actividades laborales
2.1.10. Enfermedades pulmonares causadas por aluminio
2.1.11. Trastornos de las vías respiratorias superiores causados por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al proceso de trabajo
2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.
2.2. Enfermedades de la piel
2.2.1. Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causadas por otros alérgenos reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.2. Dermatosis irritante de contacto causada por otros agentes irritantes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.3. Vitiligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.4. Otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, químicos o biológicos en el trabajo no incluidos en otros puntos cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la piel contraída(s) por el trabajador
2.3. Enfermedades del sistema osteomuscular
2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca
2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca
2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región del codo
2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición de rodillas
2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo
2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de trabajo en posición de rodillas o en cuclillas
2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca, o una combinación de estos tres factores
2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) del sistema osteomuscular contraído(s) por el trabajador
2.4. Trastornos mentales y del comportamiento
2.4.1. Trastorno de estrés postraumático
2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) mentales o del comportamiento contraído(s) por el trabajador
3. Cáncer profesional
3.1. Cáncer causado por los agentes siguientes
3.1.1. Amianto o asbesto
3.1.2. Bencidina y sus sales
3.1.3. Éter bis-clorometílico
3.1.4. Compuestos de cromo VI
3.1.5. Alquitranes de hulla, brea de carbón u hollín
3.1.6. Beta-naftilamina
3.1.7. Cloruro de vinilo
3.1.8. Benceno
3.1.9. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno o de sus homólogos
3.1.10. Radiaciones ionizantes
3.1.11. Alquitrán, brea, betún, aceite mineral, antraceno, o los compuestos, productos o residuos de estas sustancias
3.1.12. Emisiones de hornos de coque
3.1.13. Compuestos de níquel
3.1.14. Polvo de madera 3.1.15. Arsénico y sus compuestos
3.1.16. Berilio y sus compuestos
3.1.17. Cadmio y sus compuestos
3.1.18. Erionita
3.1.19. Óxido de etileno
3.1.20. Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)
3.1.21. Cáncer causado por otros agentes en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes que resulte de las actividades laborales y el cáncer contraído por el trabajador
4. Otras enfermedades
4.1. Nistagmo de los mineros
4.2. Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o procesos no mencionados en esta lista cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador
Investigadora Asociada
Área “Trabajo Digno”. TAP/Perú
Mineros, agricultores, obreros, y hasta empleados de oficina están expuestos a enfermedades relacionadas al trabajo que desempeñan. La enfermedad profesional es un estado patológico o temporal que proviene como consecuencia directa del trabajo o del medio en que se hubiera visto obligado a realizar sus labores. Son enfermedades profesionales aquellas que se encuentran en el listado de la OIT que se detalla más adelante, y dicha lista refleja un desarrollo novedoso en cuanto a la identificación y el reconocimiento de enfermedades profesionales en el mundo de hoy, por lo que el presente informe va dirigido a tomar conciencia sobre las condiciones de trabajo para la prevención de enfermedades profesionales.
En Perú, por ejemplo, la enfermedad profesional que se presenta con más frecuencia es la Neumoconiosis – Silicosis, enfermedad pulmonar que ocurre a los individuos, en su mayoría trabajadores mineros de socavones subterráneos, que están expuestos y respiran polvo o arena que contiene sílice cristalina que se queda atrapada en los pulmones ocasionando una fibrosis pulmonar. Cabe resaltar que la SILICE, por ejemplo, se usa en un sin número de industrias, no sólo en las Minas Subterráneas, también en la industria del vidrio, cuarzo, salitre, cemento, metalurgia, industria química, pinturas, cerámicas, mármol, en la industria de filtros, pulimentos, tuberías, construcción y jabón; y es la principal causa de la Silicosis con una presencia bastante amplia entre los trabajadores manuales. Por ello, son considerados peligrosos los trabajos con exposición a polvo en lugares cerrados y mal ventilados, el uso de martillos mecánicos y otros medios técnicos que generan nubes de polvo y que aumentan el riesgo.
Los jornaleros y jornaleras del sector agrario, vinculados al proceso de cultivo, protección y cosecha se encuentran en muchos casos expuestos a pesticidas dañinos para el humano. Y estos son como los ejemplos más “visibles”.
Por todo ello, consideramos necesario que sea el Estado -mediante su función legisladora y fiscalizadora-, junto al empleador y el trabajador, quienes de manera conjunta, tomen acciones de prevención y no sólo se considere la compensación económica, como ocurre con la normativa actual, para la judicialización respecto de las enfermedades profesionales.
En conclusión, el desarrollo económico del cualquier país, siempre traerá consigo cambios en los modelos de trabajo, por lo que debería estar acompañado de avances en materia de respeto a la calidad de vida y dignidad laboral amparada por los sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Este es un compromiso del Taller de Asuntos Públicos que inicia mediante su área de “Trabajo Digno”.
Para terminar, es nuestra responsabilidad presentarles la lista de enfermedades profesionales aprobada por la OIT (2010):
1. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulte de las actividades laborales
1.1. Enfermedades causadas por agentes químicos
1.1.1. Enfermedades causadas por berilio o sus compuestos
1.1.2. Enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos
1.1.3. Enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos
1.1.4. Enfermedades causadas por cromo o sus compuestos
1.1.5. Enfermedades causadas por manganeso o sus compuestos
1.1.6. Enfermedades causadas por arsénico o sus compuestos
1.1.7. Enfermedades causadas por mercurio o sus compuestos
1.1.8. Enfermedades causadas por plomo o sus compuestos
1.1.9. Enfermedades causadas por flúor o sus compuestos
1.1.10. Enfermedades causadas por disulfuro de carbono
1.1.11. Enfermedades causadas por los derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos o aromáticos
1.1.12. Enfermedades causadas por benceno o sus homólogos
1.1.13. Enfermedades causadas por los derivados nitrados y amínicos del benceno o de sus homólogos
1.1.14. Enfermedades causadas por nitroglicerina u otros ésteres del ácido nítrico
1.1.15. Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles o cetonas
1.1.16. Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno o sus derivados
1.1.17. Enfermedades causadas por acrilonitrilo
1.1.18. Enfermedades causadas por óxidos de nitrógeno
1.1.19. Enfermedades causadas por vanadio o sus compuestos
1.1.20. Enfermedades causadas por antimonio o sus compuestos
1.1.21. Enfermedades causadas por hexano
1.1.22. Enfermedades causadas por ácidos minerales
1.1.23. Enfermedades causadas por agentes farmacéuticos
1.1.24. Enfermedades causadas por níquel o sus compuestos
1.1.25. Enfermedades causadas por talio o sus compuestos
1.1.26. Enfermedades causadas por osmio o sus compuestos
1.1.27. Enfermedades causadas por selenio o sus compuestos
1.1.28. Enfermedades causadas por cobre o sus compuestos
1.1.29. Enfermedades causadas por platino o sus compuestos
1.1.30. Enfermedades causadas por estaño o sus compuestos
1.1.31. Enfermedades causadas por zinc o sus compuestos
1.1.32. Enfermedades causadas por fosgeno
1.1.33. Enfermedades causadas por sustancias irritantes de la córnea como benzoquinona
1.1.34. Enfermedades causadas por amoniaco
1.1.35. Enfermedades causadas por isocianatos
1.1.36. Enfermedades causadas por plaguicidas
1.1.37. Enfermedades causadas por óxidos de azufre
1.1.38. Enfermedades causadas por disolventes orgánicos
1.1.39. Enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex
1.1.40. Enfermedades causadas por cloro
1.1.41. Enfermedades causadas por otros agentes químicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes químicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.
1.2. Enfermedades causadas por agentes físicos
1.2.1. Deterioro de la audición causada por ruido
1.2.2. Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios periféricos)
1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomprimido
1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes
1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones ópticas (ultravioleta, de luz visible, infrarroja), incluido el láser
1.2.6. Enfermedades causadas por exposición a temperaturas extremas
1.2.7. Enfermedades causadas por otros agentes físicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes físicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador
1.3. Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias
1.3.1. Brucelosis
1.3.2. Virus de la hepatitis
1.3.3. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
1.3.4. Tétanos
1.3.5. Tuberculosis
1.3.6. Síndromes tóxicos o inflamatorios asociados con contaminantes bacterianos o fúngicos
1.3.7. Ántrax
1.3.8. Leptospirosis
1.3.9. Enfermedades causadas por otros agentes biológicos en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.
2. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado
2.1. Enfermedades del sistema respiratorio
2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvo mineral fibrogénico (silicosis, antracosilicosis, asbestosis)
2.1.2. Silicotuberculosis
2.1.3. Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogénico
2.1.4. Siderosis
2.1.5. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales duros
2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodón (bisinosis), de lino, de cáñamo, de sisal o de caña de azúcar (bagazosis)
2.1.7. Asma causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al proceso de trabajo
2.1.8. Alveolitis alérgica extrínseca causada por inhalación de polvos orgánicos o de aerosoles contaminados por microbios que resulte de las actividades laborales
2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causadas por inhalación de polvo de carbón, polvo de canteras de piedra, polvo de madera, polvo de cereales y del trabajo agrícola, polvo de locales para animales, polvo de textiles, y polvo de papel que resulte de las actividades laborales
2.1.10. Enfermedades pulmonares causadas por aluminio
2.1.11. Trastornos de las vías respiratorias superiores causados por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos e inherentes al proceso de trabajo
2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio no mencionadas en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador.
2.2. Enfermedades de la piel
2.2.1. Dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causadas por otros alérgenos reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.2. Dermatosis irritante de contacto causada por otros agentes irritantes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.3. Vitiligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales
2.2.4. Otras enfermedades de la piel causadas por agentes físicos, químicos o biológicos en el trabajo no incluidos en otros puntos cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la piel contraída(s) por el trabajador
2.3. Enfermedades del sistema osteomuscular
2.3.1. Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca
2.3.2. Tenosinovitis crónica de la mano y la muñeca debida a movimientos repetitivos, esfuerzos intensos y posturas extremas de la muñeca
2.3.3. Bursitis del olécranon debida a presión prolongada en la región del codo
2.3.4. Bursitis prerrotuliana debida a estancia prolongada en posición de rodillas
2.3.5. Epicondilitis debida a trabajo intenso y repetitivo
2.3.6. Lesiones de menisco consecutivas a períodos prolongados de trabajo en posición de rodillas o en cuclillas
2.3.7. Síndrome del túnel carpiano debido a períodos prolongados de trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entrañe vibraciones, posturas extremas de la muñeca, o una combinación de estos tres factores
2.3.8. Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) del sistema osteomuscular contraído(s) por el trabajador
2.4. Trastornos mentales y del comportamiento
2.4.1. Trastorno de estrés postraumático
2.4.2. Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y lo(s) trastornos(s) mentales o del comportamiento contraído(s) por el trabajador
3. Cáncer profesional
3.1. Cáncer causado por los agentes siguientes
3.1.1. Amianto o asbesto
3.1.2. Bencidina y sus sales
3.1.3. Éter bis-clorometílico
3.1.4. Compuestos de cromo VI
3.1.5. Alquitranes de hulla, brea de carbón u hollín
3.1.6. Beta-naftilamina
3.1.7. Cloruro de vinilo
3.1.8. Benceno
3.1.9. Derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno o de sus homólogos
3.1.10. Radiaciones ionizantes
3.1.11. Alquitrán, brea, betún, aceite mineral, antraceno, o los compuestos, productos o residuos de estas sustancias
3.1.12. Emisiones de hornos de coque
3.1.13. Compuestos de níquel
3.1.14. Polvo de madera 3.1.15. Arsénico y sus compuestos
3.1.16. Berilio y sus compuestos
3.1.17. Cadmio y sus compuestos
3.1.18. Erionita
3.1.19. Óxido de etileno
3.1.20. Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC)
3.1.21. Cáncer causado por otros agentes en el trabajo no mencionados en los puntos anteriores cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes que resulte de las actividades laborales y el cáncer contraído por el trabajador
4. Otras enfermedades
4.1. Nistagmo de los mineros
4.2. Otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o procesos no mencionados en esta lista cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición que resulte de las actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraída(s) por el trabajador
jueves, 10 de marzo de 2011
Termoelectrica en Atacama
La energia que se demanda y el medio ambiente sustentable. ¿Cuáles son las opciones?. Desde aqui el TaP informa a la comunidad virtual que al norte de Chile, en Atacama, se pretende construir la termoelectrica más grande de Sudamérica, una maquinaria que extraería mucha agua de las costas y que produciran energía quemando carbón. El proyecto a recibido serios cuestionamientos de quienes hicieron la evaluación de Impacto Ambiental. El TaP subraya su postura conservacionista del medio ambiente y el camino por la búsqueda de nuevas energías, limpias y renovables.
miércoles, 9 de marzo de 2011
Homicidios en la mira
Por: Hugo Müller Solón
Abogado
Investigador Asociado del TAP/PERU
mullerabogados@hotmail.com
Más allá de relacionar seguridad ciudadana con demandas policiales conforme lo hacen los candidatos presidenciales en el Perú, (Enrique Castro en ¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?; TAP, 2011) la oferta electoral es totalmente pobre en materia de seguridad ciudadana. Nadie ha tomado en cuenta, que el fenómeno de la inseguridad es un tema de urgencia para la agenda pública y debiera contener compromisos y proposiciones serias, técnicas, multiagenciadas y aprovechando las muchas experiencias internacionales y nacionales en la materia.
El Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2010 de la CIDH, ubica a la delincuencia como preocupación principal de los habitantes, y un Informe similar realizado por el Latinobarómetro (Chile) señala que la delincuencia como problema principal en América Latina se ha venido incrementado desde un 9% en el 2004 hasta un 27% en el 2010. Por otro lado, el Perú viene liderando las encuestas de mayor percepción de inseguridad y de victimización en Latinoamérica y el Caribe, conforme lo señala la investigación internacional 2010 del Barómetro de las Américas (USA).
La Policía Nacional señala que el año 2005 se registraron 3,057 denuncias por homicidios, 3,141 (2006), 2,934 (2007), 3,332 (2008) y 2,985 el 2009 a nivel nacional; el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 (CONASEC), indica que el año 2009, el Perú alcanzó una tasa de incidencia de homicidios de 10.9 por cada 100 mil habitantes, año en que según el INEI el Perú tenía aproximadamente 29´132,013 millones de habitantes, lo que significaría que ese año se cometieron 3,175 homicidios y no 2,985 como registra la PNP, un promedio de 9 víctimas diarias por acción de la criminalidad. La manipulación de estadísticas, no viene a ser un comentario nuevo y considero que aún estos estimados son de mayor magnitud. Por esa premeditada falta de transparencia no se hace realidad la creación de los Observatorios de la Criminalidad.
¿Y qué tan fácil resulta a un delincuente portar un arma y cometer un homicidio? Cualquier persona puede transitar a pié o en vehículo, portando armas de fuego, sin temor a ser intervenido por la Policía, dado el carácter reactivo de los efectivos policiales que siguen un modelo de trabajo que no logra un equilibrio entre la institucionalidad de la seguridad y el requerimiento social. Muchas armas de fuego portadas ilegalmente se podrían detectar solo cumpliendo el procedimiento policial del Art. 205 del Código Procesal Penal, el cual señala que para prevenir el delito la policía puede requerir la identificación de cualquier persona, pudiendo inclusive conducirlo a una Comisaría y retenerlo hasta por cuatro horas si no exhibe su documento de identidad y puede registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. Lo que se conoce como “el control de identidad”.
A mi juicio el Ejecutivo aprovecha la creciente inseguridad para manipular políticamente a la población; el discurso populista intenta hacernos creer que lo único que nos salvará de la delincuencia son las medidas provenientes del Gobierno central, lo que en épocas electoreras, tiende a acrecentarse. Lo cierto es que se pierde valioso tiempo y seguimos sin contar con una política de Estado definida para combatir la criminalidad. Las nuevas estrategias, basadas en el trabajo coordinado y responsable de todos los estamentos vinculados al sistema nacional de seguridad ciudadana no existen. El problema de la criminalidad debe continuarse enfrentando, fundamentalmente con la Policía sí, pero con estrategias muy diferentes a las utilizadas en el pasado y sin descuidar el tema de la corrupción que pudiera haber infiltrado este importante eslabón de la seguridad ciudadana.
Hoy en día, los homicidios en el Perú vienen siendo cometidos con armas de fuego hasta por jóvenes adolescentes, inclusive se dice que estarían siendo utilizados como sicarios de las bandas criminales organizadas, aprovechando que gozan de impunidad por razón de la edad y al respecto solo se habla de un endurecimiento de penas como solución al problema. No deberíamos esperar a llegar a situaciones extremas.
En Honduras se han enviado a las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas para el combate a la criminalidad; en México más de un centenar de elementos militares y policiales —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado; y, en Uruguay se informa recientemente que unos 1.000 efectivos del Ministerio de Defensa pasarán como reclasificados a cumplir tareas de vigilancia como policías. ¿Es que los gobernantes y responsables de comandar la policía peruana esperan llegar a ese tipo de medidas?
Abogado
Investigador Asociado del TAP/PERU
mullerabogados@hotmail.com
Más allá de relacionar seguridad ciudadana con demandas policiales conforme lo hacen los candidatos presidenciales en el Perú, (Enrique Castro en ¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?; TAP, 2011) la oferta electoral es totalmente pobre en materia de seguridad ciudadana. Nadie ha tomado en cuenta, que el fenómeno de la inseguridad es un tema de urgencia para la agenda pública y debiera contener compromisos y proposiciones serias, técnicas, multiagenciadas y aprovechando las muchas experiencias internacionales y nacionales en la materia.
El Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2010 de la CIDH, ubica a la delincuencia como preocupación principal de los habitantes, y un Informe similar realizado por el Latinobarómetro (Chile) señala que la delincuencia como problema principal en América Latina se ha venido incrementado desde un 9% en el 2004 hasta un 27% en el 2010. Por otro lado, el Perú viene liderando las encuestas de mayor percepción de inseguridad y de victimización en Latinoamérica y el Caribe, conforme lo señala la investigación internacional 2010 del Barómetro de las Américas (USA).
La Policía Nacional señala que el año 2005 se registraron 3,057 denuncias por homicidios, 3,141 (2006), 2,934 (2007), 3,332 (2008) y 2,985 el 2009 a nivel nacional; el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 (CONASEC), indica que el año 2009, el Perú alcanzó una tasa de incidencia de homicidios de 10.9 por cada 100 mil habitantes, año en que según el INEI el Perú tenía aproximadamente 29´132,013 millones de habitantes, lo que significaría que ese año se cometieron 3,175 homicidios y no 2,985 como registra la PNP, un promedio de 9 víctimas diarias por acción de la criminalidad. La manipulación de estadísticas, no viene a ser un comentario nuevo y considero que aún estos estimados son de mayor magnitud. Por esa premeditada falta de transparencia no se hace realidad la creación de los Observatorios de la Criminalidad.
¿Y qué tan fácil resulta a un delincuente portar un arma y cometer un homicidio? Cualquier persona puede transitar a pié o en vehículo, portando armas de fuego, sin temor a ser intervenido por la Policía, dado el carácter reactivo de los efectivos policiales que siguen un modelo de trabajo que no logra un equilibrio entre la institucionalidad de la seguridad y el requerimiento social. Muchas armas de fuego portadas ilegalmente se podrían detectar solo cumpliendo el procedimiento policial del Art. 205 del Código Procesal Penal, el cual señala que para prevenir el delito la policía puede requerir la identificación de cualquier persona, pudiendo inclusive conducirlo a una Comisaría y retenerlo hasta por cuatro horas si no exhibe su documento de identidad y puede registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. Lo que se conoce como “el control de identidad”.
A mi juicio el Ejecutivo aprovecha la creciente inseguridad para manipular políticamente a la población; el discurso populista intenta hacernos creer que lo único que nos salvará de la delincuencia son las medidas provenientes del Gobierno central, lo que en épocas electoreras, tiende a acrecentarse. Lo cierto es que se pierde valioso tiempo y seguimos sin contar con una política de Estado definida para combatir la criminalidad. Las nuevas estrategias, basadas en el trabajo coordinado y responsable de todos los estamentos vinculados al sistema nacional de seguridad ciudadana no existen. El problema de la criminalidad debe continuarse enfrentando, fundamentalmente con la Policía sí, pero con estrategias muy diferentes a las utilizadas en el pasado y sin descuidar el tema de la corrupción que pudiera haber infiltrado este importante eslabón de la seguridad ciudadana.
Hoy en día, los homicidios en el Perú vienen siendo cometidos con armas de fuego hasta por jóvenes adolescentes, inclusive se dice que estarían siendo utilizados como sicarios de las bandas criminales organizadas, aprovechando que gozan de impunidad por razón de la edad y al respecto solo se habla de un endurecimiento de penas como solución al problema. No deberíamos esperar a llegar a situaciones extremas.
En Honduras se han enviado a las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas para el combate a la criminalidad; en México más de un centenar de elementos militares y policiales —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado; y, en Uruguay se informa recientemente que unos 1.000 efectivos del Ministerio de Defensa pasarán como reclasificados a cumplir tareas de vigilancia como policías. ¿Es que los gobernantes y responsables de comandar la policía peruana esperan llegar a ese tipo de medidas?
¿Ideas en materia de Seguridad Ciudadana?
Abierta convocatoria para escribir en Revista Latinoamerica de Seguridad Ciudadana (URVIO-FLACSO, Ecuador), sobre el denominado "Populismo Penal", que tiene en el discurso político a la sanción y la pena carcelaria como la mejor propuesta pública para reducir la inseguridad.
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flacsoandes.org%2Furvio%2Fimg%2FConvocatoria_URVIO_12.pdf&h=86299
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flacsoandes.org%2Furvio%2Fimg%2FConvocatoria_URVIO_12.pdf&h=86299
viernes, 4 de marzo de 2011
¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?
Enrique Castro Vargas
Investigador Asociado TAP
Los candidatos a la presidencia exhibieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana con un elocuente y casi exclusivo énfasis en la familia policial, evitando considerar la multidimensionalidad e intersectorialidad que implica el trabajo de seguridad pública. Ya sea porque es una necesidad racional o por tratarse de un cálculo electoral (es un bolsón importante el voto policial), las propuestas consideraron, casi en consenso, el aumento del sueldo de los Policías, conservar la cédula viva o sueldo pensionario como si se estuviera en actividad y la eliminación del sistema de trabajo 24 x 24, en donde un día se trabaja para el Estado y el día siguiente para un privado.
Sin duda, la policía es un actor relevante para enfrentar el fenómeno de la inseguridad no obstante se subraya repetidas veces que es un problema amplio que abarca - y crea- un “sistema” de seguridad pública en donde intervienen los subniveles de gobierno, varios y diferentes servicios públicos estatales y; además, agentes privados, en su modalidad empresarial y en la de sociedad civil. Elucubración que quedo fuera del discurso de los candidatos.
La Policía Nacional merece retomar el proceso de reforma estructural que se inicia con la transición democrática, con cambios consultados y empujados desde dentro de la Institución teniendo como objetivo el “profesionalizar” y “democratizar” la Policía. De nada sirve contar con 20 o 30 mil nuevos policías (propuesta de PPK y Castañeda) si estos son nuevas miles de personas para temer y desconfiar. Es impostergable la formación y desarrollo de sistemas de accountability policial (interno y externo) que decante en una mejor policía. La Institución requiere de un proceso de limpieza y, sobre todo, de mejora de su imagen, a través de medidas estructurales y de impacto.
Además, resulta peligroso policializar la ciudadanía mediante un “servicio policial voluntario” (Gana Perú); la Prevención, por su parte, como un trabajo tematizado en la eliminación de la violencia, la supresión del consumo problemático de alcohol y drogas (programas de reducción del daño), la intervención sicosocial en infractores, la reconstrucción de lazos sociales en hombres y mujeres marginados, la atención a víctimas, la Violencia Intrafamiliar (problema principal de la sociedad peruana) y la reducción de factores de riesgo como es la exclusión, no fueron considerados por los candidatos y lo más cercano fue hablar de la educación en valores que, paradójicamente, lo señala Fujimori. Menos aún se habló de una prevención territorializada, que permita coordinar con los niveles de gobierno o una política de recuperación de barrios que integra al Ministerio de Vivienda. Nada.
Al contrario se remarco la necesidad de ser más duros y más severos. Mano dura y penalización de faltas espera tener aceptación en una sociedad atemorizada, sin embargo, la experiencia nacional e internacional da muestras de que estas fórmulas no dan resultados; y que a contramano, en el caso de faltas leves, “la justicia penal restaurativa” que se desarrolla en el Agustino y en Chiclayo han dado buenos resultados, reduciendo la reincidencia a un 7%, y que experiencias como la del Juez Calatayud en España, abanderado de las penas alternativas, provocó la reducción de reincidencia a un 8%. En Zimbawe, donde se aplica el mismo sistema sólo el 10% de quienes cumplieron el servicio comunitario, son reincidentes. Experiencias exitosas.
Interconectar comisarias (Castañeda) es una necesidad evidente pero la demanda por información es mayor pues no se cuenta con un índice de vulnerabilidad socio delictual, por ejemplo, o un observatorio criminal para ser menos ambiciosos. Nadie menciona como fortalecer la dinámica funcional de los comités, nadie parece querer meterse con el sistema penitenciario, ni con el nuevo sistema de justicia penal ni mucho menos con los medios de comunicación. Cabe la oportunidad para decir que la seguridad ciudadana no son sólo tres patas o tres columnas (Municipio, PNP y Sociedad Civil), es un “sistema con subsistemas” (así de complejo); y decir que hay solo tres es dejar fuera de la micro a pasajeros necesarios.
Recogemos la propuesta de pensar en un Ministerio de Seguridad Ciudadana (Rodríguez Cuadros) pero ello requiere un largo proceso de recambio en los mandos y de nuevas matrices de enseñanza en las fuerzas policiales, en integrar a civiles en materia de prevención y de control, así como en las acciones de resocialización.
Investigador Asociado TAP
Los candidatos a la presidencia exhibieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana con un elocuente y casi exclusivo énfasis en la familia policial, evitando considerar la multidimensionalidad e intersectorialidad que implica el trabajo de seguridad pública. Ya sea porque es una necesidad racional o por tratarse de un cálculo electoral (es un bolsón importante el voto policial), las propuestas consideraron, casi en consenso, el aumento del sueldo de los Policías, conservar la cédula viva o sueldo pensionario como si se estuviera en actividad y la eliminación del sistema de trabajo 24 x 24, en donde un día se trabaja para el Estado y el día siguiente para un privado.
Sin duda, la policía es un actor relevante para enfrentar el fenómeno de la inseguridad no obstante se subraya repetidas veces que es un problema amplio que abarca - y crea- un “sistema” de seguridad pública en donde intervienen los subniveles de gobierno, varios y diferentes servicios públicos estatales y; además, agentes privados, en su modalidad empresarial y en la de sociedad civil. Elucubración que quedo fuera del discurso de los candidatos.
La Policía Nacional merece retomar el proceso de reforma estructural que se inicia con la transición democrática, con cambios consultados y empujados desde dentro de la Institución teniendo como objetivo el “profesionalizar” y “democratizar” la Policía. De nada sirve contar con 20 o 30 mil nuevos policías (propuesta de PPK y Castañeda) si estos son nuevas miles de personas para temer y desconfiar. Es impostergable la formación y desarrollo de sistemas de accountability policial (interno y externo) que decante en una mejor policía. La Institución requiere de un proceso de limpieza y, sobre todo, de mejora de su imagen, a través de medidas estructurales y de impacto.
Además, resulta peligroso policializar la ciudadanía mediante un “servicio policial voluntario” (Gana Perú); la Prevención, por su parte, como un trabajo tematizado en la eliminación de la violencia, la supresión del consumo problemático de alcohol y drogas (programas de reducción del daño), la intervención sicosocial en infractores, la reconstrucción de lazos sociales en hombres y mujeres marginados, la atención a víctimas, la Violencia Intrafamiliar (problema principal de la sociedad peruana) y la reducción de factores de riesgo como es la exclusión, no fueron considerados por los candidatos y lo más cercano fue hablar de la educación en valores que, paradójicamente, lo señala Fujimori. Menos aún se habló de una prevención territorializada, que permita coordinar con los niveles de gobierno o una política de recuperación de barrios que integra al Ministerio de Vivienda. Nada.
Al contrario se remarco la necesidad de ser más duros y más severos. Mano dura y penalización de faltas espera tener aceptación en una sociedad atemorizada, sin embargo, la experiencia nacional e internacional da muestras de que estas fórmulas no dan resultados; y que a contramano, en el caso de faltas leves, “la justicia penal restaurativa” que se desarrolla en el Agustino y en Chiclayo han dado buenos resultados, reduciendo la reincidencia a un 7%, y que experiencias como la del Juez Calatayud en España, abanderado de las penas alternativas, provocó la reducción de reincidencia a un 8%. En Zimbawe, donde se aplica el mismo sistema sólo el 10% de quienes cumplieron el servicio comunitario, son reincidentes. Experiencias exitosas.
Interconectar comisarias (Castañeda) es una necesidad evidente pero la demanda por información es mayor pues no se cuenta con un índice de vulnerabilidad socio delictual, por ejemplo, o un observatorio criminal para ser menos ambiciosos. Nadie menciona como fortalecer la dinámica funcional de los comités, nadie parece querer meterse con el sistema penitenciario, ni con el nuevo sistema de justicia penal ni mucho menos con los medios de comunicación. Cabe la oportunidad para decir que la seguridad ciudadana no son sólo tres patas o tres columnas (Municipio, PNP y Sociedad Civil), es un “sistema con subsistemas” (así de complejo); y decir que hay solo tres es dejar fuera de la micro a pasajeros necesarios.
Recogemos la propuesta de pensar en un Ministerio de Seguridad Ciudadana (Rodríguez Cuadros) pero ello requiere un largo proceso de recambio en los mandos y de nuevas matrices de enseñanza en las fuerzas policiales, en integrar a civiles en materia de prevención y de control, así como en las acciones de resocialización.
jueves, 3 de marzo de 2011
Documental "PRESUNTO CULPABLE" es censurada en México
El día de ayer, miercoles 02 de febrero, la Jueza Blanca Lobo Dominguez notifico a la secretaría de Gobernación el haber concedido la suspensión provisional de la autorización que permite exhibir documental "Presunto Culpable".
"Esto ocurre por una demanda de Amparo interpuesta en contra de actos de autoridad emitidos por la Direción general de Radio y Televisión y Cinematografía, entre otras instancias" (El Universal.mx)
La pelicula cuenta el caso de un joven, Toño, condenado a 20 años de carcel por un crimen sobre el cual no existe ninguna prueba contundente que lo inculpe. En esta situación dos jóvenes abogados deciden pelear el caso en los ambitos judiciales y mediaticos. Aqui la historia...
"Esto ocurre por una demanda de Amparo interpuesta en contra de actos de autoridad emitidos por la Direción general de Radio y Televisión y Cinematografía, entre otras instancias" (El Universal.mx)
La pelicula cuenta el caso de un joven, Toño, condenado a 20 años de carcel por un crimen sobre el cual no existe ninguna prueba contundente que lo inculpe. En esta situación dos jóvenes abogados deciden pelear el caso en los ambitos judiciales y mediaticos. Aqui la historia...
martes, 1 de marzo de 2011
Musica de Integración
El grupo "Calle 13" aprovecho la tribuna del Festival de Viña del Mar (2011) para subir el volumen de la integración latinoamericana desde el recuerdo y la queja.
"Soy una fabrica de humo/mano de obra campesina para tu consumo/ frente de frío en el medio del verano/el amor en los tiempos del cólera mi hermano" "El sol que nace y el día que muere/con los mejores atardeceres/soy el desarrollo en carne viva/un discurso político sin saliva".
Calle 13 hace unos días en el festival Viña del Mar (Chile, 2011).
Les dejamos la exhibición de arte e integración...
"Soy una fabrica de humo/mano de obra campesina para tu consumo/ frente de frío en el medio del verano/el amor en los tiempos del cólera mi hermano" "El sol que nace y el día que muere/con los mejores atardeceres/soy el desarrollo en carne viva/un discurso político sin saliva".
Calle 13 hace unos días en el festival Viña del Mar (Chile, 2011).
Les dejamos la exhibición de arte e integración...
martes, 15 de febrero de 2011
LOS INTERESES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU
Por Hugo Müller Solón (Abogado); Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos
mullerabogados@hotmail.com
Vemos con preocupación que contra la inseguridad y la violencia que nos agobia a los peruanos y peruanas - que nos ubica en el primer lugar entre 26 países por tener los niveles más altos en percepción y victimización de la delincuencia, conforme ha informado la Encuesta “Barómetro de las Américas” en su edición 2010- nuestros gobernantes se empeñan en seguir utilizando procedimientos obsoletos, medianamente eficaces en otros tiempos, pero no ahora en que el contexto nos presenta nuevos y diferentes escenarios.
Aparentemente tenemos una gobernabilidad que no tiene la capacidad suficiente para encontrar mejores soluciones y que ante su ineficacia suele decirnos que con más recursos y más policías en las calles se resuelve el problema pero al final de la inversión y de mayor presencia policial el problema sigue igual o peor que antes. Es innegable que se trata de un asunto de gobernabilidad y lo urgente es detener la creciente inseguridad y la violencia que cada día parece más incontrolable, pero además, es importante que los gobernantes (gobierno central y gobiernos locales) incluyan en sus administraciones a asesores y expertos en seguridad y violencia, algo que no parece importarles mucho. Haber sido policía o militar no es una garantía del conocimiento requerido, los mejores investigadores y expertos de reconocido prestigio, nunca pertenecieron a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.
Pero el problema va más allá de la contratación de los expertos porque si bien es cierto muy poco se puede hacer cuando no se sabe qué hacer, menos resultados y logros habrán cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas y peor aún, cuando de por medio existen intereses personales o determinadas orientaciones de trabajo dirigidas a satisfacer planteamientos o propuestas políticas. Por ejemplo si el objetivo principal de la policía es velar por la tranquilidad de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿Por qué el ciudadano desconfía de la policía?; la razón es que las estrategias para disminuir la delincuencia que se vienen utilizando en el país, han venido dejando de lado deliberadamente, la relación del policía con la sociedad, porque actualmente otros son los intereses de la seguridad ciudadana.
Basta con observar el comportamiento de los policías en las calles mostrando un perfil eminentemente reactivo frente al delito es decir intervienen después que el delito se ha cometido y detienen a las personas cuando se encuentran requisitoriadas o cuando han sido sorprendidas en flagrante delito. Ese es el modelo del Policía del Siglo XXI que el Perú tiene hasta la fecha y resulta evidente los intereses de la seguridad ciudadana porque lo vemos a diario en los medios de comunicación, frente a la incapacidad de la gobernabilidad para elaborar políticas públicas contra el crimen, es el mismo Poder Ejecutivo a través de su Ministro del Interior, quien aparece ahora como ente político y planificador de las operaciones policiales represivas aprovechando que bajo su dependencia se encuentra la Policía Nacional para explotar al máximo sus resultados a favor de la imagen del partido político gobernante. No se privilegia la prevención del delito porque no permite titulares sensacionalistas, no obstante es la principal función de la policía en el Perú y en las policías de todo el mundo.
El resultado de esta manipulada imagen policial que tergiversa los reales intereses de la seguridad ciudadana, lo observamos en una encuesta nacional realizada por Ipsos/Apoyo en diciembre 2009, el 47% de peruanos encuestados estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc., con lo cual se le hace el juego perfecto a la ineficacia y a la incapacidad de la gobernabilidad, quienes de esa manera han encontrado la fórmula perfecta para justificar sus falencias. Ultimadamente los comandos policiales suelen ser responsabilizados, lo mismo que las autoridades locales por no apoyar a la policía, siempre habrá a quien culpar. Círculo vicioso del cual ojalá podamos salir con el próximo Gobierno, caso contrario las consecuencias serán impredecibles.
mullerabogados@hotmail.com
Vemos con preocupación que contra la inseguridad y la violencia que nos agobia a los peruanos y peruanas - que nos ubica en el primer lugar entre 26 países por tener los niveles más altos en percepción y victimización de la delincuencia, conforme ha informado la Encuesta “Barómetro de las Américas” en su edición 2010- nuestros gobernantes se empeñan en seguir utilizando procedimientos obsoletos, medianamente eficaces en otros tiempos, pero no ahora en que el contexto nos presenta nuevos y diferentes escenarios.
Aparentemente tenemos una gobernabilidad que no tiene la capacidad suficiente para encontrar mejores soluciones y que ante su ineficacia suele decirnos que con más recursos y más policías en las calles se resuelve el problema pero al final de la inversión y de mayor presencia policial el problema sigue igual o peor que antes. Es innegable que se trata de un asunto de gobernabilidad y lo urgente es detener la creciente inseguridad y la violencia que cada día parece más incontrolable, pero además, es importante que los gobernantes (gobierno central y gobiernos locales) incluyan en sus administraciones a asesores y expertos en seguridad y violencia, algo que no parece importarles mucho. Haber sido policía o militar no es una garantía del conocimiento requerido, los mejores investigadores y expertos de reconocido prestigio, nunca pertenecieron a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.
Pero el problema va más allá de la contratación de los expertos porque si bien es cierto muy poco se puede hacer cuando no se sabe qué hacer, menos resultados y logros habrán cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas y peor aún, cuando de por medio existen intereses personales o determinadas orientaciones de trabajo dirigidas a satisfacer planteamientos o propuestas políticas. Por ejemplo si el objetivo principal de la policía es velar por la tranquilidad de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿Por qué el ciudadano desconfía de la policía?; la razón es que las estrategias para disminuir la delincuencia que se vienen utilizando en el país, han venido dejando de lado deliberadamente, la relación del policía con la sociedad, porque actualmente otros son los intereses de la seguridad ciudadana.
Basta con observar el comportamiento de los policías en las calles mostrando un perfil eminentemente reactivo frente al delito es decir intervienen después que el delito se ha cometido y detienen a las personas cuando se encuentran requisitoriadas o cuando han sido sorprendidas en flagrante delito. Ese es el modelo del Policía del Siglo XXI que el Perú tiene hasta la fecha y resulta evidente los intereses de la seguridad ciudadana porque lo vemos a diario en los medios de comunicación, frente a la incapacidad de la gobernabilidad para elaborar políticas públicas contra el crimen, es el mismo Poder Ejecutivo a través de su Ministro del Interior, quien aparece ahora como ente político y planificador de las operaciones policiales represivas aprovechando que bajo su dependencia se encuentra la Policía Nacional para explotar al máximo sus resultados a favor de la imagen del partido político gobernante. No se privilegia la prevención del delito porque no permite titulares sensacionalistas, no obstante es la principal función de la policía en el Perú y en las policías de todo el mundo.
El resultado de esta manipulada imagen policial que tergiversa los reales intereses de la seguridad ciudadana, lo observamos en una encuesta nacional realizada por Ipsos/Apoyo en diciembre 2009, el 47% de peruanos encuestados estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc., con lo cual se le hace el juego perfecto a la ineficacia y a la incapacidad de la gobernabilidad, quienes de esa manera han encontrado la fórmula perfecta para justificar sus falencias. Ultimadamente los comandos policiales suelen ser responsabilizados, lo mismo que las autoridades locales por no apoyar a la policía, siempre habrá a quien culpar. Círculo vicioso del cual ojalá podamos salir con el próximo Gobierno, caso contrario las consecuencias serán impredecibles.
domingo, 6 de febrero de 2011
Torturas en cárcel de Mendoza, Argentina.
El abogado de Derechos Humanos Diego Lavado (Asociación Xumec) denunció éste miércoles (02/01/11) la existencia de torturas al interior del complejo de Seguridad de San Felipe (Méndoza, Argentina) para lo cual mostro las imagenes que aqui presentamos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)