¿Propuestas comunes en materia de Seguridad Ciudadana? ¿Bueno o malo?

Enrique Castro Vargas
Investigador Asociado TAP

Los candidatos a la presidencia exhibieron sus propuestas en materia de seguridad ciudadana con un elocuente y casi exclusivo énfasis en la familia policial, evitando considerar la multidimensionalidad e intersectorialidad que implica el trabajo de seguridad pública. Ya sea porque es una necesidad racional o por tratarse de un cálculo electoral (es un bolsón importante el voto policial), las propuestas consideraron, casi en consenso, el aumento del sueldo de los Policías, conservar la cédula viva o sueldo pensionario como si se estuviera en actividad y la eliminación del sistema de trabajo 24 x 24, en donde un día se trabaja para el Estado y el día siguiente para un privado.

Sin duda, la policía es un actor relevante para enfrentar el fenómeno de la inseguridad no obstante se subraya repetidas veces que es un problema amplio que abarca - y crea- un “sistema” de seguridad pública en donde intervienen los subniveles de gobierno, varios y diferentes servicios públicos estatales y; además, agentes privados, en su modalidad empresarial y en la de sociedad civil. Elucubración que quedo fuera del discurso de los candidatos.

La Policía Nacional merece retomar el proceso de reforma estructural que se inicia con la transición democrática, con cambios consultados y empujados desde dentro de la Institución teniendo como objetivo el “profesionalizar” y “democratizar” la Policía. De nada sirve contar con 20 o 30 mil nuevos policías (propuesta de PPK y Castañeda) si estos son nuevas miles de personas para temer y desconfiar. Es impostergable la formación y desarrollo de sistemas de accountability policial (interno y externo) que decante en una mejor policía. La Institución requiere de un proceso de limpieza y, sobre todo, de mejora de su imagen, a través de medidas estructurales y de impacto.

Además, resulta peligroso policializar la ciudadanía mediante un “servicio policial voluntario” (Gana Perú); la Prevención, por su parte, como un trabajo tematizado en la eliminación de la violencia, la supresión del consumo problemático de alcohol y drogas (programas de reducción del daño), la intervención sicosocial en infractores, la reconstrucción de lazos sociales en hombres y mujeres marginados, la atención a víctimas, la Violencia Intrafamiliar (problema principal de la sociedad peruana) y la reducción de factores de riesgo como es la exclusión, no fueron considerados por los candidatos y lo más cercano fue hablar de la educación en valores que, paradójicamente, lo señala Fujimori. Menos aún se habló de una prevención territorializada, que permita coordinar con los niveles de gobierno o una política de recuperación de barrios que integra al Ministerio de Vivienda. Nada.

Al contrario se remarco la necesidad de ser más duros y más severos. Mano dura y penalización de faltas espera tener aceptación en una sociedad atemorizada, sin embargo, la experiencia nacional e internacional da muestras de que estas fórmulas no dan resultados; y que a contramano, en el caso de faltas leves, “la justicia penal restaurativa” que se desarrolla en el Agustino y en Chiclayo han dado buenos resultados, reduciendo la reincidencia a un 7%, y que experiencias como la del Juez Calatayud en España, abanderado de las penas alternativas, provocó la reducción de reincidencia a un 8%. En Zimbawe, donde se aplica el mismo sistema sólo el 10% de quienes cumplieron el servicio comunitario, son reincidentes. Experiencias exitosas.

Interconectar comisarias (Castañeda) es una necesidad evidente pero la demanda por información es mayor pues no se cuenta con un índice de vulnerabilidad socio delictual, por ejemplo, o un observatorio criminal para ser menos ambiciosos. Nadie menciona como fortalecer la dinámica funcional de los comités, nadie parece querer meterse con el sistema penitenciario, ni con el nuevo sistema de justicia penal ni mucho menos con los medios de comunicación. Cabe la oportunidad para decir que la seguridad ciudadana no son sólo tres patas o tres columnas (Municipio, PNP y Sociedad Civil), es un “sistema con subsistemas” (así de complejo); y decir que hay solo tres es dejar fuera de la micro a pasajeros necesarios.
Recogemos la propuesta de pensar en un Ministerio de Seguridad Ciudadana (Rodríguez Cuadros) pero ello requiere un largo proceso de recambio en los mandos y de nuevas matrices de enseñanza en las fuerzas policiales, en integrar a civiles en materia de prevención y de control, así como en las acciones de resocialización.

LA GOBERNABILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU ACTUAL

Por: Hugo Müller Solón (Investigador Asociado TAP) mullerabogados@hotmail.com

Con respecto a la Gobernabilidad y la Seguridad Ciudadana, es evidente que los responsables de establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N° 27933 - Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presidido por el Ministro del Interior) para garantizar eficazmente la tranquilidad de los peruanos, han fracasado en su intento y han dejado que el fenómeno de la inseguridad vaya creciendo aceleradamente y a la vista de todos.

Es alto el nivel de desamparo en el que se encuentran los ciudadanos, se sienten vulnerables, desprotegidos, frustrados; y, los garantes de la seguridad, encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana para ejecutarlos en sus jurisdicciones en el marco de la política nacional (Ley N° 27933 - Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana), lejos de comprometer su profesionalismo para la búsqueda seria de soluciones concretas, viables y eficaces, con honrosas y ejemplares excepciones, como el caso relevante de la Municipalidad de Paucartambo (Arequipa)[1] ; solo se han preocupado en promocionar medidas improvisadas y facilistas para salir del paso, afirmando que “el problema quedará solucionado”; todo lo que se les ha ocurrido ha sido utilizado para encubrir su falta de capacidad. Finalmente, el problema continúa.

En el caso de la Policía, llamada a cumplir un rol importante en la Seguridad Ciudadana, con un anacronismo evidente en su desarrollo profesional, una atípica cultura policial de origen militar, precaria infraestructura (locales policiales impropios), escasez de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, deficiente liderazgo, mala organización, obsoletos procedimientos y mal empleo de personal, se encuentra disminuida operativamente para prevenir y combatir la criminalidad con eficacia.

Las excepciones siempre marcan la diferencia, y me refiero a la labor que han realizado y realizan actualmente muchos hombres y mujeres policías a nivel nacional, trabajando solidariamente a favor de la seguridad ciudadana, mayormente en el anonimato pero con el apoyo de vecinos y autoridades; es el caso por ejemplo de Policías como Consuelo García Aymar Coordinadora General de la Policía Comunitaria en Trujillo y, actualmente en Arequipa, el de Fernando Cano Ortiz y Rolando Rafael David Casani en Congata y Paucartambo respectivamente; ellos son las excepciones y el ejemplo de lo que debiera ser y de lo que se podría lograr de manera uniforme con voluntad y dedición de las altas autoridades policiales. Pero por otro lado, la débil institucionalidad policial generada por denuncias de corrupción en sus altos mandos y una insoslayable injerencia política, la han convertido en poco confiable, hasta temida por los ciudadanos, utilizada prioritariamente para reprimir el delito y arrastrada deliberadamente a un nivel de inoperancia frente a la reforma procesal penal en su función de investigación del delito, por falta de capacitación.

Un hecho inexplicable es el que sucede el año 2005 en que el entonces General PNP Octavio Salazar Miranda que comandaba la Policía en Trujillo (Posteriormente Director de la Policía y Ministro del Interior respectivamente), desactivó programas policiales proactivos contra el delito que se venían desarrollando exitosamente (Proyecto Policía Comunitaria), induciendo sutilmente a la población y a los mismos policías a medir la eficacia policial en función a resultados de sus intervenciones reactivas y represivas, enfrentamientos, capturas, decomisos, etc.; es así que el año 2010 y frente a la supuesta existencia – no probada hasta la fecha - de un “Escuadrón de la Muerte”, las opiniones del ciudadano de a pie vertidas a través de las cámaras de televisión, de las llamadas telefónicas a las radios, de los sondeos de los medios escritos y hasta de los foros de las páginas web arrojaron un resultado casi unánime cuando se les pregunta por la existencia de un presunto comando policial de aniquilamiento de delincuentes: Respaldo total.

En otras palabras, casi todos los ciudadanos en Trujillo se mostraron a favor de la existencia de un escuadrón que ejecute de manera extrajudicial a las personas que se dedican a la delincuencia o que por lo menos son sospechosas de estar involucrados en actos criminales. En estos sondeos de opinión realizadas en la ciudad de Trujillo, la población no solo ha defendido la inocencia de los Policías, sino que además aplaude y felicita a los Policías en el supuesto de que efectivamente fueran autores de las muertes que se les atribuye, porque “limpiaron la ciudad de delincuentes” (En una encuesta nacional realizada por IPSOS/APOYO en diciembre 2009 el 47% estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes).

Esa es una muestra de la inseguridad y desconfianza de la población con respecto al deficiente trabajo policial preventivo. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc. para que puedan obtener mejores resultados. El reciente caso de un secuestrador abatido en el interior de una agencia bancaria en Lima y los hurras policiales en el lugar de los hechos ponen en evidencia la importancia que se le viene dando a la represión, a pesar del costo social.

La prevención del delito aunque no permite titulares sensacionalistas en los medios, es la principal función de la Policía en el Perú y en todo el mundo. Solo entonces, cuando políticas públicas de prevención del delito nos permitan ver en las calles policías, serenos y agentes de seguridad municipales compenetrados con su función preventiva, vigilantes de su entorno, comunicativos, disuasivos, perceptivos, capaces de intervenir y reaccionar antes que el delito suceda o preparados para enfrentarlo de ser el caso, entonces podremos estar seguros que se estará dando inicio a una nueva etapa de la Gobernabilidad peruana en este esfuerzo conjunto contra la inseguridad ciudadana. Prevención y represión caminan juntos, pero más vale prevenir que reprimir.

Finalmente podemos decir, que si bien es cierto la inseguridad ciudadana es un tema prioritario de la agenda pública, es indudable que no ha sido una de las prioridades del presente gobierno y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la búsqueda de una solución basada en un plan estratégico preventivo, técnico, integral y de largo aliento. En el tema policial no se ha hecho ningún avance con respecto a la necesaria Reforma Policial que se requiere para recuperar la confianza de la población en la credibilidad y eficacia del trabajo policial, que por cierto, no puede ser visto solamente desde un punto de vista reactivo o represivo, que si bien es una importante función de apoyo a la justicia, no es su función trascendental.

Recordemos que el 12 de abril 2003 se constituyó la Comisión Especial de Alto Nivel para la Modernización de la PNP, sobre las bases de un Informe de Diagnostico de Marzo del 2002. Este grupo de trabajo encargado de conducir y desarrollar ese proceso, fue interrumpido en sus acciones por la decisión política de entonces, pero la problemática detectada es la misma: deficiencias en la organización y estructura, corrupción, politización, priorización del trabajo reactivo antes que el proactivo, etc.; por lo que las bases sobre las cuales deberá continuar cualquier otro intento de reforma policial a partir del nuevo gobierno que se instaure el 2011 ya están dadas. Es un asunto de Gobernabilidad Democrática continuar con la Reforma Policial.


[1] Semifinalista en el Primer Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y El Caribe, organizado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile