Por: Hugo Müller
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos/PERU
mullerabogados@hotmail.com
Una noticia muy relevante y notable es la reciente creación de la Red Iberoamericana de Análisis de Datos de la Delincuencia (RIADD) en la Universidad De Málaga – España, desde donde un grupo de investigadores acreditados y provenientes de los 15 países que la integran (entre ellos el Perú) , buscarán consolidar una fuente de información pública de divulgación y análisis de datos en materia de delincuencia que permita un acercamiento fiable a la realidad delictiva y al funcionamiento de los sistemas penales en Iberoamérica, y que además afiance redes de trabajo conjunto y colaboración entre las diversas instituciones que, a nivel internacional y/o nacional, realicen trabajos de investigación sobre estos aspectos.
Tarea bastante difícil por cierto pero que viene a llenar un vacío de información importante y necesario, en particular para el caso peruano, en donde hasta la fecha y no obstante venirse anunciando desde el año 2006, el Gobierno no cumple con implementar el denominado Observatorio del Crimen que en su primera etapa según lo anunciado debía instalarse en las ciudades de Lima, Cuzco y Trujillo por intermedio del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y cuyo principal objetivo sería precisamente producir información sobre criminalidad y violencia. Por otro lado no se ha cumplido tampoco con la creación del organismo especializado a cargo de la Policía Nacional encargado de centralizar información proveniente tanto del Ministerio Público como de la Policía, sobre la delincuencia común y organizada conforme lo establece el Nuevo Código Procesal Penal del año 2004 (Art. 333°), en tanto que con anterioridad a la promulgación de la norma penal, era la estadística policial, aún con sus limitaciones técnicas, el mejor referente para estandarizar y analizar indicadores sobre delincuencia y violencia en general; hoy en día, las denuncias son registradas indistintamente ante la Policía o el Ministerio Público, sin que exista un registro único para fines estadísticos. Las encuestas sobre victimización tampoco son prioridad del gobierno y la última conocida con información más actualizada, data del año 2005, fecha desde la cual no se ha vuelto a realizar otra encuesta similar. Sin embargo el resultado de recientes encuestas (2010) tanto del Latinobarómetro como del Barómetro de las Américas revelan que el Perú ocupa el primer lugar en victimización y en percepción de inseguridad, por lo que esta herramienta de trabajo del RIADD permitirá contar con información consolidada y confiable que revele datos que por lo demás, no es posible acceder normalmente por intermedio de las agencias estatales o canales de información del Estado.
De esta manera, el RIADD, se constituye en el eje principal de recolección de información fiable y contable en la región Iberoamericana, útil y muy necesaria para la población, sobre todo para los investigadores, estudiosos, especialistas y académicos que frecuentemente requieren de esta información en su afán de colaborar con la gobernabilidad presentando propuestas técnicas, y debidamente documentadas.
NOS ESTAMOS MUDANDO A : www.tallerdeasuntospublicos.org LA GESTIÓN EFICAZ Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ES POSIBLE
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viernes, 6 de mayo de 2011
martes, 19 de abril de 2011
NARCOFOSA
Roberto Jaén, (extraído de www.revistapaquidermo.com)
“Narcofosa”, ese es el nombre que se la da a las fosas comunes donde descansan, apilados, los cuerpos de mexicanos, mexicanas y otros centro y suramericanos, que han muerto en esta absurda guerra que hace años inició contra el crimen organizado en América Latina.
59 personas fueron encontradas en una “narcofosa” en México. ¿Quién los mató? Probablemente los “Zetas”, pero ulteriormente los mató el rechazo a aceptar el fracaso. La “Guerra contra las Drogas”, así definida por EEUU para militarizar a los países latinoamericanos en la lucha contra las drogas, ha sido un rotundo y brutal fracaso.
El Plan Colombia en el año 2000 dotó al gobierno colombiano con más de 1 billón de dólares de los cuáles más del 90% era ayuda de carácter militar. Un plan semejante, el llamado Plan Mérida, para México entregó 1.4 billones de dólares en ayuda principalmente militar también. Con ese dinero, más la declaración abierta de guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, México ha conseguido el triunfo de contar en casi 40000 las muertes asociadas a esta guerra desde el 2006.
Todo ese dinero, la militarización voraz y los discursos vacíos, han dejado en el camino, dos países que, sentido estricto, deberían considerarse “Estados Fallidos” en una abierta e interminable guerra interna.
Tal ha sido el fiasco, cada vez más y más mexicanos piensan que la Guerra contra las drogas que emprendió el gobierno de Calderón ha sido un fracaso, y que está siendo ganada por el narco o, peor aún, que ya está perdida.
En Colombia unos 21000 miembros, del ejército, los paramilitares o las FARC, han muerto en la guerra, mientras cerca de 14000 civiles también han perecido en esta lucha. Las FARC, aunque golpeadas, sobreviven, la “parapolítica” sigue siendo tema permanente en la sociedad colombiana, mientras más y más nexos entre políticos y líderes de las fuerzas armadas de ultra-derecha se descubren y, lo peor de todo, la producción y las ganancias permanecen constantes.
Por eso es que cuando Laura Chinchilla busca seguir el mismo camino y militarizar el asunto de las drogas en nuestro país la palabra “narcofosa” retumba en mi cabeza.
Pensar que los grandes buques militares, los marines rondando las costas, las armas y el entrenamiento militar sean la solución, viendo el caso de México y Colombia, me parece un pensamiento limitado. Limitado porque se remite un problema complejo a un aspecto de lucha cuerpo a cuerpo.
No sé cuál es la fórmula, ni pretendo asegurar que tengo la solución, pero creo que para lograr enfrentar el problema de la droga se tienen que tomar en cuenta las siguientes cuestiones:
1) La “droga” no es un asunto de guerra, es un problema de salud pública y educación, por tanto la política pública que se esgrima como solución pasa por ahí y no por las armas.
2) La gente va a seguir consumiendo drogas, quiera el gobierno y la iglesia o no, así es que mejor aceptar este hecho.
3) El asunto pasa, primero, por “the L Word”: La Legalización mina las ganancias de los grandes narcos y permite establecer una carga impositiva al producto, además de fiscalizar la calidad de lo que se consume (recuerden, salud pública).
4) La prensa y los medios han hecho parecer que la droga es un problema asociado a la marginalidad y la pobreza. Si usted averigua cuánto cuesta la cocaína en el mercado, podemos estar seguros que no es el “piedrerillo” de su barrio o las personas de zonas urbano-marginales los que consumen dicha droga. La capacidad adquisitiva para consumir cocaína debe ser alta. El problema no es de clase social, ni zonas específicas.
5) Cierto, destrozar y encarcelar a las “narcofamilias”, romper las redes de crimen organizado, muy bien, pero no se puede olvidar el crimen de cuello blanco, la legitimación de capitales, ahí está el negocio. Bancos, empresarios, facilitadores. A la cárcel siempre va el “piedrero” o el exmuellero porteño al que le encontraron medio kilo en la “panga”, nunca van los antes mencionados.
6) Aprender de los errores de los demás, el enfoque militar ha sido un fracaso en México y Colombia, no repitamos la misma experiencia.
De no incluir todo lo anterior, y seguro muchas variables y enfoques que estoy olvidando, cualquier política pública dirigida a enfrentar el problema de la droga está condenada a una “narcofosa”, esa es una realidad, si se quiere ver o no es otra cuestión.
“Narcofosa”, ese es el nombre que se la da a las fosas comunes donde descansan, apilados, los cuerpos de mexicanos, mexicanas y otros centro y suramericanos, que han muerto en esta absurda guerra que hace años inició contra el crimen organizado en América Latina.
59 personas fueron encontradas en una “narcofosa” en México. ¿Quién los mató? Probablemente los “Zetas”, pero ulteriormente los mató el rechazo a aceptar el fracaso. La “Guerra contra las Drogas”, así definida por EEUU para militarizar a los países latinoamericanos en la lucha contra las drogas, ha sido un rotundo y brutal fracaso.
El Plan Colombia en el año 2000 dotó al gobierno colombiano con más de 1 billón de dólares de los cuáles más del 90% era ayuda de carácter militar. Un plan semejante, el llamado Plan Mérida, para México entregó 1.4 billones de dólares en ayuda principalmente militar también. Con ese dinero, más la declaración abierta de guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, México ha conseguido el triunfo de contar en casi 40000 las muertes asociadas a esta guerra desde el 2006.
Todo ese dinero, la militarización voraz y los discursos vacíos, han dejado en el camino, dos países que, sentido estricto, deberían considerarse “Estados Fallidos” en una abierta e interminable guerra interna.
Tal ha sido el fiasco, cada vez más y más mexicanos piensan que la Guerra contra las drogas que emprendió el gobierno de Calderón ha sido un fracaso, y que está siendo ganada por el narco o, peor aún, que ya está perdida.
En Colombia unos 21000 miembros, del ejército, los paramilitares o las FARC, han muerto en la guerra, mientras cerca de 14000 civiles también han perecido en esta lucha. Las FARC, aunque golpeadas, sobreviven, la “parapolítica” sigue siendo tema permanente en la sociedad colombiana, mientras más y más nexos entre políticos y líderes de las fuerzas armadas de ultra-derecha se descubren y, lo peor de todo, la producción y las ganancias permanecen constantes.
Por eso es que cuando Laura Chinchilla busca seguir el mismo camino y militarizar el asunto de las drogas en nuestro país la palabra “narcofosa” retumba en mi cabeza.
Pensar que los grandes buques militares, los marines rondando las costas, las armas y el entrenamiento militar sean la solución, viendo el caso de México y Colombia, me parece un pensamiento limitado. Limitado porque se remite un problema complejo a un aspecto de lucha cuerpo a cuerpo.
No sé cuál es la fórmula, ni pretendo asegurar que tengo la solución, pero creo que para lograr enfrentar el problema de la droga se tienen que tomar en cuenta las siguientes cuestiones:
1) La “droga” no es un asunto de guerra, es un problema de salud pública y educación, por tanto la política pública que se esgrima como solución pasa por ahí y no por las armas.
2) La gente va a seguir consumiendo drogas, quiera el gobierno y la iglesia o no, así es que mejor aceptar este hecho.
3) El asunto pasa, primero, por “the L Word”: La Legalización mina las ganancias de los grandes narcos y permite establecer una carga impositiva al producto, además de fiscalizar la calidad de lo que se consume (recuerden, salud pública).
4) La prensa y los medios han hecho parecer que la droga es un problema asociado a la marginalidad y la pobreza. Si usted averigua cuánto cuesta la cocaína en el mercado, podemos estar seguros que no es el “piedrerillo” de su barrio o las personas de zonas urbano-marginales los que consumen dicha droga. La capacidad adquisitiva para consumir cocaína debe ser alta. El problema no es de clase social, ni zonas específicas.
5) Cierto, destrozar y encarcelar a las “narcofamilias”, romper las redes de crimen organizado, muy bien, pero no se puede olvidar el crimen de cuello blanco, la legitimación de capitales, ahí está el negocio. Bancos, empresarios, facilitadores. A la cárcel siempre va el “piedrero” o el exmuellero porteño al que le encontraron medio kilo en la “panga”, nunca van los antes mencionados.
6) Aprender de los errores de los demás, el enfoque militar ha sido un fracaso en México y Colombia, no repitamos la misma experiencia.
De no incluir todo lo anterior, y seguro muchas variables y enfoques que estoy olvidando, cualquier política pública dirigida a enfrentar el problema de la droga está condenada a una “narcofosa”, esa es una realidad, si se quiere ver o no es otra cuestión.
miércoles, 9 de marzo de 2011
Homicidios en la mira
Por: Hugo Müller Solón
Abogado
Investigador Asociado del TAP/PERU
mullerabogados@hotmail.com
Más allá de relacionar seguridad ciudadana con demandas policiales conforme lo hacen los candidatos presidenciales en el Perú, (Enrique Castro en ¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?; TAP, 2011) la oferta electoral es totalmente pobre en materia de seguridad ciudadana. Nadie ha tomado en cuenta, que el fenómeno de la inseguridad es un tema de urgencia para la agenda pública y debiera contener compromisos y proposiciones serias, técnicas, multiagenciadas y aprovechando las muchas experiencias internacionales y nacionales en la materia.
El Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2010 de la CIDH, ubica a la delincuencia como preocupación principal de los habitantes, y un Informe similar realizado por el Latinobarómetro (Chile) señala que la delincuencia como problema principal en América Latina se ha venido incrementado desde un 9% en el 2004 hasta un 27% en el 2010. Por otro lado, el Perú viene liderando las encuestas de mayor percepción de inseguridad y de victimización en Latinoamérica y el Caribe, conforme lo señala la investigación internacional 2010 del Barómetro de las Américas (USA).
La Policía Nacional señala que el año 2005 se registraron 3,057 denuncias por homicidios, 3,141 (2006), 2,934 (2007), 3,332 (2008) y 2,985 el 2009 a nivel nacional; el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 (CONASEC), indica que el año 2009, el Perú alcanzó una tasa de incidencia de homicidios de 10.9 por cada 100 mil habitantes, año en que según el INEI el Perú tenía aproximadamente 29´132,013 millones de habitantes, lo que significaría que ese año se cometieron 3,175 homicidios y no 2,985 como registra la PNP, un promedio de 9 víctimas diarias por acción de la criminalidad. La manipulación de estadísticas, no viene a ser un comentario nuevo y considero que aún estos estimados son de mayor magnitud. Por esa premeditada falta de transparencia no se hace realidad la creación de los Observatorios de la Criminalidad.
¿Y qué tan fácil resulta a un delincuente portar un arma y cometer un homicidio? Cualquier persona puede transitar a pié o en vehículo, portando armas de fuego, sin temor a ser intervenido por la Policía, dado el carácter reactivo de los efectivos policiales que siguen un modelo de trabajo que no logra un equilibrio entre la institucionalidad de la seguridad y el requerimiento social. Muchas armas de fuego portadas ilegalmente se podrían detectar solo cumpliendo el procedimiento policial del Art. 205 del Código Procesal Penal, el cual señala que para prevenir el delito la policía puede requerir la identificación de cualquier persona, pudiendo inclusive conducirlo a una Comisaría y retenerlo hasta por cuatro horas si no exhibe su documento de identidad y puede registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. Lo que se conoce como “el control de identidad”.
A mi juicio el Ejecutivo aprovecha la creciente inseguridad para manipular políticamente a la población; el discurso populista intenta hacernos creer que lo único que nos salvará de la delincuencia son las medidas provenientes del Gobierno central, lo que en épocas electoreras, tiende a acrecentarse. Lo cierto es que se pierde valioso tiempo y seguimos sin contar con una política de Estado definida para combatir la criminalidad. Las nuevas estrategias, basadas en el trabajo coordinado y responsable de todos los estamentos vinculados al sistema nacional de seguridad ciudadana no existen. El problema de la criminalidad debe continuarse enfrentando, fundamentalmente con la Policía sí, pero con estrategias muy diferentes a las utilizadas en el pasado y sin descuidar el tema de la corrupción que pudiera haber infiltrado este importante eslabón de la seguridad ciudadana.
Hoy en día, los homicidios en el Perú vienen siendo cometidos con armas de fuego hasta por jóvenes adolescentes, inclusive se dice que estarían siendo utilizados como sicarios de las bandas criminales organizadas, aprovechando que gozan de impunidad por razón de la edad y al respecto solo se habla de un endurecimiento de penas como solución al problema. No deberíamos esperar a llegar a situaciones extremas.
En Honduras se han enviado a las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas para el combate a la criminalidad; en México más de un centenar de elementos militares y policiales —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado; y, en Uruguay se informa recientemente que unos 1.000 efectivos del Ministerio de Defensa pasarán como reclasificados a cumplir tareas de vigilancia como policías. ¿Es que los gobernantes y responsables de comandar la policía peruana esperan llegar a ese tipo de medidas?
Abogado
Investigador Asociado del TAP/PERU
mullerabogados@hotmail.com
Más allá de relacionar seguridad ciudadana con demandas policiales conforme lo hacen los candidatos presidenciales en el Perú, (Enrique Castro en ¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?; TAP, 2011) la oferta electoral es totalmente pobre en materia de seguridad ciudadana. Nadie ha tomado en cuenta, que el fenómeno de la inseguridad es un tema de urgencia para la agenda pública y debiera contener compromisos y proposiciones serias, técnicas, multiagenciadas y aprovechando las muchas experiencias internacionales y nacionales en la materia.
El Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 2010 de la CIDH, ubica a la delincuencia como preocupación principal de los habitantes, y un Informe similar realizado por el Latinobarómetro (Chile) señala que la delincuencia como problema principal en América Latina se ha venido incrementado desde un 9% en el 2004 hasta un 27% en el 2010. Por otro lado, el Perú viene liderando las encuestas de mayor percepción de inseguridad y de victimización en Latinoamérica y el Caribe, conforme lo señala la investigación internacional 2010 del Barómetro de las Américas (USA).
La Policía Nacional señala que el año 2005 se registraron 3,057 denuncias por homicidios, 3,141 (2006), 2,934 (2007), 3,332 (2008) y 2,985 el 2009 a nivel nacional; el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 (CONASEC), indica que el año 2009, el Perú alcanzó una tasa de incidencia de homicidios de 10.9 por cada 100 mil habitantes, año en que según el INEI el Perú tenía aproximadamente 29´132,013 millones de habitantes, lo que significaría que ese año se cometieron 3,175 homicidios y no 2,985 como registra la PNP, un promedio de 9 víctimas diarias por acción de la criminalidad. La manipulación de estadísticas, no viene a ser un comentario nuevo y considero que aún estos estimados son de mayor magnitud. Por esa premeditada falta de transparencia no se hace realidad la creación de los Observatorios de la Criminalidad.
¿Y qué tan fácil resulta a un delincuente portar un arma y cometer un homicidio? Cualquier persona puede transitar a pié o en vehículo, portando armas de fuego, sin temor a ser intervenido por la Policía, dado el carácter reactivo de los efectivos policiales que siguen un modelo de trabajo que no logra un equilibrio entre la institucionalidad de la seguridad y el requerimiento social. Muchas armas de fuego portadas ilegalmente se podrían detectar solo cumpliendo el procedimiento policial del Art. 205 del Código Procesal Penal, el cual señala que para prevenir el delito la policía puede requerir la identificación de cualquier persona, pudiendo inclusive conducirlo a una Comisaría y retenerlo hasta por cuatro horas si no exhibe su documento de identidad y puede registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo. Lo que se conoce como “el control de identidad”.
A mi juicio el Ejecutivo aprovecha la creciente inseguridad para manipular políticamente a la población; el discurso populista intenta hacernos creer que lo único que nos salvará de la delincuencia son las medidas provenientes del Gobierno central, lo que en épocas electoreras, tiende a acrecentarse. Lo cierto es que se pierde valioso tiempo y seguimos sin contar con una política de Estado definida para combatir la criminalidad. Las nuevas estrategias, basadas en el trabajo coordinado y responsable de todos los estamentos vinculados al sistema nacional de seguridad ciudadana no existen. El problema de la criminalidad debe continuarse enfrentando, fundamentalmente con la Policía sí, pero con estrategias muy diferentes a las utilizadas en el pasado y sin descuidar el tema de la corrupción que pudiera haber infiltrado este importante eslabón de la seguridad ciudadana.
Hoy en día, los homicidios en el Perú vienen siendo cometidos con armas de fuego hasta por jóvenes adolescentes, inclusive se dice que estarían siendo utilizados como sicarios de las bandas criminales organizadas, aprovechando que gozan de impunidad por razón de la edad y al respecto solo se habla de un endurecimiento de penas como solución al problema. No deberíamos esperar a llegar a situaciones extremas.
En Honduras se han enviado a las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas para el combate a la criminalidad; en México más de un centenar de elementos militares y policiales —activos o en retiro— ocupan los principales cargos de seguridad pública en estados y municipios, en sustitución de mandos civiles, ante el incremento de la violencia y el crimen organizado; y, en Uruguay se informa recientemente que unos 1.000 efectivos del Ministerio de Defensa pasarán como reclasificados a cumplir tareas de vigilancia como policías. ¿Es que los gobernantes y responsables de comandar la policía peruana esperan llegar a ese tipo de medidas?
viernes, 4 de marzo de 2011
¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?
Enrique Castro Vargas
Investigador Asociado TAP
Los candidatos a la presidencia exhibieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana con un elocuente y casi exclusivo énfasis en la familia policial, evitando considerar la multidimensionalidad e intersectorialidad que implica el trabajo de seguridad pública. Ya sea porque es una necesidad racional o por tratarse de un cálculo electoral (es un bolsón importante el voto policial), las propuestas consideraron, casi en consenso, el aumento del sueldo de los Policías, conservar la cédula viva o sueldo pensionario como si se estuviera en actividad y la eliminación del sistema de trabajo 24 x 24, en donde un día se trabaja para el Estado y el día siguiente para un privado.
Sin duda, la policía es un actor relevante para enfrentar el fenómeno de la inseguridad no obstante se subraya repetidas veces que es un problema amplio que abarca - y crea- un “sistema” de seguridad pública en donde intervienen los subniveles de gobierno, varios y diferentes servicios públicos estatales y; además, agentes privados, en su modalidad empresarial y en la de sociedad civil. Elucubración que quedo fuera del discurso de los candidatos.
La Policía Nacional merece retomar el proceso de reforma estructural que se inicia con la transición democrática, con cambios consultados y empujados desde dentro de la Institución teniendo como objetivo el “profesionalizar” y “democratizar” la Policía. De nada sirve contar con 20 o 30 mil nuevos policías (propuesta de PPK y Castañeda) si estos son nuevas miles de personas para temer y desconfiar. Es impostergable la formación y desarrollo de sistemas de accountability policial (interno y externo) que decante en una mejor policía. La Institución requiere de un proceso de limpieza y, sobre todo, de mejora de su imagen, a través de medidas estructurales y de impacto.
Además, resulta peligroso policializar la ciudadanía mediante un “servicio policial voluntario” (Gana Perú); la Prevención, por su parte, como un trabajo tematizado en la eliminación de la violencia, la supresión del consumo problemático de alcohol y drogas (programas de reducción del daño), la intervención sicosocial en infractores, la reconstrucción de lazos sociales en hombres y mujeres marginados, la atención a víctimas, la Violencia Intrafamiliar (problema principal de la sociedad peruana) y la reducción de factores de riesgo como es la exclusión, no fueron considerados por los candidatos y lo más cercano fue hablar de la educación en valores que, paradójicamente, lo señala Fujimori. Menos aún se habló de una prevención territorializada, que permita coordinar con los niveles de gobierno o una política de recuperación de barrios que integra al Ministerio de Vivienda. Nada.
Al contrario se remarco la necesidad de ser más duros y más severos. Mano dura y penalización de faltas espera tener aceptación en una sociedad atemorizada, sin embargo, la experiencia nacional e internacional da muestras de que estas fórmulas no dan resultados; y que a contramano, en el caso de faltas leves, “la justicia penal restaurativa” que se desarrolla en el Agustino y en Chiclayo han dado buenos resultados, reduciendo la reincidencia a un 7%, y que experiencias como la del Juez Calatayud en España, abanderado de las penas alternativas, provocó la reducción de reincidencia a un 8%. En Zimbawe, donde se aplica el mismo sistema sólo el 10% de quienes cumplieron el servicio comunitario, son reincidentes. Experiencias exitosas.
Interconectar comisarias (Castañeda) es una necesidad evidente pero la demanda por información es mayor pues no se cuenta con un índice de vulnerabilidad socio delictual, por ejemplo, o un observatorio criminal para ser menos ambiciosos. Nadie menciona como fortalecer la dinámica funcional de los comités, nadie parece querer meterse con el sistema penitenciario, ni con el nuevo sistema de justicia penal ni mucho menos con los medios de comunicación. Cabe la oportunidad para decir que la seguridad ciudadana no son sólo tres patas o tres columnas (Municipio, PNP y Sociedad Civil), es un “sistema con subsistemas” (así de complejo); y decir que hay solo tres es dejar fuera de la micro a pasajeros necesarios.
Recogemos la propuesta de pensar en un Ministerio de Seguridad Ciudadana (Rodríguez Cuadros) pero ello requiere un largo proceso de recambio en los mandos y de nuevas matrices de enseñanza en las fuerzas policiales, en integrar a civiles en materia de prevención y de control, así como en las acciones de resocialización.
Investigador Asociado TAP
Los candidatos a la presidencia exhibieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana con un elocuente y casi exclusivo énfasis en la familia policial, evitando considerar la multidimensionalidad e intersectorialidad que implica el trabajo de seguridad pública. Ya sea porque es una necesidad racional o por tratarse de un cálculo electoral (es un bolsón importante el voto policial), las propuestas consideraron, casi en consenso, el aumento del sueldo de los Policías, conservar la cédula viva o sueldo pensionario como si se estuviera en actividad y la eliminación del sistema de trabajo 24 x 24, en donde un día se trabaja para el Estado y el día siguiente para un privado.
Sin duda, la policía es un actor relevante para enfrentar el fenómeno de la inseguridad no obstante se subraya repetidas veces que es un problema amplio que abarca - y crea- un “sistema” de seguridad pública en donde intervienen los subniveles de gobierno, varios y diferentes servicios públicos estatales y; además, agentes privados, en su modalidad empresarial y en la de sociedad civil. Elucubración que quedo fuera del discurso de los candidatos.
La Policía Nacional merece retomar el proceso de reforma estructural que se inicia con la transición democrática, con cambios consultados y empujados desde dentro de la Institución teniendo como objetivo el “profesionalizar” y “democratizar” la Policía. De nada sirve contar con 20 o 30 mil nuevos policías (propuesta de PPK y Castañeda) si estos son nuevas miles de personas para temer y desconfiar. Es impostergable la formación y desarrollo de sistemas de accountability policial (interno y externo) que decante en una mejor policía. La Institución requiere de un proceso de limpieza y, sobre todo, de mejora de su imagen, a través de medidas estructurales y de impacto.
Además, resulta peligroso policializar la ciudadanía mediante un “servicio policial voluntario” (Gana Perú); la Prevención, por su parte, como un trabajo tematizado en la eliminación de la violencia, la supresión del consumo problemático de alcohol y drogas (programas de reducción del daño), la intervención sicosocial en infractores, la reconstrucción de lazos sociales en hombres y mujeres marginados, la atención a víctimas, la Violencia Intrafamiliar (problema principal de la sociedad peruana) y la reducción de factores de riesgo como es la exclusión, no fueron considerados por los candidatos y lo más cercano fue hablar de la educación en valores que, paradójicamente, lo señala Fujimori. Menos aún se habló de una prevención territorializada, que permita coordinar con los niveles de gobierno o una política de recuperación de barrios que integra al Ministerio de Vivienda. Nada.
Al contrario se remarco la necesidad de ser más duros y más severos. Mano dura y penalización de faltas espera tener aceptación en una sociedad atemorizada, sin embargo, la experiencia nacional e internacional da muestras de que estas fórmulas no dan resultados; y que a contramano, en el caso de faltas leves, “la justicia penal restaurativa” que se desarrolla en el Agustino y en Chiclayo han dado buenos resultados, reduciendo la reincidencia a un 7%, y que experiencias como la del Juez Calatayud en España, abanderado de las penas alternativas, provocó la reducción de reincidencia a un 8%. En Zimbawe, donde se aplica el mismo sistema sólo el 10% de quienes cumplieron el servicio comunitario, son reincidentes. Experiencias exitosas.
Interconectar comisarias (Castañeda) es una necesidad evidente pero la demanda por información es mayor pues no se cuenta con un índice de vulnerabilidad socio delictual, por ejemplo, o un observatorio criminal para ser menos ambiciosos. Nadie menciona como fortalecer la dinámica funcional de los comités, nadie parece querer meterse con el sistema penitenciario, ni con el nuevo sistema de justicia penal ni mucho menos con los medios de comunicación. Cabe la oportunidad para decir que la seguridad ciudadana no son sólo tres patas o tres columnas (Municipio, PNP y Sociedad Civil), es un “sistema con subsistemas” (así de complejo); y decir que hay solo tres es dejar fuera de la micro a pasajeros necesarios.
Recogemos la propuesta de pensar en un Ministerio de Seguridad Ciudadana (Rodríguez Cuadros) pero ello requiere un largo proceso de recambio en los mandos y de nuevas matrices de enseñanza en las fuerzas policiales, en integrar a civiles en materia de prevención y de control, así como en las acciones de resocialización.
miércoles, 2 de febrero de 2011
A 10 años de la Reforma de Seguridad en la Provincia de Mendoza, Argentina.
Lic. Alejandro Salomón Ex Subsecretario de Seguridad en Mendoza, docente del Instituto Universitario de Seguridad Pública e Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos en Argentina.
A diez años de la Reforma del Sistema de Seguridad en la Provincia de Mendoza creemos necesario realizar algunas reflexiones sobre los logros alcanzados por ésta, como así también las metas no cumplidas, o parcialmente cumplidas. Para una breve revisión como la pretendida, es necesario partir de algunas consideraciones previas que influyeron en el año 99` para iniciar una reforma en el área, y que explican algunas características de la misma.
Los AntecedentesExistieron fundamentalmente dos circunstancias previas a la reforma, y un hecho detonante que influyeron decisivamente a favor de un acuerdo en el que participaron la totalidad de los Partidos Políticos con representación parlamentaria – hecho político que obtuvo el apoyo mayoritario de la población – y que se conoció desde ese momento como “La Política de Estado” en materia de seguridad. Una primera circunstancia, fue el hecho que la década de los 90 estuvo signada por la aplicación de políticas económicas neoliberales por parte del Gobierno de Carlos Menem. Estas políticas generaron la desaparición de millones de empleos que constituían el eje fundamental en el que se sostenía el “Estado de Bienestar”, profundizando las inequidades sociales, lo que definitivamente incidió en el área de seguridad.
La importancia del empleo formal en aquella época, se fundamentaba principalmente en hecho de que a partir de la relación laboral se estructuraban la mayor parte de los mecanismos de distribución de los ingresos y de igualdad social, asiendo accesible al trabajador no solo un ingreso económico, sino también el acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la seguridad social, etc. La aplicación de estas políticas neoliberales “sin anestesia” (como gustaba decir al ex presidente) empujó al desempleo, y con éste, a la pobreza y marginación de miles de familias que pasaron a formar parte de los sectores sociales excluidos del sistema económico y social, profundizando el deterioro y desagregación social y cultural de amplios sectores de la población. La desigualdad e inequidad, y su impacto en el sistema de valores culturales, provocaron la ruptura del tejido social, y es en los sectores urbanos en donde las consecuencias, en términos de inseguridad, no tardaron en aflorar. En ese marco de desarticulación social, no era esperable otra cosa distinta que el aumento de la violencia y la inseguridad, al menos en los llamados “delitos patéticos”, que son los que mayor impacto producen en la opinión pública.
En segundo lugar, la impotencia frente al aumento sostenido de la inseguridad durante toda la década de los 90´, sin que las prácticas policiales tradicionales pudieran contener el delito creciente, provocó que apareciera cada vez con mayor frecuencia, el resurgimiento del legado autoritario de la Policía de Mendoza. Conocida con el mote de “policía brava”, las prácticas heredadas de la época de Santuccione (1) comenzaban a repetirse cada vez con mayor frecuencia en la Provincia. Los casos Garrido – Baigorria (1990); Neme – Ros (1992); Guardati (1992); Gómez Romagnilli (1996) y Sebastián Bordón (1997) fueron solo algunos de los casos más resonantes por su repercusión nacional y por las condenas que los Organismos Internacionales impusieron a la Provincia. Las fragantes violaciones a los Derechos Humanos pasaron a constituir prácticas habituales en la “lucha” contra la inseguridad.
El detonante lo constituyó el artero asesinato del Cabo Castillo en manos de la delincuencia, y en circunstancias de un mero operativo policial. La indignación del personal de la fuerza de seguridad por la muerte del efectivo policial, provocó en forma casi instantánea la insubordinación de una gran parte del personal policial subalterno. Frente a la Legislatura Provincial se mezclaron viejos y nuevos reclamos: condiciones indignas de trabajo, falta de equipamiento, abusos de autoridad por parte de los mandos superiores, bajos salarios y falta de legislación adecuada fueron algunas de las demandas de un cuerpo policial que comenzaba a tener visibilidad social a través de la desobediencia y la insubordinación a los cuadros superiores de la fuerza, exponiendo así todas sus miserias ante un cuerpo social que le resultaba ajeno.
La ReformaEl acuerdo político que permitió la concreción de la Reforma Policial significó fundamentalmente el reconocimiento de la problemática, tanto de la inseguridad creciente, como del grado de descomposición y corrupción existente en la institución depositaria del uso legítimo de la fuerza pública con el que está envestido el Estado. Hasta ese momento la seguridad era un espacio exclusivo de la Fuerza Policial, que si bien formaba parte del Poder Ejecutivo Provincial, su elevado grado de autonomía la convertía en una organización desconocida en su funcionamiento por el resto de la sociedad, pero con aceitados vínculos con El Poder Judicial (especialmente con el fuero penal) que le aseguraba ciertos niveles de impunidad.
Así, la reforma significó:
• El reconocimiento político de la Seguridad como una problemática social, y como tal, merecedora de una política pública por parte del Estado ( Política de Seguridad) al igual que otras problemáticas sociales como la salud, la educación, o la economía.
• El reconocimiento del funcionamiento de la seguridad como un sistema (Ley 6721, art. 1°), en donde la policía forma parte de él, pero no es el único instrumento. Y que comparte con la justicia penal y el sistema penitenciario, entre otros actores, las responsabilidades en la protección de las personas y de sus bienes. Este carácter sistémico, obliga a las partes a mantener la coherencia del sistema en su conjunto; a más de la esperable coherencia interna en cada uno de los subsistemas que lo integran.
• El reconocimiento de que las fuerza de seguridad, como depositarias de la fuerza pública por delegación, no puede organizarse en forma autónoma, y menos aún controlarse a sí misma. Que al igual que el resto de las políticas públicas, deben someterse a las decisiones y el control del al Poder Político, legitimo representante de la voluntad popular.
• El reconocimiento de que la ciudadanía puede organizarse para participar en el diseño de los planes de prevención del delito de su vecindario, como así también puede y debe escrutar el funcionamiento del sistema de seguridad.
La reforma significó también el fin de lo que Alberto Binder llama “estrategia del doble pacto”. Para éste autor, existía un primer pacto entre los gobernantes y las fuerzas de seguridad, según la cual se entrega a ellas el gobierno de la seguridad a cambio de ciertos niveles de control, obediencia, y en particular, el compromiso por parte de la fuerza de evitar situaciones de crisis. El segundo pacto, es el que realizan las fuerzas de seguridad con la criminalidad, donde se garantiza cierto control territorial; cierto nivel de actividad criminal, que no genere alarma social; y la participación en los beneficios derivados de las actividades delictivas, a cambio de ciertos niveles de impunidad, información y protección.(2). Gracias a la visibilidad que hoy ha tomado la seguridad por parte de los mecanismos de control externo; de los medios de comunicación; de los organismos de DDHH, y de las organizaciones civiles, el cumplimiento de estos pactos se hace de cumplimiento imposible, tanto para gobernantes, como para las fuerzas de seguridad y de la misma criminalidad.
Un logro importante de la Reforma, aunque a veces nos parezca prematuro hacer ciertas aseveraciones, es el hecho de que la Provincia no ha tenido condenas internacionales relacionadas con casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por la Fuerza Policial, ni han existido casos de gatillo fácil, ejecuciones extrajudiciales, o apremios ilegales con posterioridad a la Reforma de Seguridad, y en los que hayan tenido que intervenir Organismos Internacionales. Esto ha sido básicamente mérito de la Inspección General de Seguridad como órgano de control externo.
La Formación Policial y su institución, el Instituto Universitario de Seguridad Pública, han cumplido un rol fundamental en la profesionalización y modernización de la fuerza policial. El respaldo académico de la Universidad Nacional de Cuyo ha permitido que los planes de estudios de la fuerza no fuesen modificado según los caprichos y antojos de los distintos jefes del área que se fueron sucediendo a lo largo de estos diez años. Esto no significa que los planes de estudios no puedan ser modificados, solo significa que su modificación exige una justificación y el diseño de un perfil policial distinto al que hoy egresa. El personal policial hoy puede exhibir un título universitario emitido por una Universidad Nacional en las mismas condiciones que los profesionales universitarios que tiene el Estado en las más diversas áreas técnicas y científicas.
Indudablemente esto no alcanza, y hay un gran potencial a explorar que está relacionado con el acceso a la formación al del personal que reviste en las diferentes jerarquías: Es necesario y urgente abrir las oportunidades en forma masiva a quienes son Auxiliares para cursar los estudios técnicos; para quienes ya son técnicos, los estudios de grado; y los actuales profesionales universitarios, para cursar estudios de posgrado. Otra área a explorar es la apertura de otras carreras relacionadas a la problemática (criminalística, criminología, investigación penal, etc.) y la incorporación de personal no policial con tareas afines a la seguridad, como así también la formación de la totalidad del personal penitenciario.
La Comisión Bicameral de Seguridad es otra de las importantes instituciones creada en épocas de la Reforma. Si bien su protagonismo ha ido variado en el tiempo, hay funciones que en ningún momento han dejado de cumplirse, como es el estudio de todos los proyectos legislativos que ingresaban a las Cámaras y el análisis del presupuesto del sistema de seguridad. No obstante, hay aspectos en los que no ha podido abocarse definitiva y decisoriamente. Esto es el control y evaluación de las políticas del área – por ejemplo, revisar cuales son las estrategias sociales de prevención; las relacionadas al control de la violencia y el delito – ; las relacionadas a la organización del sistema (incluyendo fundamentalmente la transparencia del sistema de ascensos policiales y penitenciarios); y el desempeño del sistema de seguridad (cumplimiento de objetivos y metas previamente establecidas) .Debe reconocerse que estas últimas tareas han sido limitadas por la falta de información criminal.
Cuando analizamos la Reforma como respuesta a la problemática de la inseguridad, los resultados no son los óptimos. Si bien en este punto se comienza a transitar un desierto carente de datos e información estadística, puede fácilmente intuirse que el delito no ha disminuido como se podría haber esperado. Podríamos solamente sospechar que con algunos altibajos, el delito se ha mantenido en valores exageradamente altos para una sociedad que reclama mayor seguridad.
Esta deficiencia en el cumplimiento del objetivo de bajar los índices delictuales ha tenido una segura correlación con la falta de continuidad en el proceso iniciado en 1.999, y que en estos últimos años en especial, han existido retrocesos en muchos de los principios que se fijaron hace una década atrás. Si bien estos retrocesos no han tenido en nuestra Provincia la magnitud de los vaivenes y contradicciones observados en la Reforma realizada en Provincia de Buenos Aires, sí ha existido un contínuum antireformista que han ido socavando los pilares sostenidos en aquellos años.
La No PolíticaLa magnitud del problema ha encontrado en la dirigencia política dos actitudes frente al tema. Por un lado, hay un pensamiento conservador que asume la inseguridad como un “fenómeno natural”, una externalidad no deseada del posmodernismo, el cual no es posible revertir, y con el cual debemos resignarnos a vivir como costo insoslayable de la vida moderna. Por otro lado, un discurso populista, autoritario e irresponsable que ofrece respuestas mágicas, según las cuales, acabar con la criminalidad es solo cuestión de decisión política, de bravura, y de honestidad.(3)
Cualquiera sea la actitud asumida, la resignación ante el problema, a la espera de una sociedad más justa que nos permita recuperar la seguridad perdida; o la actitud autoritaria, que promete seguridad a partir del encierro de un puñado de delincuentes responsable de todos los males sociales, tienen la misma consecuencia: el abandono del abordaje del problema de la inseguridad como “Política Pública”. El desinterés político sobre la cuestión, o la ausencia de decisiones políticas en materia de seguridad, ha implicado el abandono de las acciones tendientes a organizar los instrumentos del Estado contra el delito. Las acciones de prevención se han caracterizado por ser parciales, de corta duración y estar básicamente guiadas por fines electoralistas.
El dato más significativo de este “retirarse” lo constituye la decisión política de no recopilar información criminal en la provincia. Es difícil imaginar el diseño de una Política Económica, Educativa o de Salud sin tener información mínima y elemental que guie la acción del Estado en estas áreas. Lo mismo sucede en materia criminal. A pesar de la exigencia que en la materia dicta la Ley 22.117 (4), no existe información que permita trabajar, y menos diseñar Políticas de Seguridad que intenten abordar el problema desde una perspectiva global.
¿Cuántos y cuáles son las características de los delitos se cometen en Mendoza?; ¿En dónde se comenten?; cuales son las características de las víctimas?; ¿Cuáles son las características de los victimarios?; ¿cuáles son los horarios?; ¿Cuál es el porcentaje de condenas?; ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia? ¿Cuál es la confiabilidad del sistema si no se conoce (por vía de encuestas de victimización) de la cifra negra del delito? Éstas, son solo algunas de las preguntas sin respuestas que imposibilitan abordar el problema desde una perspectiva global. Cualquier intento de diseñar una Política de Seguridad sin estar sustentada en información confiable no es más que un mero voluntarismo bobo. Se ha intentado en estos últimos años remplazar, con magros resultados, la Política de Seguridad mediante un sistema de policiamiento como principal medida de gestión de la seguridad. A través del éste, se ejecutan solo acciones que apelan a la inmediatez y la urgencia, y generalmente responden a demandas puntuales generadas por una sucesión de hechos delictuales en una determinada zona. Este sistema de prevención tiene la característica de ocupar ciertas barriadas durante un periodo de tiempo determinado, teniendo un efecto positivo solo durante el tiempo que dura la ocupación del territorio, provocando solo el desplazamiento el delito hacia otras barriadas vecinas.
Un exacerbado modelo reactivo como el descripto pone a la totalidad de la fuerza policial a recorrer las calles sin un mandato preventivo preciso, y solo a la búsqueda de un ocasional delito, y si las circunstancias ayudan, la aprensión de sus autores. Se deja así de lado el abordaje preventivo necesario sobre los “mercados del delito” como el de vehículos sustraídos y autopartes; mercadería sustraídas (relojes, celulares, televisores, estéreos); metales (robo de cables); armas; drogas; apuestas y juego clandestino; prostitución y trata de personas; etc. En este sentido, es Inteligencia Criminal una herramienta fundamental para la Política de Seguridad, la que debe adelantarse a los hechos, y no correr detrás de ellos.
Si bien se reconoce la problemática social como una de las causas principales de la inseguridad, pocas veces se disponen medidas de prevención social – y éstas, cuando se anuncian, tienen en común su corta duración, y escaza implementación. Las políticas de prevención social tienen como característica que requieren de la estructuración de dispositivos de gestión política que operan mediante intervenciones focalizadas en procura de la prevención de la violencia y el delito. Estas estrategias implicarían la articulación de diferentes áreas de gobierno, y de diferentes niveles del Estado (Nacional, Provincial y Municipal).
Dentro del marco de la prevención social, no existen acciones tendientes a identificar los factores de riesgo, y su necesarias campañas de concientización pública preventivas, Algunos de estos factores identificados por organismos internacionales son las armas, las drogas y/o el alcohol (5). En este sentido, no se hacen trabajos con grupos de riesgo o de vulnerabilidad al delito; ni tampoco existen programas de rehabilitación ni a personas adictas, ni a quienes ya tienen antecedentes penales.
Existe por el contrario una desmedida confianza en la prevención situacional, entendida esta como las intervenciones tendientes a modificar situaciones o ambientes para reducir las oportunidades para cometer actos delictivos. Cámaras de vigilancia, empresas privadas de seguridad, alumbrado, cierre de baldíos, alarmas comunitarias, etc. son solo algunas de las modalidades más utilizadas. Hay que reconocer que estas dan excelentes resultados en los lugares que se aplican, pero no se puede pensar que esto disminuye el delito, puesto que lo que en realidad hace es desplazarlo a otros sectores no protegidos.
Una Política de Seguridad que promueva estas modalidades preventivas debería también tomar los recaudos necesarios, en base a información criminal confiable, para evitar la comisión de delitos más violentos en las áreas que se cubren, a la vez de trazar nuevas estrategias en las zonas periféricas a las que puede desplazarse el delito. Se ha insistido en que la seguridad es un problema de todos los ciudadanos, aspecto que no lo convierte en responsabilidad de todos, porque ésta recae sólo en el Estado que debe brindarla.
No obstante, tras la Reforma del 99` se instrumentaron los mecanismos de participación ciudadana en la materia. Más allá de la constante apelación a la participación como elemento democratizador, no ha existido desde la Política de Seguridad vocación de desarrollarlos plenamente. Los escasos Foros Vecinales de Seguridad; los Consejos Departamentales y la figura del Coordinador de Seguridad nacen y desaparecen en forma fugaz. Se inician con un momento de discusión diagnostica de la situación, prosiguen como cajas de resonancias de reclamos vecinales, y desaparecen al corto tiempo. No existe, ni se puede apreciar que se pretenda, la participación de la ciudadanía en el diseño de planes de seguridad en forma conjunta con la fuerza policial y los municipios. Y menos aún, se pretende motivar la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de los objetivos comprometidos desde las Instituciones del Estado. No existe manera de llevar adelante una Política de Seguridad medianamente exitosa si la fuerza policial no se gana la confianza de la ciudadanía, y para ello, debe trabajar en forma mancomunada con ella.
Desde la Política de Seguridad se debe abogar por un trabajo conjunto con el Poder Judicial, especialmente con el Fuero Penal. Este trabajo conjunto no significa realizar una especie de simbiosis entre los fiscales y la fuerza policial que poco tiene que ver con el espíritu republicano que debería primar; ya que esa conjunción no hace más que desvirtuar la naturaleza de la justicia deseada. La Política de Seguridad debe garantizar que las presiones políticas y sociales que buscan el esclarecimiento de los delitos, sumado a prácticas investigativas basadas mayoritariamente en la figura del “datero”, no lleven a los Fiscales a cometer los excesos que se quisieron erradicar de la policía con el cambio de Código Procesal, y que terminan en la mayoría de los casos provocando la caída de las causas por un sin número de nulidades procesales. La investigación penal debe sustentarse en la profesionalización del recurso humano (judicial y policial) que interviene en cada causa y en la incorporación de los más modernos instrumentos técnicos de la Policía Científica (6).
Por último, el Sistema Penitenciario no puede quedar al margen de la Política de Seguridad. Lo que pasa dentro de las cárceles debe ser congruente con el Estado de Derecho. La Política de seguridad no solo debe garantizar que el preso no se escape, sino que debe procurar que no vuelva a delinquir después de quedar en libertad. Si se acepta como valido el paradigma de resocialización, las acciones políticas que se desarrollen dentro de este sistema deben tener como objetivo modificar en el interno tanto los aspectos culturales, como las conductas no aceptadas y rechazadas por el resto del cuerpo social.
El Sistema Penitenciario debe tomar visibilidad, y la sociedad debe conocer lo que pasa dentro de las cárceles. La formación del personal penitenciario no debe limitarse a la buena custodia de los muros, puesto que sus funciones exceden ampliamente esa tarea. Ellos son los depositarios de las responsabilidades de preparar al interno para su reincorporación en la sociedad. Los beneficios otorgados a los internos deben estar sustentados en logros objetivos de educación y trabajo que garanticen una reinserción real de la persona, lo contrario, es generar un nuevo hecho delictivo a futuro.
Desde nuestra visión, no se puede confundir Política de Seguridad con estar al frente de la Policía. El concepto es más amplio, puesto que implica la organización de la totalidad de los instrumentos del Estado en el control del delito. La discusión no puede reducirse a la mera especulación de quien es el que está al frente de la fuerza policial, el debate profundo que hay que darse es quien define a Política de Seguridad.
(1) Vicecomodoro Julio Cesar Santuccione, asume la Jefatura de Policial en 1975 bajo la intervención de Antonio Cafiero y se mantuvo en el cargo con posterioridad al golpe militar de 1976. Su acción represiva excedía la lucha contra el terrorismo ‐ para lo cual fundo los comandos “grupo cóndor” y “comando anticomunista Mendoza” ‐ lo que dio lugar a la creación del “comando de moralidad Pio XII, conocido por sus acciones de “limpieza social”, aplicando siempre similares metodología, y teniendo la zona de Papagayos como lugar de abandono de sus víctimas
(2) Binder, Alberto. El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual. En Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas. Foros del Bicentenario. Ed. Edhasa. 2009
(3) En este sentido, es significativa la incidencia que el discurso político tiene sobre la fuerza policial. Como ejemplo, puede tomarse el periodo del ahora ex Ministro Miguel Bondino. Con un discurso claramente antireformista y reivindicativo del viejo accionar policial, se eliminó la Dirección de Seguridad, y en su remplazo se creó la Dirección General de Policías a cargo del Crio Gral. (R) Héctor Quiroga. Durante ese periodo (18 meses) no solo no mejoró la seguridad (Bondino debe dejar la cartera tras el asesinato de Laura Abnazar) , sino que se sucedieron graves hechos atentatorios a los Derechos Humanos: Arresto masivo de estudiantes en ocasión de una protesta (23/05/06); muerte de Mauricio Moran por parte de un efectivo policial (05/05/06); muerte del joven Jonathan Chandía en manos policiales (27/05/06); muerte del joven Jonathan Oros en la Comisaría 33 (07/01/07); situación que se agrava con el resurgimiento de las internas policiales, en este caso, entre quien fue el nuevo Jefe de Policía, Crio Gral. (R) Francisco Pérez y el Subjefe, Crio Gral. Armando Párraga.
(4) La ley 22.117 en sus artículos 13º dice: “Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la justicia”; y el 13º bis: “ Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo precedente, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco días de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Política Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación”.
(5) Para una mayor ampliación sobre el tema léase “Convivencia y Seguridad, un reto a la gobernabilidad” Rodrigo Guerrero. Ediciones Banco Interamericano de Desarrollo.
(6) En este aspecto, es muy bajo el porcentaje de sentencias condenatorias en los delitos que mayor impacto producen en la sociedad. Por ejemplo, solo en el 1,4% de los delitos contra las personas existen condenas, esta relación es de 1,83% para robos; 1,36% en delitos contra la propiedad. Por otro lado, si se tiene en cuenta que en Mendoza los delitos denunciados no superan el 30%, a los porcentajes indicados habría que dividirlos por tres.
A diez años de la Reforma del Sistema de Seguridad en la Provincia de Mendoza creemos necesario realizar algunas reflexiones sobre los logros alcanzados por ésta, como así también las metas no cumplidas, o parcialmente cumplidas. Para una breve revisión como la pretendida, es necesario partir de algunas consideraciones previas que influyeron en el año 99` para iniciar una reforma en el área, y que explican algunas características de la misma.
Los AntecedentesExistieron fundamentalmente dos circunstancias previas a la reforma, y un hecho detonante que influyeron decisivamente a favor de un acuerdo en el que participaron la totalidad de los Partidos Políticos con representación parlamentaria – hecho político que obtuvo el apoyo mayoritario de la población – y que se conoció desde ese momento como “La Política de Estado” en materia de seguridad. Una primera circunstancia, fue el hecho que la década de los 90 estuvo signada por la aplicación de políticas económicas neoliberales por parte del Gobierno de Carlos Menem. Estas políticas generaron la desaparición de millones de empleos que constituían el eje fundamental en el que se sostenía el “Estado de Bienestar”, profundizando las inequidades sociales, lo que definitivamente incidió en el área de seguridad.
La importancia del empleo formal en aquella época, se fundamentaba principalmente en hecho de que a partir de la relación laboral se estructuraban la mayor parte de los mecanismos de distribución de los ingresos y de igualdad social, asiendo accesible al trabajador no solo un ingreso económico, sino también el acceso a la salud, al deporte, a la recreación, a la seguridad social, etc. La aplicación de estas políticas neoliberales “sin anestesia” (como gustaba decir al ex presidente) empujó al desempleo, y con éste, a la pobreza y marginación de miles de familias que pasaron a formar parte de los sectores sociales excluidos del sistema económico y social, profundizando el deterioro y desagregación social y cultural de amplios sectores de la población. La desigualdad e inequidad, y su impacto en el sistema de valores culturales, provocaron la ruptura del tejido social, y es en los sectores urbanos en donde las consecuencias, en términos de inseguridad, no tardaron en aflorar. En ese marco de desarticulación social, no era esperable otra cosa distinta que el aumento de la violencia y la inseguridad, al menos en los llamados “delitos patéticos”, que son los que mayor impacto producen en la opinión pública.
En segundo lugar, la impotencia frente al aumento sostenido de la inseguridad durante toda la década de los 90´, sin que las prácticas policiales tradicionales pudieran contener el delito creciente, provocó que apareciera cada vez con mayor frecuencia, el resurgimiento del legado autoritario de la Policía de Mendoza. Conocida con el mote de “policía brava”, las prácticas heredadas de la época de Santuccione (1) comenzaban a repetirse cada vez con mayor frecuencia en la Provincia. Los casos Garrido – Baigorria (1990); Neme – Ros (1992); Guardati (1992); Gómez Romagnilli (1996) y Sebastián Bordón (1997) fueron solo algunos de los casos más resonantes por su repercusión nacional y por las condenas que los Organismos Internacionales impusieron a la Provincia. Las fragantes violaciones a los Derechos Humanos pasaron a constituir prácticas habituales en la “lucha” contra la inseguridad.
El detonante lo constituyó el artero asesinato del Cabo Castillo en manos de la delincuencia, y en circunstancias de un mero operativo policial. La indignación del personal de la fuerza de seguridad por la muerte del efectivo policial, provocó en forma casi instantánea la insubordinación de una gran parte del personal policial subalterno. Frente a la Legislatura Provincial se mezclaron viejos y nuevos reclamos: condiciones indignas de trabajo, falta de equipamiento, abusos de autoridad por parte de los mandos superiores, bajos salarios y falta de legislación adecuada fueron algunas de las demandas de un cuerpo policial que comenzaba a tener visibilidad social a través de la desobediencia y la insubordinación a los cuadros superiores de la fuerza, exponiendo así todas sus miserias ante un cuerpo social que le resultaba ajeno.
La ReformaEl acuerdo político que permitió la concreción de la Reforma Policial significó fundamentalmente el reconocimiento de la problemática, tanto de la inseguridad creciente, como del grado de descomposición y corrupción existente en la institución depositaria del uso legítimo de la fuerza pública con el que está envestido el Estado. Hasta ese momento la seguridad era un espacio exclusivo de la Fuerza Policial, que si bien formaba parte del Poder Ejecutivo Provincial, su elevado grado de autonomía la convertía en una organización desconocida en su funcionamiento por el resto de la sociedad, pero con aceitados vínculos con El Poder Judicial (especialmente con el fuero penal) que le aseguraba ciertos niveles de impunidad.
Así, la reforma significó:
• El reconocimiento político de la Seguridad como una problemática social, y como tal, merecedora de una política pública por parte del Estado ( Política de Seguridad) al igual que otras problemáticas sociales como la salud, la educación, o la economía.
• El reconocimiento del funcionamiento de la seguridad como un sistema (Ley 6721, art. 1°), en donde la policía forma parte de él, pero no es el único instrumento. Y que comparte con la justicia penal y el sistema penitenciario, entre otros actores, las responsabilidades en la protección de las personas y de sus bienes. Este carácter sistémico, obliga a las partes a mantener la coherencia del sistema en su conjunto; a más de la esperable coherencia interna en cada uno de los subsistemas que lo integran.
• El reconocimiento de que las fuerza de seguridad, como depositarias de la fuerza pública por delegación, no puede organizarse en forma autónoma, y menos aún controlarse a sí misma. Que al igual que el resto de las políticas públicas, deben someterse a las decisiones y el control del al Poder Político, legitimo representante de la voluntad popular.
• El reconocimiento de que la ciudadanía puede organizarse para participar en el diseño de los planes de prevención del delito de su vecindario, como así también puede y debe escrutar el funcionamiento del sistema de seguridad.
La reforma significó también el fin de lo que Alberto Binder llama “estrategia del doble pacto”. Para éste autor, existía un primer pacto entre los gobernantes y las fuerzas de seguridad, según la cual se entrega a ellas el gobierno de la seguridad a cambio de ciertos niveles de control, obediencia, y en particular, el compromiso por parte de la fuerza de evitar situaciones de crisis. El segundo pacto, es el que realizan las fuerzas de seguridad con la criminalidad, donde se garantiza cierto control territorial; cierto nivel de actividad criminal, que no genere alarma social; y la participación en los beneficios derivados de las actividades delictivas, a cambio de ciertos niveles de impunidad, información y protección.(2). Gracias a la visibilidad que hoy ha tomado la seguridad por parte de los mecanismos de control externo; de los medios de comunicación; de los organismos de DDHH, y de las organizaciones civiles, el cumplimiento de estos pactos se hace de cumplimiento imposible, tanto para gobernantes, como para las fuerzas de seguridad y de la misma criminalidad.
Un logro importante de la Reforma, aunque a veces nos parezca prematuro hacer ciertas aseveraciones, es el hecho de que la Provincia no ha tenido condenas internacionales relacionadas con casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por la Fuerza Policial, ni han existido casos de gatillo fácil, ejecuciones extrajudiciales, o apremios ilegales con posterioridad a la Reforma de Seguridad, y en los que hayan tenido que intervenir Organismos Internacionales. Esto ha sido básicamente mérito de la Inspección General de Seguridad como órgano de control externo.
La Formación Policial y su institución, el Instituto Universitario de Seguridad Pública, han cumplido un rol fundamental en la profesionalización y modernización de la fuerza policial. El respaldo académico de la Universidad Nacional de Cuyo ha permitido que los planes de estudios de la fuerza no fuesen modificado según los caprichos y antojos de los distintos jefes del área que se fueron sucediendo a lo largo de estos diez años. Esto no significa que los planes de estudios no puedan ser modificados, solo significa que su modificación exige una justificación y el diseño de un perfil policial distinto al que hoy egresa. El personal policial hoy puede exhibir un título universitario emitido por una Universidad Nacional en las mismas condiciones que los profesionales universitarios que tiene el Estado en las más diversas áreas técnicas y científicas.
Indudablemente esto no alcanza, y hay un gran potencial a explorar que está relacionado con el acceso a la formación al del personal que reviste en las diferentes jerarquías: Es necesario y urgente abrir las oportunidades en forma masiva a quienes son Auxiliares para cursar los estudios técnicos; para quienes ya son técnicos, los estudios de grado; y los actuales profesionales universitarios, para cursar estudios de posgrado. Otra área a explorar es la apertura de otras carreras relacionadas a la problemática (criminalística, criminología, investigación penal, etc.) y la incorporación de personal no policial con tareas afines a la seguridad, como así también la formación de la totalidad del personal penitenciario.
La Comisión Bicameral de Seguridad es otra de las importantes instituciones creada en épocas de la Reforma. Si bien su protagonismo ha ido variado en el tiempo, hay funciones que en ningún momento han dejado de cumplirse, como es el estudio de todos los proyectos legislativos que ingresaban a las Cámaras y el análisis del presupuesto del sistema de seguridad. No obstante, hay aspectos en los que no ha podido abocarse definitiva y decisoriamente. Esto es el control y evaluación de las políticas del área – por ejemplo, revisar cuales son las estrategias sociales de prevención; las relacionadas al control de la violencia y el delito – ; las relacionadas a la organización del sistema (incluyendo fundamentalmente la transparencia del sistema de ascensos policiales y penitenciarios); y el desempeño del sistema de seguridad (cumplimiento de objetivos y metas previamente establecidas) .Debe reconocerse que estas últimas tareas han sido limitadas por la falta de información criminal.
Cuando analizamos la Reforma como respuesta a la problemática de la inseguridad, los resultados no son los óptimos. Si bien en este punto se comienza a transitar un desierto carente de datos e información estadística, puede fácilmente intuirse que el delito no ha disminuido como se podría haber esperado. Podríamos solamente sospechar que con algunos altibajos, el delito se ha mantenido en valores exageradamente altos para una sociedad que reclama mayor seguridad.
Esta deficiencia en el cumplimiento del objetivo de bajar los índices delictuales ha tenido una segura correlación con la falta de continuidad en el proceso iniciado en 1.999, y que en estos últimos años en especial, han existido retrocesos en muchos de los principios que se fijaron hace una década atrás. Si bien estos retrocesos no han tenido en nuestra Provincia la magnitud de los vaivenes y contradicciones observados en la Reforma realizada en Provincia de Buenos Aires, sí ha existido un contínuum antireformista que han ido socavando los pilares sostenidos en aquellos años.
La No PolíticaLa magnitud del problema ha encontrado en la dirigencia política dos actitudes frente al tema. Por un lado, hay un pensamiento conservador que asume la inseguridad como un “fenómeno natural”, una externalidad no deseada del posmodernismo, el cual no es posible revertir, y con el cual debemos resignarnos a vivir como costo insoslayable de la vida moderna. Por otro lado, un discurso populista, autoritario e irresponsable que ofrece respuestas mágicas, según las cuales, acabar con la criminalidad es solo cuestión de decisión política, de bravura, y de honestidad.(3)
Cualquiera sea la actitud asumida, la resignación ante el problema, a la espera de una sociedad más justa que nos permita recuperar la seguridad perdida; o la actitud autoritaria, que promete seguridad a partir del encierro de un puñado de delincuentes responsable de todos los males sociales, tienen la misma consecuencia: el abandono del abordaje del problema de la inseguridad como “Política Pública”. El desinterés político sobre la cuestión, o la ausencia de decisiones políticas en materia de seguridad, ha implicado el abandono de las acciones tendientes a organizar los instrumentos del Estado contra el delito. Las acciones de prevención se han caracterizado por ser parciales, de corta duración y estar básicamente guiadas por fines electoralistas.
El dato más significativo de este “retirarse” lo constituye la decisión política de no recopilar información criminal en la provincia. Es difícil imaginar el diseño de una Política Económica, Educativa o de Salud sin tener información mínima y elemental que guie la acción del Estado en estas áreas. Lo mismo sucede en materia criminal. A pesar de la exigencia que en la materia dicta la Ley 22.117 (4), no existe información que permita trabajar, y menos diseñar Políticas de Seguridad que intenten abordar el problema desde una perspectiva global.
¿Cuántos y cuáles son las características de los delitos se cometen en Mendoza?; ¿En dónde se comenten?; cuales son las características de las víctimas?; ¿Cuáles son las características de los victimarios?; ¿cuáles son los horarios?; ¿Cuál es el porcentaje de condenas?; ¿Cuál es el porcentaje de reincidencia? ¿Cuál es la confiabilidad del sistema si no se conoce (por vía de encuestas de victimización) de la cifra negra del delito? Éstas, son solo algunas de las preguntas sin respuestas que imposibilitan abordar el problema desde una perspectiva global. Cualquier intento de diseñar una Política de Seguridad sin estar sustentada en información confiable no es más que un mero voluntarismo bobo. Se ha intentado en estos últimos años remplazar, con magros resultados, la Política de Seguridad mediante un sistema de policiamiento como principal medida de gestión de la seguridad. A través del éste, se ejecutan solo acciones que apelan a la inmediatez y la urgencia, y generalmente responden a demandas puntuales generadas por una sucesión de hechos delictuales en una determinada zona. Este sistema de prevención tiene la característica de ocupar ciertas barriadas durante un periodo de tiempo determinado, teniendo un efecto positivo solo durante el tiempo que dura la ocupación del territorio, provocando solo el desplazamiento el delito hacia otras barriadas vecinas.
Un exacerbado modelo reactivo como el descripto pone a la totalidad de la fuerza policial a recorrer las calles sin un mandato preventivo preciso, y solo a la búsqueda de un ocasional delito, y si las circunstancias ayudan, la aprensión de sus autores. Se deja así de lado el abordaje preventivo necesario sobre los “mercados del delito” como el de vehículos sustraídos y autopartes; mercadería sustraídas (relojes, celulares, televisores, estéreos); metales (robo de cables); armas; drogas; apuestas y juego clandestino; prostitución y trata de personas; etc. En este sentido, es Inteligencia Criminal una herramienta fundamental para la Política de Seguridad, la que debe adelantarse a los hechos, y no correr detrás de ellos.
Si bien se reconoce la problemática social como una de las causas principales de la inseguridad, pocas veces se disponen medidas de prevención social – y éstas, cuando se anuncian, tienen en común su corta duración, y escaza implementación. Las políticas de prevención social tienen como característica que requieren de la estructuración de dispositivos de gestión política que operan mediante intervenciones focalizadas en procura de la prevención de la violencia y el delito. Estas estrategias implicarían la articulación de diferentes áreas de gobierno, y de diferentes niveles del Estado (Nacional, Provincial y Municipal).
Dentro del marco de la prevención social, no existen acciones tendientes a identificar los factores de riesgo, y su necesarias campañas de concientización pública preventivas, Algunos de estos factores identificados por organismos internacionales son las armas, las drogas y/o el alcohol (5). En este sentido, no se hacen trabajos con grupos de riesgo o de vulnerabilidad al delito; ni tampoco existen programas de rehabilitación ni a personas adictas, ni a quienes ya tienen antecedentes penales.
Existe por el contrario una desmedida confianza en la prevención situacional, entendida esta como las intervenciones tendientes a modificar situaciones o ambientes para reducir las oportunidades para cometer actos delictivos. Cámaras de vigilancia, empresas privadas de seguridad, alumbrado, cierre de baldíos, alarmas comunitarias, etc. son solo algunas de las modalidades más utilizadas. Hay que reconocer que estas dan excelentes resultados en los lugares que se aplican, pero no se puede pensar que esto disminuye el delito, puesto que lo que en realidad hace es desplazarlo a otros sectores no protegidos.
Una Política de Seguridad que promueva estas modalidades preventivas debería también tomar los recaudos necesarios, en base a información criminal confiable, para evitar la comisión de delitos más violentos en las áreas que se cubren, a la vez de trazar nuevas estrategias en las zonas periféricas a las que puede desplazarse el delito. Se ha insistido en que la seguridad es un problema de todos los ciudadanos, aspecto que no lo convierte en responsabilidad de todos, porque ésta recae sólo en el Estado que debe brindarla.
No obstante, tras la Reforma del 99` se instrumentaron los mecanismos de participación ciudadana en la materia. Más allá de la constante apelación a la participación como elemento democratizador, no ha existido desde la Política de Seguridad vocación de desarrollarlos plenamente. Los escasos Foros Vecinales de Seguridad; los Consejos Departamentales y la figura del Coordinador de Seguridad nacen y desaparecen en forma fugaz. Se inician con un momento de discusión diagnostica de la situación, prosiguen como cajas de resonancias de reclamos vecinales, y desaparecen al corto tiempo. No existe, ni se puede apreciar que se pretenda, la participación de la ciudadanía en el diseño de planes de seguridad en forma conjunta con la fuerza policial y los municipios. Y menos aún, se pretende motivar la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de los objetivos comprometidos desde las Instituciones del Estado. No existe manera de llevar adelante una Política de Seguridad medianamente exitosa si la fuerza policial no se gana la confianza de la ciudadanía, y para ello, debe trabajar en forma mancomunada con ella.
Desde la Política de Seguridad se debe abogar por un trabajo conjunto con el Poder Judicial, especialmente con el Fuero Penal. Este trabajo conjunto no significa realizar una especie de simbiosis entre los fiscales y la fuerza policial que poco tiene que ver con el espíritu republicano que debería primar; ya que esa conjunción no hace más que desvirtuar la naturaleza de la justicia deseada. La Política de Seguridad debe garantizar que las presiones políticas y sociales que buscan el esclarecimiento de los delitos, sumado a prácticas investigativas basadas mayoritariamente en la figura del “datero”, no lleven a los Fiscales a cometer los excesos que se quisieron erradicar de la policía con el cambio de Código Procesal, y que terminan en la mayoría de los casos provocando la caída de las causas por un sin número de nulidades procesales. La investigación penal debe sustentarse en la profesionalización del recurso humano (judicial y policial) que interviene en cada causa y en la incorporación de los más modernos instrumentos técnicos de la Policía Científica (6).
Por último, el Sistema Penitenciario no puede quedar al margen de la Política de Seguridad. Lo que pasa dentro de las cárceles debe ser congruente con el Estado de Derecho. La Política de seguridad no solo debe garantizar que el preso no se escape, sino que debe procurar que no vuelva a delinquir después de quedar en libertad. Si se acepta como valido el paradigma de resocialización, las acciones políticas que se desarrollen dentro de este sistema deben tener como objetivo modificar en el interno tanto los aspectos culturales, como las conductas no aceptadas y rechazadas por el resto del cuerpo social.
El Sistema Penitenciario debe tomar visibilidad, y la sociedad debe conocer lo que pasa dentro de las cárceles. La formación del personal penitenciario no debe limitarse a la buena custodia de los muros, puesto que sus funciones exceden ampliamente esa tarea. Ellos son los depositarios de las responsabilidades de preparar al interno para su reincorporación en la sociedad. Los beneficios otorgados a los internos deben estar sustentados en logros objetivos de educación y trabajo que garanticen una reinserción real de la persona, lo contrario, es generar un nuevo hecho delictivo a futuro.
Desde nuestra visión, no se puede confundir Política de Seguridad con estar al frente de la Policía. El concepto es más amplio, puesto que implica la organización de la totalidad de los instrumentos del Estado en el control del delito. La discusión no puede reducirse a la mera especulación de quien es el que está al frente de la fuerza policial, el debate profundo que hay que darse es quien define a Política de Seguridad.
(1) Vicecomodoro Julio Cesar Santuccione, asume la Jefatura de Policial en 1975 bajo la intervención de Antonio Cafiero y se mantuvo en el cargo con posterioridad al golpe militar de 1976. Su acción represiva excedía la lucha contra el terrorismo ‐ para lo cual fundo los comandos “grupo cóndor” y “comando anticomunista Mendoza” ‐ lo que dio lugar a la creación del “comando de moralidad Pio XII, conocido por sus acciones de “limpieza social”, aplicando siempre similares metodología, y teniendo la zona de Papagayos como lugar de abandono de sus víctimas
(2) Binder, Alberto. El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual. En Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas. Foros del Bicentenario. Ed. Edhasa. 2009
(3) En este sentido, es significativa la incidencia que el discurso político tiene sobre la fuerza policial. Como ejemplo, puede tomarse el periodo del ahora ex Ministro Miguel Bondino. Con un discurso claramente antireformista y reivindicativo del viejo accionar policial, se eliminó la Dirección de Seguridad, y en su remplazo se creó la Dirección General de Policías a cargo del Crio Gral. (R) Héctor Quiroga. Durante ese periodo (18 meses) no solo no mejoró la seguridad (Bondino debe dejar la cartera tras el asesinato de Laura Abnazar) , sino que se sucedieron graves hechos atentatorios a los Derechos Humanos: Arresto masivo de estudiantes en ocasión de una protesta (23/05/06); muerte de Mauricio Moran por parte de un efectivo policial (05/05/06); muerte del joven Jonathan Chandía en manos policiales (27/05/06); muerte del joven Jonathan Oros en la Comisaría 33 (07/01/07); situación que se agrava con el resurgimiento de las internas policiales, en este caso, entre quien fue el nuevo Jefe de Policía, Crio Gral. (R) Francisco Pérez y el Subjefe, Crio Gral. Armando Párraga.
(4) La ley 22.117 en sus artículos 13º dice: “Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la justicia”; y el 13º bis: “ Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo precedente, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco días de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Política Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación”.
(5) Para una mayor ampliación sobre el tema léase “Convivencia y Seguridad, un reto a la gobernabilidad” Rodrigo Guerrero. Ediciones Banco Interamericano de Desarrollo.
(6) En este aspecto, es muy bajo el porcentaje de sentencias condenatorias en los delitos que mayor impacto producen en la sociedad. Por ejemplo, solo en el 1,4% de los delitos contra las personas existen condenas, esta relación es de 1,83% para robos; 1,36% en delitos contra la propiedad. Por otro lado, si se tiene en cuenta que en Mendoza los delitos denunciados no superan el 30%, a los porcentajes indicados habría que dividirlos por tres.
martes, 1 de febrero de 2011
EL PERU EN EL BAROMETRO DE LAS AMERICAS. El legado que nos deja la Gobernabilidad actual.
Hugo Müller Solón
Abogado/PERU
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos
mullerabogados@hotmail.com
El Barómetro de las Américas es una encuesta de opinión pública que cubre casi todas las Américas, se realiza cada dos años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, organismo dependiente de la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, Estados Unidos. Recientemente ha publicado los resultados de su encuesta correspondiente al año 2010 realizada en 26 países de América Latina y Caribe, en donde la delincuencia y la corrupción se presentan como dos de los principales retos de gobernabilidad que enfrentan las Américas.
Con respecto a la percepción de inseguridad, sus resultados muestran que el Perú con (53.8%) presenta el nivel más alto de percepción de inseguridad seguido de Argentina y Venezuela, indicativo que guarda estrecha relación con el factor victimización de la delincuencia, en donde de la misma manera, los resultados comparativos indican que el Perú tiene la tasa más alta de victimización (31.1%), seguido de Ecuador y Venezuela. Es decir la percepción de inseguridad de los peruanos no es solo subjetiva pues al preguntarse a los encuestados si habían sido víctimas de la delincuencia, la respuesta fue positiva, de tal forma que ha ubicado al Perú en el primer lugar de víctimas de la delincuencia.
En el tema de la percepción de la corrupción, la encuesta revela que los ciudadanos de las Américas perciben la corrupción entre los funcionarios públicos como un fenómeno generalizado, pero el nivel más alto de percepción de la corrupción en América del Sur lo tiene el Perú con 79.4%, y el tercer lugar en América Latina y Caribe, después de Trinidad y Tobago (83.1%) y Jamaica (81.7%). En el factor victimización de la corrupción es decir aquellos casos en donde alguien tuvo que pagar algún tipo de soborno para ser atendido, Haití tiene el porcentaje más alto de encuestados que declararon haber experimentado la corrupción, seguido de los países de México, Bolivia y Perú con 27.1% ubicándose en el cuarto lugar como país víctima de la corrupción. La Encuesta del Barómetro de las Américas en el 2008, otorgaba al PERU un 27.1% de personas que declaraba haber sido víctimas de la corrupción, porcentaje elevado al 2010 en 4.9% puntos porcentuales.
En cuanto al porcentaje de ciudadanos de las Américas que expresa como importante el respeto por el apoyo al Estado de derecho frente a quienes consideran que las autoridades de vez en cuando podrían actuar al margen de la ley. Los resultados revelan que el Perú se encuentra en la lista de los tres países con menos porcentaje de personas que respetarían el Estado de Derecho para combatir la criminalidad. Lo cual muestra la poca confianza que tienen los peruanos con respecto a la gobernabilidad en asuntos de seguridad ciudadana; en la encuesta del 2008, a la pregunta: “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”. El 65.5% de los peruanos estuvieron en desacuerdo con esta frase, ubicando al Perú entre los cuatro últimos países con menos personas que confiaban en un gobierno democrático.
Estos resultados son realmente preocupantes, pues revela cómo el temor y la victimización por delincuencia o violencia podría afectar el apoyo ciudadano a la democracia o su confianza en ella si los ciudadanos siguen siendo víctimas de la delincuencia o si su percepción de inseguridad sigue creciendo. La falta de gobernabilidad en el tema de la seguridad ciudadana o corrupción podrían conducir a los ciudadanos a perder la fe en sus instituciones políticas, municipales, en la policía, así como en el Ministerio Público y Poder Judicial. Por último, el Barómetro de las Américas, indica que los resultados obtenidos, demuestran que tanto las percepciones como las experiencias con la corrupción y la delincuencia tienen un impacto negativo en el apoyo al sistema político y en el apoyo al Estado de derecho en la región.
El discurso político de quienes ahora centran sus debates y opiniones con respecto a la corrupción y la inseguridad ciudadana en nuestro país, debieran estar orientados a revertir estos resultados mediante propuestas concretas, estudiadas, analizadas, viables y practicables. En el 2012 se realizará la siguiente encuesta en donde se verán los nuevos resultados y los peruanos podremos darnos cuenta si fuimos acertados o no al escoger y elegir a los nuevos gobernantes.
Abogado/PERU
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos
mullerabogados@hotmail.com
El Barómetro de las Américas es una encuesta de opinión pública que cubre casi todas las Américas, se realiza cada dos años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, organismo dependiente de la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, Estados Unidos. Recientemente ha publicado los resultados de su encuesta correspondiente al año 2010 realizada en 26 países de América Latina y Caribe, en donde la delincuencia y la corrupción se presentan como dos de los principales retos de gobernabilidad que enfrentan las Américas.
Con respecto a la percepción de inseguridad, sus resultados muestran que el Perú con (53.8%) presenta el nivel más alto de percepción de inseguridad seguido de Argentina y Venezuela, indicativo que guarda estrecha relación con el factor victimización de la delincuencia, en donde de la misma manera, los resultados comparativos indican que el Perú tiene la tasa más alta de victimización (31.1%), seguido de Ecuador y Venezuela. Es decir la percepción de inseguridad de los peruanos no es solo subjetiva pues al preguntarse a los encuestados si habían sido víctimas de la delincuencia, la respuesta fue positiva, de tal forma que ha ubicado al Perú en el primer lugar de víctimas de la delincuencia.
En el tema de la percepción de la corrupción, la encuesta revela que los ciudadanos de las Américas perciben la corrupción entre los funcionarios públicos como un fenómeno generalizado, pero el nivel más alto de percepción de la corrupción en América del Sur lo tiene el Perú con 79.4%, y el tercer lugar en América Latina y Caribe, después de Trinidad y Tobago (83.1%) y Jamaica (81.7%). En el factor victimización de la corrupción es decir aquellos casos en donde alguien tuvo que pagar algún tipo de soborno para ser atendido, Haití tiene el porcentaje más alto de encuestados que declararon haber experimentado la corrupción, seguido de los países de México, Bolivia y Perú con 27.1% ubicándose en el cuarto lugar como país víctima de la corrupción. La Encuesta del Barómetro de las Américas en el 2008, otorgaba al PERU un 27.1% de personas que declaraba haber sido víctimas de la corrupción, porcentaje elevado al 2010 en 4.9% puntos porcentuales.
En cuanto al porcentaje de ciudadanos de las Américas que expresa como importante el respeto por el apoyo al Estado de derecho frente a quienes consideran que las autoridades de vez en cuando podrían actuar al margen de la ley. Los resultados revelan que el Perú se encuentra en la lista de los tres países con menos porcentaje de personas que respetarían el Estado de Derecho para combatir la criminalidad. Lo cual muestra la poca confianza que tienen los peruanos con respecto a la gobernabilidad en asuntos de seguridad ciudadana; en la encuesta del 2008, a la pregunta: “Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?”. El 65.5% de los peruanos estuvieron en desacuerdo con esta frase, ubicando al Perú entre los cuatro últimos países con menos personas que confiaban en un gobierno democrático.
Estos resultados son realmente preocupantes, pues revela cómo el temor y la victimización por delincuencia o violencia podría afectar el apoyo ciudadano a la democracia o su confianza en ella si los ciudadanos siguen siendo víctimas de la delincuencia o si su percepción de inseguridad sigue creciendo. La falta de gobernabilidad en el tema de la seguridad ciudadana o corrupción podrían conducir a los ciudadanos a perder la fe en sus instituciones políticas, municipales, en la policía, así como en el Ministerio Público y Poder Judicial. Por último, el Barómetro de las Américas, indica que los resultados obtenidos, demuestran que tanto las percepciones como las experiencias con la corrupción y la delincuencia tienen un impacto negativo en el apoyo al sistema político y en el apoyo al Estado de derecho en la región.
El discurso político de quienes ahora centran sus debates y opiniones con respecto a la corrupción y la inseguridad ciudadana en nuestro país, debieran estar orientados a revertir estos resultados mediante propuestas concretas, estudiadas, analizadas, viables y practicables. En el 2012 se realizará la siguiente encuesta en donde se verán los nuevos resultados y los peruanos podremos darnos cuenta si fuimos acertados o no al escoger y elegir a los nuevos gobernantes.
martes, 14 de diciembre de 2010
Al final del Túnel
Hugo Müller Solón (mullerabogados@hotmail.com)
Investigador del Taller de Asuntos Públicos – TAP - Perú
Al final del túnel suele encontrarse luz pero llegando al final de este Gobierno la claridad parece inalcanzable. Seguimos viviendo en un país inseguro donde las autoridades gubernamentales y policiales se esfuerzan inútilmente en pretender demostrarnos lo contrario y lo que es peor, se ubican de espaldas a la realidad.
La creciente percepción de inseguridad, habla de la poca eficacia que tienen los tradicionales sistemas preventivos y se sigue pensando, sin mayor criterio técnico, que la mayor presencia policial en las calles es la solución al problema. Las autoridades pueden hablar y hacer mucha demagogia con este tema pero mientras no se utilicen métodos innovadores de prevención del delito, poco o nada se avanza en detener el deterioro creciente de la seguridad y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestras autoridades saben perfectamente que no se puede coordinar ni atacar el delito sin políticas públicas inclusivas, claramente definidas y carentes de tecnología que permita, a quienes tienen la responsabilidad, seguir el movimiento del delito, en tiempo y espacio, por tipo penal, modalidades, frecuencias, etc. Es decir, que decante el curso de acción, las técnicas y estrategias por aplicar.
La Policía por su parte, debiera establecer servicios de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con policías proactivos, que formalicen sistemas de prevención, disuasión y reacción en forma sostenible; nada de eso forma parte de las actuales herramientas de trabajo de la Policía Nacional ni del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tampoco se aplican encuestas de victimización como forma de medición de la percepción de seguridad en la población.
Podemos ver, entonces que nada nuevo surgirá en los próximos meses en materia de seguridad ciudadana y al final del túnel, en permanente oscuridad, solo seguiremos viendo a las autoridades intentando justificar sus obsoletos procedimientos mostrando a la prensa dudosos resultados sensacionalistas, muchas veces a costa de atentar contra la dignidad y derechos de las personas mientras la delincuencia común sigue socavando y atemorizando las estructuras sociales cada vez más débiles frente al riesgo, el peligro y la violencia.
Finalmente puedo agregar, que aplicar estas técnicas innovadoras no permitiría manipular las estadísticas ni dar informaciones falsas a la colectividad sobre la real situación de la criminalidad y nadie quiere exponer al fracaso su popularidad, ni posibilidades de volver a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno, por lo que es mejor “dejar hacer, dejar pasar” y que otro sea el que asuma esos riesgos.
Investigador del Taller de Asuntos Públicos – TAP - Perú
Al final del túnel suele encontrarse luz pero llegando al final de este Gobierno la claridad parece inalcanzable. Seguimos viviendo en un país inseguro donde las autoridades gubernamentales y policiales se esfuerzan inútilmente en pretender demostrarnos lo contrario y lo que es peor, se ubican de espaldas a la realidad.
La creciente percepción de inseguridad, habla de la poca eficacia que tienen los tradicionales sistemas preventivos y se sigue pensando, sin mayor criterio técnico, que la mayor presencia policial en las calles es la solución al problema. Las autoridades pueden hablar y hacer mucha demagogia con este tema pero mientras no se utilicen métodos innovadores de prevención del delito, poco o nada se avanza en detener el deterioro creciente de la seguridad y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestras autoridades saben perfectamente que no se puede coordinar ni atacar el delito sin políticas públicas inclusivas, claramente definidas y carentes de tecnología que permita, a quienes tienen la responsabilidad, seguir el movimiento del delito, en tiempo y espacio, por tipo penal, modalidades, frecuencias, etc. Es decir, que decante el curso de acción, las técnicas y estrategias por aplicar.
La Policía por su parte, debiera establecer servicios de vigilancia comunitaria por cuadrantes, con policías proactivos, que formalicen sistemas de prevención, disuasión y reacción en forma sostenible; nada de eso forma parte de las actuales herramientas de trabajo de la Policía Nacional ni del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tampoco se aplican encuestas de victimización como forma de medición de la percepción de seguridad en la población.
Podemos ver, entonces que nada nuevo surgirá en los próximos meses en materia de seguridad ciudadana y al final del túnel, en permanente oscuridad, solo seguiremos viendo a las autoridades intentando justificar sus obsoletos procedimientos mostrando a la prensa dudosos resultados sensacionalistas, muchas veces a costa de atentar contra la dignidad y derechos de las personas mientras la delincuencia común sigue socavando y atemorizando las estructuras sociales cada vez más débiles frente al riesgo, el peligro y la violencia.
Finalmente puedo agregar, que aplicar estas técnicas innovadoras no permitiría manipular las estadísticas ni dar informaciones falsas a la colectividad sobre la real situación de la criminalidad y nadie quiere exponer al fracaso su popularidad, ni posibilidades de volver a ocupar cargos públicos en el próximo gobierno, por lo que es mejor “dejar hacer, dejar pasar” y que otro sea el que asuma esos riesgos.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Reflexiones en torno al primer discurso presidencial en materia de seguridad pública
Alejandra Mohor Bellalta
Investigadora asociada (TAP)
El discurso pronunciado por el Presidente Piñera el pasado 21 de mayo, ha sido aparentemente la ‘hoja de ruta’ que señala el camino que recorrerán las políticas de seguridad los próximos cuatro años. Vale la pena, entonces, reflexionar brevemente sobre algunos aspectos que nos parecen poco alentadores, con la intención de propiciar el debate y la reflexión hacia un destino exitoso.
Si bien la delincuencia es un problema que debe tener nuestra atención, es importante subrayar que la percepción de inseguridad que manifiestan los chilenos es desproporcionada a la realidad delictual, particularmente si la analizamos en relación a otros países de la región, donde el delito reviste características más violentas y con mayor frecuencia, y pese a ello los niveles de temor son menores. En este sentido, un discurso que enfatiza el abandono, por parte del Estado, al que estarían sometidas las víctimas del delito, genera una mayor sensación de inseguridad y aumenta la desconfianza en las instituciones del Estado que tienen el mandato de proteger a todas las personas.
Este énfasis se aprecia en diversos pasajes del referido discurso presidencial, pero nos parece particularmente importante respecto del anuncio de creación de un sistema de defensa y protección de las víctimas. Bastante se ha dicho ya al respecto, sin embargo, no se ha puesto el énfasis suficiente en señalar que es el Ministerio Público el mandatado a cumplir este rol. Y lo hace. No sólo se persiguen criminalmente los delitos, sino que se brinda atención específica y de calidad a las víctimas, que aun cuando sin duda siempre es necesario mejorar, es importante reconocer que se hace. De acuerdo con el estudio realizado por la Fiscalía Nacional, el 87% de los entrevistados, víctimas de violencia intrafamiliar, que fueron atendidos por las fiscalías del país, calificaron como ‘buena’ o ‘excelente’ la atención recibida. Este no es un dato menor.
Un análisis diferente es aquel respecto al trabajo que realizan los fiscales y el supuesto uso excesivo del archivo provisional – mayoritario en delitos de menor cuantía o sin imputado -, donde la discusión más útil sería aquella que apunta a introducir mejoras a ese trabajo. Esto, por ejemplo incorporando, de manera sistemática, la generación de procedimientos investigativos que apunten no a un caso particular sino a identificar patrones de delictuales asociados a la comisión de estos delitos. No obstante, sería un engaño decir a la ciudadanía que es posible perseguir un delito y condenar a quien lo cometió, si no hay ninguna información sobre uno o lo otro (como es el caso de robos en el trasporte o vía pública, en circunstancias poco claras y sin haber visto al responsable).
Un segundo tema, que nos parece fundamental, es el énfasis puesto en iniciativas de control y sanción, muy por sobre aquellas de prevención y rehabilitación. Sobre ésta última quisiéramos reflexionar en particular. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de impulsar una reforma cualitativa y cuantitativa a nuestro sistema penitenciario, donde debe iniciarse el proceso de reinserción de quienes han sido condenados por algún delito. Por otra parte, tanto la experiencia internacional como estudios locales, nos indican que es fundamental implementar estrategias integrales, articuladas local e interinstitucionalmente; y que involucren las redes familiares y sociales de los detenidos. Sólo de esta manera podrá reducirse significativamente la reincidencia, no con el aumento de penas ni con la reducción de los beneficios. La teoría de la elección racional no ha logrado ser probada en ninguna parte del mundo.
Por contraste, lo que observamos es una única propuesta de un estatuto laboral especial, para que los internos desarrollen un trabajo voluntario y remunerado. Si bien esto nos parece un avance, toda vez que las iniciativas laborales intra-muro existen pero sin un amparo legal, parece aún inviable de implementarse a cabalidad considerando que las deficiencias del sistema son estructurales. No se cuenta con infraestructura mínima que permita albergar programas de empleo al interior de las cárceles con cobertura masiva.
Tercero, más allá de que podamos compartir o no las iniciativas que han sido propuestas y que serán implementadas, creemos fundamental se considere para cada una – y para la política en general- un adecuado sistema de seguimiento y evaluación que permita dar cuenta de los resultados e impacto de cada una y del conjunto. Sólo de esta manera podrá tomarse decisiones más acertadas respecto de qué modificaciones debe introducirse, cuáles deben ser reformuladas o de plano dejar de implementarse. Pero esta evaluación debe ser considerada desde la formulación del programa, y con la participación de organismos externos y especializados.
Finalmente, quisiéramos poner la atención sobre el anuncio de urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio de Interior y Seguridad. Esta urgencia no es necesariamente una buena noticia. Si bien es cierto que urge darle una adecuada institucionalidad y estructura a la seguridad pública, es necesario revisar dicho proyecto e introducir en él cambios sustantivos que permitan que dicha institucionalidad sea eficaz, efectiva y eficiente. De lo contrario, nos encontraremos con un nuevo envoltorio para los mismos defectos de la estructura actual, en la que, por ejemplo, las policías sólo se vinculan administrativamente con la autoridad civil, a través de las subsecretarías, sin que exista un mandato de coordinación ni determinación de las acciones por parte de ésta.
Santiago de Chile, 26 de mayo de 2010
www.tallerasuntospublicos.blogspot.com
Investigadora asociada (TAP)
El discurso pronunciado por el Presidente Piñera el pasado 21 de mayo, ha sido aparentemente la ‘hoja de ruta’ que señala el camino que recorrerán las políticas de seguridad los próximos cuatro años. Vale la pena, entonces, reflexionar brevemente sobre algunos aspectos que nos parecen poco alentadores, con la intención de propiciar el debate y la reflexión hacia un destino exitoso.
Si bien la delincuencia es un problema que debe tener nuestra atención, es importante subrayar que la percepción de inseguridad que manifiestan los chilenos es desproporcionada a la realidad delictual, particularmente si la analizamos en relación a otros países de la región, donde el delito reviste características más violentas y con mayor frecuencia, y pese a ello los niveles de temor son menores. En este sentido, un discurso que enfatiza el abandono, por parte del Estado, al que estarían sometidas las víctimas del delito, genera una mayor sensación de inseguridad y aumenta la desconfianza en las instituciones del Estado que tienen el mandato de proteger a todas las personas.
Este énfasis se aprecia en diversos pasajes del referido discurso presidencial, pero nos parece particularmente importante respecto del anuncio de creación de un sistema de defensa y protección de las víctimas. Bastante se ha dicho ya al respecto, sin embargo, no se ha puesto el énfasis suficiente en señalar que es el Ministerio Público el mandatado a cumplir este rol. Y lo hace. No sólo se persiguen criminalmente los delitos, sino que se brinda atención específica y de calidad a las víctimas, que aun cuando sin duda siempre es necesario mejorar, es importante reconocer que se hace. De acuerdo con el estudio realizado por la Fiscalía Nacional, el 87% de los entrevistados, víctimas de violencia intrafamiliar, que fueron atendidos por las fiscalías del país, calificaron como ‘buena’ o ‘excelente’ la atención recibida. Este no es un dato menor.
Un análisis diferente es aquel respecto al trabajo que realizan los fiscales y el supuesto uso excesivo del archivo provisional – mayoritario en delitos de menor cuantía o sin imputado -, donde la discusión más útil sería aquella que apunta a introducir mejoras a ese trabajo. Esto, por ejemplo incorporando, de manera sistemática, la generación de procedimientos investigativos que apunten no a un caso particular sino a identificar patrones de delictuales asociados a la comisión de estos delitos. No obstante, sería un engaño decir a la ciudadanía que es posible perseguir un delito y condenar a quien lo cometió, si no hay ninguna información sobre uno o lo otro (como es el caso de robos en el trasporte o vía pública, en circunstancias poco claras y sin haber visto al responsable).
Un segundo tema, que nos parece fundamental, es el énfasis puesto en iniciativas de control y sanción, muy por sobre aquellas de prevención y rehabilitación. Sobre ésta última quisiéramos reflexionar en particular. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de impulsar una reforma cualitativa y cuantitativa a nuestro sistema penitenciario, donde debe iniciarse el proceso de reinserción de quienes han sido condenados por algún delito. Por otra parte, tanto la experiencia internacional como estudios locales, nos indican que es fundamental implementar estrategias integrales, articuladas local e interinstitucionalmente; y que involucren las redes familiares y sociales de los detenidos. Sólo de esta manera podrá reducirse significativamente la reincidencia, no con el aumento de penas ni con la reducción de los beneficios. La teoría de la elección racional no ha logrado ser probada en ninguna parte del mundo.
Por contraste, lo que observamos es una única propuesta de un estatuto laboral especial, para que los internos desarrollen un trabajo voluntario y remunerado. Si bien esto nos parece un avance, toda vez que las iniciativas laborales intra-muro existen pero sin un amparo legal, parece aún inviable de implementarse a cabalidad considerando que las deficiencias del sistema son estructurales. No se cuenta con infraestructura mínima que permita albergar programas de empleo al interior de las cárceles con cobertura masiva.
Tercero, más allá de que podamos compartir o no las iniciativas que han sido propuestas y que serán implementadas, creemos fundamental se considere para cada una – y para la política en general- un adecuado sistema de seguimiento y evaluación que permita dar cuenta de los resultados e impacto de cada una y del conjunto. Sólo de esta manera podrá tomarse decisiones más acertadas respecto de qué modificaciones debe introducirse, cuáles deben ser reformuladas o de plano dejar de implementarse. Pero esta evaluación debe ser considerada desde la formulación del programa, y con la participación de organismos externos y especializados.
Finalmente, quisiéramos poner la atención sobre el anuncio de urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio de Interior y Seguridad. Esta urgencia no es necesariamente una buena noticia. Si bien es cierto que urge darle una adecuada institucionalidad y estructura a la seguridad pública, es necesario revisar dicho proyecto e introducir en él cambios sustantivos que permitan que dicha institucionalidad sea eficaz, efectiva y eficiente. De lo contrario, nos encontraremos con un nuevo envoltorio para los mismos defectos de la estructura actual, en la que, por ejemplo, las policías sólo se vinculan administrativamente con la autoridad civil, a través de las subsecretarías, sin que exista un mandato de coordinación ni determinación de las acciones por parte de ésta.
Santiago de Chile, 26 de mayo de 2010
www.tallerasuntospublicos.blogspot.com
sábado, 22 de mayo de 2010
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"Existen pocos datos que demuestren que el aumento de efectivos policiales adscritos a actividades de tipo tradicional reduzcan la criminalidad; sin embargo, la acción puede reducir el crimen cuando se inscribe en la filosofía de la resolución de problemas, y si permite o es capaz de generar alianzas con entidades dirigidas a atacar multiples factores de riesgo de la criminalidad" (U.S. Nacional Research Council)
lunes, 1 de febrero de 2010
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